Los servicios afectados son esenciales para los ciudadanos:

• Suministro de agua
• Cementerios
• Parqueos municipales
• Alquiler de locales en mercados

El cobro del 13% de IVA sobre estos servicios aumentará el costo para los usuarios, impactando directamente sus gastos.

El impacto operativo y fiscal

La medida se enmarca en la reforma fiscal de 2018, la cual, si bien ya aplicaba el IVA a la mayoría de bienes y servicios, había dejado fuera a algunas instituciones públicas. Ahora, con esta nueva disposición, las municipalidades de Costa Rica deberán ajustar sus sistemas de cobro. La Municipalidad de Naranjo, por ejemplo, ya confirmó que espera instrucciones técnicas del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Expertos fiscales advierten sobre el impacto en los ciudadanos, a pesar de que la medida busca beneficiar las finanzas públicas. Aunque no se ha precisado el monto de recaudación esperado, este es un paso claro del Gobierno para mejorar la recaudación de impuestos.

La base para que actualmente algunos servicios municipales como el alquiler de locales en mercados estén sujetos al IVA es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), que fue aprobada durante la administración de Carlos Alvarado Quesada.

Sin embargo, es importante aclarar que la ley original (en su artículo 9) eximía a las municipalidades del IVA. Con el tiempo, se han emitido circulares y resoluciones que han ido clarificando y en algunos casos, gravando servicios específicos prestados por las municipalidades. Por lo tanto, si bien la ley se originó en ese gobierno, la aplicación del impuesto a servicios concretos como el alquiler de mercados o cementerios es el resultado de la evolución y el desarrollo de la legislación tributaria. En cuanto al servicio de agua, en Costa Rica el servicio de agua potable no está gravado con el IVA.

Es importante aclarar este punto, ya que la información puede generar confusión. A la fecha, el servicio de agua potable no está gravado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Costa Rica, siempre y cuando el consumo no supere los 30 metros cúbicos mensuales.

La Ley N° 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), efectivamente sancionada durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, estableció que los servicios de agua y electricidad para consumo residencial tendrían una exención del IVA hasta un cierto nivel de consumo.

Los puntos clave son:

• Exención por consumo: El consumo de agua potable inferior o igual a 30 metros cúbicos al mes está exento de IVA.
• Cobro por exceso de consumo: Si un usuario supera el límite de los 30 metros cúbicos en un mes, el IVA se cobra sobre la totalidad del consumo de ese periodo.
• Servicios asociados: A pesar de la exención, algunos rubros o servicios asociados que aparecen en la factura (como alcantarillado, hidrantes, o tarifas hídricas) sí pueden estar sujetos al IVA.

En resumen, la idea de que se va a cobrar IVA a todos los servicios de agua no es del todo precisa. La ley actual contempla un límite de consumo a partir del cual se aplica el impuesto, lo que afecta principalmente a quienes tienen un consumo residencial alto o a las empresas.

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Tensión en el PLN: Álvaro Ramos Pierde Pulso Clave Ante Liderazgos Cantonales en Alajuela

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, enfrentó un revés político significativo en la provincia de Alajuela. Los alcaldes de cuatro cantones alajuelenses se impusieron a su postulado en la elección de un delegado adicional a la asamblea provincial de la agrupación. Este resultado subraya las tensiones internas y los desafíos que enfrenta el liderazgo PLN de Ramos.

La campaña de Ramos respaldaba la candidatura de la periodista Angie López. Sin embargo, el órgano territorial optó por Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y esposa del alcalde del cantón central de Alajuela, Roberto Thompson. La elección de Calvo y otros representantes provinciales, durante la asamblea del 19 de julio, fue producto de un acuerdo entre Thompson y los alcaldes de San Mateo (Karen Alfaro Jiménez), Río Cuarto (José Miguel Jiménez Araya) y San Carlos (Juan Diego González Picado).

Un “Gran Acuerdo Provincial” Frente a Promesas Incumplidas

Roberto Thompson explicó a La Nación que los principales liderazgos de la provincia se reunieron en varias ocasiones para evitar las divisiones que han afectado al partido. “Todo ese acuerdo fue comentado con las autoridades de la campaña”, aseguró Thompson, quien personalmente lo conversó con Álvaro Ramos.

Por su parte, Angie López, quien fue encargada de prensa de Ramos durante la precampaña, manifestó a La Nación que, si bien respeta la decisión, hubo “compromisos de previo, de palabra con el candidato y con mi persona, que se rompieron ese día”. López afirmó que postuló su nombre a solicitud directa de Álvaro Ramos.

Desde el comando de campaña de Ramos, se indicó que la nominación de López fue una manifestación de respaldo a liderazgos que representan los valores que promueven. Calificaron la acción como una “apuesta coherente” con la ruta de la campaña, buscando personas por “méritos, no por herencia política”. El equipo negó estar imponiendo candidatos, señalando que “abrir espacios reales de participación” resulta incómodo para quienes estaban acostumbrados al “control total”.

