La reelección del Magistrado Fernando Castillo en la Sala Constitucional, que extiende su permanencia hasta el 2033, es un hecho consumado que, más que confirmar la calidad del jurista, ha expuesto las prioridades y estrategias de campaña de la clase política costarricense.

Si bien el resultado de la votación es un hecho institucional, el debate posterior y la defensa pública que realizó Fabricio Alvarado, actual diputado y precandidato presidencial por Nueva República, desvió el debate de la transparencia procesal hacia una carrera por el liderazgo ideológico.

Este análisis evidencia que el discurso de defensa se enfocó en el resultado ideológico, marginando así los puntos críticos del proceso que generan profunda duda en la ciudadanía.

El discurso que desvía la atención de la opacidad procesal

Fabricio Alvarado justificó su voto apelando a que el Magistrado Castillo defiende la libertad, la fe y el sentido común, e incluso lo tildó de ser el “magistrado más conservador del país”. No obstante, esta defensa ideológica eludió tres hechos fundamentales que fueron señalados por legisladores de diversas fracciones:

1. La cuestionada ausencia:
El Magistrado no compareció ante la Comisión de Nombramientos para su audiencia de rendición de cuentas. Diputados como Pilar Cisneros (oficialista) y Ariel Robles (Frente Amplio) cuestionaron esta ausencia, calificándola de una falta de respeto al proceso de fiscalización.

Pregunta para el ciudadano:
¿Puede el argumento de la afinidad ideológica de un magistrado pesar más que la transparencia y la rendición de cuentas ante el Congreso?

2. La defensa de la perpetuidad:
El mecanismo actual requiere 38 votos para no reelegir a un magistrado, lo que facilita la continuidad automática por omisión o abstención. Diputadas como Daniela Rojas (PUSC) y Carolina Delgado (PLN) propusieron reformar esta norma para exigir los 38 votos afirmativos para la reelección.

Pregunta para el ciudadano:
¿Implica defender a un magistrado “conservador” aceptar un sistema que favorece la permanencia indefinida y la falta de renovación judicial?

El uso estratégico de la jurisprudencia como herramienta política

El discurso de Fabricio Alvarado se convirtió en plataforma para atacar a sus rivales dentro del bloque conservador, utilizando fallos judiciales del Magistrado Castillo como bandera electoral rumbo al 2026.

Hecho comprobable: Se citaron resoluciones emblemáticas, como el caso de la estudiante adventista y la abstención sobre el curso LGTBI, para proyectar al magistrado ante una base religiosa y moralmente alineada.

Estrategia de campaña:
El ataque más revelador fue dirigido hacia Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata de Pueblo Soberano, recordando su voto a favor del matrimonio igualitario en 2018. El discurso pasó de una defensa jurídica a una ofensiva electoral.

La reelección de Castillo no solo reavivó el debate sobre la independencia judicial, sino que evidenció la forma en que las creencias personales y las aspiraciones electorales se entrelazan en la Asamblea Legislativa.

La lectura final es clara: En el Congreso costarricense, la coherencia ideológica se usa como arma de campaña, desplazando la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes.

ACR presenta este análisis con base en fuentes públicas, transmisiones oficiales y registros legislativos, reafirmando su compromiso con la verificación y el contexto institucional.

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El recurso se dirigía contra dos sentencias del TSE (5503-E1-2025 y 4700-E3-2025) y una resolución administrativa (DRPP-4572-2025). Estos actos se relacionan con el proceso de renovación de estructuras de un partido político y la validez de su participación en las próximas elecciones.

Irrecurribilidad de actos electorales

El TSE fundamentó el rechazo del amparo en el Artículo 103 de la Constitución Política, el cual establece que los actos o disposiciones que dicta el Tribunal en materia electoral no son recurribles.

Esta disposición constitucional es reiterada por el Artículo 30 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

La resolución distinguió la vía de amparo electoral de los reclamos contra decisiones administrativas. El TSE citó el Artículo 225 del Código Electoral, el cual indica que los reclamos contra decisiones de organismos electorales inferiores deben tramitarse mediante el recurso de apelación electoral y no por la vía del amparo.

El amparo electoral es un mecanismo diseñado para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de contenido político-electoral.

Solicitud de magistraturas suplentes

En su resolución, el TSE explicó a los recurrentes que su solicitud de que el recurso fuera conocido por magistraturas suplentes resulta improcedente.

El Tribunal aclaró que el caso no se enmarca dentro de ninguna de las causales de recusación que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Código Procesal Civil.

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Ramos afirmó que el PLN se encuentra “más fuerte y unido que nunca” a pesar de los recientes desafíos y aseguró que su partido ha cumplido con el mandato de renovación exigido. En la mesa de la conferencia, realizada en el Balcón Verde (sede del PLN), le acompañaron las candidatas a las vicepresidencias, Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós.

