El politólogo y especialista en temas legislativos, Milton Madriz Cedeño, presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia penal para incorporar a los 35 diputados que votaron a favor del trámite legislativo relacionado con el “levantamiento de inmunidad” del Presidente de la República, realizado el 16 de diciembre de 2025, durante la Sesión Extraordinaria N.º 66 del Plenario Legislativo.

La gestión quedó registrada bajo el expediente 25-002920-0175-PE, con comprobante oficial de recibido ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, el pasado 2 de enero de 2026, a las 4:47 p.m.
Según el denunciante, esta presentación se integra como ampliación al proceso penal que ya se encontraba en curso.

¿Qué cuestiona esta denuncia?.

El documento sostiene que los 35 diputados señalados habrían incurrido en eventuales responsabilidades penales al emitir su voto favorable al trámite legislativo, pese a que dicho intento no alcanzó los 38 votos necesarios. El denunciante sostiene que, a su criterio, el acto individual del voto podría generar responsabilidad, independientemente de que el procedimiento no prosperara.

Delitos mencionados en la denuncia (según lo expuesto en el documento presentado). La ampliación menciona posibles figuras penales como: Prevaricato, Abuso de autoridad, Incumplimiento de deberes, Usurpación de funciones públicas, Violación de fueros constitucionales.

Además, el documento hace referencia a un punto particular: tres diputados que habrían participado previamente en gestiones ante el TSE y luego votaron en el plenario. Según el denunciante, esto podría configurarse como una actuación similar a “juez y parte”, lo cual solicita sea analizado por el órgano investigador.

Argumentación jurídica presentada: El escrito incorpora un desarrollo jurídico basado en:

Constitución Política, Código Penal, Competencias del TSE y la Asamblea Legislativa, Derechos políticos, Debido proceso, Separación de poderes.

Asimismo, incluye certificaciones de votación, actas legislativas y otros documentos de respaldo, según consta en la presentación judicial.

Dimensión institucional del caso.

El denunciante sostiene que la situación tiene relevancia institucional, dado que, a su juicio, estaría vinculada con principios democráticos como la separación de poderes, la protección de derechos políticos y el respeto al marco constitucional, en un contexto además asociado a procesos electorales.

¿Qué sigue ahora?

A partir de este punto, corresponderá al Ministerio Público: Analizar la ampliación presentada. Determinar si admite la gestión. Definir si se amplía o no la investigación. O eventualmente descartar los señalamientos. Por ahora, esto constituye una denuncia presentada y no una resolución judicial.

Ninguna de las personas señaladas es considerada responsable mientras no exista pronunciamiento firme de las autoridades competentes.

¿Por qué este tema importa a la ciudadanía?.

Porque está directamente relacionado con: El funcionamiento del Estado de Derecho. Los límites de actuación de la Asamblea Legislativa. El alcance del fuero presidencial. La protección de derechos políticos. La estabilidad institucional del país. Además, abre un debate sobre cómo deben tramitarse estas situaciones dentro del marco constitucional costarricense.

Mundo ACR dará seguimiento responsable, transparente y ciudadano a este caso conforme evolucione en las instancias judiciales correspondientes.

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Nos han vendido durante décadas que el Poder Judicial es la roca firme sobre la cual descansa el país. Y sí, firme está… pero firme en blindar políticos, en enterrar denuncias incómodas, y en asegurarse de que el pobre se pudra esperando justicia mientras los ricos la compran en cuotas, como un carro de lujo. ¿Y la credibilidad? En cuidados intensivos desde hace años. Pero no se preocupen, los mismos de la “red de cuido” institucional ya están sacando comunicados con membrete y palabritas tibias para convencernos de que “todo marcha bien”. ¡Claro! Todo marcha bien… para ellos.

La Institucionalidad como Fetiche y Disneylandia Burocrática

La “institucionalidad” en Costa Rica se ha convertido en una especie de fetiche patriótico que solo sirve para callar críticas, silenciar indignaciones y justificar lo injustificable. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última vez que una institución sirvió realmente al pueblo y no a sus propios intereses o a los del círculo de confianza del poder? Tranquilo, no es que tengas mala memoria. Es que eso no pasa.

