La entrevista que CNN realizó al presidente de Grupo Nación, Pedro Abreu, dejó una frase que pasó casi desapercibida, pero que terminó marcando el centro real de toda la discusión sobre la revocatoria de visas a integrantes de la Junta Directiva del medio.

“No tenemos pruebas”.

La afirmación fue repetida en varias ocasiones durante la conversación. Sin embargo, mientras se reconocía públicamente que no existe evidencia directa que vincule al gobierno de Rodrigo Chaves con la cancelación de las visas, la entrevista avanzó construyendo otra cosa, una narrativa internacional donde el caso terminó conectado con libertad de prensa, tensiones políticas y posibles señales de presión contra medios de comunicación.

Y ahí es donde comienza la verdadera conversación.

Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de una decisión migratoria tomada por Estados Unidos. La entrevista terminó colocando el tema dentro de un escenario mucho más amplio, el de una posible confrontación entre el poder político y uno de los medios de comunicación influyentes de Costa Rica.

Durante la conversación, CNN introdujo referencias al informe de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa y también recordó el caso publicado por La Nación en 2022 relacionado con denuncias de acoso sexual contra Rodrigo Chaves durante su paso por el Banco Mundial.

La secuencia presentada durante la entrevista terminó construyendo una idea implícita:

La Nación publica investigaciones incómodas.

La relación con el gobierno se deteriora.

Años después ocurre la revocatoria de visas.

Y el caso comienza a interpretarse internacionalmente dentro de un contexto de tensión política y libertad de prensa.

Pero el propio Pedro Abreu evitó confirmar directamente esa conclusión.

“No tenemos pruebas”, insistió.

Aun así, la entrevista dejó instalada una percepción política poderosa, que el caso podría estar relacionado con el ambiente de confrontación entre el oficialismo y sectores de prensa crítica.

Ese detalle marca una diferencia importante entre un hecho comprobado y una interpretación política construida a partir del contexto y la secuencia de acontecimientos.

Hasta el momento, no existe evidencia pública presentada que demuestre que el gobierno costarricense haya solicitado o provocado la cancelación de las visas. Tampoco Estados Unidos ha emitido explicaciones oficiales sobre el caso, algo que además suele formar parte de la confidencialidad normal de los procesos migratorios estadounidenses.

Sin embargo, la entrevista sí logró algo distinto.
Internacionalizar el conflicto político-mediático costarricense.

Lo que antes era una controversia nacional pasó a proyectarse en una cadena internacional bajo conceptos como libertad de expresión, presión política y democracia.

Y eso tiene un peso enorme.

Especialmente porque Costa Rica históricamente ha sido presentada como una excepción regional en materia democrática y de libertad de prensa.

La propia CNN citó el informe de Reporteros Sin Fronteras donde se reconoce que Costa Rica sigue siendo uno de los países latinoamericanos mejor posicionados en libertad de prensa, aunque también se mencionan preocupaciones recientes sobre tensiones entre poder político y medios de comunicación.

En medio de ese escenario, La Nación optó por una estrategia comunicacional cuidadosa:
no afirmar directamente una represalia,
pero sí conectar públicamente los hechos dentro de un mismo contexto político.

Eso permitió que la sospecha quedara instalada sin necesidad de convertirla en una acusación explícita.

Ahí es donde empieza otro debate más complejo.

¿Hasta qué punto una narrativa internacional puede comenzar a consolidarse más sobre interpretaciones políticas y percepciones de contexto que sobre pruebas públicas verificables?

La interrogante no elimina las tensiones reales que existen entre el gobierno y sectores de prensa. Tampoco borra los cuestionamientos que distintos organismos internacionales han realizado sobre el clima político y comunicacional del país.

Pero sí abre una discusión distinta:.
La diferencia entre documentar hechos comprobados y construir interpretaciones políticas a partir de secuencias y percepciones públicas.

Porque al final, el caso ya dejó de tratarse únicamente sobre visas.

La discusión ahora también gira alrededor de algo más grande.
Quién construye el relato internacional sobre Costa Rica, bajo qué contexto se interpreta y hasta dónde una percepción política puede transformarse en una narrativa global antes de que existan pruebas públicas concluyentes.

