Mientras Costa Rica enfrenta una de las etapas más tensas en materia de seguridad, homicidios y crimen organizado, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, salió este lunes a defender públicamente el presupuesto y la estructura actual del Poder Judicial frente a los cuestionamientos lanzados desde el Ejecutivo.

Pero más allá de la discusión sobre dinero, plazas o recortes, sus declaraciones terminaron abriendo otra conversación mucho más profunda sobre cómo terminó creciendo la estructura del sistema judicial costarricense durante las últimas décadas.

Solano reaccionó luego de que el Gobierno insistiera en que al Poder Judicial se le asignan recursos superiores a los establecidos originalmente en la Constitución Política.

La magistrada rechazó esa idea y aseguró que existe una “distorsión” alrededor de cómo se interpreta el presupuesto judicial.

Según explicó, el 6% constitucional originalmente pensado para el Poder Judicial fue diseñado en una época donde la institución tenía funciones mucho más limitadas y no incluía órganos como el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública o la atención a víctimas y testigos.

“De ese presupuesto del 6% constitucional, solo un 3.1% es destinado a judicatura”, afirmó Solano.

La magistrada también defendió el peso presupuestario del OIJ y aseguró que la policía judicial consume recursos similares a los de toda la judicatura debido al costo técnico de las investigaciones criminales.

“¿Por qué decidieron que el Organismo de Investigación Judicial estuviera en el Poder Judicial?”, cuestionó durante su intervención.

Sin embargo, mientras desde el Poder Judicial se insiste en que la estructura actual responde a necesidades reales de investigación, persecución penal y equilibrio procesal, desde el Ejecutivo empiezan a aparecer señales de que el modelo completo podría entrar en discusión.

La propia presidenta Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones que hoy están dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

“Creo que llegó el momento de analizar el otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecer a ese poder de la República”, afirmó la mandataria.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de recursos congelados, salarios o nuevas plazas.

También empieza a tocar temas mucho más sensibles para el país: cómo se distribuyen realmente los recursos judiciales, cuál debe ser el alcance del Poder Judicial y si la estructura actual sigue respondiendo a las exigencias de una Costa Rica golpeada por violencia, narcotráfico y desconfianza institucional.

En medio de esa tensión, Solano defendió que el Poder Judicial viene realizando un esfuerzo histórico para aumentar su productividad.

Según afirmó, el 2025 ha sido el año con mayor cantidad de sentencias penales emitidas en la historia de la institución, gracias a procesos internos de optimización de recursos y reorganización administrativa.

Aun así, reconoció limitaciones importantes relacionadas con infraestructura, presupuesto y creación de nuevas plazas.

Pero uno de los momentos más incómodos de toda la conferencia llegó cuando Laura Fernández puso sobre la mesa otro tema históricamente sensible dentro del país: la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.

La presidenta recordó que Orlando Aguirre acumula 37 años como magistrado y cuestionó si períodos tan extensos realmente favorecen la eficiencia y la rendición de cuentas institucional.

El intercambio terminó dejando algo claro: la conversación alrededor del Poder Judicial ya no se está limitando únicamente a seguridad o presupuesto.

Ahora también empieza a tocar el tamaño, la estructura y el funcionamiento de uno de los poderes más determinantes dentro del funcionamiento institucional de Costa Rica.

Unidad de Análisis Político ACR

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Por Unidad de Análisis Político ACR

Mientras Costa Rica sigue enfrentando homicidios, expansión del narcotráfico y una creciente sensación de inseguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, volvió a insistir en que el Poder Judicial necesita más recursos para enfrentar el crimen organizado.

Pero fuera del discurso institucional, también sigue creciendo otra presión cada vez más visible, ciudadanos que sienten que la justicia no está respondiendo al ritmo de la crisis que vive el país.

Aguirre reiteró este lunes la necesidad de que Hacienda libere más de ₡8.688 millones aprobados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa y destinados al fortalecimiento del OIJ y el Ministerio Público.

Según explicó, esos recursos permitirían financiar 176 plazas para el OIJ y 99 para la Fiscalía, además de alquileres, equipo de transporte y herramientas necesarias para investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violencia.