El Estado se ha transformado en una especie de Disneylandia burocrática donde todo parece funcionar, pero detrás del decorado hay ratas, trapos sucios y un elenco de actores mediocres con cargos vitalicios y sueldos pornográficos. La red de cuido no cuida a nadie, salvo a los amigos del poder. ¿Y el Ministerio Público? Se ha especializado en encontrar con eficiencia sospechosos pobres, mientras los corruptos de cuello blanco son tan invisibles como sus expedientes desaparecidos. Un milagro judicial, versión tica.

Poder Judicial: ¿Relicario en Ruinas?

Y hablemos del Poder Judicial, ese relicario institucional que hoy sirve menos que un policía de tránsito en una calle sin semáforos. El pueblo ya no cree en ellos, no porque seamos malagradecidos o ignorantes, sino porque los hechos gritan lo que sus portavoces maquillan: que el sistema ya no es confiable, ya no es justo, ya no es nuestro.

¿Y qué hacen mientras tanto los “defensores de la democracia”? Organizan simposios, se toman selfies en eventos diplomáticos y aplauden entre ellos como si estuvieran en una ópera, mientras el país se desangra por el abdomen. Todo muy “institucional”, todo muy “republicano”… hasta que alguien les toca los privilegios, y entonces sí: se sueltan los perros, las cloacas y los editoriales indignados que parecen escritos desde Suiza, no desde la Costa Rica real.

Los costarricenses no están perdiendo la fe en la democracia; están perdiendo la paciencia con quienes la usan como escudo mientras apuñalan al pueblo por la espalda. Ya no nos tragan los discursos de “institucionalidad” cuando vemos cómo se reparten favores, se blindan entre ellos y nos dejan a nosotros con la factura emocional, económica y moral.

CRÍTICA POR ANÍBAL NEWMAN

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El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ha establecido una fecha para el inicio del juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro altos exfuncionarios de su gobierno, en el sonado caso Bancrédito. El debate oral y público comenzará el 26 de febrero de 2027, casi una década después de las supuestas irregularidades. Se espera que el proceso se extienda al menos hasta el 18 de mayo de ese mismo año.

Al exmandatario se le acusa de haber participado en acciones para intentar evitar la quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) a mediados de su administración. Estas maniobras habrían incluido el traslado de ₡100.000 millones y $50 millones desde el Ministerio de Hacienda hacia el banco estatal entre marzo y abril de 2017, con el objetivo de “salvarlo”. Sin embargo, la vía utilizada para estas transferencias no habría sido la correcta, constituyendo posibles actos ilegales en el ejercicio de la función pública.

Las Acusaciones y los Otros Imputados

Un documento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) señala presuntas irregularidades entre 2016 y 2018. Estas habrían afectado el flujo de caja del Presupuesto de la República de 2018, poniendo en riesgo compromisos de Hacienda y aumentando el déficit fiscal.

Los otros imputados en esta causa son:

• Helio Fallas Venegas: Entonces vicepresidente y ministro de Hacienda.
• Sergio Alfaro Salas: Exministro de la Presidencia.
• Martha Cubillo Jiménez: Exviceministra de Egresos y extesorera nacional.
• Mauricio Arroyo Rivera: Exsubtesorero nacional, acusado de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al extinto banco sin sustento técnico y con una baja posibilidad de retorno. La maniobra buscaba que la entidad pareciera tener liquidez, impidiendo que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara su intervención y así evitar un impacto negativo en la imagen del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Un Largo Camino Judicial

El proceso ha sido extenso. El Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio el 6 de julio de 2023, tras una investigación de aproximadamente seis años.

Luego, transcurrió cerca de un año y medio para la audiencia preliminar, que finalmente autorizó la apertura del juicio a mediados de noviembre. Posteriormente, el Tribunal tardó casi un semestre en fijar la fecha, notificando la calendarización a mediados de junio. Ahora, se deberá esperar otro año y medio para que el juicio inicie.