Y esa batalla ya empezó.

Porque en política y comunicación internacional, la batalla no solo ocurre en los hechos… también en la manera en que esos hechos terminan siendo narrados ante el mundo.

Porque en tiempos donde la política, los medios y las narrativas internacionales chocan constantemente, entender el contexto completo también se vuelve parte del debate.

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Por qué el debate del FEES se está alejando de lo técnico.

El debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debería centrarse en números, prioridades, resultados y uso eficiente de recursos públicos.

Sin embargo, parte de la cobertura reciente sobre este tema empieza a mostrar otra tendencia, convertir una discusión presupuestaria compleja en una narrativa emocional de alto impacto.

Un ejemplo reciente fue el enfoque utilizado por el medio La Teja en una nota titulada “¿Se imagina un temblor sin reporte? El peligro que corre el Ovsicori por el polémico recorte al FEES”, publicada tras el reciente sismo sentido en Costa Rica.(Captura del enfoque utilizado por La Teja en cobertura del debate FEES. Artículo original disponible para consulta pública en lateja.cr).

El titular plantea un escenario de fuerte carga emocional, la posibilidad de que el país deje de recibir reportes sísmicos.

Pero al revisar el contenido completo de la nota, el planteamiento real es más matizado.

Lo que se expone es una advertencia del rector de la Universidad Nacional sobre presiones presupuestarias que podrían afectar distintos programas universitarios si no aumenta el FEES. Entre ellos, el Ovsicori.

Ese matiz importa.

Porque una cosa es informar que un programa enfrenta presión financiera o posibles limitaciones operativas. Y otra muy distinta es presentar el debate como si el país estuviera al borde de quedarse sin monitoreo sísmico.

Ese tipo de encuadre no es neutro.

Convierte una discusión técnica sobre asignación presupuestaria en una alarma emocional para el ciudadano promedio. Y eso ocurre, además, en un momento donde el FEES no solo está siendo discutido por su monto, sino también por el uso que algunas universidades y estructuras vinculadas a ellas han dado a recursos públicos.

En semanas recientes han salido a la luz cuestionamientos sobre:

gastos de representación en restaurantes de alto costo vinculados a despachos universitarios; denuncias sobre millonarios gastos en catering, alimentación y artículos promocionales dentro de estructuras. estudiantiles; investigaciones internas y señalamientos sobre compras y uso de fondos en distintas dependencias universitarias.

Ese contexto también forma parte del debate. Porque cuando el país discute si debe aumentar miles de millones de colones en financiamiento público, la conversación no se limita a cuánto dinero se pide.

También incluye cómo se usa el que ya existe.

Por eso preocupa cuando ciertos enfoques mediáticos parecen desplazar esa discusión hacia escenarios de miedo o impacto emocional, en lugar de mantener el foco en la eficiencia, la transparencia y la priorización del gasto.

Advertir sobre riesgos presupuestarios es legítimo.

Informar sobre afectaciones potenciales también.

Pero presentar el peor escenario posible como si fuera la consecuencia inmediata de una negociación presupuestaria aún en disputa puede distorsionar la percepción pública del debate.

Costa Rica necesita discutir el FEES.

Pero necesita hacerlo con información completa.

No desde el miedo. No desde escenarios extremos.Y no omitiendo el debate sobre cómo se administran actualmente esos recursos.

En temas donde se juegan miles de millones de colones públicos, el país merece más que titulares alarmistas, merece contexto, transparencia y debate serio.

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Mario Quirós señala fallas estructurales en el modelo actual

El abogado y analista Mario Quirós compartió un análisis en sus redes sociales sobre la situación del sistema de frecuencias en Costa Rica, señalando que el país enfrenta un debate necesario, pero planteado de forma incompleta.

Según Quirós, buena parte de la discusión pública se ha reducido a confrontaciones políticas o desconfianza entre sectores, sin entrar en los elementos técnicos y legales que deberían guiar este tema.

