El ajuste al Poder Judicial, las nuevas órdenes dentro de las cárceles y las respuestas a la oposición fueron presentados por el Gobierno como partes de una misma forma de ejercer el poder: reducir el gasto, reforzar el mando institucional y cerrar filas alrededor de Rodrigo Chaves.

La presidenta Laura Fernández y varios integrantes del Ejecutivo utilizaron la conferencia para dejar claro que no contemplan suavizar sus decisiones ante las críticas políticas o institucionales.

El mensaje fue repetido desde distintos frentes: el Gobierno considera que el país debe abandonar prácticas del pasado, imponer límites al gasto y recuperar espacios donde, según su lectura, la autoridad pública se ha debilitado.

El presupuesto como prueba de fuerza.

Rodrigo Chaves colocó el choque con el Poder Judicial dentro de una discusión más amplia sobre las finanzas públicas.

El ministro de la Presidencia y Hacienda rechazó las advertencias sobre las consecuencias de un menor presupuesto judicial y afirmó que esa institución deberá ajustarse, al igual que el resto del país.

Su argumento no se limitó al monto del recorte.

Chaves sostuvo que durante años decisiones políticas, programas públicos y gastos de distintas administraciones fueron financiados con deuda que ahora debe pagar la ciudadanía. Bajo esa lectura, mantener la disciplina fiscal no sería una elección del Gobierno, sino una obligación con las generaciones futuras.

Para defender esa posición, volvió sobre los gobiernos de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a quienes atribuyó parte del deterioro fiscal acumulado.

También criticó a exdiputados que integraron la Comisión de Asuntos Hacendarios y aseguró que varias iniciativas enviadas durante su anterior administración fueron archivadas sin avanzar.

Así, la discusión sobre el presupuesto judicial terminó convertida en una revisión política de las últimas décadas y en una advertencia al Congreso actual, el Ejecutivo no pretende financiar nuevas exigencias mediante más deuda.

En las cárceles, el Gobierno quiere mandar sin intermediarios.

Mientras Hacienda defendía límites al gasto, el Ministerio de Justicia presentó un paquete de decisiones destinado a modificar la vida interna de los centros penitenciarios.

El ministro Gabriel Aguilar anunció el retiro de los televisores instalados en las celdas, nuevas restricciones para las visitas íntimas y el traslado de privados de libertad identificados como figuras de poder dentro de los módulos.

También ordenó rotaciones entre directores y policías penitenciarios, especialmente en áreas sensibles como máxima seguridad de La Reforma.

La Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad deberán revisar posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas entre funcionarios.

El anuncio más severo se dirigió al personal penitenciario que sea detenido colaborando con bandas o introduciendo artículos prohibidos. Según Aguilar, esos funcionarios serán ubicados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

Más que una lista de medidas, el planteamiento del jerarca fue una disputa directa por el control de las cárceles.

Aguilar afirmó que las decisiones dentro del sistema penitenciario corresponden al Poder Ejecutivo y rechazó que grupos criminales, funcionarios corruptos u otras instituciones condicionen su administración.

Algunas de esas afirmaciones podrían abrir nuevas discusiones sobre las competencias de los jueces de ejecución de la pena y de otras entidades de control.

Laura Fernández cierra filas alrededor de Chaves

La conferencia también sirvió para responder a quienes cuestionan la permanencia de Rodrigo Chaves en dos ministerios.

La diputada Claudia Dobles había criticado su ausencia en el Congreso, la falta de acercamiento con las fracciones opositoras y su actuación durante la visita presidencial a Crucitas.

Laura Fernández no entró a discutir cada señalamiento.

Respondió que la evaluación de los ministros le corresponde a ella mientras ocupe la Presidencia y aseguró que Chaves cumple las metas fijadas por su administración.

La mandataria utilizó el mismo argumento frente a las críticas de José María Villalta y añadió que espera que el diputado frenteamplista nunca llegue a la Presidencia.

