Operativo y gestión diplomática
La Fuerza Pública capturó a 15 coligalleros en las cercanías de Crucitas y del Cerro Conchudita.
El despliegue ocurrió casi al mismo tiempo que una gestión diplomática. Costa Rica solicitó a Nicaragua reforzar la vigilancia en el río San Juan, señalado como posible vía de salida de sedimentos mineros.
Las autoridades nicaragüenses respondieron afirmativamente. Ambas partes acordaron una reunión en Peñas Blancas.
El río San Juan es soberano de Nicaragua. El patrullaje directo en sus aguas depende exclusivamente de ese país.

Concesiones del lado nicaragüense
El reportaje también analiza lo que sucede al otro lado de la frontera.
Según publicaciones oficiales en La Gaceta de Nicaragua, entre julio y septiembre de 2025 se otorgaron al menos cuatro concesiones mineras en el departamento de Río San Juan.
En conjunto abarcan cerca de 1.500 kilómetros cuadrados.
Tres fueron adjudicadas a Thomas Metal Sociedad Anónima y una a Xiongfu Development S.A., en zonas próximas al límite con Costa Rica.
La existencia de actividad industrial en esa franja introduce un elemento económico evidente. Si hay capacidad para procesar material, la minería ilegal en Crucitas encuentra un mercado cercano.

Antecedente del OIJ
El informe recuerda que en 2020 el Organismo de Investigación Judicial comunicó a la Sala Constitucional que el oro extraído ilegalmente podría estar saliendo no solo por el río San Juan.
También mencionó la posibilidad de salida por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
En ese momento se advirtió sobre estructuras de transporte y comercialización que debían investigarse.
No se divulgaron nombres ni existen sentencias judiciales firmes derivadas de ese reporte.
Impacto económico y ambiental.

Las pérdidas asociadas a la minería ilegal en Crucitas han sido estimadas en montos millonarios.
Algunas proyecciones han superado los 200 millones de dólares anuales, dependiendo del volumen extraído y del precio internacional del oro.
A esto se suma el daño ambiental acumulado en una zona que ya tenía antecedentes judiciales desde la concesión otorgada años atrás a Infinito Gold y la posterior prohibición de la minería a cielo abierto.

Lo que sigue
Lo ocurrido esta semana muestra la dimensión inmediata del problema.
La incógnita es si la coordinación entre ambos países logrará impactar algo más que el punto visible de la extracción.

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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco afirmaron en una declaración conjunta que las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han convertido en “antesalas de la muerte”. Según las organizaciones, los decesos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de persecución y desaparición forzada. Actualmente, se reporta que al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada, de los cuales 11 son mujeres.

Un llamado internacional por la vida de los presos políticos

La Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), una coalición de organizaciones opositoras, reforzó la denuncia al señalar que el Estado nicaragüense opera como una “maquinaria de muerte sistemática” para castigar a quienes tienen una opinión diferente. El “terrorismo de Estado” utiliza la desaparición forzada y el asesinato como una estrategia deliberada para silenciar a la oposición.

Ante esta situación, las organizaciones han hecho un llamado internacional urgente. Exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y solicitan una investigación internacional e independiente que esclarezca las muertes bajo custodia. La crisis política en Nicaragua se ha agudizado desde 2018, y se ha caracterizado por la represión contra la disidencia, el encarcelamiento de opositores y la privación de derechos y la nacionalidad a quienes se oponen al régimen.

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El futuro de Walter “Paté” Centeno, exentrenador de Saprissa y Herediano, parece estar lejos de Costa Rica. La difícil situación que atraviesa su actual equipo, el Santos de Guápiles, ha puesto su continuidad en entredicho. Ante la incertidumbre sobre la participación del Santos en el próximo torneo, el técnico ha comenzado a explorar nuevas opciones, y todo apunta a que su próximo destino será Nicaragua.

La Fedefútbol y el Comité de Licencias revocaron la posibilidad del Santos de participar en el Apertura 2025, dejando a Centeno en un limbo profesional. “Necesito que me definan algo, para ver qué hago”, declaró el estratega a un medio nacional, mostrando la urgencia de su situación.

Negociaciones Avanzadas en Nicaragua

Según reveló el medio nicaragüense Marca Personal, Paté Centeno ya ha viajado a Nicaragua y se ha reunido con el presidente de un club local. La fuente asegura que “todo está encaminado” para que el acuerdo se concrete. Se espera que la llegada del estratega se dé en el mes de diciembre, aunque ya estaría trabajando con el equipo de forma remota para familiarizarse con el fútbol “pinolero”.

La llegada de Paté Centeno Nicaragua representa un movimiento de alto perfil en el fútbol centroamericano y se da en un momento en el que el entrenador busca un proyecto estable y competitivo.

Real Estelí, el Posible Nuevo Destino

Aunque el club no ha sido confirmado, la información apunta a que el Real Estelí podría ser la principal opción. La afición del “Tren del Norte” ha cuestionado el trabajo del actual técnico, Otoniel Olivas, quien ha perdido cinco finales consecutivas. La llegada de Centeno podría ser vista como una solución para romper esa mala racha y devolver al equipo a la senda de los títulos.

