POR MUNDO ACR | Historias que ayudan a entender el mundo.

Cuando comenzaron los ataques contra Irán, la lógica parecía sencilla.

Estados Unidos e Israel tenían más capacidad militar, más tecnología y una ventaja aplastante en el aire.

La pregunta era cuánto daño podían causar.

Meses después, la pregunta parece otra.

¿Qué ocurre cuando una potencia puede destruir objetivos, pero no consigue cambiar el comportamiento del país que intentaba presionar?.

Porque eso es lo que terminó revelando esta guerra.

Los ataques dañaron instalaciones.

Aumentaron los costos para Teherán.

Obligaron al régimen iraní a reorganizar parte de sus capacidades.

Pero no consiguieron sacar a Irán de la ecuación.

Por el contrario.

Hoy las negociaciones continúan.

Washington sigue calculando cada movimiento en función de la reacción iraní.

Israel sigue observando a Teherán como una amenaza estratégica.

Y los países árabes del Golfo siguen preocupados por las consecuencias de una nueva escalada.

Nada de eso parece el desenlace de un problema resuelto.

El error de mirar únicamente la fuerza.

Durante décadas, gran parte de la política internacional se construyó alrededor de una idea simple.

El poder pertenece a quien puede imponer su voluntad.

Quien tiene más dinero.

Más tecnología.

Más soldados.

Más capacidad de castigo.

Bajo esa lógica, el desenlace parecía relativamente predecible.

Irán recibiría presión suficiente para aceptar condiciones que antes rechazaba.

Pero la realidad resultó más complicada.

Porque la guerra dejó al descubierto una diferencia que suele pasar desapercibida.

Destruir capacidades no es lo mismo que modificar voluntades.

Estados Unidos podía golpear objetivos iraníes.

Lo demostró.

Lo que no logró demostrar fue que esos golpes bastaban para producir el resultado político esperado.

El poder que sobrevive a los bombardeos.

Irán no ganó la guerra.

No expulsó a Estados Unidos de Medio Oriente.

No derrotó militarmente a Israel.

No salió fortalecido económicamente.

Sin embargo, tampoco perdió algo fundamental.

Su capacidad de influir.

Y ahí aparece la paradoja.

Irán no tiene fuerza suficiente para imponer sus condiciones a las grandes potencias.

Pero conserva capacidad suficiente para impedir que esas potencias consigan completamente las suyas.

Eso ayuda a entender por qué el estrecho de Ormuz sigue siendo relevante.

Por qué las negociaciones continúan abiertas.

Y por qué actores mucho más poderosos siguen teniendo que calcular cuidadosamente sus movimientos.

La influencia iraní ya no depende de ser el actor más fuerte de la región.

Depende de conservar suficiente capacidad para alterar los cálculos de quienes sí lo son.

La lección que deja esta guerra.

Quizás la enseñanza más importante de esta crisis no tenga que ver únicamente con Irán.

Tiene que ver con cómo funciona el poder en un mundo cada vez más complejo.

Durante mucho tiempo se asumió que la influencia pertenecía a quien podía obligar.

Pero conflictos como este muestran otra realidad.

Algunos países ya no necesitan ser lo suficientemente fuertes para imponer su voluntad.

Les basta con ser lo suficientemente resistentes para impedir la voluntad de otros.

Y eso fue precisamente lo que esta guerra dejó al descubierto.

La campaña militar demostró la fuerza de Estados Unidos e Israel.

Pero también mostró sus límites.

Porque al final, Washington descubrió algo que probablemente no quería descubrir.

Puede destruir objetivos iraníes.

Lo que sigue sin poder destruir es la capacidad de Irán para seguir influyendo en el resultado.

Y esa puede terminar siendo la lección más incómoda que dejó esta guerra.

🌎 Más allá de quién ganó o perdió esta guerra, la pregunta que sigue abierta es cuánto poder conserva un país cuando ya no puede imponer su voluntad, pero todavía puede influir en la de otros.

Si querés recibir análisis, explicaciones y noticias internacionales directamente en tu celular, seguí nuestro canal oficial de Telegram.

The post Irán no ganó la guerra, pero sigue influyendo en su resultado. appeared first on MUNDO ACR.

POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

Si desea recibir este y otros análisis directamente en su celular, puede seguir el canal de WhatsApp y mantenerse informado con noticias, contexto y lecturas de poder que ayudan a entender lo que ocurre detrás de los titulares.

The post Independencia sí. ¿Pero quién vigila al árbitro? appeared first on MUNDO ACR.

Por MUNDO ACR Latinoamérica

Evo Morales ya no es presidente.

No puede volver a ser candidato.