Marvin Carvajal, abogado defensor en el caso, confirmó la notificación y expresó que, aunque preferían una fecha más cercana, entienden que el Tribunal debe haber buscado evitar conflictos con otros señalamientos. “No cabe duda que esperar tanto tiempo por un juicio es prolongar la angustia de las personas que están sometidas a un proceso”, indicó el jurista, aunque confía en un buen resultado, defendiendo que las decisiones fueron legales y permitieron un cierre ordenado del banco.

Reclamo Económico y Defensa de los Acusados

Además de la causa penal, el expresidente Solís y los otros cuatro exfuncionarios enfrentan un reclamo económico y una posible indemnización de ₡57 millones. Este monto, solicitado por la Procuraduría General de la República mediante una acción civil resarcitoria, corresponde a los supuestos daños causados. Los montos específicos a pagar por cada imputado se definirán en el juicio. El Juzgado aceptó como prueba publicaciones de medios de comunicación de 2021 que evidencian el conocimiento público de las “inversiones” anómalas.

Tras la audiencia preliminar, el expresidente Solís manifestó a CR Hoy que las decisiones tomadas por él y su gabinete fueron “adecuadas y responsables, con la intención de salvaguardar el interés general”. Añadió que acude a rendir cuentas “creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar. Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza”.

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El Ministerio Público ha formalizado la acusación en el caso conocido como “Estructuras Paralelas”. Tras esta presentación, la decisión recae ahora en el Congreso, que deberá determinar si procede o no con el levantamiento de la inmunidad de las personas implicadas en el expediente.

Los señalados en este caso han calificado la acusación como “ridícula e injusta”. Ante estas reacciones, el Fiscal General Carlo Díaz respondió defendiendo la labor de la institución. “El Ministerio Público hace su labor, a nosotros se nos encomienda que nuestra función sea objetiva”, afirmó Díaz. Explicó que la investigación fue “bastante amplia”, fundamentada en un informe elaborado por un departamento específico del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Investigación Amplia y Corroboraciones

El Fiscal General destacó la rigurosidad del proceso investigativo. “Hicimos todas las corroboraciones también en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)“, señaló Díaz. Respecto a las objeciones de los imputados, añadió: “las manifestaciones o los adjetivos que le ponen a esa acusación son propias de los imputados, las cuales nosotros respetamos”.

Sobre las acusaciones locales que enfrenta Celso Gamboa, el Fiscal General indicó que estas deben seguir su curso en el país. “Él cuenta con algunas acusaciones, tiene que enfrentar esos procesos y nosotros vamos a realizar las acciones que correspondan en los mismos”, afirmó.

En cuanto al impacto de esta causa en los recursos del Ministerio Público, se detalló que ha sido una investigación “bastante voluminosa en material”. Se contó con un equipo dedicado que ya venía trabajando en ella, incluyendo “un primer secuestro, después otro”, lo que indica un trabajo sostenido y la “corroboración final de la investigación”.

Confirmación de Reunión Clave y Mención de Nombres

Carlo Díaz también fue consultado sobre una reunión relevante ocurrida en 2023. El exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, había mencionado este encuentro, en el que participaron autoridades del Ministerio de Seguridad, la DIS y el Ministerio Público. En dicha reunión, se habría hecho referencia a Celso Gamboa y a los hermanos Estupiñán.

El Fiscal General confirmó el encuentro: “Sí, por supuesto. Fue una reunión que tuvimos con don Jorge Torres, en aquel momento Ministro de Seguridad. Participó el OIJ y nosotros por parte de la fiscalía”. Díaz detalló que en esa reunión, el entonces Ministro de Seguridad “hizo una mención de que a él lo había buscado don Celso Gamboa con dos personas que yo en aquel momento no conocía. Él mencionaba los apellidos, los Estupiñán. Que estaban siendo investigados por narcotráfico”.

Finalmente, al ser consultado si se tomó alguna acción específica en ese momento a partir de esa información, el Fiscal General Carlo Díaz respondió: “En aquel momento no. Nada más recibimos la información”.

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