Por Unidad de Análisis Político ACR

Patricia Solano volvió a colocarse en el centro de una de las discusiones políticas más incómodas entre el Poder Judicial y Casa Presidencial.

La presidenta de la Sala Tercera calificó como “hostil” la reunión sostenida con Laura Fernández y cuestionó públicamente los protocolos aplicados antes del encuentro, incluyendo entrega de celulares, revisión de cartera y uso de escáner.

“Eso me parece una falta de respeto. Me parece insólito que esto pueda suceder en Costa Rica”, afirmó en entrevista con Telenoticias.

Pero la discusión empezó rápidamente a ir mucho más allá de los dispositivos electrónicos.

La entrevista llegó después de una jornada donde el Poder Judicial quedó bajo fuerte presión pública tras los cuestionamientos de Laura Fernández sobre magistrados, años en el cargo, presupuesto judicial, eficiencia institucional y resultados en materia de seguridad.

Y en medio de ese ambiente, Patricia Solano volvió a asumir protagonismo político y mediático.

Primero durante la conferencia del lunes, donde redes sociales comentaron ampliamente el momento en que intervino mientras Orlando Aguirre respondía preguntas, generando comentarios sobre liderazgo, protagonismo y dinámica interna dentro de la Corte.

Y ahora, al día siguiente, con una entrevista donde el eje de la conversación pasó del desempeño institucional hacia el ambiente, el trato y los protocolos utilizados en Casa Presidencial.

Ahí es donde empezó a crecer otra lectura incómoda.

Porque mientras parte del país sigue discutiendo: inseguridad, crimen organizado, lentitud judicial, resultados,y funcionamiento del sistema…

La conversación pública empezó a moverse desde los cuestionamientos sobre resultados y funcionamiento judicial… hacia celulares, escáneres y protocolos.

La propia Solano sostuvo que el lenguaje utilizado por Laura Fernández fue “como de regaño”, algo que terminó profundizando todavía más la percepción de choque entre poderes del Estado.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no fueron uniformes.

Mientras algunos sectores cuestionaron el protocolo aplicado a altas autoridades, otros comenzaron a preguntarse por qué una revisión de seguridad genera tanta molestia cuando miles de costarricenses atraviesan controles similares diariamente en bancos, instituciones y otros espacios vigilados.

Ese contraste abrió algo particularmente delicado para la magistrada.

Especialmente porque su discurso insistió varias veces en la condición de “altas autoridades” y en el trato que, según ella, debía existir hacia figuras de ese nivel institucional.

Y ahí apareció otra tensión silenciosa.

Porque mientras Solano hablaba de respeto institucional y trato hacia altas figuras del Estado, parte de la conversación digital empezó a interpretar el episodio desde otra óptica, El episodio también dejó expuestas dos formas completamente distintas de entender autoridad, control y relación entre poderes.distancia, privilegio y desconexión frente a controles que para muchos ciudadanos forman parte de la rutina cotidiana.

El episodio también dejó expuestas dos formas completamente distintas de entender autoridad, control y relación entre poderes.

Por un lado, un Ejecutivo que parece apostar por control absoluto de los espacios, protocolos estrictos y manejo reservado de reuniones sensibles.

Por el otro, figuras judiciales que interpretan esas medidas como señales de desconfianza, hostilidad o falta de respeto institucional.

Y mientras el choque político sigue creciendo, la entrevista de Patricia Solano también empezó a despertar otra pregunta silenciosa.

¿La discusión pública se está concentrando en los protocolos… mientras quedan en segundo plano los cuestionamientos sobre resultados, eficiencia y funcionamiento del propio sistema judicial?.

Porque más allá de los celulares y los escáneres, el fondo de la tensión parece mucho más profundo.

La relación entre poderes del Estado atraviesa uno de sus momentos más incómodos en años.

Y ahora, cada gesto, cada declaración y cada movimiento público empieza a ser leído como parte de una disputa mucho mayor alrededor de autoridad, control institucional y percepción de poder en Costa Rica.

Porque al final, la reunión que supuestamente debía discutir seguridad terminó exponiendo algo todavía más delicado, el creciente nivel de tensión y desconfianza entre las propias élites institucionales del país.

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Por Unidad de Análisis Político ACR

Un comentario publicado por una de las figuras estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones terminó empujando al TSE hacia una discusión incómoda sobre neutralidad, prudencia institucional y participación pública en medio de uno de los momentos políticos más tensos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Todo comenzó después de la conferencia donde la presidenta Laura Fernández cuestionó públicamente la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.

“38 años tiene don Orlando de ser magistrado. Yo tengo 39 años de vida”, dijo la mandataria durante el encuentro con la cúpula judicial, antes de plantear que el país debería reflexionar sobre la duración de estos cargos y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de las altas estructuras institucionales.

