Las encuestas no votan, pero sí revelan dónde está parada la conversación pública. En los últimos tres meses, la tendencia ha sido consistente. En noviembre, el IDESPO de la Universidad Nacional colocó a Laura Fernández al frente con 28,1 por ciento. En diciembre, la misma medición la mostró subiendo a 32,8 por ciento. Hoy, 22 de enero de 2026, el IDESPO vuelve a medir y la ubica con 39,9 por ciento de intención de voto entre quienes dicen estar decididos a votar, con indecisos todavía relevantes, 35,2 por
ciento. No es una profecía, pero sí una señal de dirección.

Esto no es un accidente estadístico. En ciencia política, cuando una candidatura captura el centro del conflicto y logra ordenar el debate público a su favor, tiende a consolidarse. Laura Fernández no compite solo por simpatía personal, compite por continuidad de rumbo. Y ese rumbo tiene un nombre que irrita a la vieja política, Rodrigo Chaves. La encuesta del CIEP de la UCR ha registrado una aprobación
presidencial del 58 por ciento. Ese capital político suele transferirse cuando la ciudadanía interpreta que el rumbo general del gobierno ha sido útil para su vida cotidiana y para la estabilidad del país.

Hablar de logros exige higiene intelectual. Hay que poner números sobre la mesa y, sobre todo, fuentes. En el frente macroeconómico, el Fondo Monetario Internacional ha señalado un progreso económico notable, con crecimiento robusto y deuda pública cayendo de forma sostenida a niveles por debajo del 60 por ciento del PIB. En 2025, el mismo FMI aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares, un instrumento reservado para países con marcos de política fuertes y
credibilidad macroeconómica. En castellano llano, el país pasó de pedir permiso a inspirar confianza.

En empleo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo de 5,7 por ciento. En finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda reportó para agosto de 2025 un déficit financiero equivalente a 2,1 por ciento del PIB, con mejora frente al mismo periodo del año anterior. En octubre de 2025, S&P Global Ratings subió la calificación soberana de Costa Rica a BB desde BB menos. Estos datos no son
propaganda, son termómetros institucionales, y su convergencia importa porque reduce vulnerabilidades y amplía margen de maniobra para políticas públicas con sentido.

Esto no borra los desafíos cotidianos. Un país puede mejorar en macro y, aun así, tener bolsillos tensos, zonas con rezagos y sectores que sienten que la recuperación no les llega. Precisamente por eso la continuidad importa. Sin estabilidad fiscal y credibilidad, el Estado vuelve al viejo vicio. Promete con una mano y endeuda con la otra. Luego llega la factura, siempre en el peor momento y siempre pagada por el
ciudadano común, mientras los de siempre se esconden detrás de excusas ideológicas y manuales de moralina selectiva.

Ahora bien, Laura Fernández no se juega solo en Zapote. Se juega también en Cuesta de Moras. Aquí entra una lección elemental del poder moderno. George Tsebelis lo explica con su enfoque de jugadores de veto. Cuando aumentan los actores con capacidad de bloquear, y cuando están lejos entre sí, crece la probabilidad de parálisis. En términos ticos, más fragmentación legislativa equivale a más bloqueo y a menos reformas, incluso cuando el país las necesita con urgencia. La encuesta del IDESPO también recuerda el dato decisivo. En intención legislativa, Pueblo Soberano lidera con 35,5 por ciento, pero la indecisión ronda el 33 por ciento, mientras PLN marca 8,2 por ciento, Frente Amplio 6,8 por ciento y CAC 3,8 por ciento. Ese mapa es el manual de instrucciones de la parálisis.

James Madison lo resumió con un realismo incómodo. Si los hombres fueran ángeles, no haría falta gobierno. Como no lo somos, la arquitectura del poder importa. Los controles deben existir, pero también debe existir capacidad de gobernar. Un Ejecutivo sin respaldo legislativo suficiente termina atrapado en vetos cruzados, en chantajes encubiertos y en una política de migajas. En ese terreno, las reformas se deforman en transacciones y se hunden en la arena movediza de la politiquería.

