La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha iniciado una fase crucial para asegurar el futuro hídrico del país. Este viernes, la entidad anunció el comienzo de los estudios ambientales y sociales para la construcción de un nuevo lago. Este embalse estará ubicado en la cuenca del río Indio. Es un proyecto de 1.500 millones de dólares, vital para la seguridad hídrica del Canal y de Panamá.

La ACP explicó que estas acciones son esenciales para el futuro lago. Se actualizará la línea base ambiental. Esto generará “información clave” para un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. El proceso cumple con las normativas nacionales e internacionales.

Los trabajos se extenderán por dos años. La empresa contratista URS Holding Company Inc. los realizará. Especialistas ambientales y sociales del Canal de Panamá supervisarán y participarán activamente en el proceso.

Análisis Robusto y Participación Ciudadana

El objetivo principal de estos estudios es un “análisis científico, robusto e integral”. Se enfoca en los ecosistemas y hábitats del área de influencia del proyecto. La participación ciudadana será oportuna. Esto permitirá establecer medidas de prevención, control, mitigación y monitoreo. También facilitará la adaptación al cambio climático.

La ejecución de los trabajos se concentrará en la cuenca hidrográfica de río Indio. Esta se sitúa en la vertiente atlántica. Una menor proporción de los estudios (5%) abarcará la región oriental de la cuenca del Canal y otras áreas adyacentes.

El proyecto contempla una infraestructura significativa. Incluye la “construcción de una presa principal y tres auxiliares”. El lago resultante tendrá una superficie aproximada de 4.600 hectáreas. Esto representa el 8% del territorio total de la cuenca de río Indio (58.000 hectáreas). También afectará un porcentaje menor de las provincias de Coclé (0,5%), Colón (0,3%) y Panamá Oeste (0,3%).

Asegurar el Agua del Futuro: Una Prioridad Nacional

La ACP subraya la urgencia de este proyecto. El crecimiento poblacional y económico de Panamá ha generado una “presión creciente sobre los recursos hídricos”.

Más de 2 millones de personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón dependen de los lagos Gatún y Alhajuela. Estos lagos fueron creados en 1913 y 1935, respectivamente. Actualmente, ocho plantas potabilizadoras extraen agua diariamente de este sistema. Próximamente, se sumarán dos más en construcción.

El aumento en la extracción de agua para potabilización ha sido significativo. La demanda proyectada para 2025 se alcanzó en 2012. Esto fue más de una década antes de lo estimado.

Río Indio: La Solución más Viable y Eficiente

Frente a esta realidad, el Canal de Panamá ha evaluado más de 28 alternativas en los últimos 30 años. El objetivo era asegurar la disponibilidad futura de agua. De todas las opciones, la creación del lago de río Indio ha sido identificada como la “más eficiente y confiable”.

Este lago operará entre 40 y 80 metros sobre el nivel del mar. Aprovechará la elevación natural de la zona. Transportará agua por gravedad al lago Gatún. Un túnel de 9 kilómetros de longitud y 5 metros de diámetro facilitará este proceso.

A pesar de que su superficie será diez veces menor que la del lago Gatún, el lago de río Indio tendrá una capacidad de almacenamiento similar. Esto lo convertirá en una reserva estratégica vital. Permitirá abastecer a la población y garantizar los tránsitos del Canal durante las temporadas secas. Este proyecto refuerza la seguridad hídrica de Panamá y el funcionamiento crucial de su vía interoceánica.

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Un equipo de científicos costarricenses, liderado por la bióloga Maritza Guerrero, ha logrado un avance que promete transformar la agricultura a nivel global. Desarrollaron un método único para cultivar microalgas, dando origen a un bioestimulante natural capaz de regenerar suelos y aumentar la productividad agrícola hasta en un 30%. Este logro sitúa a Costa Rica como líder en soluciones basadas en la naturaleza para desafíos ambientales y productivos.

La innovación ha permitido formular Phyco-Plus, un bioestimulante que ya ha demostrado su eficacia en diversos cultivos. Se han observado aumentos notables de productividad: 30% en sandía, 23% en melón y 20% en zucchini y chile dulce, además de mejoras en lechuga, papa, cebolla y tomate.

