El proyecto de presupuesto total para el próximo año asciende a ¢12.8 billones, de los cuales el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibiría el 21.5% del monto ordinario. Para alcanzar la cifra constitucional, el ministro Lucke señaló que se requerirían acciones de gran escala con profundas repercusiones en las finanzas públicas.

Las alternativas planteadas por el jerarca de Hacienda

Según el ministro, alcanzar el 8% del PIB para educación podría requerir medidas como elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 20%. Otra opción mencionada sería la eliminación del presupuesto completo de al menos 19 instituciones.

El jerarca también señaló que otra vía de financiamiento podría ser un aumento en la deuda del Gobierno Central. Sin embargo, advirtió que esta medida podría ubicar la deuda pública por encima del 60% del PIB, lo que activaría las restricciones de la regla fiscal. El ministro también mencionó que la eliminación de exoneraciones fiscales podría contribuir a cerrar la brecha.

Reforma legislativa y el rol del financiamiento

Más allá de estas opciones, el ministro Lucke considera que una solución a largo plazo es otorgar mayor flexibilidad a Hacienda en las estrategias de financiamiento. Para ello, el jerarca promueve una reforma constitucional (expediente 24.281) que permitiría al Gobierno definir los montos de financiamiento en el presupuesto sin tener que someter cada crédito o préstamo a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

El análisis del presupuesto ordinario está en curso en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se valoran las implicaciones de las proyecciones y las propuestas del Ministerio de Hacienda.

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Proyecto contra la evasión fiscal fracasa en el Congreso de Costa Rica

El proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario, una de las principales iniciativas del actual gobierno para combatir la evasión fiscal en Costa Rica, ha quedado varado en la Asamblea Legislativa. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, el expediente 23.759 recibió un dictamen negativo en la Comisión de Hacendarios, lo que impidió su avance.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, lamentó que la iniciativa no prosperara, ya que buscaba fortalecer las potestades de la Dirección General de Tributación para controlar la evasión y agilizar el cobro administrativo de la cartera morosa. “Este proyecto le daba el músculo y los dientes al Ministerio de Hacienda”, comentó el jerarca.

Razones del rechazo y debate político

El rechazo al proyecto se basa en las críticas de diputados que lo consideran “abusivo”. La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, señaló que el texto le otorgaba “superpoderes” a la Administración Tributaria que dejaban a los contribuyentes sin derecho a la defensa. Según la legisladora, la Procuraduría General de la República había advertido sobre varios artículos que podrían ser inconstitucionales.

Estas preocupaciones no son nuevas. Ramírez recordó que una propuesta similar, presentada en el gobierno de Luis Guillermo Solís, fue retirada por razones similares. El expediente 23.759 contemplaba medidas como el levantamiento del velo societario, la responsabilidad solidaria de los socios y la ampliación del plazo de prescripción a 10 años, lo que generó un fuerte debate en el ámbito político.

El impacto en la lucha contra el fraude fiscal

El presidente Rodrigo Chaves ha señalado en el pasado que la evasión fiscal en el país podría ascender a $2 billones, una cifra que ilustra la magnitud del problema. El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, destacó que su gestión se centró en presentar más de 300 denuncias que representaban unos ¢30 mil millones, aunque lamentó que el proyecto de control tributario no recibiera el apoyo legislativo necesario.

Acosta, ahora candidato a diputado, afirmó que “las conversaciones no encontraron eco en los y las diputadas de la comisión” y que, sin iniciativas como esta, es “muy fácil para los evasores obviar los procesos de cobros administrativos y después judiciales”.

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Según la firma Grant Thornton, esta sanción aplica a cualquier negocio que tenga mercancía extranjera sin los documentos que demuestren su ingreso legal al país o su compra en el mercado local. La medida se centra en fenómenos como la venta de productos de alto valor a precios bajos, el comercio de “cajones sorpresa” y el contrabando.

Cierres temporales y operativos en conjunto

La nueva herramienta, que es el reglamento de una reforma a la Ley de Aduanas de 2022, faculta a las autoridades para decomisar mercancía y, una vez finalizado el proceso administrativo, cerrar el negocio por 15 días. El director general de Aduanas Costa Rica, Juan Carlos Gómez, explicó que los operativos se realizarán en conjunto con la Policía Fiscal y la Dirección de Tributación.

Gómez anunció que se montará un operativo en los próximos días para “inaugurar” este nuevo instrumento legal. En caso de que se demuestre un daño fiscal superior a los $5,000, el caso será remitido al Ministerio Público.

Impacto en el comercio de “cajones sorpresa”

Esta nueva normativa también tiene como objetivo el comercio de los llamados “cajones sorpresa”, que son importados al país y luego vendidos al por menor. Gómez aclaró que la declaración aduanera de este tipo de mercancía debe hacerse “unidad por unidad”, con su partida arancelaria específica. El jerarca advirtió que quien no lo haga se arriesga a que su mercancía sea decomisada por no poder demostrar el respaldo legal.