La respuesta confirmó algo que ya era visible dentro del Ejecutivo: los cuestionamientos externos no están debilitando la posición política de Chaves. Por el contrario, Fernández aprovechó la conferencia para ratificarlo públicamente.

De la explicación al enfrentamiento personal.

El tono cambió cuando las respuestas dejaron de concentrarse en las decisiones del Gobierno y pasaron a referirse a quienes las critican.

Chaves descalificó los conocimientos de Villalta sobre el sector privado y recurrió a la expresión “¿qué sabe una gallina de astronomía?” para responderle.

También atacó al director ejecutivo del Poder Judicial, Jorge Araya, por describir el ajuste presupuestario como un golpe de Estado presupuestario.

Laura Fernández, por su parte, calificó la reacción del Poder Judicial como un “berrinche” y afirmó que las instituciones que no quieran acompañar al Gobierno deberían evitar obstaculizar su trabajo.

Estas frases dominarán probablemente la conversación pública por su dureza.

Sin embargo, debajo del intercambio verbal quedó una definición política más importante: el Ejecutivo no trata las críticas como simples diferencias sobre presupuesto, cárceles o coordinación institucional. Las presenta como resistencia de sectores que, según su discurso, quieren conservar privilegios o impedir cambios.

Una conferencia para marcar quién toma las decisiones.

La conferencia dejó menos espacio para el diálogo que para la delimitación de autoridad.

En el Poder Judicial, el mensaje fue que también deberá ajustarse.

En las cárceles, que el Ministerio de Justicia pretende recuperar el control interno.

En el gabinete, que Rodrigo Chaves conserva el respaldo pleno de la presidenta.

Y frente a la oposición, que el Gobierno no modificará su rumbo para evitar confrontaciones.

La discusión que queda abierta no es únicamente si cada medida resulta popular.

También será necesario observar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en su intención de reforzar el mando sin provocar nuevos choques legales, institucionales y políticos.

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Por Hannibal Newman

Hay partidos que pierden elecciones.

Y hay partidos que, mucho antes de perder votos, empiezan perdiéndose a sí mismos.

El reciente pacto impulsado por el PLN volvió a despertar una inquietud incómoda, ¿qué ocurre cuando una organización política deja de ser reconocida por sus convicciones y empieza a ser recordada únicamente por sus alianzas?.

Las alianzas no son un pecado. En democracia se negocia, se dialoga y se construyen acuerdos. Así funciona cualquier sistema político serio.

La señal de alerta aparece cuando el pacto necesita más explicaciones que convicciones.

Una cosa es unir fuerzas para impulsar proyectos concretos. Otra muy distinta es presentar una fotografía política que deja más dudas que certezas sobre el rumbo que pretende seguir un partido.

Ahí es donde comienza el desgaste.

El PLN fue durante décadas una de las principales referencias políticas del país. Precisamente por eso, hoy esa duda resulta imposible de ignorar: ¿qué representa realmente en este momento de la historia?.

No se trata de descalificar por descalificar. Se trata de observar un fenómeno que tarde o temprano termina pasándole factura a cualquier partido. Cuando la identidad pierde claridad, también empieza a perderse la confianza.

Antes los partidos buscaban convencer.

Hoy, algunos parecen concentrar buena parte de su esfuerzo en mantenerse vigentes.

Y eso cambia completamente la relación con el electorado.

El ciudadano observa. Compara. Recuerda. Y cuando encuentra posiciones que cambian con demasiada facilidad, inevitablemente aparece la duda.

Porque la confianza no nace de los discursos. Nace de la coherencia.

El PLN puede firmar los acuerdos que considere necesarios. Está en todo su derecho.

Lo que no puede pedir es que la ciudadanía haga de cuenta que esos movimientos no significan nada.

En política, las alianzas no solo construyen mayorías.

También revelan prioridades.

Y cada fotografía termina diciendo mucho más de lo que algunos discursos intentan explicar.

Cuando una organización necesita explicar constantemente por qué está donde está, quizá el verdadero diálogo ya no sea con quién decidió caminar.

Quizá la interrogante más importante sea otra.