La Batalla Legal: El Amparo “Cortina de Humo”

Ramos y el dirigente Miguel Guillén se refirieron al reciente recurso de amparo electoral presentado por Marta Esquivel (candidata a diputada de Pueblo Soberano), que busca la nulidad de resoluciones del TSE y de la Asamblea Nacional del PLN (la que eligió a los candidatos a diputados).

El candidato Álvaro Ramos calificó el amparo como una “cortina de humo”. Según él, se trata de una táctica lanzada por el oficialismo para desviar la atención de los problemas del país.

“Tienen miedo, porque saben que vamos a ganar, por eso están recurriendo a esta medida desesperada. No nos vamos a dejar, aquí estamos los valientes”, subrayó Ramos.

El recurso de Esquivel alega que los liberacionistas no debieron realizar su reunión nacional para ratificar candidatos, ya que no efectuaron la asamblea cantonal de San Ramón ni la provincial de Alajuela, incumpliendo el artículo 60 del Código Electoral. Ramos indicó que la asamblea de San Ramón se ha intentado convocar, pero ha enfrentado condiciones “ajenas a la agrupación” (como clima).

Por su parte, Miguel Guillén defendió la posición del partido. Explicó que el recurso de amparo no tiene fundamento porque el TSE siempre va a “privilegiar la existencia, la permanencia y la seguridad jurídica de los partidos políticos como organizaciones”.

Exigen el Levantamiento de Inmunidad Presidencial

Álvaro Ramos exhortó a los 18 diputados de su agrupación a votar a favor del retiro de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Esta petición del TSE se basa en 15 denuncias por presunta beligerancia política.

Ramos indicó que la solicitud del TSE es una señal de que el Tribunal “encontró suficiente evidencia de interferencia” por parte del Gobierno en el proceso electoral. Afirmó que esto puede “desnivelar la cancha” y “distorsionar la voluntad del pueblo costarricense”.

El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, indicó que la fracción es “fiel creyente de la institucionalidad” y que una “gran mayoría” de diputados del PLN dará sus votos.

En el mismo tema, el candidato presidencial del PUSC enfatizó que “Un presidente no puede estar por encima de la ley”, respaldando la solicitud del TSE para que se proceda con el levantamiento del fuero.

Retrasos en San Ramón y la deuda política

Respecto al financiamiento de la campaña, Ramos y Guillén aclararon que la ausencia de la asamblea de San Ramón no significa que el partido se quede sin deuda política.

• Explicaron que el derecho al financiamiento se “gana con votos” el día de las elecciones, y ese derecho constitucional “no se pierde”.
• Ramos recalcó que el PLN cumplirá con las resoluciones del TSE, el cual les ha recordado que tienen “herramientas disciplinarias” para usar si los delegados de San Ramón se niegan a participar en la asamblea.

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Los firmantes, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano) y Roy Thompson Chacón, solicitan al TSE anular la Asamblea Nacional celebrada el pasado 13 de septiembre de 2025.

Las Omisiones que Justifican el Recurso

La gestión presentada por Esquivel y Thompson se dirige también contra tres resoluciones emitidas previamente por el TSE. Los recurrentes sostienen que el órgano electoral está permitiendo el incumplimiento del Artículo 60 del Código Electoral y el Artículo 98 Constitucional.

Los hechos clave presentados se centran en la supuesta omisión de procedimientos internos obligatorios del partido:

• El PLN no habría realizado la asamblea cantonal de San Ramón de Alajuela.
• El PLN tampoco habría llevado a cabo la asamblea provincial de la Provincia de Alajuela.

Los abogados afirman que esta serie de omisiones “implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido” de forma válida.

La Diferencia entre Quórum e Integración

Los recurrentes señalan que existe una diferencia legal crucial entre el quórum (el número mínimo de asistentes necesario para sesionar) y la integración (el cumplimiento de los requisitos legales y representativos para conformar la asamblea).

• Sostienen que la Asamblea Nacional no se integró conforme a la ley, pues se omitió la “indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de la Provincia de Alajuela”.
• Aducen que, al no estar designados los miembros de las asambleas de base (cantonales y provinciales), cualquier Asamblea Nacional celebrada acarrea la “nulidad de pleno derecho”.

El recurso cita múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la obligación de los partidos políticos de respetar los principios democráticos y de participación política, incluso en su estructura interna.

La pretensión final de los ciudadanos es que se anulen tanto la Asamblea Nacional del 13 de septiembre de 2025, como las resoluciones del TSE que, según ellos, son contrarias a los principios constitucionales de democracia representativa y participativa.

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