Horas después de esas declaraciones, Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, publicó un mensaje que rápidamente empezó a generar reacciones.

“Ignoro qué tan sólida será la formación en la U Fidelitas en hermenéutica”, escribió Román al inicio de un texto cargado de referencias filosóficas e interpretaciones sobre las palabras de la presidenta.

En su publicación, el funcionario sostuvo que la frase de Laura Fernández podía entenderse como un reconocimiento a la experiencia y sabiduría acumulada de Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Pero más allá del contenido filosófico del mensaje, el verdadero ruido comenzó a crecer alrededor del lugar institucional desde donde se emitió.

Porque el Tribunal Supremo de Elecciones no es cualquier institución dentro del Estado costarricense.

El TSE depende, quizás más que cualquier otro órgano público, de la confianza ciudadana, la apariencia de imparcialidad y la distancia frente al conflicto político cotidiano.

Y cuando una figura tan visible dentro de su estructura entra públicamente a reinterpretar, responder o ironizar sobre un choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, inevitablemente empiezan a surgir preguntas sobre prudencia institucional, neutralidad pública y límites de participación política-opinativa.

El tema se vuelve todavía más delicado tomando en cuenta el perfil de Román.

Además de ocupar uno de los cargos estratégicos dentro del TSE, cuenta con formación especializada en comunicación política, estrategia electoral y análisis institucional, así como participación en proyectos de combate a la desinformación para organismos electorales latinoamericanos.

Precisamente por eso, las reacciones empezaron a girar menos alrededor de la referencia filosófica y más alrededor de lo que representa que una figura estratégica del TSE ingrese públicamente en un choque político-institucional de este nivel.

La discusión tampoco ocurre en cualquier momento.

Llega en medio de un ambiente político marcado por crecientes tensiones entre el Ejecutivo y distintas estructuras del Poder Judicial, debates sobre reelección de magistrados, cuestionamientos sobre funcionamiento institucional y una ciudadanía cada vez más polarizada alrededor de temas relacionados con justicia, seguridad y poder.

Porque en un país cada vez más polarizado institucionalmente, la neutralidad ya no solo se exige en las decisiones. También empieza a medirse en los gestos, tonos y posicionamientos públicos.

Y aunque el comentario de Román no contiene adhesiones partidarias explícitas ni posicionamientos electorales directos, el episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez aparece con más frecuencia dentro del debate público costarricense:

¿Puede una institución cuya fortaleza depende de la confianza ciudadana permitirse que figuras estratégicas entren públicamente en discusiones políticas de alta tensión institucional?

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La destitución definitiva de Randall Zúñiga como director del OIJ llegó la noche de este lunes, pero el golpe institucional venía acumulándose desde mucho antes.

Y el momento político en que ocurrió tampoco pasó desapercibido.

Horas antes, la cúpula judicial había enfrentado una de las jornadas más incómodas de los últimos meses tras la reunión sostenida con el Ejecutivo, donde el Poder Judicial quedó bajo cuestionamientos relacionados con presupuesto, estructura institucional, salarios, permanencia de magistrados y resultados frente a la crisis de seguridad que vive Costa Rica.

En medio de ese escenario institucional delicado, Corte Plena acordó por unanimidad revocar el nombramiento de Zúñiga por falta gravísima.

La decisión se basó en un expediente disciplinario relacionado con desatención de deberes del cargo, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial de investigaciones.

El caso había estallado desde octubre de 2025, cuando comenzaron las denuncias administrativas y penales alrededor del entonces director policial.

Según las investigaciones preliminares, Zúñiga habría compartido información sensible del OIJ, detalles de reuniones y datos sobre operativos con mujeres ajenas al Poder Judicial.

Además, enfrenta denuncias penales por presuntos delitos sexuales presentadas por mujeres mayores de edad, aunque esos procesos continúan en investigación y no forman parte directa de la causa administrativa que terminó provocando su salida definitiva.

La decisión de Corte Plena llegó justo el día en que vencía la segunda prórroga de suspensión del jerarca policial.

En lugar de extender nuevamente la medida cautelar, los magistrados optaron por removerlo definitivamente del cargo.

Y aunque el Poder Judicial insistió en que las labores del OIJ continuaron funcionando de manera ininterrumpida durante todo el proceso, el impacto institucional terminó siendo inevitable.

Porque la caída del director del principal cuerpo de investigación criminal del país no ocurre en cualquier momento.

Ocurre precisamente cuando el Poder Judicial atraviesa cuestionamientos públicos alrededor de: eficiencia, credibilidad, presupuesto, estructura, y capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Durante la reunión de este lunes, figuras como Patricia Solano y Orlando Aguirre defendieron públicamente la necesidad de más recursos para enfrentar la violencia y sostuvieron que el sistema judicial continúa realizando esfuerzos importantes pese a las limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, desde el Ejecutivo también crecieron los cuestionamientos sobre funcionamiento institucional, salarios, estructura interna y resultados visibles para la ciudadanía.