Enfrenta una orden judicial de captura.

Y lleva meses refugiado en una región cocalera de Bolivia para evitar ser detenido.

Sin embargo, mientras el país atraviesa una nueva crisis política y social, su nombre vuelve a aparecer en el centro de todo.

Las carreteras permanecen bloqueadas en distintos puntos del territorio.

El transporte de alimentos, combustibles y medicamentos se ha visto afectado.

La tensión crece entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Y el gobierno enfrenta una presión cada vez mayor para recuperar el control de la situación.

En medio de ese escenario hay una imagen que resulta difícil de ignorar.

El hombre que ya no gobierna sigue siendo una de las figuras más influyentes de Bolivia.

Desde el Trópico de Cochabamba, una región que durante décadas fue su principal bastión político, Morales respalda las movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz y la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

La escena resulta llamativa porque, sobre el papel, Evo Morales parece haber perdido buena parte del poder que acumuló durante años.

Ya no controla el gobierno.

Ya no controla la presidencia.

No puede competir nuevamente por el cargo.

Y tampoco atraviesa su momento de mayor popularidad.

Aun así, conserva algo que sigue teniendo peso en Bolivia, una base de seguidores capaz de movilizarse y mantener presión en las calles.

Esa capacidad no nació ahora.

Durante décadas, Morales construyó una relación estrecha con organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos indígenas y sectores cocaleros que fueron fundamentales en su ascenso político.

Fue precisamente esa fuerza social la que lo llevó desde el liderazgo sindical hasta la presidencia del país.

Y es esa misma estructura la que hoy sigue demostrando que su influencia no desapareció junto con el cargo.

Por eso algunos analistas sostienen que Evo Morales perdió poder institucional, pero conserva poder social.

No gobierna desde un despacho.

No firma decretos.

No dirige ministerios.

Pero sigue siendo capaz de influir en el clima político nacional.

Mientras tanto, Bolivia enfrenta problemas mucho más urgentes que una disputa entre líderes.

La economía atraviesa dificultades.

La población siente el impacto de la incertidumbre.

Y el desabastecimiento provocado por los bloqueos empieza a golpear la vida cotidiana de miles de familias.

Para muchos ciudadanos, la preocupación ya no es quién gana una batalla política.

La preocupación es cuándo volverá la normalidad.

A esa tensión se suma el proceso judicial que enfrenta Morales por presunta trata de personas y el presunto embarazo de una menor de edad cuando ejercía la presidencia.

El exmandatario rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

La justicia boliviana, por su parte, mantiene vigente una orden de aprehensión luego de que fuera declarado en rebeldía al no presentarse al inicio del juicio.

El caso ha profundizado la división alrededor de su figura.

Para unos sigue siendo un líder popular que representa a sectores históricamente excluidos.

Para otros simboliza una etapa política que Bolivia debería dejar atrás.

Y quizá ahí se encuentra la verdadera dimensión de la crisis actual.

Porque lo que ocurre en Bolivia parece ir más allá de una protesta o de una disputa entre dirigentes.

El país atraviesa una transición compleja.

Después de dos décadas marcadas por la influencia del Movimiento al Socialismo, intenta construir una nueva etapa política mientras todavía convive con el peso de una de las figuras más determinantes de su historia reciente.

Por eso la pregunta ya no parece ser únicamente dónde está Evo Morales.

La pregunta es otra.

¿Cómo puede un líder que ya no gobierna seguir teniendo la capacidad de alterar la conversación política de todo un país?

Tal vez la respuesta esté en que algunos dirigentes abandonan el poder, pero no desaparecen de la historia.

Y Bolivia todavía parece estar descubriendo cuánto de su presente sigue conectado con el legado, y las controversias, de Evo Morales.

Si te interesa entender los acontecimientos internacionales más allá de los titulares, seguí a MUNDO ACR en nuestro canal de Telegram. Analizamos los hechos, el contexto y las consecuencias para que puedas formarte tu propio criterio sobre lo que ocurre en el mundo.

Porque la información no termina cuando termina la noticia. En MUNDO ACR seguimos la historia completa.

The post Evo Morales sigue influyendo en Bolivia pese a no gobernar. appeared first on MUNDO ACR.

Toda crisis tiene una fecha de inicio.

O al menos eso parece.

Porque en política, la fecha en que comienza un problema suele cambiar dependiendo de quién esté contando la historia.

Claudia Dobles volvió a poner el tema de la seguridad sobre la mesa al afirmar que la administración Rodrigo Chaves dejó una crisis y que el aumento de los homicidios ocurrió durante ese gobierno y no durante los anteriores.