Por eso el cierre es directo y sin eufemismos. El día de las elecciones no hay que quebrar el voto. Si el electorado quiere continuidad, reformas profundas y el desmantelamiento real de la casta corrupta que se atrincheró durante décadas, entonces debe votar de forma coherente. Costa Rica necesita a Laura Fernández en la Presidencia y necesita por igual a sus 57 diputados en la Asamblea Legislativa para Pueblo Soberano. Sin Asamblea no hay reformas. Sin reformas, el país vuelve a la rueda de la misma casta canalla, la misma red clientelar y el mismo deterioro institucional que tantos costarricenses ya aprendieron a identificar. ¡Costa Rica maduró!.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Este 8 de enero de 2026, Carlos Alvarado publicó un video para “regañar” al presidente Rodrigo Chaves y, de paso, pedir perdón por haberlo nombrado ministro de Hacienda. El gesto no es nuevo. Es el viejo truco del político en retirada: cuando el balance de su gobierno lo persigue, intenta reescribirlo con un monólogo moralizante y un par de frases bien ensayadas para redes.

Pero la política no es un escenario para confesiones terapéuticas. Es un registro público de decisiones y resultados. Y en ese registro, Carlos Alvarado no aparece como árbitro moral de nada. Aparece como un expresidente que terminó su mandato con una percepción ciudadana adversa y con un país cansado de un estilo de gobierno que confundió “gestión” con “control” y “comunicación” con “realidad”.

Empecemos por lo elemental: la autoridad para pontificar no se declara, se gana. En marzo de 2022, mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) reportaron que la administración Alvarado se acercaba al cierre con una mayoría de opiniones negativas. En paralelo, una encuesta del IDESPO (UNA) consignó una valoración promedio de 5,03, una nota “media-baja” para un gobierno que pretendía presentarse como moderno, técnico y superior. Eso no es un detalle cosmético. Es el veredicto social de un cuatrienio.

Ahora miremos el país real que ese cuatrienio dejó. En materia social, la pobreza por ingresos saltó a 26,2% en 2020 (un año crítico, sí, pero también un año de decisiones). En 2021 bajó a 23,0%, todavía con casi uno de cada cuatro hogares en pobreza. En empleo, el INEC reportó una tasa de desempleo nacional de 19,1% a inicios de 2021. La pandemia golpeó, sin duda. Lo imperdonable fue la manera en que el gobierno administró la crisis: con un aparato regulatorio pesado, cambiando reglas, imponiendo controles y comunicando “éxitos” mientras el ciudadano promedio intentaba sobrevivir entre cierres, trámites, incertidumbre y un mercado laboral en ruinas.

En finanzas públicas, Alvarado quiso vestir de heroísmo lo que fue, en buena parte, un ejercicio de supervivencia política. En octubre de 2020 el país ardió en protestas y bloqueos por la propuesta inicial de negociación con el FMI. El gobierno tuvo que retirar esa propuesta y convocar a un “diálogo nacional” para apagar el incendio que él mismo había alimentado. Meses después, en marzo de 2021, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Costa Rica un acuerdo ampliado (SAF/EFF) por alrededor de USD 1.778 millones. Esa aprobación vino atada a la narrativa de “reformas indispensables” y a una agenda fiscal que terminó negociándose, como casi siempre en Costa Rica, con los partidos del viejo sistema: pactos, mayorías armadas a empujones y costos políticos trasladados al ciudadano.

¿Ejemplo? La Ley Marco de Empleo Público. Se aprobó en segundo debate el 7 de marzo de 2022 con 39 votos a favor y 13 en contra, y fue presentada como parte de la agenda vinculada al acuerdo con el FMI. Es legítimo debatir su contenido, a favor o en contra. Lo que no es legítimo es que Alvarado se venda como “outsider” o “renovador” cuando su gobernabilidad dependió de negociaciones con las mismas estructuras partidarias que hoy pretende señalar con condescendencia. Si el país quiere claridad, empecemos por llamar las cosas por su nombre.

En transparencia y manejo institucional, el episodio UPAD fue un parteaguas. El 28 de febrero de 2020 la Fiscalía allanó Casa Presidencial, Mideplán y viviendas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, investigando posibles delitos vinculados con tratamiento de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. A partir de ahí, el gobierno pasó de la pose tecnocrática a la defensiva permanente. Esa es la clase de “incidente” que no se borra con un video de dos minutos y un tono de “yo sí soy decente”.

