El Partido Liberación Nacional (PLN) se alista para definir a sus candidatos a diputados este sábado 13 de septiembre. La selección, que tendrá lugar en una Asamblea Nacional, ha delineado una lista de figuras prominentes, con el exalcalde de Siquirres, Mangell McLean, en el primer lugar por la provincia de Limón. A pesar de su posición destacada, la trayectoria de McLean se encuentra ensombrecida por un historial de controversias que han motivado investigaciones legales y escrutinio público.

Irregularidades presupuestarias por ¢1.387 Millones

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que Mangell McLean, en su rol como alcalde de Siquirres, autorizó ilegalmente modificaciones presupuestarias por un total de ¢1.387,42 millones durante los ejercicios económicos de 2020, 2021 y 2022. La CGR determinó que estas acciones contravienen el artículo 109 del Código Municipal, el cual otorga la potestad exclusiva de aprobación presupuestaria al Concejo Municipal.

• En 2021, McLean autorizó ajustes por ¢540 millones, representando el 58% de las modificaciones de ese año, superando los ¢390 millones aprobados por el Concejo.
• En 2020, el alcalde aprobó 11 de 16 modificaciones, sumando ¢694,2 millones.
• McLean admitió a La Nación haber realizado estos cambios, justificándolos como un “error de interpretación” de un reglamento interno municipal. La CGR, sin embargo, reiteró que ningún reglamento local puede prevalecer sobre el Código Municipal.

Acusaciones de Enriquecimiento Ilícito

A esta situación se suman las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Según una investigación, McLean y su vicealcaldesa, Sara Méndez Morales, habrían cobrado compensaciones salariales de manera presuntamente ilegal. Ambos, educadores de profesión, recibieron pagos por prohibición para ejercer profesiones liberales, a pesar de que la Procuraduría General de la República ha reiterado que la docencia no califica como tal.

Los cálculos indican que McLean habría recibido un sobresueldo de ¢19 millones, lo que elevó su salario mensual a ¢4.888.000. El caso ha sido denunciado ante múltiples instancias, incluyendo la Fiscalía General, donde se investigan los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricato.

Vínculos con el Caso “Diamante”

El nombre de McLean también aparece en el expediente judicial del caso “Diamante”, una investigación sobre corrupción en obra pública. El Ministerio Público y el OIJ lo señalan por supuestamente negociar dádivas con la Constructora MECO a cambio de favorecer a la empresa en una licitación de ¢968 millones. Una llamada telefónica interceptada el 2 de abril de 2020 hace referencia a la entrega de “un melón” (un millón de colones) al funcionario.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto, McLean negó conocer a los funcionarios de MECO y se negó a comentar sobre las transcripciones telefónicas que lo vinculan con la constructora. La diputada Sofía Guillén destacó en esa misma sesión cómo la concentración de contratos de obra pública en Siquirres se incrementó a favor de MECO, alcanzando el 100% en 2020.

Las múltiples acusaciones de gestión irregular y presunta corrupción plantean un panorama de intensa polémica en torno a la candidatura de Mangell McLean, justo en el momento en que el PLN define a sus representantes para la próxima legislatura.

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El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, ha intensificado su discurso contra las fracturas internas del partido, denunciando públicamente un “sabotaje” en su campaña. En una serie de declaraciones, Ramos arremetió directamente contra figuras influyentes de la agrupación, como el exdiputado Antonio Álvarez Desanti y el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson.

Las disputas, que se centran en el fracaso de la asamblea cantonal de San Ramón y la gestión de la campaña, evidencian las tensiones internas que el aspirante enfrenta en su camino hacia las elecciones. Ramos ha calificado estas acciones como parte de las “viejas mañas” de la política, una práctica que asegura querer erradicar.

El Choque con Antonio Álvarez por la Deuda Política

El conflicto más notable se desató cuando Antonio Álvarez Desanti envió una carta al presidente del partido, advirtiendo del “grave riesgo” de perder la deuda política debido a fallas en la organización de las asambleas. Ante esta alerta, Álvaro Ramos reaccionó con contundencia.

“Esto refleja la constante preocupación de don Antonio por el dinero y yo vengo aquí con una mística diferente”, afirmó el candidato. Ramos criticó lo que considera un profundo desconocimiento de la campaña por parte de Álvarez y lo acusó de difundir mentiras, como la supuesta imposición de candidatos a diputados.