@noticiasacr 🚨🇨🇷 “¿Por qué no le estamos dando recursos al OIJ para combatir el crimen organizado?” Claudia Dobles, CAC PAC . . . #acrmundo #mundoacr #CostaRica #Seguridad #OIJ ♬ Comedy Corridor – Finley Reed

La afirmación encuentra respaldo en un dato difícil de ignorar.

Costa Rica cerró el 2023 con 907 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia nacional.

Nunca antes habían muerto tantas personas de forma violenta en un solo año.

Visto desde ahí, la historia parece clara.

Pero basta retroceder unos cuantos años para que la fotografía empiece a cambiar.

Porque los mismos registros oficiales muestran que la violencia no apareció de repente cuando Rodrigo Chaves llegó a Casa Presidencial.

En 2015 Costa Rica cruzó por primera vez el umbral que la Organización Mundial de la Salud considera epidémico en materia de homicidios.

En 2017 el país alcanzó entonces el récord histórico con 603 asesinatos.

Mucho antes de los 907 homicidios de 2023, el Organismo de Investigación Judicial ya advertía sobre ajustes de cuentas, disputas territoriales y una transformación del crimen organizado que comenzaba a sentirse en distintos puntos del país.

Y ahí es donde la conversación se vuelve más interesante.

Porque una cosa es identificar cuándo una crisis explota.

Y otra muy distinta es decidir cuándo comenzó a construirse.

Durante años Costa Rica discutió hacinamiento carcelario, infraestructura penitenciaria, regímenes semiinstitucionales, tobilleras electrónicas, recursos policiales y el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Algunas decisiones fueron impulsadas por distintos gobiernos.

Otras surgieron desde el Poder Judicial.

Otras respondieron a obligaciones legales relacionadas con derechos humanos y sobrepoblación penitenciaria.

Administración Solís Rivera (2014-2018) Se aprobó y comenzó a implementar la Ley 9271 sobre mecanismos electrónicos de seguimiento (brazaletes). Esta medida se diseñó como una alternativa para reducir el hacinamiento crítico, priorizando el descongestionamiento de los centros penales.

Administración Alvarado Quesada (2018-2022) Según logró la mayor reducción del hacinamiento en 20 años, pasando de una sobrepoblación del 43% en 2018 a un 5,8% en 2022. Presuntamente el gobierno de Alvarado dijo que esto se logró impulsando centros regionales y construyendo nueva infraestructura carcelaria, destacando el CAI Terrazas (con 1.200 nuevos espacios). La famosa cárcel de estereofon.

Sin embargo, cuando la discusión política llega al ciudadano, toda esa historia suele comprimirse en una fecha.

Y esa fecha cambia dependiendo de quién la esté contando.

Para algunos actores, la crisis comienza cuando los homicidios alcanzan niveles récord.

Para otros, la historia empieza varios años antes, cuando comenzaron a acumularse señales que hoy siguen formando parte del problema.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Cuando el foco apunta hacia la administración Chaves, la explicación suele concentrarse en el periodo donde las cifras explotaron.

Cuando aparecen preguntas sobre gobiernos anteriores, políticas penitenciarias, hacinamiento o decisiones institucionales tomadas años atrás, la historia se vuelve más larga y mucho más compleja.

La explosión tiene fecha.

El origen es otra discusión.

Y probablemente ahí se encuentra la parte más incómoda de todo este tema.

No quién gobernaba cuando el país alcanzó su peor cifra de homicidios.

Los números ya responden esa parte.

La pregunta pendiente es otra.

¿Estamos hablando del momento en que la crisis se volvió imposible de ignorar?

¿O estamos hablando del momento en que comenzaron a aparecer las condiciones que hicieron posible llegar hasta ahí?

Porque dependiendo de dónde se coloque ese punto de partida, también cambian los responsables, las explicaciones y las conclusiones.

Los 907 homicidios de 2023 existen.

Nadie los discute.

Lo que sigue sin resolverse es otra cosa.

Si la crisis empezó cuando las cifras explotaron o si empezó años antes, cuando las advertencias ya estaban sobre la mesa y pocos querían escucharlas.

Porque dependiendo de dónde se coloque esa fecha, también cambia la historia que se cuenta.

Y en política, a veces la batalla más importante no es por los hechos.

Es por el punto exacto donde empieza el relato.

¿Qué piensa usted? ¿La crisis de seguridad en Costa Rica comenzó cuando los homicidios alcanzaron niveles récord o mucho antes? Déjenos su opinión y siga a MUNDO ACR en nuestro canal de WhatsApp para recibir análisis, contexto y noticias que otros pasan por alto.

The post La fecha olvidada de la crisis de seguridad. appeared first on MUNDO ACR.