El otro gran club de Nicaragua, el Diriangén, no atraviesa una situación similar, ya que su entrenador Giacone cuenta con estabilidad en el cargo.

Una Visión Táctica Innovadora

Un detalle destacado de la negociación es la solicitud de Centeno de una oficina exclusiva para análisis táctico grupal. Esta petición muestra su compromiso con una metodología de trabajo detallada y profesional, buscando la colaboración con todos los entrenadores del club, incluyendo los de las categorías menores.

El exmundialista, con un historial de éxito en Costa Rica, está a un paso de iniciar una nueva etapa en el fútbol regional, esperando que el proyecto en Nicaragua le brinde la estabilidad y los recursos que busca.

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A partir del 6 de septiembre, nicaragüenses y hondureños se unirán a ciudadanos de otras cinco naciones cuyo TPS ya fue cancelado por decisiones previas. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Orígenes y Alcance del Estatus de Protección Temporal

El TPS, una medida de carácter humanitario, busca resguardar de la deportación a individuos que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura. Para Honduras y Nicaragua, esta designación data de 1999. El entonces presidente Bill Clinton la aprobó. La razón principal fue la devastación causada por el huracán Mitch un año antes, un desastre que cobró unas 10.000 vidas.

Desde su implementación, el estatus había sido renovado por todas las administraciones subsiguientes. La última extensión fue en 2023, cuando el presidente Joe Biden argumentó que los efectos del huracán Mitch, junto con tormentas posteriores, la inestabilidad política y los problemas económicos, aún persistían. Gracias al TPS, sus beneficiarios pudieron vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sin ser considerados indocumentados y, por ende, protegidos de ser deportados. Es importante señalar que, según Alianza TPS, alrededor de 32.000 hondureños lograron regularizar su situación migratoria y obtener la “tarjeta verde”, por lo que la actual decisión no les afectará.

Argumentos de la Administración Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la terminación de estos programas. Subrayó que el TPS fue concebido para ser una medida temporal. Argumentó que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado significativamente en comparación con 1999, cuando se otorgó la protección.

En el caso de Honduras, el comunicado señala que el país “ha logrado un progreso significativo al recuperarse de la destrucción del huracán y ahora es un popular destino turístico y de inversión inmobiliaria”. Para Nicaragua, la justificación de Noem indica que ha hecho “un progreso significativo” para superar los estragos del huracán y es “un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.

Reacciones Diversas y Críticas a la Decisión

La decisión ha generado un rechazo explícito por parte del gobierno hondureño. La cancillería emitió un comunicado lamentando la medida. Destacó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya había solicitado oficialmente una nueva extensión a la administración de Donald Trump. El Ministerio de Exteriores de Honduras también ofreció apoyo a los “tepesianos” afectados.

Por parte de Nicaragua, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ausencia contrasta con la política del régimen, que ha despojado de nacionalidad y ha exiliado a cientos de opositores, impidiendo su regreso y negándoles pasaportes.

Defensores de estas comunidades han expresado su sorpresa y decepción. Rebaten la afirmación de que la situación en Honduras y Nicaragua es mejor que en 1999. Un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) subraya que “además de múltiples desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas la impunidad estructural, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos básicos”.

El viceministro de Exteriores hondureño, Antonio García, sugirió que la verdadera motivación detrás de la decisión es un sentimiento antiinmigrante por parte de la administración Trump, más allá de cualquier supuesta recuperación. José Palma, de la Alianza Nacional del TPS, lamentó el impacto en comunidades que han contribuido a EE. UU. por casi tres décadas. “Han establecido familias. Inversiones. Es una comunidad que ha demostrado todos sus aportes a este país. Es cruel lo que está pasando”, afirmó Palma. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, coincidió, acusando a Trump de “quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades”.

Perspectivas Legales y Precedentes

Esta no es la primera vez que Trump intenta poner fin al TPS para estas naciones. Durante su primer mandato, un intento similar fue frustrado por tribunales federales, que lo consideraron “ilegal”.

No obstante, en esta nueva gestión, Trump ya ha cancelado el TPS de otras cinco nacionalidades: venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses. Un precedente importante es la “luz verde” que la Suprema Corte dio en el caso venezolano. Revirtió una decisión de un tribunal de California, lo que permitió a Trump terminar el TPS y el parole humanitario para venezolanos, y continuar con deportaciones.

Recientemente, el 25 de junio, Estados Unidos y Honduras firmaron un convenio migratorio. Esto ocurrió durante una visita de la secretaria Noem a Tegucigalpa. El encuentro había generado optimismo sobre una posible extensión del TPS.

Se espera que las comunidades afectadas presenten recursos legales para intentar revertir la cancelación. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos es incierto. Las recientes decisiones de la Suprema Corte sugieren un panorama legal complejo para quienes buscan mantener esta protección.

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