Y en pandemia, el país vivió una gobernanza más obsesionada con el decreto que con la persuasión. Hubo medidas como el uso del código QR como requisito de acceso en ciertos contextos y la vacunación obligatoria para funcionarios públicos. La Sala Constitucional, por ejemplo, rechazó una acción contra el decreto que establecía la vacunación obligatoria en el sector público (comunicado del 6 de enero de 2022). El punto no es reabrir una guerra sanitaria. El punto es recordar el estilo: un gobierno que prefería el “se ordena” antes que el “se convence”, y que confundió legitimidad con legalidad.

Así que cuando hoy Alvarado sale a decir, con cara de mármol, que “si en algo se equivocó fue en traer a Chaves al país”, lo que hace no es asumir responsabilidad. Lo que hace es un intento de traslado de culpas: convertir un nombramiento en chivo expiatorio para esquivar el balance total de su administración. El país no necesita esa gimnasia moral. Necesita honestidad intelectual, porque el deterioro que vivimos no nació ayer ni se arregla con un video oportunista.

Alvarado tiene derecho a hablar. Nadie lo ha exiliado. Pero si va a reaparecer, que sea con algo más que un sermón. Que explique, con la misma vehemencia con que hoy acusa, por qué su gobierno terminó con un respaldo tan frágil, por qué su ruta fiscal detonó protestas, por qué su administración cargó con el lastre del caso UPAD, y por qué su modelo de gobernanza se percibió como distante, reglamentarista y, en demasiados momentos, soberbio.

Porque lo verdaderamente ofensivo no es que critique a Chaves. Lo verdaderamente ofensivo es que intente hacerlo desde una superioridad moral que los datos, los hechos y la memoria pública no le conceden. Si va a salir de las sombras, que sea para rendir cuentas, no para repartir indulgencias. Y si lo que busca es “dar lecciones”, entonces que empiece por la primera: en democracia, la credibilidad no se improvisa. Se paga. Y él dejó la factura sobre la mesa.

Fuentes consultadas (selección)
 INEC (04/03/2021). “Desempleo nacional es de 19,1 %”.
 INEC (15/10/2020). “Pobreza por ingresos alcanzó un 26,2 %”.
 INEC (21/10/2021). “Incidencia de pobreza en hogares es de 23,0 %”.
 FMI (01/03/2021). Comunicado: acuerdo ampliado de 36 meses para Costa Rica por USD
1.778 millones (SAF/EFF).
 El Financiero (04/10/2020). Retiro de la propuesta inicial de negociación con el FMI y
anuncio de diálogo nacional.
 France 24 (06/10/2020). Protestas y bloqueos contra plan de financiamiento con el FMI.
 Semanario Universidad (28/02/2020). Allanamientos por caso UPAD.
 Asamblea Legislativa (Informe UPAD). Documentación de la comisión investigadora (Exp.
21818).
 Sala Constitucional (06/01/2022). Comunicado: rechazo de acción contra decreto de
vacunación obligatoria para funcionarios públicos.
 Delfino.cr (07/03/2022). Aprobación de la Ley Marco de Empleo Público en segundo debate
(39 a favor, 13 en contra).
 CIEP-UCR (22-23/03/2022). Resultados: valoración negativa alta al cierre de la
administración Alvarado.
 IDESPO-UNA (2022). Informe: valoración promedio 5,03 para el presidente Carlos
Alvarado.
 Teletica y CRHoy (08/01/2026). Cobertura del video público de Carlos Alvarado dirigido a
Rodrigo Chaves.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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El día que la Asamblea Legislativa creyó que el fuero era una armadura.

El 16 de diciembre de 2025 quedará registrado como un episodio de temeridad institucional. Ese día, 35
diputaciones votaron a favor de levantar la inmunidad presidencial por una conducta que, por su propia
naturaleza jurídica, no es un delito penal. Se trataba de la llamada beligerancia política, una infracción
administrativa electoral que el ordenamiento sanciona con multa e inhabilitación administrativa, no con
cárcel.
El resultado final fue 35 votos a favor y 21 en contra. No se alcanzó el umbral constitucional de dos
tercios, es decir, 38 votos. La moción fracasó. El problema es otro. La responsabilidad no se mide por el
resultado colectivo, sino por la decisión individual de votar a favor de un procedimiento
manifiestamente inconstitucional. Por esa razón presenté una ampliación de denuncia penal el 2 de enero de 2026, dentro del expediente 25-002920-0175-PE, incorporando como denunciadas a las 35 diputaciones que emitieron ese voto, sin perjuicio de las personas denunciadas en el escrito original. No es un gesto teatral. Es una defensa directa del Estado de Derecho.