El candidato fue enfático al declarar una ruptura: “Nunca se han dado manifestaciones en las que yo imponga o impulse al señor Miguel Guillén como posible diputado… El señor Antonio Álvarez hace esas afirmaciones temerarias con esa mentira en su carta, porque nunca ha estado en la campaña, no va a estar en la campaña, no va a ser parte del gobierno, y no vamos a aceptar dinero de él. Esto que quede muy claro”.

Ramos Acusa a Roberto Thompson de “Protección Política”

El epicentro de los problemas, según Ramos, se encuentra en el cantón de San Ramón, donde la asamblea cantonal ha fracasado en siete ocasiones por falta de quórum. El candidato no dudó en señalar a un culpable directo: el alcalde Roberto Thompson.

Ramos acusó a Thompson de ser el “protector político” de Nixon Ureña, exalcalde de San Ramón y uno de los líderes locales, quien además trabaja en la alcaldía de Alajuela. “Esto no es justo”, expresó Ramos, quien aseguró haber intentado en múltiples ocasiones, a través de Thompson, abrir canales de diálogo con los dirigentes de San Ramón sin éxito. Para el aspirante, esta falta de colaboración es una prueba de que el problema no es de falta de voluntad, sino de un “sabotaje”.

El Futuro del PLN en Manos del TSE

Ante el fracaso de las convocatorias en San Ramón y las profundas divisiones, el destino de la asamblea cantonal queda ahora en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Ramos ha convocado a los dirigentes de la zona a una reunión urgente, con una condición clara: “sin intermediarios”.

La postura de Álvaro Ramos de rechazar las “viejas prácticas y mañas” de la política interna, incluyendo un quiebre definitivo con figuras como Antonio Álvarez y Johnny Araya, marca una campaña con un enfoque de confrontación que busca la renovación del partido. Sin embargo, la unidad de la agrupación se enfrenta ahora a uno de sus mayores retos.

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El diputado Eliécer Feinzaig, aún como presidente del Partido Liberal Progresista (PLP), ha tomado una medida legal. El partido prepara una querella por difamación. Para ello, consultó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) si puede usar fondos de la deuda política. El objetivo es cubrir los honorarios de un abogado.

En un oficio fechado el 3 de julio de 2025, Feinzaig justificó la acción. Alegó la necesidad de defender “el buen nombre del partido frente a manifestaciones falsas y malintencionadas”. Recalcó que el perjuicio afecta a la agrupación como persona jurídica.

Confidencialidad sobre los Acusados y Postura ante la Prensa

Feinzaig no especificó en el oficio quiénes serían los querellados. Tampoco detalló las declaraciones exactas que motivan la acción legal. Al ser consultado por un periodista, mantuvo la reserva.

“Sobre la demanda, prefiero no adelantar; cuando esté presentada, usted sabrá contra quiénes es”, afirmó Feinzaig. Aclaró que el PLP respeta la libertad de expresión. “Nunca nos vamos a ir en contra de la prensa, contra los medios de comunicación”, puntualizó, incluso si consideran incorrecta una cobertura.

La Consulta al TSE: Financiamiento de la Querella

La nota enviada al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE busca una aclaración. El legislador insistió en que el proceso judicial tiene un fin claro. Busca “salvaguardar la reputación política del PLP y preservar la confianza ciudadana”.

El diputado describió la situación como una “campaña de difamación pública”. Esta campaña está “dirigida en contra del PLP”. Las afirmaciones “lesionan su imagen, credibilidad y legitimidad” ante el electorado.

Según Feinzaig, estas expresiones se han difundido en redes sociales, prensa impresa y medios digitales. Constituyen un agravio a la “honra institucional”. Además, podrían “afectar gravemente el ejercicio libre y equitativo de las funciones políticas”, especialmente en contextos electorales.

Decisión Firme: Querella Proseguirá sin Importar la Respuesta del TSE

Eliécer Feinzaig dejó la presidencia del PLP el domingo pasado. La nueva presidenta electa es Cati Phillips. A pesar de este cambio, la querella se presentará. Esto ocurrirá sin importar la respuesta del TSE sobre el uso de la deuda política.

El líder del PLP aseguró que, si el TSE niega el uso de fondos estatales, el partido cubrirá los honorarios con otros ingresos. Este gasto se reportará como no reembolsable. De hecho, la mitad de los honorarios del abogado ya fue cancelada. El defensor ya está preparando la querella.

“Los partidos tenemos derecho a un rubro para gastos de organización y administración del partido”, explicó Feinzaig. La consulta al TSE busca determinar si este tipo de gastos puede cubrir la demanda. Si la respuesta es negativa, el partido no tendrá inconvenientes en cubrirlo con otros recursos. Para el PLP, esta situación es “nueva”. La PLP querella difamación Costa Rica es vista como una medida esencial para proteger la imagen del partido.