Microalgas: Potencial y Barreras Históricas

Las microalgas son microorganismos acuáticos unicelulares que realizan la fotosíntesis. Producen una vasta gama de biomoléculas esenciales, incluyendo proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y pigmentos. En los ecosistemas, su rol es vital: generan oxígeno, capturan dióxido de carbono y estimulan reguladores de crecimiento en el suelo agrícola.

Por sus propiedades, las microalgas poseen un inmenso potencial para revolucionar sectores como la agricultura, la acuicultura y la ganadería. Sin embargo, su aplicación a gran escala ha sido históricamente limitada debido a los elevados costos de cultivo, procesamiento y distribución a los productores.

De la Investigación a la Producción: El Modelo Algabiotica

Maritza Guerrero, máster en biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), asumió el reto de superar estas barreras. Su investigación en microalgas se inició hace 18 años como académica del Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde se licenció la fórmula de Phyco-Plus. Hoy, ya jubilada del TEC, es fundadora y directora de la empresa biotecnológica Algabiotica.

En Algabiotica, con un equipo que incluye a Francinie Murillo, Fabián Villalta y César Bernal, se produce el bioestimulante y se desarrollan nuevos productos. Las microalgas se cultivan en Barva de Heredia, en estanques de hasta 40 mil litros. El proceso de centrifugado y cosecha también se realiza en el lugar.

El equipo de Algabiotica ha logrado no solo desarrollar la tecnología y el procedimiento, sino también reducir los costos de producción en un 95% en comparación con países más desarrollados. Esto hace de Phyco-Plus una solución viable y accesible para la agricultura en Costa Rica.

Beneficios Comprobados: Salud del Suelo y Calidad de Cultivos

Guerrero explica que el bioestimulante, al emplear microalgas vivas, permite un flujo significativo de carbono al suelo (0.7 – 1.8 gramos de carbono por metro cuadrado). Además, contribuye a:

• Mejorar la salud del suelo.
• Aumentar el rendimiento de los cultivos.
• Reducir la necesidad de fertilizantes y pesticidas.
• Mejorar la calidad y crecimiento de los cultivos.
• Favorecer una mayor germinación de las semillas.
• Elevar la calidad postcosecha.

Jacob Ramírez, un productor cartaginés que aplica Phyco-Plus en papa, cebolla y tomate, destaca cómo el bioestimulante enriquece el suelo. Sus plantas crecen más rápido, desarrollan hojas más grandes que captan más luz solar y raíces más fuertes que absorben más nutrientes. El resultado son productos más sabrosos y de mejor calidad. “Al estar vivas las microalgas, no solo benefician el cultivo del momento, sino que también se aplican en el suelo y para el futuro”, afirma Ramírez.

Una Solución Regenerativa Frente al Cambio Climático

El aprovechamiento de las microalgas es un claro ejemplo de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Estas son acciones que protegen, restauran y gestionan ecosistemas de forma sostenible para enfrentar retos sociales y ambientales.

Las biomoléculas de las microalgas no solo nutren el suelo, sino que también mejoran la retención de agua y potencian la fijación del nitrógeno atmosférico, nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Adicionalmente, favorecen la resiliencia de las especies vegetales ante la variación de temperatura y patrones de lluvia.

Las microalgas representan una respuesta eficaz a la degradación de los suelos, uno de los desafíos más urgentes de la agricultura contemporánea. “Sabemos que necesitamos adaptarnos al cambio climático que afecta a los cultivos. Hay también una presión sobre la reducción de químicos y la huella de carbono, todo eso lo podemos cumplir con microalgas”, concluyó Maritza Guerrero.

Con este avance, la ciencia costarricense reafirma su capacidad para generar soluciones transformadoras con potencial global, consolidando al país como un líder en la transición hacia una economía regenerativa y una agricultura sostenible en Costa Rica y el mundo.

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Una subcomisión de diputados de la provincia de Alajuela ha presentado un texto sustitutivo clave para legalizar la minería en Crucitas. Este esfuerzo conjunto incluye legisladores de diversas fracciones: Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Nueva República, así como diputados independientes y oficialistas.

La diputada de Nueva República, Olga Morera, destacó el trabajo en equipo, señalando que el proyecto es “sumamente importante” para Costa Rica. Morera comentó que la subcomisión ha realizado cerca de 17 reuniones, 11 sesiones de la Comisión Alajuela, y ha consultado a 72 instituciones, obteniendo 42 criterios sobre la iniciativa. También hubo coordinación con la sociedad civil y la Municipalidad de San Carlos.