LO QUE SE VOTÓ Y LO QUE LA CONSTITUCIÓN PERMITE.

El artículo 121 inciso 9 de la Constitución Política no deja espacio para interpretaciones creativas. La
Asamblea solo puede levantar la inmunidad de quien ejerce la Presidencia cuando existe acusación
penal, formulada por el Ministerio Público, por hechos de naturaleza penal, y con juzgamiento a cargo
de la Corte Suprema de Justicia.
La beligerancia política no encaja en ese supuesto. Es una falta administrativa electoral. Además, la
Constitución atribuye al Tribunal Supremo de Elecciones competencias específicas en esta materia.
Cuando el Poder Legislativo intenta convertir una sanción administrativa en un atajo de castigo político,
se sale de su competencia y se instala, sin rubor, en la ilegalidad.

EL NÚCLEO PENAL, EL VOTO COMO ACTO INDIVIDUAL
El punto clave es sencillo. En derecho penal, cada voto es un acto propio. Si ese acto consiste en dictar o
apoyar una resolución contraria a derecho, con conocimiento de su ilegalidad, la figura típica que
corresponde analizar es el prevaricato (artículo 357 del Código Penal).
Una confusión útil para algunos es fingir que, como no se alcanzaron 38 votos, entonces aquí no pasó
nada. Eso es una coartada, no un argumento. El prevaricato, en la lógica que planteo y que deberá
examinar el Ministerio Público, se consuma con la emisión del voto, no con el éxito del intento.

LOS OTROS DELITOS DENUNCIADOS
La ampliación presentada no se limita al prevaricato. La conducta denunciada también debe ser
analizada, según corresponda, bajo otros tipos penales del Código Penal, en concurso real o ideal, según
lo determine la investigación.
 Abuso de autoridad (artículo 338). Por ejecutar un acto arbitrario, desde el cargo público, en
perjuicio de derechos fundamentales y del orden constitucional.
 Incumplimiento de deberes (artículo 332). Por omitir el deber primario de respetar y hacer respetar
la Constitución que juramentaron defender.
 Usurpación de funciones (artículo 317). Por ejercer competencias materiales que no corresponden a
la Asamblea Legislativa en materia electoral, al tramitar un desafuero que el texto constitucional no
autoriza para infracciones administrativas.
 Fraude procesal (artículo 335), aplicable a casos específicos en que se actuó como denunciante y
luego como votante a favor del trámite generado por la propia denuncia, vulnerando el principio
nemo iudex in causa sua (nadie puede ser juez en su propia causa).

JUEZ Y PARTE, LA INCOMPATIBILIDAD QUE INDIGNA
Tres diputaciones cargan con un agravante político y jurídico intolerable. Habían sido denunciantes
originales ante el Tribunal Supremo de Elecciones por beligerancia política y, aun así, se atrevieron a
votar a favor del levantamiento de inmunidad que esa misma denuncia provocó. Es la negación práctica
de la imparcialidad.
Se trata de Antonio José Ortega Gutiérrez, Luis Fernando Mendoza Jiménez y Johana Obando Bonilla.
Tenían el deber de inhibirse. ¡No lo hicieron!

EL ELEMENTO DE DOLO, CUANDO HAY ADVERTENCIAS Y SE VOTA IGUAL
El debate no es si existía información suficiente. Existía, y de sobra. Según consta en la ampliación, todas
las diputaciones recibieron copia de notas preventivas (tres comunicaciones formales) del 14 y 27 de
octubre, y del 9 de diciembre de 2025, donde se advertía exhaustivamente la inconstitucionalidad del
procedimiento y el riesgo penal de perseverar en él.
También existió un informe de minoría, fundamentado en derecho constitucional, y criterios públicos de
constitucionalistas reconocidos. Además, se conocía la existencia de un recurso de amparo pendiente.
Aun así, se votó. La línea que separa el error de la deliberación se vuelve delgada, y eso es precisamente
lo que debe investigarse con severo rigor.