Versiones Contradictorias y la “Lucha por la Diputación”

López sostuvo que estuvo presente cuando Ramos, supuestamente, comunicó a Thompson y a otros líderes alajuelenses, como la diputada Dinorah Barquero y su esposo Rolando González, la petición de que se respaldara su candidatura. No obstante, el alcalde Thompson ofreció una versión distinta. Declaró que fue una “sugerencia” del candidato y que, en el proceso de negociación, López no obtuvo el beneplácito de la mayoría de la provincia, lo que derivó en el resultado. “No lo veo como un enfrentamiento con el candidato, yo creo que él fue bastante respetuoso de eso”, añadió Thompson.

El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, comentó que algunas personas se han “precipitado” al posicionar nombres como posibles candidatos a diputados. Argumentó que la selección de delegados no garantiza automáticamente una postulación legislativa. Jiménez percibió en López una “intención clara (…) de ser diputada”, aunque ella negó que ese fuera su objetivo, asegurando que solo buscaba representar al candidato y a la provincia. Shirley Calvo también desmintió a La Nación tener interés en una diputación, afirmando haberlo manifestado “clara y contundentemente” a Álvaro Ramos.

El Caso San Ramón: Resistencia a Procesos Abiertos

La asamblea provincial de Alajuela se realizó sin que previamente se efectuara la cantonal de San Ramón. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorgó una dispensa al PLN tras dos intentos fallidos de celebrar la reunión en San Ramón. Un quinto intento, programado para el 17 de julio, tampoco se concretó.

El comando de campaña de Ramos describió la situación en San Ramón como “un caso complejo”, que “evidenció la necesidad de mejorar nuestras prácticas internas”. “Hay cantones donde todavía se resisten a los procesos abiertos, y eso debe cambiar”, señalaron. El equipo del aspirante presidencial enfatizó que el proyecto que lideran no puede depender de “acuerdos cerrados ni de esquemas del pasado”, sino que requiere “una participación real, reglas claras y confianza en que lo nuevo vale la pena”.

Este episodio en Alajuela añade una capa de complejidad a las fricciones internas PLN de cara a las elecciones Costa Rica de 2026, poniendo a prueba la capacidad de Álvaro Ramos PLN Alajuela para unificar el partido.

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Un intenso intercambio durante una audiencia entre la regidora Andrea Rudín y Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ha puesto en el ojo del huracán el destino de los recursos públicos de esta organización. La polémica central gira en torno al presunto intento de la UNGL de usar fondos públicos para revertir la reforma que frenó la reelección continua de alcaldes. Esta situación genera un debate nacional sobre la transparencia municipal.

Cuestionamientos sobre la Contratación Legal

La discusión se enfoca en un episodio ocurrido alrededor de 2021. En ese momento, la UNGL habría considerado contratar asesoría legal. El objetivo de esta asesoría sería impugnar, ante la Sala Constitucional, el límite a la reelección indefinida de alcaldes.

Según la regidora Andrea Rudín, la contratación no se concretó finalmente. Esto se debió a la presión de diversas voces dentro del sector municipal. Estas voces se opusieron al uso de fondos públicos —provenientes tanto del gobierno central como de aportes municipales— para un recurso de amparo. Rudín argumenta que el uso de dinero para tal fin era improcedente.

La directora de la UNGL, Karen Porras, se defendió afirmando que “al final no se gastó en esa contratación”. No obstante, Rudín y otros actores insisten en que la intención de destinar los recursos sí existió. Atribuyen a la presión interna el hecho de que el gasto se evitara.

Origen y Fiscalización de los Fondos de la UNGL

La UNGL se financia principalmente de dos fuentes. Recibe transferencias del gobierno central, incluyendo parte del impuesto sobre licores. También se sustenta con las cuotas que pagan las municipalidades miembros.

La fiscalización del uso de estos recursos es un tema de debate a nivel nacional. Existe preocupación sobre la pertinencia y transparencia en la aplicación de los fondos asignados a entidades municipales y organismos relacionados como la UNGL.

El Éxodo Municipal y la Postura de San José

Andrea Rudín utilizó el debate para explicar por qué varias municipalidades han decidido dejar la UNGL en los últimos años. Ella citó un creciente descontento. Los municipios disconformes señalan decisiones de la organización y un manejo de intereses que no representan a todos sus integrantes.

En el caso específico de la Municipalidad de San José, Rudín aclaró su permanencia. La capital no ha formalizado su salida debido a la falta de respaldo necesario en el Concejo Municipal. Se requieren al menos seis votos a favor para concretar la desafiliación.

Contexto Legal y Llamado a la Transparencia

En 2021, la iniciativa para revertir la reforma de reelección de alcaldes generó gran controversia en Costa Rica. El tema incluso llegó a la Sala Constitucional, con recursos promovidos por gremios municipales, aunque sin éxito definitivo.

Este debate sobre el posible uso de fondos públicos en acciones legales renueva la discusión sobre la ética y la legalidad. Se busca asegurar una administración responsable de los recursos que provienen de impuestos y aportes municipales.

Este nuevo capítulo enfatiza la importancia de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. Especialmente en entidades que reciben financiamiento directo del erario y de los gobiernos locales. El objetivo es velar por el interés colectivo y el correcto destino de los recursos.

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