Un modelo sin actualización legislativa

El abogado señala que una parte del problema proviene de una omisión legislativa prolongada.
Los cánones que deben pagar las emisoras por utilizar las frecuencias, un bien público, no se actualizan desde hace décadas.

Quirós recordó que la actualización solo puede hacerse por ley, por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa definir un nuevo esquema. Sin embargo, indicó que por años no se ha logrado avanzar, ya sea por falta de acuerdo o por resistencia de sectores interesados en evitar incrementos de costos.

La subasta de SUTEL: un punto crítico

Quirós también se refirió a la reciente subasta organizada por SUTEL.
A su criterio, lejos de corregir el problema, podría estar generando efectos adversos.

El analista afirmó que los montos base fueron definidos en niveles que no reflejan la realidad económica de muchas emisoras ni del mercado nacional, lo cual, según indicó, podría favorecer procesos de concentración y afectar empleos dentro del sector.

Un recurso público que requiere equilibrio

Para Quirós, el espectro radioeléctrico debe administrarse bajo principios de:

• acceso justo,
• transparencia,
• proporcionalidad en la explotación comercial.

Su planteamiento central es que cualquier persona o medio interesado en operar legalmente debería poder hacerlo pagando un canon justo, proporcional y equilibrado.

¿Qué solución propone?

El analista sostiene que la salida no pasa por dividir sectores ni por debates polarizados, sino por una reforma integral del modelo, que permita:

• definir un canon actualizado,
• establecer reglas claras y proporcionales,
• garantizar transparencia,
• reforzar la libertad de expresión,
• ordenar el uso de un recurso público.

A su criterio, ni los montos definidos en la subasta actual ni el tono que ha tomado el debate acercan al país al modelo equilibrado que debería garantizar la legislación.

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En una entrevista exclusiva con Líderes del Mundo Hispano de Epoch TV, Scharffenorth detalló cómo el gobierno venezolano ha utilizado las nuevas tecnologías para ejercer su dominio, logrando controlar el 90% de los medios de comunicación, aunque no siempre de forma directa.

Estrategia de control y censura digital

Scharffenorth explicó que, si bien Venezuela no vive un “oscurantismo” total como Corea del Norte, sigue un camino similar al de China en el aspecto tecnológico. Esto se manifiesta en el bloqueo de direcciones IP de sitios de internet considerados “opositores o disidentes”.

El experto mencionó que la mayoría de los canales de televisión de Estados Unidos y los portales de periodistas venezolanos en el exilio están bloqueados, aunque los ciudadanos logran sortear estas restricciones usando redes VPN. Sin embargo, el gobierno ha encontrado un desafío en el control de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. Para contrarrestar esto, se ha implementado una estrategia de “mensaje de terror” a través de supuestas leyes antiterrorismo, permitiendo a las autoridades detener a personas y revisar sus celulares en busca de mensajes que vayan en contra del gobierno.

Esta táctica, según Scharffenorth, tiene como objetivo generar miedo en la población y “causar inacción” para evitar que se organice la oposición.

Contexto internacional y tensiones con Estados Unidos

El control de los medios y el supuesto uso de la propaganda se enmarcan en las tensas relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, la relación ha estado marcada por conflictos.

Actualmente, el gobierno estadounidense tiene a Maduro en la mira, acusándolo de utilizar organizaciones terroristas extranjeras para “traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos. Por esta razón, el gobierno de Donald Trump ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura y ha desplegado activos navales y aéreos en el sur del Mar Caribe para combatir las rutas de narcotráfico. En respuesta, el gobierno venezolano ha convocado al alistamiento de la milicia nacional para defender al país ante cualquier amenaza.

Puntos clave del control de medios en Venezuela:

• Control del 90%: El gobierno venezolano ha logrado dominar la mayoría de los medios de comunicación.
• Censura digital: Se bloquean sitios web opositores, aunque los venezolanos usan VPN para acceder a la información.
• Tácticas de terror: Se usan leyes antiterrorismo para detener a personas y revisar sus celulares, generando miedo en la población.
• Tensión internacional: El control de los medios es parte de un contexto de tensas relaciones con Estados Unidos, que ha acusado a Maduro de tener nexos con el narcotráfico.

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