Por María Lucía Arias Núñez – Estudiante de Ciencias Actuariales en la UCR y Economía Empresarial en ULACIT.

Costa Rica, un país donde la mitad de los trabajadores apenas logra cubrir sus necesidades básicas, es también un país donde unos pocos privilegiados viven del saqueo descarado del erario público. No con trabajo, no con esfuerzo, no con mérito, sino con pensiones desproporcionadas, obscenas e indignantes. Pensiones que no son el fruto de una vida de contribución al sistema, sino de leyes hechas a la medida de unos pocos. De regímenes amañados que garantizan una jubilación de millonarios a quienes pasaron su carrera laboral alimentándose del Estado.

Mientras el ciudadano común se rompe el lomo cotizando a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asegurándose de que en su vejez apenas le alcance para sobrevivir, un pequeño grupo de burócratas, magistrados, catedráticos y exfuncionarios públicos se jubilan con pensiones que insultan la inteligencia del pueblo. ¡Catorce millones de colones mensuales! ¿Qué puede justificar semejante asalto al dinero público? Nada. No hay lógica, no hay ética, no hay razón alguna para que un exfuncionario, cuya contribución al país fue muchas veces mediocre o incluso nula, reciba una pensión mayor que la de un expresidente de los Estados Unidos.

¿Dónde está la justicia? Que nadie se engañe: las pensiones de lujo NO son un derecho. Son un robo de guante blanco, un privilegio fabricado por y para quienes tuvieron el poder de legislar para obtener su retiro dorado. Es dinero que debería estar en las escuelas que están cayéndose a pedazos, en los hospitales sin insumos, en las calles llenas de huecos, en atender la crisis de seguridad, en inversión social sin despilfarros. Pero no. Esos valiosos recursos están en las cuentas bancarias, de menos de 4.000 personas que nunca cotizaron NI LA MITAD de lo que corresponde.

¿Y quién paga la factura? Usted. Yo. Todos. Cada trabajador del sector privado jamás verá una pensión digna. Cada emprendedor lucha contra un sistema que le exprime en impuestos para sostener a los parásitos de siempre. Cada costarricense trabaja hasta el último día de su vida, mientras un grupo de privilegiados terminan en muchas ocasiones con pensiones juveniles, para las que nunca cotizaron.

El Poder Judicial, que debería ser un pilar de la justicia en este país, es en realidad un sindicato de élite que defiende con uñas y dientes su sistema de jubilaciones millonarias. Los magistrados, que se rasgan las vestiduras hablando de equidad y democracia, se aseguran de que sus propios retiros sean de ensueño. ¿Y el resto del país? Que se joda. Que trabaje más años. Que pague más impuestos. Que financie los privilegios de una minoría.

Las universidades públicas, supuestos templos del conocimiento, también se han convertido en catedrales del adoctrinamiento y el privilegio. Catedráticos que se jactan de su “lucha por la educación pública”, pero que cobran jubilaciones que ningún educador de escuela o colegio verá jamás. ¿Qué justifica que un exprofesor de la UCR reciba hasta 14 millones de colones mensuales? ¿Acaso la educación mejoró tanto bajo su dirección? No. Pero su jubilación sí.

Y es que vamos a ser honestos, el saqueo es evidente:

La persona con la pensión más alta en el país, una excatedrática de la UCR, recibe casi 15 millones al mes. Uno de cada dos pensionados de lujo proviene de universidades públicas. Hablamos de un 46% de los beneficiarios, es decir, 3.777 personas cobrando sumas desproporcionadas por haber pertenecido a la élite burocrática. Revisemos los números: Muchos de los jubilados de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED, donde el promedio de pensión asciende a 3.4 millones mensuales, son privilegiados que nunca cotizaron para recibir estas gollerías.

Insisto, en la UCR, cuna de la mayoría de pensiones doradas, se alcanza en promedio los 4.1 millones mensuales. Por otro lado, los magistrados retirados del Poder Judicial se embolsan 3 millones mensuales aproximadamente, sin ruborizarse.

Los números no mienten, y los nombres tampoco:

• María Isabel González, Excatedrática de la UCR recibe ₡14,969.888
• Myrna López Sánchez, Excatedrática de la UCR, ₡14,446.858
• Gerardina Malavassi, Excatedrática de la UCR, ₡14,173.194
• Luis Baudrit Carrilo, Excatedrático de la UCR, ₡14,002.746
• Rolando Ramírez, Exgerente general del Banco Nacional en gobierno del PLN, ₡13,916.684

Y así sigue la lista, con cientos de nombres que viven del sudor ajeno. ¿Cómo se atreven a llamarse servidores públicos? No sirven a nadie más que a su propio bolsillo. Donald Trump, un expresidente de la potencia más grande del mundo, recibe una pensión de $250.000 al año, unos ₡10,539,375 millones al mes. Si un expresidente de Estados Unidos puede vivir con eso, ¿por qué demonios un exprofesor de universidad pública o un exmagistrado necesita más?

