Díaz afirmó que busca “trabajo técnico y sin improvisaciones” y señaló que Andrade sería su eventual ministro de Seguridad en un gobierno suyo.

Trayectoria institucional

De acuerdo con información pública disponible, Andrade ha ocupado diferentes cargos dentro del sector de seguridad:

• Director general de la Fuerza Pública.
• Viceministro de Seguridad durante la administración de Laura Chinchilla.
• Presidente de Ameripol, la Comunidad de Policías de América.
• Es abogado y notario, con maestría en Política Criminal (Universidad de Salamanca) y posgrado en Gerencia Estratégica.

Propuestas planteadas para un eventual gobierno

Según declaraciones brindadas durante su presentación, Andrade adelantó una hoja de ruta basada en:

• Retomar presencia policial en comunidades.
• Mayor articulación entre cuerpos policiales mediante un eventual Consejo Nacional de Seguridad.
• Modelos preventivos para infancia y juventud, además de iniciativas de empleo y educación técnica en zonas costeras y regiones fuera del GAM.

Díaz señaló que el reto principal sería superar la fragmentación operativa entre instituciones.

Hasta el 20 de noviembre, Costa Rica registraba 778 homicidios en lo que va del 2025, según datos del OIJ.

Antecedentes y cuestionamientos públicos vinculados a Andrade

(Toda la información de esta sección proviene de denuncias, auditorías, informes institucionales y reportes periodísticos. MUNDO ACR NO afirma su veracidad, NO certifica los hechos, NO valida los hechos narrados y NO emite juicios. Únicamente resume contenido público ya divulgado.)

Señalamientos de ANEP

Denuncias por supuestos nombramientos irregulares

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Seccional Fuerza Pública, presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría de Ética sobre presuntos nombramientos irregulares en jefaturas y direcciones regionales.

ANEP sostiene que algunos nombramientos no habrían cumplido con los requisitos legales.

Andrade ha rechazado estos señalamientos de manera pública.

Pérdida de equipo institucional.

ANEP señaló públicamente que, durante una actividad deportiva, se reportó la pérdida de un radio de comunicación asignado a Andrade.

La organización cuestionó el resguardo del equipo.

Andrade ha desestimado dichas versiones.

Sobre compra de “jackets” policiales

Un informe de auditoría interna (AGSP/SA-01-1214-2014) reportó hallazgos administrativos relacionados con la adquisición de chaquetas policiales.

La auditoría mencionó falta de documentación completa y observaciones sobre registro de unidades.

ANEP sostiene que parte del equipo no habría sido repuesto.

Andrade ha calificado varias de estas afirmaciones como “especies”, término que utilizó para referirse a rumores falsos.

Reportes de prensa sobre investigaciones fiscales

Según notas periodísticas de 2014, publicaciones de prensa mencionaron la existencia de una denuncia en la que se hacía referencia al nombre de Andrade.

La única referencia disponible son dichas publicaciones de prensa.

Los reportes no detallan públicamente los resultados finales.

No hay información pública confirmada sobre si la causa continuó o fue archivada.

Auditorías internas del Ministerio de Seguridad

Informes de auditoría interna (años 2016, 2017 y 2018) reportaron distintos hallazgos administrativos en delegaciones policiales durante periodos en los que Andrade ocupó cargos de dirección.

“Según dichos informes, se mencionan:”

• Anomalías en horarios laborales (delegación de Tibás).
• Preguntas sobre contrataciones administrativas vinculadas con infraestructura policial.
• Observaciones sobre ejecución presupuestaria en la Unidad de Seguridad Turística.

Según los propios informes, los documentos no atribuyen responsabilidad penal ni disciplinaria; únicamente describen situaciones administrativas para revisión institucional.

Casos de uso de fuerza bajo investigación

En 2013 se difundió un video donde se observaba un operativo policial que generó cuestionamientos públicos.

• Según notas de prensa de la época, Andrade confirmó que el caso fue remitido a los órganos correspondientes para investigación.
• Toda la información proviene exclusivamente de dicha cobertura periodística.

Relación con personal policial

Diversas publicaciones señalaron que, en ciertos momentos, habría existido tensión interna dentro de la Fuerza Pública, incluyendo protestas o presiones laborales.

• Los reportes atribuyen estas acciones al descontento de algunos oficiales.
• No existe información oficial que explique en detalle las causas o la dimensión real del fenómeno.