Detalles de la Propuesta para Crucitas

Morera explicó que el nuevo texto contiene elementos importantes:

• Autorización Legal: El punto principal es la autorización y legalización de la minería en la zona de Crucitas. El proyecto está diseñado exclusivamente para esta área geográfica específica.
• Distribución de Recursos (Royalty): Se establece una distribución clara de los ingresos generados por el royalty (regalías) de la actividad minera:
  • 72% para el Ministerio de Hacienda, prioritariamente para el pago de deuda pública, recursos ambientales y seguridad.
  • 25% para la Municipalidad de San Carlos.
  • 3% para las asociaciones de desarrollo del cantón donde se ubica la explotación.

La diputada indicó que la inversión de estos recursos priorizará la seguridad, el ambiente y el pago de la deuda estatal. Se establecerá un protocolo para fiscalizar los procesos de producción. Morera enfatizó que esta ley marco debe ir de la mano con acciones y un proceso continuo por parte del Poder Ejecutivo, a quienes agradeció el apoyo, incluyendo al viceministro de la Presidencia y al viceministro de Ambiente.

La iniciativa, fruto de un trabajo coordinado con el Ejecutivo y todos los miembros de la subcomisión (incluyendo la diputada María Marta Padilla), busca ofrecer una “solución concreta para legalizar la minería en Crucitas”. Esto, según Morera, “da un alivio al país” y cuenta con el aval de la comunidad de Crucitas.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. La iniciativa busca ordenar, proteger y reactivar económicamente las áreas protegidas del país que han sido tomadas por “economías criminales, grupos armados y actividades criminales”, según un comunicado de la Presidencia.

El Gobierno ha denominado a esta propuesta “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local”. Además de la recuperación, el Ejecutivo busca impulsar una “gestión más eficiente” y fomentar la inversión privada responsable. Esta inversión se enfocaría en actividades como el turismo, la investigación científica, los servicios y la protección ambiental.

El objetivo general es claro: “recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios, diversificar la economía local, generar empleo digno, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y desarrollo”, detalló el Ejecutivo.

Áreas Protegidas Amenazadas por Actividades Ilícitas

El proyecto de ley especifica que, tras la declaración de conflicto armado interno emitida por el presidente Noboa en enero de 2024 para combatir las bandas del crimen organizado, se ha confirmado que estos grupos mantienen sus fuentes de financiamiento. Estas fuentes están ligadas a actividades ilícitas como la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada. Un hecho preocupante es que estas actividades se extienden incluso a zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Además, estas bandas estarían “aprovechando las ventajas de la situación geográfica del país” para el contrabando, la trata de personas o el narcotráfico. Según el Gobierno, estas acciones no solo afectan el patrimonio natural, sino que también “atentan contra la economía, seguridad y estabilidad del Estado”.

Un ejemplo de esta problemática fue el ataque armado sufrido por once militares el pasado 9 de mayo en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Los soldados fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las ex-FARC, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.

La iniciativa resalta que las áreas protegidas “se han vuelto espacios vulnerables que requieren atención”. Más allá de su valor ecológico, estos recursos no renovables son fundamentales para el desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo, que ha posicionado a Ecuador como un referente mundial.

Impacto en el Turismo y Nuevos Modelos de Gestión

Como consecuencia de esta situación, el sector turístico, particularmente el ecológico, se ha visto afectado. La dificultad para mantener las condiciones óptimas, el acceso adecuado, y la seguridad para turistas nacionales y extranjeros en estas áreas naturales, ha generado “una disminución importante de los ingresos en el sector”, según el Gobierno.

El proyecto de ley contempla que las áreas protegidas, bajo la supervisión de la autoridad ambiental nacional, puedan operar bajo un modelo de gestión directa. Alternativamente, podrían utilizar mecanismos contractuales que permitan la intervención, administración y operación por parte del sector privado, tanto nacional como internacional.

Para reforzar la protección, la normativa detalla que las autoridades ambientales podrán solicitar apoyo a la Policía o a las Fuerzas Armadas para que brinden seguridad en el perímetro de las áreas protegidas. Asimismo, el control en zonas de difícil acceso se realizará mediante tecnología de vigilancia, buscando una supervisión más efectiva.

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