¿Sigue caminando hacia algún lugar… o simplemente está tratando de no quedarse atrás?.

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POR MUNDO ACR | Historias que ayudan a entender el mundo.

Cuando comenzaron los ataques contra Irán, la lógica parecía sencilla.

Estados Unidos e Israel tenían más capacidad militar, más tecnología y una ventaja aplastante en el aire.

La pregunta era cuánto daño podían causar.

Meses después, la pregunta parece otra.

¿Qué ocurre cuando una potencia puede destruir objetivos, pero no consigue cambiar el comportamiento del país que intentaba presionar?.

Porque eso es lo que terminó revelando esta guerra.

Los ataques dañaron instalaciones.

Aumentaron los costos para Teherán.

Obligaron al régimen iraní a reorganizar parte de sus capacidades.

Pero no consiguieron sacar a Irán de la ecuación.

Por el contrario.

Hoy las negociaciones continúan.

Washington sigue calculando cada movimiento en función de la reacción iraní.

Israel sigue observando a Teherán como una amenaza estratégica.

Y los países árabes del Golfo siguen preocupados por las consecuencias de una nueva escalada.

Nada de eso parece el desenlace de un problema resuelto.

El error de mirar únicamente la fuerza.

Durante décadas, gran parte de la política internacional se construyó alrededor de una idea simple.

El poder pertenece a quien puede imponer su voluntad.

Quien tiene más dinero.

Más tecnología.

Más soldados.

Más capacidad de castigo.

Bajo esa lógica, el desenlace parecía relativamente predecible.

Irán recibiría presión suficiente para aceptar condiciones que antes rechazaba.

Pero la realidad resultó más complicada.

Porque la guerra dejó al descubierto una diferencia que suele pasar desapercibida.

Destruir capacidades no es lo mismo que modificar voluntades.

Estados Unidos podía golpear objetivos iraníes.

Lo demostró.

Lo que no logró demostrar fue que esos golpes bastaban para producir el resultado político esperado.

El poder que sobrevive a los bombardeos.

Irán no ganó la guerra.

No expulsó a Estados Unidos de Medio Oriente.

No derrotó militarmente a Israel.

No salió fortalecido económicamente.

Sin embargo, tampoco perdió algo fundamental.

Su capacidad de influir.

Y ahí aparece la paradoja.

Irán no tiene fuerza suficiente para imponer sus condiciones a las grandes potencias.

Pero conserva capacidad suficiente para impedir que esas potencias consigan completamente las suyas.

Eso ayuda a entender por qué el estrecho de Ormuz sigue siendo relevante.

Por qué las negociaciones continúan abiertas.

Y por qué actores mucho más poderosos siguen teniendo que calcular cuidadosamente sus movimientos.

La influencia iraní ya no depende de ser el actor más fuerte de la región.

Depende de conservar suficiente capacidad para alterar los cálculos de quienes sí lo son.

La lección que deja esta guerra.

Quizás la enseñanza más importante de esta crisis no tenga que ver únicamente con Irán.

Tiene que ver con cómo funciona el poder en un mundo cada vez más complejo.

Durante mucho tiempo se asumió que la influencia pertenecía a quien podía obligar.

Pero conflictos como este muestran otra realidad.

Algunos países ya no necesitan ser lo suficientemente fuertes para imponer su voluntad.

Les basta con ser lo suficientemente resistentes para impedir la voluntad de otros.

Y eso fue precisamente lo que esta guerra dejó al descubierto.

La campaña militar demostró la fuerza de Estados Unidos e Israel.

Pero también mostró sus límites.

Porque al final, Washington descubrió algo que probablemente no quería descubrir.

Puede destruir objetivos iraníes.

Lo que sigue sin poder destruir es la capacidad de Irán para seguir influyendo en el resultado.

Y esa puede terminar siendo la lección más incómoda que dejó esta guerra.

🌎 Más allá de quién ganó o perdió esta guerra, la pregunta que sigue abierta es cuánto poder conserva un país cuando ya no puede imponer su voluntad, pero todavía puede influir en la de otros.

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POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

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