Posiciones recientes en el debate público

En 2025, al reincorporarse a la discusión política, Andrade declaró que la crisis de seguridad “no es por falta de recursos” sino por problemas de gestión.

Estas declaraciones generaron reacciones diversas entre analistas, sindicatos y especialistas.

Los cuestionamientos aquí mencionados:

• provienen exclusivamente de denuncias públicas, auditorías e informes institucionales,
• se encuentran debidamente citados en nuestro sitio web,
• no implican culpabilidad,
• no constituyen imputación penal alguna,
• y son presentados únicamente con fines informativos y de acceso a documentos públicos.

MUNDO ACR no emite conclusiones ni determinaciones sobre los hechos descritos.
Se limita a resumir información existente, atribuida fielmente a sus fuentes.
Toda esta información es pública, de acceso general,“…y se presenta únicamente con fines informativos sin prejuzgar sobre la veracidad, evolución o resultado de los procesos mencionados, los cuales provienen de documentos y reportes difundidos previamente.” Sin prejuzgar sobre la veracidad, evolución o resultado de los procesos mencionados.

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La bancada del Frente Amplio (FA) ha lanzado un nuevo intento en la Asamblea Legislativa para cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Este órgano, adscrito al Ministerio de la Presidencia, ha sido señalado en el pasado por supuestas actuaciones fuera de su marco legal.

El nuevo expediente legislativo, bajo el número 25.070, fue presentado esta semana. Cuenta con el respaldo de las diputadas independientes Gloria Navas y Cynthia Córdoba. Ambas han denunciado públicamente en meses recientes haber sido, según sus afirmaciones, objeto de presunta persecución por parte de funcionarios de esta dependencia.

¿Qué Propone el Proyecto de Ley?

La iniciativa plantea cambios significativos en la estructura de seguridad del país:

• Absorción de Personal: Todas las plazas de la DIS serían absorbidas por el Ministerio de Seguridad Pública. Luego, se redistribuirían entre los cuerpos policiales, según criterios técnicos.
• Transferencia de Bienes e Investigaciones: Todos los bienes (muebles, equipos, activos) y las investigaciones clasificadas como “secreto de Estado” pasarían también al Ministerio de Seguridad Pública.
• Redirección Presupuestaria:
  • El 50% del presupuesto asignado a la DIS se destinaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto sería para crear nuevas plazas enfocadas en labores de investigación.
  • El otro 50% se usaría para fortalecer directamente al Ministerio de Seguridad.

En la justificación del proyecto, se sostiene una preocupación seria por la “nula o escasa asistencia y contribución de la DIS en materia de seguridad nacional”. También se cuestiona que la DIS “está siendo utilizada para propósitos distintos a su naturaleza, incurriendo incluso en persecución de personas críticas al accionar del Gobierno”.

La fracción del Frente Amplio también critica el gasto continuo de recursos públicos en una estructura que, a su juicio, ha escapado al escrutinio institucional. Cifras oficiales indican que, entre 2013 y 2023, la DIS recibió un total de ¢30.977 millones del presupuesto nacional.

El Poder Ejecutivo aún no ha convocado este proyecto. Si no lo hace en el actual período de sesiones extraordinarias, su discusión formal empezaría en agosto, momento en que podría ser enviado a una comisión para su análisis.

Polémicas Pasadas Vinculadas a la DIS

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional ha estado en el centro de varias controversias a lo largo de los años:

• 2007: Se reportó espionaje a ciudadanos que se oponían al Tratado de Libre Comercio (TLC).
• 2008: El OIJ y el Ministerio Público investigaron a un alto funcionario de la DIS por presunto uso de datos privados para extorsionar.
• 2008: El exfiscal general Francisco Dall’Anese la calificó como una “policía política que no rinde cuentas”.
• Diciembre 2023: Se denunció que revisó de forma obligatoria dispositivos electrónicos de personal de Casa Presidencial.
• Mayo 2024: Funcionarios de la DIS participaron en entrenamientos de seguridad nacional en Taiwán, lo que causó tensiones diplomáticas con China.
• Junio 2024: Los diputados Manuel Morales (oficialista) y Johana Obando (independiente) denunciaron persecución por parte de la DIS.
• Caso Samcam: Legisladores cuestionaron la inacción de la DIS ante la presencia de presuntas células sandinistas en el país, tras el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam.

Este nuevo intento por cerrar la DIS reaviva un debate de larga data sobre la función, el alcance y la supervisión de los organismos de inteligencia en Costa Rica.

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