El comunicado del TSE apunta a dos contenidos como “especialmente graves”. El primero es una nota de Mundo ACR, publicada en Facebook con el título “Jurista demanda al TSE: acusan al Tribunal de ‘exceso’ de funciones al pedir quitarle el fuero al Presidente”. El Tribunal señaló que la controversia con este medio se centra en el uso de una imagen alterada de la Magistrada Presidenta, Sra. Eugenia Zamora, lo que fue calificado como una “distorsión engañosa”.

El equipo editorial de Mundo ACR confirma que, tras el señalamiento del TSE, la publicación fue eliminada y se emitió una rectificación formal a la Magistrada Presidenta por el uso del material gráfico distorsionado.

Diversos medios de comunicación del país han replicado el comunicado del TSE, incluyendo La Nación y otros, omitiendo en sus reportajes la mención de que Mundo ACR ya había procedido a la rectificación del error gráfico.

Mundo ACR ha indicado que el señalamiento del TSE se centra en el rigor visual de la imagen, y no en la veracidad del fondo legal de la tesis expuesta en el texto original.

Aumento de Visibilidad: El medio reconoce que la difusión masiva de su nombre por parte del TSE y otros medios de comunicación ha resultado en un incremento significativo de la exposición y el tráfico orgánico hacia su plataforma.

La vocería oficial del comunicado emitido por el TSE estuvo a cargo de Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del Tribunal. El señor Román manifestó que la narrativa de difamación busca “instigar a la violencia”.

Es relevante señalar que la figura de Román ha sido previamente objeto de análisis por parte de juristas y exfuncionarios electorales. Recientemente, el ex Juez Electoral Marcos Antonio Cruz García cuestionó la idoneidad del rol de asesoría del señor Román en la institución, señalando la existencia de un posible conflicto de interés en sus funciones dentro de la estructura administrativa del TSE.

El debate público generado tras el comunicado oficial del TSE refleja una profunda polarización. Mundo ACR, documenta la variedad de comentarios que evidencian la división de la opinión pública:

Mientras una parte de los usuarios apoya la gestión del Tribunal, otra cuestiona abiertamente la actuación de la institución, reflejando que la controversia ha calado profundamente en la esfera pública del país.

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La denuncia y los hechos

Según el testimonio de la mujer, los abusos habrían ocurrido entre enero y julio de 2019, mientras trabajaba en un restaurante de comida mexicana administrado por la familia del exministro en San Pedro de Montes de Oca. Según el expediente judicial (22-000681-0994-PE), la mujer relató varios incidentes de acoso por parte de Batalla.

El primer episodio ocurrió después de que Batalla, quien se presentó como uno de sus jefes, le pidiera su número para agregarla a un chat de trabajo en WhatsApp. Poco después, comenzó a recibir mensajes directos de él elogiando su apariencia. La mujer explicó que una semana después, el exministro la metió en una bodega del restaurante, la tomó de la cara y comenzó a besarla mientras le tocaba las piernas, las nalgas y la espalda. La denunciante logró empujarlo y salir de la bodega, visiblemente asustada.

El segundo incidente ocurrió en la barra del restaurante, donde Batalla le tocó las nalgas, sobre la ropa, en un momento en el que estaban trabajando. Un tercer episodio ocurrió en el parqueo del Mall San Pedro, donde Batalla la llevó bajo el pretexto de recoger ingredientes para el restaurante. Allí, el exministro le tocó nuevamente las nalgas y le dio una nalgada, lo que provocó una reacción inmediata de la mujer, quien lo empujó y exigió que se calmara.

Testigos y más acusaciones

El expediente judicial incluyó declaraciones de cuatro testigos que respaldaron la acusación de la denunciante. Estos incluyen a la hermana de la mujer, su novio y dos excompañeras de trabajo, quienes confirmaron que también habían presenciado comportamientos inapropiados de Batalla. Una de las testigos incluso relató que Batalla le había enviado fotos explícitas y le ofreció dinero para tener relaciones sexuales.

El acuerdo de confidencialidad

Lo que hizo aún más polémico este caso fue que, en noviembre de 2024, la denunciante solicitó el archivo del expediente tras llegar a un acuerdo confidencial con Batalla. Según el acuerdo, la mujer recibió un pago de ₡3 millones a cambio de retirar la acusación. El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Batalla, lo que significó que el caso se cerró sin que se realizara un juicio.

Este acuerdo de confidencialidad fue firmado cinco días antes de la audiencia preliminar, y el exministro asumió el pago de los honorarios de la Defensa Civil de la Víctima. Además, le solicitó a la denunciante que mantuviera absoluto silencio sobre los hechos que habían ocurrido.

La reacción de Mauricio Batalla

Batalla no ha dado declaraciones detalladas sobre los hechos, pero en un mensaje en redes sociales, afirmó que fue “declarado inocente”. Sin embargo, el expediente judicial aclara que el sobreseimiento se dictó debido a la solicitud de la denunciante de archivar el caso tras recibir el pago de ₡3 millones. En su mensaje, Batalla también indicó que se retiraba de la política tras la filtración de detalles sobre su “vida personal del pasado” y negó que su nombre fuera utilizado para desprestigiar a su movimiento político.

El impacto de la decisión judicial

La decisión judicial de sobreseer el caso significa que Batalla no enfrentará juicio ni consecuencias legales adicionales. La controversia y el acuerdo confidencial han dejado una sombra de duda sobre el caso, pero la falta de un juicio judicial ha generado debate sobre cómo se manejan estas situaciones en el ámbito político y social de Costa Rica.

Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de seguir luchando por una justicia transparente, que no permita que los acuerdos confidenciales terminen por silenciar a las víctimas de abuso y acoso sexual.

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