LAWFARE, CUANDO LA LEY SE USA COMO MAZO ELECTORAL
A esto hay que llamarlo por su nombre: Lawfare. Instrumentalizar procedimientos jurídicos para dañar
políticamente, no para tutelar la legalidad.
El intento de desafuero por beligerancia se tramitó en plena campaña electoral, a semanas de las
Elecciones Nacionales del 1 de febrero de 2026. No es casualidad. Es cálculo. La democracia no se mata
con tanques, se asfixia con trámites maquillados de legalidad e hipocresía.

LOS NOMBRES, PORQUE LA CIUDADANÍA TIENE DERECHO A SABER
La transparencia no es un adorno. La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes votaron a favor de un
trámite que, en mi criterio jurídico, violentó la Constitución. Estos son los nombres incluidos en la
ampliación de denuncia penal del 2 de enero de 2026.
Fracción Liberación Nacional (17).
 Rodrigo Arias Sánchez (Presidente de la Asamblea Legislativa)
 Dinorah Barquero Barquero
 José Joaquín Hernández Rojas
 Óscar Izquierdo Sandí
 Alejandra Larios Trejos (Presidenta de la Comisión Ad Hoc, firmante del dictamen)
 Luis Fernando Mendoza Jiménez (Denunciante original ante el TSE, caso de juez y parte)
 Katherine Moreira Brown
 Rosaura Méndez Gamboa
 José Francisco Nicolás Alvarado
 Paulina Ramírez Portuguéz
 Kattia Rivera Soto
 Pedro Rojas Guzmán
 Montserrat Ruiz Guevara
 Geison Enrique Valverde Méndez
 Luis Diego Vargas Rodríguez
 Danny Vargas Serrano
 Andrea Álvarez Marín
Fracción Unidad Social Cristiana (4).
 Vanessa De Paul Castro Mora
 Carlos Felipe García Molina
 Alejandro José Pacheco Castro
 María Daniela Rojas Salas
Fracción Partido Liberal Progresista (2).
 Gilberto Campos Cruz
 Eliécer Feinzaig Mintz
Diputados Independientes (5).
 Kattia Cambronero Aguiluz
 Cynthia Maritza Córdoba Serrano
 Gloria Navas Montero
 Johana Obando Bonilla (Denunciante original ante el TSE, caso de juez y parte)
 María Marta Padilla Bonilla
Fracción Frente Amplio (6).
 Jonathan Acuña Soto
 Rocío Alfaro Molina (Comisión Ad Hoc, firmante del dictamen)
 Sofía Guillén Pérez
 Antonio José Ortega Gutiérrez (Denunciante original ante el TSE, caso de juez y parte)
 Andrés Ariel Robles Barrantes
 Priscilla Vindas Salazar

Fracción Progreso Social Democrático (1)
 Luz Mary Alpízar Loaiza

LO QUE EXIJIMOS Y DEMANDAMOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público no está llamado a complacer a ningún bando. Está llamado a investigar delitos de
acción pública y a proteger el interés público. Por eso exijo, con la misma claridad con que denuncio,
cinco cosas:
 Premura. Este caso no puede engavetarse sin enviar un mensaje devastador de impunidad.
 Objetividad. Investigación técnica, sin presiones ni favoritismos. Ni a favor ni en contra de nadie.
 Eficiencia. Diligencias probatorias expeditas. El acta de votación, los antecedentes y las advertencias
están documentados.
 Valentía institucional. Procesar diputaciones o magistrados aforados incomoda, pero el Estado de
Derecho se mide en los casos incómodos. Y de esto tampoco deben escapar los funcionarios
públicos administrativos que asesoraron o firmaron documentos de asesoría en el proceso.
 Justicia. Si la investigación acredita la tipicidad y el dolo, corresponde acusar. Si un tribunal condena,
corresponde cumplir pena e inhabilitación.

CIERRE, EL DEBER DE DENUNCIAR Y EL PRECIO DE LA ARROGANCIA
Serví ininterrumpidamente a la Asamblea Legislativa durante más de tres décadas. Conozco su
arquitectura y también sus trampas. Presentar esta denuncia no es un acto de animadversión personal
ni de militancia. Es un acto cívico y, si se quiere, una vacuna contra la normalización del abuso al que
están acostumbrados muchos diputados altivos.
Como ciudadano mi compromiso es con la Constitución Política de Costa Rica y como politólogo con la
idea elemental de que el poder, cuando se excede, debe rendir cuentas. A las 35 diputaciones
denunciadas, les dejo un recordatorio sobrio: El fuero es una garantía institucional, no una licencia para
violar la Constitución. Creyeron que era una armadura. Era una responsabilidad. ¡Se equivocaron
señorías!