La propia presidenta Laura Fernández incluso dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones actualmente concentradas dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

Pero la destitución tampoco parece marcar el cierre del conflicto.

Horas después de la decisión de Corte Plena, la defensa de Randall Zúñiga confirmó que presentará un recurso de reconsideración y eventualmente acudiría a la vía contencioso administrativa o laboral para cuestionar la legalidad de las actuaciones tomadas por los magistrados.

Según el abogado Saúl Umaña, la defensa sostiene que existían pruebas incorporadas al expediente que, a su criterio, no fueron valoradas adecuadamente antes de la destitución.

La salida de Zúñiga además implica la pérdida total de su plaza en propiedad dentro del Poder Judicial, por lo que no regresaría a la institución en ningún otro cargo.

Y aunque el caso del exdirector del OIJ tiene dimensiones administrativas, penales e incluso personales todavía bajo investigación, el impacto político e institucional ya trascendió el propio expediente disciplinario.

Porque la discusión que hoy rodea al Poder Judicial ya no gira únicamente alrededor de recursos o plazas.

También empieza a tocar algo mucho más delicado para el país, la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y enfrentar la violencia y el crimen en Costa Rica.

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Mientras Costa Rica enfrenta una de las etapas más tensas en materia de seguridad, homicidios y crimen organizado, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, salió este lunes a defender públicamente el presupuesto y la estructura actual del Poder Judicial frente a los cuestionamientos lanzados desde el Ejecutivo.

Pero más allá de la discusión sobre dinero, plazas o recortes, sus declaraciones terminaron abriendo otra conversación mucho más profunda sobre cómo terminó creciendo la estructura del sistema judicial costarricense durante las últimas décadas.

Solano reaccionó luego de que el Gobierno insistiera en que al Poder Judicial se le asignan recursos superiores a los establecidos originalmente en la Constitución Política.

La magistrada rechazó esa idea y aseguró que existe una “distorsión” alrededor de cómo se interpreta el presupuesto judicial.

Según explicó, el 6% constitucional originalmente pensado para el Poder Judicial fue diseñado en una época donde la institución tenía funciones mucho más limitadas y no incluía órganos como el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública o la atención a víctimas y testigos.

“De ese presupuesto del 6% constitucional, solo un 3.1% es destinado a judicatura”, afirmó Solano.

La magistrada también defendió el peso presupuestario del OIJ y aseguró que la policía judicial consume recursos similares a los de toda la judicatura debido al costo técnico de las investigaciones criminales.

“¿Por qué decidieron que el Organismo de Investigación Judicial estuviera en el Poder Judicial?”, cuestionó durante su intervención.

Sin embargo, mientras desde el Poder Judicial se insiste en que la estructura actual responde a necesidades reales de investigación, persecución penal y equilibrio procesal, desde el Ejecutivo empiezan a aparecer señales de que el modelo completo podría entrar en discusión.

La propia presidenta Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones que hoy están dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

“Creo que llegó el momento de analizar el otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecer a ese poder de la República”, afirmó la mandataria.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de recursos congelados, salarios o nuevas plazas.

También empieza a tocar temas mucho más sensibles para el país: cómo se distribuyen realmente los recursos judiciales, cuál debe ser el alcance del Poder Judicial y si la estructura actual sigue respondiendo a las exigencias de una Costa Rica golpeada por violencia, narcotráfico y desconfianza institucional.

En medio de esa tensión, Solano defendió que el Poder Judicial viene realizando un esfuerzo histórico para aumentar su productividad.

Según afirmó, el 2025 ha sido el año con mayor cantidad de sentencias penales emitidas en la historia de la institución, gracias a procesos internos de optimización de recursos y reorganización administrativa.

Aun así, reconoció limitaciones importantes relacionadas con infraestructura, presupuesto y creación de nuevas plazas.

Pero uno de los momentos más incómodos de toda la conferencia llegó cuando Laura Fernández puso sobre la mesa otro tema históricamente sensible dentro del país: la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.

La presidenta recordó que Orlando Aguirre acumula 37 años como magistrado y cuestionó si períodos tan extensos realmente favorecen la eficiencia y la rendición de cuentas institucional.

El intercambio terminó dejando algo claro: la conversación alrededor del Poder Judicial ya no se está limitando únicamente a seguridad o presupuesto.

Ahora también empieza a tocar el tamaño, la estructura y el funcionamiento de uno de los poderes más determinantes dentro del funcionamiento institucional de Costa Rica.

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