Aunque la medida es un paso importante, el director de Aduanas Costa Rica reconoce que se necesitan más esfuerzos, pues cada mes entran al país casi 150 contenedores con este tipo de mercancía.

Puntos clave de la nueva regulación:

• Entra en vigor: La normativa rige a partir del 20 de agosto.
• Qué permite: A la Dirección de Aduanas le permite investigar, decomisar y cerrar negocios temporalmente.
• Objetivos: Combatir el comercio de “cajones sorpresa”, la venta de productos con valor declarado falso y el contrabando.
• Proceso: El negocio podría ser cerrado por 15 días y si el daño fiscal supera los $5,000, el caso se eleva a la Fiscalía.

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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha dado a conocer los resultados fiscales al cierre de mayo de 2025, revelando una mejora significativa en la situación económica del país. Los datos destacan una notable reducción en la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB), el sostenimiento del superávit primario y una disminución en el pago de intereses de la deuda. Estos logros se atribuyen a la disciplina fiscal implementada por la administración actual.

Deuda Pública en Descenso

La deuda del Gobierno Central se ubicó en el 57,7% del PIB a finales de mayo, lo que representa una baja de 2,1 puntos porcentuales en comparación con el cierre de 2024 (59,8%). Este descenso se debe a una gestión estratégica de la deuda, que incluyó un crecimiento moderado de la deuda interna y una reducción en la deuda externa, destacándose el pago de eurobonos.

El saldo total de la deuda creció apenas un 1,2% en lo que va del año. Esta cifra es significativamente menor que el crecimiento nominal estimado del PIB (4,8%) y el promedio histórico de crecimiento de la deuda (12,9%), lo que sugiere una tendencia más sostenible.

Superávit Primario Sostenido y Mejora del Déficit

Por quinto mes consecutivo, Costa Rica registró un superávit primario, lo que significa que los ingresos totales superaron el gasto primario (sin incluir intereses). Este superávit alcanzó los ₡363.020 millones, equivalentes al 0,7% del PIB. Este resultado es un reflejo de una política fiscal responsable y continua, que ha permitido mantener balances primarios positivos durante varios años consecutivos.

El déficit financiero del país también mostró una mejora, situándose en 1,1% del PIB. Esto representa una reducción de dos décimas con respecto al mismo período de 2024. Esta disminución se explica tanto por el mayor superávit primario como por la baja en el pago de intereses de la deuda.

Menor Carga de Intereses y Gasto Controlado

El monto destinado al pago de intereses de la deuda se redujo a ₡927.506 millones (1,8% del PIB), lo que significa una baja del 5,2% en comparación con el año anterior. Esta reducción provino principalmente de la deuda interna, beneficiada por menores tasas y operaciones de canje. La deuda externa también contribuyó a esta disminución gracias a tasas más bajas y efectos cambiarios favorables.

El gasto total del Gobierno Central se mantuvo bajo control, alcanzando ₡3.679.523 millones (7,1% del PIB), con una disminución interanual del 0,7%. El gasto primario (sin intereses) se mantuvo casi estable, mientras que el gasto de capital y la concesión neta de préstamos mostraron caídas.

Ingresos Tributarios y Confianza Internacional

Los ingresos totales del gobierno sumaron ₡3.115.037 millones (6,1% del PIB), con un crecimiento del 2,2% respecto al año anterior. Este incremento fue impulsado, en gran medida, por un aumento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como los impuestos sobre la renta y a la propiedad. El buen desempeño tributario ha sido fundamental para mantener el superávit primario y reducir la dependencia del endeudamiento.

La gestión fiscal del país ha ganado la confianza internacional, reflejada en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI). Al 30 de mayo, este índice se ubicó en 203 puntos básicos, una cifra notablemente inferior al promedio latinoamericano y global. Este indicador facilita a Costa Rica el acceso a financiamiento en condiciones más favorables.

Distribución del Gasto y Retos Futuros

El 81,6% del gasto total se concentró en cinco áreas principales:

• Ministerio de Educación Pública: 31%
• Pago de intereses de la deuda: 25,2%
• Regímenes de pensiones: 12,8%
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 7,1%
• Poder Judicial: 5,5%

Aunque el gasto de capital disminuyó, se dirigió principalmente a infraestructura vial, programas sociales y educación.

El Ministerio de Hacienda advierte que, a pesar de los avances, la sostenibilidad fiscal sigue siendo un desafío en un contexto internacional volátil. Factores como el aumento de tasas de interés globales, la desaceleración económica y los precios de materias primas podrían influir en las finanzas públicas. Por ello, se mantiene el compromiso de fortalecer la disciplina fiscal, asegurar reservas de liquidez y contar con acceso a líneas de crédito contingentes.

La administración reafirma su visión de mantener las finanzas públicas en una senda sostenible, reducir el endeudamiento y proteger la estabilidad económica nacional, consolidando la confianza de los inversionistas y la ciudadanía en la gestión macroeconómica del país.

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