El magistrado aseguró que actualmente el Poder Judicial enfrenta un faltante cercano a las 1.200 plazas, incluyendo aproximadamente 200 jueces que, según dijo, hacen falta para responder a la carga de trabajo que enfrenta el sistema judicial.

“El enfrentamiento del crimen organizado requiere de recursos”, afirmó Aguirre, quien además defendió que, pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial “ha venido realizando su función de manera eficiente”.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para el país.

Costa Rica atraviesa una de las etapas más tensas de los últimos años en materia de seguridad, con homicidios que mantienen presión constante sobre policías, fiscales y tribunales, mientras la discusión pública alrededor de la justicia se vuelve cada vez más dura.

Porque el reclamo ciudadano ya no gira únicamente alrededor de más policías o más operativos.

También empieza a tocar la lentitud de muchos procesos judiciales, expedientes que avanzan durante años y una percepción de desgaste institucional que golpea directamente la confianza en el sistema.

Ahí es donde la discusión sobre recursos empieza a chocar con otra realidad mucho más incómoda para el Poder Judicial.

Mientras desde la Corte se insiste en que hacen falta dinero, personal y herramientas para combatir el crimen organizado, una parte de la población sigue preguntándose por qué, aun con la estructura actual del sistema judicial, continúa sintiendo que la respuesta de la justicia no logra ir al mismo ritmo de la violencia que golpea las calles.

El choque ya no se limita únicamente a Hacienda congelando recursos o a la Asamblea Legislativa aprobando partidas.

También empieza a sentirse entre el discurso institucional y el cansancio de una ciudadanía que observa cómo la criminalidad crece mientras la confianza en las instituciones continúa debilitándose.

Aun así, Aguirre sostuvo que las limitaciones presupuestarias afectan directamente la capacidad operativa del Poder Judicial y recordó que las restricciones derivadas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas siguen impidiendo crear nuevas plazas al ritmo que consideran necesario.

La discusión alrededor de seguridad y justicia continúa creciendo en medio de un país donde cada vez más personas no solo esperan capturas o allanamientos.

También esperan sentir que el sistema judicial todavía tiene capacidad real de responder al nivel de violencia, narcotráfico y criminalidad que enfrenta Costa Rica.

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Mientras el país sigue golpeado por la inseguridad, los homicidios y el avance del crimen organizado, el fiscal general Carlo Díaz lanzó este lunes un llamado para detener los “ataques institucionales” y fortalecer el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para Costa Rica, donde el debate sobre seguridad ya no gira únicamente alrededor de capturas, allanamientos o presencia policial, sino también sobre la confianza que todavía mantienen los ciudadanos en los órganos encargados de impartir justicia.

La reunión convocada por la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial reunirá a jerarcas del Poder Judicial, el OIJ y la Fiscalía en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos públicos alrededor del sistema judicial.

Previo al encuentro, Díaz aseguró que las autoridades no pueden seguir proyectando divisiones mientras el país enfrenta niveles de violencia cada vez más altos.

“No podemos los cuerpos policiales, no podemos el Ministro de Seguridad y el Ministerio Público y el OIJ estar separados”, afirmó durante una entrevista.

El fiscal insistió en que debe existir coordinación entre poderes para enfrentar la criminalidad y defendió la necesidad de respetar tanto la independencia judicial como la autonomía del Ministerio Público.

Sin embargo, mientras desde la Fiscalía se habla de unidad y respeto institucional, fuera de ese discurso continúa creciendo otro fenómeno mucho más incómodo para el sistema judicial: la desconfianza de una parte de la ciudadanía sobre cómo avanzan algunos de los casos más sensibles del país.

En redes sociales, programas de opinión y espacios públicos, constantemente aparecen cuestionamientos alrededor de investigaciones que durante años no terminan de avanzar al ritmo que muchos ciudadanos esperan, mientras otros procesos terminan avanzando con mayor rapidez dentro del sistema judicial y político.

Ese contraste se ha convertido en uno de los puntos más delicados dentro del debate nacional sobre justicia, independencia y credibilidad institucional.

