González Picado expresó su frustración ante la situación, agradeciendo la ayuda del ministro de Seguridad, Mario Zamora, pero advirtiendo sobre el costo de la respuesta policial. El alcalde sostuvo que la presencia de más de 100 oficiales en la zona de minería ilegal desvía recursos cruciales que deberían destinarse a proteger a los ciudadanos del narcotráfico y la delincuencia común en las calles.

Un llamado directo a los diputados y la pugna política

En su comunicado, el alcalde lanzó un ultimátum a los legisladores, pidiéndoles que aceleren la votación del proyecto de ley 24.717. Este proyecto es visto como la única vía integral para enfrentar el problema en la zona norte. “Señores diputados, la solución al problema de Crucitas la tienen ustedes en sus escritorios”, aseveró con contundencia.

El jerarca sancarleño criticó directamente a la diputada Priscilla Vindas por emplear “viejas técnicas parlamentarias” para frenar el avance de la iniciativa. El alcalde le solicitó permitir que el proyecto se someta a votación, argumentando que las dilaciones no hacen más que prolongar el sufrimiento de los habitantes de la comunidad. Su mensaje fue claro: los Sancarleños están “hartos” de la situación, que, según él, no solo les roba el oro, sino también la paz y la tranquilidad.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. La iniciativa busca ordenar, proteger y reactivar económicamente las áreas protegidas del país que han sido tomadas por “economías criminales, grupos armados y actividades criminales”, según un comunicado de la Presidencia.

El Gobierno ha denominado a esta propuesta “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local”. Además de la recuperación, el Ejecutivo busca impulsar una “gestión más eficiente” y fomentar la inversión privada responsable. Esta inversión se enfocaría en actividades como el turismo, la investigación científica, los servicios y la protección ambiental.

El objetivo general es claro: “recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios, diversificar la economía local, generar empleo digno, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y desarrollo”, detalló el Ejecutivo.

Áreas Protegidas Amenazadas por Actividades Ilícitas

El proyecto de ley especifica que, tras la declaración de conflicto armado interno emitida por el presidente Noboa en enero de 2024 para combatir las bandas del crimen organizado, se ha confirmado que estos grupos mantienen sus fuentes de financiamiento. Estas fuentes están ligadas a actividades ilícitas como la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada. Un hecho preocupante es que estas actividades se extienden incluso a zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Además, estas bandas estarían “aprovechando las ventajas de la situación geográfica del país” para el contrabando, la trata de personas o el narcotráfico. Según el Gobierno, estas acciones no solo afectan el patrimonio natural, sino que también “atentan contra la economía, seguridad y estabilidad del Estado”.

Un ejemplo de esta problemática fue el ataque armado sufrido por once militares el pasado 9 de mayo en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Los soldados fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las ex-FARC, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.

La iniciativa resalta que las áreas protegidas “se han vuelto espacios vulnerables que requieren atención”. Más allá de su valor ecológico, estos recursos no renovables son fundamentales para el desarrollo de otras actividades económicas, especialmente el turismo, que ha posicionado a Ecuador como un referente mundial.

Impacto en el Turismo y Nuevos Modelos de Gestión

Como consecuencia de esta situación, el sector turístico, particularmente el ecológico, se ha visto afectado. La dificultad para mantener las condiciones óptimas, el acceso adecuado, y la seguridad para turistas nacionales y extranjeros en estas áreas naturales, ha generado “una disminución importante de los ingresos en el sector”, según el Gobierno.

El proyecto de ley contempla que las áreas protegidas, bajo la supervisión de la autoridad ambiental nacional, puedan operar bajo un modelo de gestión directa. Alternativamente, podrían utilizar mecanismos contractuales que permitan la intervención, administración y operación por parte del sector privado, tanto nacional como internacional.

Para reforzar la protección, la normativa detalla que las autoridades ambientales podrán solicitar apoyo a la Policía o a las Fuerzas Armadas para que brinden seguridad en el perímetro de las áreas protegidas. Asimismo, el control en zonas de difícil acceso se realizará mediante tecnología de vigilancia, buscando una supervisión más efectiva.

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