No es envidia. Es justicia. A quienes defienden este asalto con el argumento de la envidia, les respondemos con claridad: esto no es un tema de resentimiento, es un tema de moralidad. Costa Rica no puede seguir sosteniendo una élite de jubilados de oro, mientras la mayoría de sus ciudadanos ven en su jubilación una condena a la miseria. No puede haber igualdad de oportunidades en un país donde algunos nacen con un destino de esclavo fiscal y otros con una jubilación de jeque árabe.

Las pensiones de lujo son el cáncer más agresivo y destructivo del sistema de seguridad social costarricense. Se trata de un festín de parásitos, donde una casta parasitaria se roba sin remordimiento los recursos del país. Como todo cáncer, no se trata de reducirlo ni de “hacerlo más justo”; se trata de erradicarlo por completo. No hay argumento válido y no hay derecho adquirido, que justifique mantener este esquema corrupto en pie.

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Durante la inauguración del Año Judicial Interamericano 2025, llevada a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dedicó su discurso a criticar las pensiones de lujo que afectan al sistema social del país. Chaves calificó estas pensiones como “una injusticia inmoral” y expresó su preocupación por el impacto de estas sobre la equidad en Costa Rica.

Críticas a las pensiones de lujo

En su intervención, Chaves enfatizó que las pensiones de lujo son un privilegio injustificado y sostuvo que ningún costarricense puede defenderlas con ética. “Podrán argumentar con leguleyadas que son legales, pero la legalidad no garantiza justicia”, afirmó. Comparó estas prácticas con otras injusticias históricas que, aunque legales en su momento, eran profundamente inmorales.

El mandatario destacó que el Gobierno presentó un proyecto ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de eliminar estos privilegios. Según explicó, un estudio actuarial reveló que el subsidio a estas pensiones no será sostenible en el futuro, poniendo en riesgo la estabilidad económica del país.

Responsabilidad del Poder Judicial

Chaves señaló directamente al Poder Judicial como uno de los sectores más cuestionados respecto a los montos de estas pensiones. “El Poder Judicial ha sido particularmente ofensivo”, aseveró, comprometiéndose a enfrentar estos privilegios indebidos para cumplir con su promesa al pueblo costarricense.

El presidente defendió que reducir las brechas entre las clases privilegiadas y la población vulnerable no solo es una cuestión de justicia social, sino también de dignidad.

Compromiso con los derechos humanos

En su discurso, el presidente Chaves reafirmó el compromiso de Costa Rica con los derechos humanos y destacó los logros de la Corte IDH, resaltando su papel en la defensa de las víctimas de violaciones graves. Asimismo, insistió en la importancia de enfrentar estructuras que perpetúan la desigualdad y la injusticia.

Resultados positivos

Chaves señaló que, bajo su gobierno, Costa Rica ha comenzado a mostrar signos de recuperación en cohesión social. Destacó una disminución en el coeficiente de Gini, una baja en los índices de pobreza, especialmente en regiones costeras y fronterizas, y una reducción significativa en el desempleo.

El presidente concluyó su discurso haciendo un llamado a la sociedad costarricense a consolidar estos avances y trabajar juntos para construir un país más equitativo.

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El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles la presentación del proyecto de ley “Luchando por la Justicia del Sistema de Pensiones del Sector Público”, que se tramita bajo el expediente N°24.786. Esta iniciativa busca acabar con las pensiones de lujo que han generado controversia por los altos montos percibidos por algunos beneficiarios sin haber cotizado lo necesario para justificarlos.

Objetivo de la propuesta

El proyecto tiene como meta restablecer la equidad en el sistema de pensiones públicas, eliminando los beneficios desproporcionados que atentan contra las finanzas públicas. Según el Gobierno, esta medida responde a una creciente indignación social ante los llamados “ticos con corona”, quienes gozan de pensiones privilegiadas que no se alinean con el principio de justicia contributiva.

El presidente del país declaró que “es momento de acabar con los privilegios y devolverle al sistema de pensiones su propósito original: garantizar el bienestar de quienes han trabajado arduamente durante toda su vida”.

Detalles de la propuesta

La iniciativa legislativa incluye:

• Revisión de las pensiones existentes: Identificación de casos en los que los beneficiarios no hayan cumplido con los requisitos mínimos de cotización.
• Tope en los montos: Establecimiento de un límite máximo para las pensiones otorgadas por el sistema público.
• Redistribución de recursos: Destinación de los ahorros generados hacia programas sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
• Endurecimiento de regulaciones: Mayores controles para evitar que nuevas pensiones de lujo sean otorgadas en el futuro.

Impacto esperado

De aprobarse, este proyecto fortalecería la justicia social, asegurando que el sistema de pensiones opere en beneficio de quienes más lo necesitan. Además, se proyecta un ahorro significativo en las arcas públicas, lo que permitiría redirigir fondos a áreas críticas como salud y educación.

El Gobierno espera que esta reforma cuente con el respaldo de todos los sectores políticos y sociales, ya que está diseñada para responder a una demanda histórica de equidad en el país.

La eliminación de las pensiones de lujo no solo busca corregir injusticias, sino también asegurar la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones.

Investigación sobre datos y fuentes Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público – Estudio Actuarial.

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