Durante la visita, los gastos de viaje y seguro estarán a cargo del Ministerio de Justicia, mientras que viáticos, hospedaje y alimentación contarán con un monto de 286 dólares. Según información oficial del Ministerio, Campos percibirá el 100% de su salario durante su estadía. A su regreso, deberá entregar un informe ejecutivo al presidente Chaves en un máximo de ocho días, detallando actividades, resultados y beneficios para el Ministerio y el país.

En su ausencia, la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro, asumirá la dirección del Ministerio.

La visita coincide con la adjudicación de la construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), proyecto clave para fortalecer la capacidad institucional del país frente al crimen de alta peligrosidad.

Según los documentos del contrato, el plazo para el movimiento de tierras es de 90 días naturales, mientras que la construcción del inmueble tiene un plazo máximo de 195 días naturales. Todos los plazos y etapas son públicos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Algunos medios se enfocan principalmente en viáticos, salarios y aspectos administrativos. En ACR, el énfasis está en la cooperación internacional y la supervisión del proyecto Cacco, explicando al lector el contexto completo, los objetivos estratégicos y cómo se desarrollará la obra. Esto permite una lectura clara, educativa y sin manipulaciones.

Cláusula legal:
Toda la información presentada se basa en documentos y comunicados oficiales de acceso público. Mundo ACR no realiza imputaciones, juicios ni certifica la veracidad de opiniones de terceros mencionadas en este artículo. Su finalidad es exclusivamente informativa.

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Según el comunicado, la medida fue tomada debido a que el Ministerio de Justicia no proporcionó la información requerida por el juzgado. Se solicitó la lista completa de las personas ubicadas en los pabellones y los acuerdos técnicos que justificaban su traslado, pero en su lugar se envió documentación irrelevante.

Traslados sin justificación y acceso a la información

El Poder Judicial fundamentó su decisión en el hallazgo de una serie de irregularidades. Se constató que los reos habían sido trasladados sin una evaluación técnica individual ni un dictamen de riesgo, lo que viola la propia normativa del Ministerio de Justicia. La entidad judicial sospecha que algunos de estos traslados estaban relacionados con remodelaciones temporales y no con criterios de seguridad penitenciaria.

Además, el Juzgado de Ejecución de la Pena permitió el ingreso de televisores y radios a los módulos de máxima seguridad. El comunicado aclara que esta medida busca garantizar el derecho de los reclusos a la información, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones nacionales.

Aclaración sobre visitas y fundamento legal

El Poder Judicial también aprovechó la comunicación para desmentir rumores y aclarar que la resolución no permite el ingreso de trabajadoras sexuales a las instalaciones. Lo que sí se refuerza es el derecho de los reclusos a recibir visitas de sus familiares, parejas o esposas, según la normativa vigente.

La medida del juzgado se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal, que le otorga la facultad de verificar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esto permite al juzgado ordenar medidas correctivas cuando se detectan irregularidades o violaciones a los derechos humanos de los reos.

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El Ministerio de Justicia y Paz ha emitido un cuestionamiento directo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto ocurre luego de que la policía judicial señalara un supuesto debilitamiento en los controles de las cárceles, lo que habría permitido a líderes criminales ordenar delitos desde prisión. La situación expone una tensión entre ambas instituciones clave en la seguridad del país.

La controversia surge tras recientes allanamientos en cuatro centros penitenciarios. La acción buscaba decomisar pruebas esenciales para una investigación de homicidios y tentativas de homicidio. Estos crímenes, al parecer, fueron ordenados por dos privados de libertad conocidos como Tony Peña Russel y alias “Curry”.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó públicamente que hubo un debilitamiento en la vigilancia dentro de las cárceles. Según Zúñiga, esta situación permitió que se coordinaran los mencionados homicidios desde el interior de los centros.

La Respuesta de Justicia: Datos del OIJ y Falta de Acceso a Información

En respuesta a estas críticas, Nils Ching, viceministro de Justicia, cuestionó la postura del OIJ. Ching señaló que la policía judicial debería tener un mayor conocimiento de lo que sucede dentro de las cárceles.

Argumentó que el OIJ tiene en su poder más de 7.900 celulares que han sido decomisados en el sistema penitenciario. Para el viceministro, esta cantidad de evidencia debería proporcionar al OIJ una noción más clara de la actividad criminal desde prisión.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, añadió a principios de esta semana que su institución no tiene acceso a la información que el OIJ maneja sobre la actividad criminal dentro de los centros penales. Este punto resalta una aparente falta de comunicación o intercambio de datos entre ambas entidades.

La situación subraya la complejidad de controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones y la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia para combatir el crimen organizado.

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