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El Plenario rechazó levantar el fuero de improdecibilidad del presidente Rodrigo Chaves con una votación de 35 a favor y 21 en contra, cuando el umbral requerido era de 38 votos. Punto final en el resultado, aunque no en las consecuencias. 

La solicitud vino del Tribunal Supremo de Elecciones, en el contexto de 15 denuncias por presunta beligerancia política, y el Congreso decidió que no alcanzaba la mayoría calificada para abrir esa puerta.  Hasta ahí la mecánica. Ahora viene lo importante, el análisis político de fondo.

Lo que vimos hoy no fue deliberación. Fue una liturgia de hostilidad y cálculo, donde algunos diputados prefieren el micrófono a la República. Se suponía que el Congreso iba a discutir un mecanismo excepcional, precisamente por eso el diseño exige un umbral alto, para que no se convierta en un arma de coyuntura. Pero en vez de elevar el estándar, una parte del Plenario decidió degradarlo con discursos que olían más a campaña que a institucionalidad.

Desde la ciencia política, esto tiene nombre y diagnóstico. Es erosión del prestigio institucional por incentivos perversos. Cuando la reelección no existe, cuando las bancadas se fragmentan, cuando la atención pública se premia con escándalo y no con resultados, el Congreso tiende a sustituir el trabajo técnico por teatro moralizante. Se maximiza el “clip” para redes, se minimiza la argumentación seria. El costo lo paga la credibilidad del Primer Poder y, por arrastre, la confianza ciudadana en todo el sistema.
En democracias sanas, el Parlamento es un taller. Aquí, por momentos, opera como un set de televisión con egos desatados. Y cuando ese set se activa en un tema tan delicado como el fuero, la institución no solo se exhibe, se autodestruye. Porque el fuero, recordemos, no es una invitación a la impunidad, es una garantía funcional, pensada para que el poder no quede secuestrado por persecuciones oportunistas. Cuando se usa como garrote retórico, o como pretexto para insultar y luego esconderse, se prostituye
su sentido. 

Lo más grave es que algunos diputados han convertido la inmunidad en una moral de doble puerta. Exigen pureza absoluta en los otros, mientras toleran barro en su propia casa. Se indignan con tono sacerdotal, pero no con rigor probatorio. Y cuando el debate se llena de insinuaciones, etiquetas y ofensas, el Congreso no fiscaliza, intoxica. Eso no fortalece el control democrático, lo vuelve caricatura.
El resultado de 35 contra 38 revela, además, otra verdad incómoda. El Congreso está atrapado en una lógica de bloques que no logra construir acuerdos de Estado ni siquiera en procedimientos sensibles. Hubo 56 legisladores presentes y aun así se impuso la incapacidad de articular una mayoría calificada. 

En términos institucionales, eso significa parálisis selectiva. Mucha energía para el show, poca para el acuerdo, y casi ninguna para la producción legislativa que la gente sí necesita. Ahora, el cierre que a algunos les incomoda. Hoy la Asamblea no quedó como contrapeso virtuoso, quedó como una máquina de desgaste que no sabe distinguir entre control político responsable y vendetta narrativa. Y cuando un Parlamento se acostumbra a confundir la Constitución con un panfleto, se vuelve un riesgo para sí
mismo. La ciudadanía observa, registra, y termina cobrando en legitimidad y en voto.

Y sí, viene la parte práctica. Si durante este proceso hubo conductas que cruzaron la línea, si hubo imputaciones sin sustento, ataques al honor, o actuaciones que constituyan faltas o delitos, lo que procede no es gritar más fuerte, sino documentar y denunciar. No sería extraño que desde mañana empiecen a circular denuncias formales, incluso ante el Ministerio Público, no por capricho, sino porque el Estado de derecho se defiende con expediente, evidencia y procedimiento. En una República seria, quien pisotea reglas o abusa del cargo no merece aplausos, merece control y consecuencias.

La Asamblea Legislativa debería tomar nota de algo elemental. Una institución no se destruye solo por corrupción. Se destruye también por ridiculez reiterada, por banalidad moralista y por incapacidad de estar a la altura de su investidura. Hoy, lamentablemente, varios eligieron exactamente eso. 
M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en gobernanza y política pública.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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