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Tensión en el PLN: Álvaro Ramos Pierde Pulso Clave Ante Liderazgos Cantonales en Alajuela

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, enfrentó un revés político significativo en la provincia de Alajuela. Los alcaldes de cuatro cantones alajuelenses se impusieron a su postulado en la elección de un delegado adicional a la asamblea provincial de la agrupación. Este resultado subraya las tensiones internas y los desafíos que enfrenta el liderazgo PLN de Ramos.

La campaña de Ramos respaldaba la candidatura de la periodista Angie López. Sin embargo, el órgano territorial optó por Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y esposa del alcalde del cantón central de Alajuela, Roberto Thompson. La elección de Calvo y otros representantes provinciales, durante la asamblea del 19 de julio, fue producto de un acuerdo entre Thompson y los alcaldes de San Mateo (Karen Alfaro Jiménez), Río Cuarto (José Miguel Jiménez Araya) y San Carlos (Juan Diego González Picado).

Un “Gran Acuerdo Provincial” Frente a Promesas Incumplidas

Roberto Thompson explicó a La Nación que los principales liderazgos de la provincia se reunieron en varias ocasiones para evitar las divisiones que han afectado al partido. “Todo ese acuerdo fue comentado con las autoridades de la campaña”, aseguró Thompson, quien personalmente lo conversó con Álvaro Ramos.

Por su parte, Angie López, quien fue encargada de prensa de Ramos durante la precampaña, manifestó a La Nación que, si bien respeta la decisión, hubo “compromisos de previo, de palabra con el candidato y con mi persona, que se rompieron ese día”. López afirmó que postuló su nombre a solicitud directa de Álvaro Ramos.

Desde el comando de campaña de Ramos, se indicó que la nominación de López fue una manifestación de respaldo a liderazgos que representan los valores que promueven. Calificaron la acción como una “apuesta coherente” con la ruta de la campaña, buscando personas por “méritos, no por herencia política”. El equipo negó estar imponiendo candidatos, señalando que “abrir espacios reales de participación” resulta incómodo para quienes estaban acostumbrados al “control total”.

Versiones Contradictorias y la “Lucha por la Diputación”

López sostuvo que estuvo presente cuando Ramos, supuestamente, comunicó a Thompson y a otros líderes alajuelenses, como la diputada Dinorah Barquero y su esposo Rolando González, la petición de que se respaldara su candidatura. No obstante, el alcalde Thompson ofreció una versión distinta. Declaró que fue una “sugerencia” del candidato y que, en el proceso de negociación, López no obtuvo el beneplácito de la mayoría de la provincia, lo que derivó en el resultado. “No lo veo como un enfrentamiento con el candidato, yo creo que él fue bastante respetuoso de eso”, añadió Thompson.

El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, comentó que algunas personas se han “precipitado” al posicionar nombres como posibles candidatos a diputados. Argumentó que la selección de delegados no garantiza automáticamente una postulación legislativa. Jiménez percibió en López una “intención clara (…) de ser diputada”, aunque ella negó que ese fuera su objetivo, asegurando que solo buscaba representar al candidato y a la provincia. Shirley Calvo también desmintió a La Nación tener interés en una diputación, afirmando haberlo manifestado “clara y contundentemente” a Álvaro Ramos.

El Caso San Ramón: Resistencia a Procesos Abiertos

La asamblea provincial de Alajuela se realizó sin que previamente se efectuara la cantonal de San Ramón. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorgó una dispensa al PLN tras dos intentos fallidos de celebrar la reunión en San Ramón. Un quinto intento, programado para el 17 de julio, tampoco se concretó.

El comando de campaña de Ramos describió la situación en San Ramón como “un caso complejo”, que “evidenció la necesidad de mejorar nuestras prácticas internas”. “Hay cantones donde todavía se resisten a los procesos abiertos, y eso debe cambiar”, señalaron. El equipo del aspirante presidencial enfatizó que el proyecto que lideran no puede depender de “acuerdos cerrados ni de esquemas del pasado”, sino que requiere “una participación real, reglas claras y confianza en que lo nuevo vale la pena”.

Este episodio en Alajuela añade una capa de complejidad a las fricciones internas PLN de cara a las elecciones Costa Rica de 2026, poniendo a prueba la capacidad de Álvaro Ramos PLN Alajuela para unificar el partido.

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