En medio de ese escenario, Carlo Díaz también dejó una de las frases más sensibles de toda su intervención al afirmar que “tal vez a alguna persona le convenga o a algún sistema político le convenga manejar a la Sala Constitucional y manejar al Ministerio Público”.

Aunque el fiscal no señaló directamente a ningún actor político específico, la declaración apareció en un momento donde el ambiente nacional sigue marcado por choques constantes entre poderes, críticas cruzadas y una creciente polarización alrededor del funcionamiento del aparato judicial.

Díaz incluso advirtió sobre el riesgo de que el Ministerio Público pueda debilitarse si el fiscal general “se afloja a intereses políticos”, algo que calificó como “inconcebible” dentro del Estado de Derecho.

La discusión alrededor de la reunión de este lunes ya no gira únicamente sobre coordinación institucional o estrategias de seguridad.

También empieza a tocar un tema mucho más profundo para Costa Rica: la percepción ciudadana sobre cómo se mueve el poder dentro de las instituciones y si las reglas terminan aplicándose con el mismo peso para todos.

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El politólogo y especialista en temas legislativos, Milton Madriz Cedeño, presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia penal para incorporar a los 35 diputados que votaron a favor del trámite legislativo relacionado con el “levantamiento de inmunidad” del Presidente de la República, realizado el 16 de diciembre de 2025, durante la Sesión Extraordinaria N.º 66 del Plenario Legislativo.

La gestión quedó registrada bajo el expediente 25-002920-0175-PE, con comprobante oficial de recibido ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, el pasado 2 de enero de 2026, a las 4:47 p.m.
Según el denunciante, esta presentación se integra como ampliación al proceso penal que ya se encontraba en curso.

¿Qué cuestiona esta denuncia?.

El documento sostiene que los 35 diputados señalados habrían incurrido en eventuales responsabilidades penales al emitir su voto favorable al trámite legislativo, pese a que dicho intento no alcanzó los 38 votos necesarios. El denunciante sostiene que, a su criterio, el acto individual del voto podría generar responsabilidad, independientemente de que el procedimiento no prosperara.

Delitos mencionados en la denuncia (según lo expuesto en el documento presentado). La ampliación menciona posibles figuras penales como: Prevaricato, Abuso de autoridad, Incumplimiento de deberes, Usurpación de funciones públicas, Violación de fueros constitucionales.

Además, el documento hace referencia a un punto particular: tres diputados que habrían participado previamente en gestiones ante el TSE y luego votaron en el plenario. Según el denunciante, esto podría configurarse como una actuación similar a “juez y parte”, lo cual solicita sea analizado por el órgano investigador.

Argumentación jurídica presentada: El escrito incorpora un desarrollo jurídico basado en:

Constitución Política, Código Penal, Competencias del TSE y la Asamblea Legislativa, Derechos políticos, Debido proceso, Separación de poderes.

Asimismo, incluye certificaciones de votación, actas legislativas y otros documentos de respaldo, según consta en la presentación judicial.

Dimensión institucional del caso.

El denunciante sostiene que la situación tiene relevancia institucional, dado que, a su juicio, estaría vinculada con principios democráticos como la separación de poderes, la protección de derechos políticos y el respeto al marco constitucional, en un contexto además asociado a procesos electorales.

¿Qué sigue ahora?

A partir de este punto, corresponderá al Ministerio Público: Analizar la ampliación presentada. Determinar si admite la gestión. Definir si se amplía o no la investigación. O eventualmente descartar los señalamientos. Por ahora, esto constituye una denuncia presentada y no una resolución judicial.

Ninguna de las personas señaladas es considerada responsable mientras no exista pronunciamiento firme de las autoridades competentes.

¿Por qué este tema importa a la ciudadanía?.

Porque está directamente relacionado con: El funcionamiento del Estado de Derecho. Los límites de actuación de la Asamblea Legislativa. El alcance del fuero presidencial. La protección de derechos políticos. La estabilidad institucional del país. Además, abre un debate sobre cómo deben tramitarse estas situaciones dentro del marco constitucional costarricense.

Mundo ACR dará seguimiento responsable, transparente y ciudadano a este caso conforme evolucione en las instancias judiciales correspondientes.

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