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La relación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa volvió al centro de la escena política. Esta vez, la advertencia llegó de una figura que durante los últimos años se convirtió en una de las voces más visibles del oficialismo, la exdiputada Pilar Cisneros.

Su mensaje llega en un momento donde el nuevo Congreso apenas comienza a definir alianzas, prioridades y la forma en que enfrentará algunos de los proyectos más sensibles para el país.

Según la exlegisladora, algunas de las tensiones que marcaron el cuatrienio anterior comienzan a reaparecer en momentos donde Costa Rica enfrenta decisiones importantes en materia de seguridad, energía, infraestructura y reforma institucional.

Durante su mensaje, Cisneros recordó que el oficialismo gobernó durante cuatro años con una representación reducida en la Asamblea Legislativa y sostuvo que esa realidad dificultó el avance de varias iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, más allá del balance que hace sobre la administración anterior, el centro de su intervención estuvo en el papel que debe asumir la oposición dentro del Congreso.

Para la exdiputada, existe una diferencia entre fiscalizar las acciones del Gobierno y bloquear proyectos que consideran relevantes para el desarrollo del país.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la armonización eléctrica, una iniciativa que continúa generando posiciones encontradas dentro de distintos sectores políticos, empresariales y sociales.

Mientras algunos defienden una mayor participación del sector privado para fortalecer la capacidad de generación eléctrica, otros mantienen reservas sobre los efectos que esa apertura podría tener sobre el modelo energético costarricense y el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El desacuerdo alrededor de este proyecto muestra cómo distintas visiones sobre desarrollo, energía y papel del Estado siguen marcando diferencias dentro de la política costarricense.

El mensaje de Cisneros también dejó una advertencia política, considera que los ciudadanos observan con atención el comportamiento de los distintos actores dentro del Congreso y que eventualmente evaluarán esos resultados en las urnas.

La intervención ocurre en una etapa temprana del nuevo periodo legislativo, cuando todavía se están definiendo prioridades y formas de trabajo dentro de la Asamblea Legislativa.

Más allá de las diferencias entre gobierno y oposición, el resultado de estas discusiones terminará midiendo algo mucho más simple para los costarricenses, si los proyectos avanzan, se modifican o vuelven a quedar atrapados durante años en negociaciones políticas.

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Tal parece que el TSE ha degradado la Constitución Política a Manual del Terror Electoral.

Toda una censura con traje de Frankenstein cuyo lema parece ser «Prohibido ser presidente sin decidirlo yo.»

Temiendo que el presidente Rodrigo Chaves pueda pestañear, sonreír o rascarse la cabeza durante la actual campaña electoral, los magistrados del TSE, guardianes del equilibrio cósmico, han decidido protegerse de tales peligros.

Poniéndole bozal a la palabra, grillete al gesto y trámite al suspiro.

Ante semejante derroche de neutralidad, es de esperar, para estos días, el siguiente edicto del TSE «en defensa de la democracia… siempre que no gane el que no nos gusta.»

1-Se prohíbe al presidente Rodrigo Chaves pestañear en público, por cuanto ese acto podría interpretarse como un guiño subliminal a su movimiento político.

2-Queda terminantemente prohibido que el presidente sonría, ya que una sonrisa podría inducir al electorado a asociar felicidad con su gestión, atentando así contra la neutralidad emocional.

3-El mandatario no podrá aparecer bajo cielos despejados, porque el buen clima podría interpretarse como una metáfora de “buen gobierno”.

4-Se prohíbe rascarse la cabeza en conferencias de prensa, ya que ese gesto podría interpretarse como señal de reflexión o pensamiento propio.

5-El uso del color celeste, azul, blanco o cualquier tonalidad existente queda vedado, por su posible relación con el cielo, la bandera o el optimismo.

6-No podrá caminar con paso firme, porque podría dar la impresión de liderazgo. Se recomienda desplazarse en pequeños saltitos de incertidumbre institucional.

7-Las miradas hacia arriba quedan anuladas, pues podrían entenderse como conexión divina o inspiración nacional. Mirar al suelo será lo patrióticamente prudente.

8-Está vetado mencionar logros, aunque sean del siglo pasado, porque podrían afectar la pureza mental del votante.

9-El presidente no podrá hablar con periodistas, ni con árboles, ni con su reflejo en el espejo, pues cualquiera de ellos podría sentirse “influido electoralmente”.

10-En caso de toser, deberá hacerlo con previo permiso del TSE, no sea que la tos parezca un mensaje codificado a sus seguidores.

11-Toda aparición pública deberá ser autorizada con 15 días de anticipación, excepto si se trata de una disculpa, en cuyo caso podrá realizarse inmediatamente.

12-El uso del aire será limitado a tres inhalaciones por minuto, pues respirar demasiado podría interpretarse como vitalidad política.

13-Cualquier intento de defenderse será interpretado como ataque, y cualquier silencio, como manipulación del electorado por omisión.

14-Queda estrictamente prohibido nacer de nuevo en caso de fallecer políticamente, ya que ello violaría las reglas de la reencarnación electoral.

15-A partir de hoy, nuestras siglas ya no serán TSE sino TSEI (Tribunal Supremo de Elecciones Increíbles).

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con una multa equivalente al valor simbólico de la democracia.

✍️ Por Columnista Edgar Espinoza 

Nota del editor:

Las opiniones expresadas en esta sección son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Los textos publicados en Voces de Opinión reflejan la diversidad de perspectivas y el ejercicio del pensamiento crítico dentro del marco del respeto democrático.

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La consulta se enmarca en el expediente legislativo N.° 25.230, generado por la solicitud del TSE al Congreso para remoción del fuero presidencial por presuntos actos de beligerancia política.

El debate entre la Constitución y el Código Electoral

El documento, fechado el 9 de octubre de 2025, plantea que, si bien el TSE sostiene que el artículo 270 del Código Electoral le otorga la competencia para actuar como juez electoral y definir sanciones (pérdida de credencial o inhabilitación) por casos de beligerancia, existe una aparente limitación expresa en la Constitución Política.

Cisneros alega que el inciso 5) del artículo 102 constitucional indica que al TSE solo le compete informar a la Asamblea Legislativa.

El texto señala que la Asamblea Legislativa “no tiene, ni constitucional ni reglamentariamente, dispuesto procedimiento alguno para levantamiento del fuero del Presidente sino es por casos de delitos comunes”. La diputada concluye que esta norma se constituye en un límite expreso a la actuación del TSE.

Las preguntas centrales de la diputada

La consulta formula varias preguntas específicas que buscan clarificar las normas de rango constitucional que legitiman la actuación del TSE y la competencia del Congreso en este proceso.

Entre las interrogantes planteadas, se encuentran:

• ¿Cuál es la norma constitucional que dispone y legitima la competencia del Tribunal para solicitar el levantamiento del fuero al Presidente por presuntos actos de beligerancia?
• ¿Puede el TSE vía interpretación de norma expresa constitucional (art. 102 inc. 5) arrogarse competencias de relación entre poderes, con sustento únicamente en una norma de rango legal (el Código Electoral) que excede lo constitucionalmente dispuesto?
• ¿Cuál es la norma competencial concreta y específica de rango constitucional que faculta a la Asamblea Legislativa para abrir un procedimiento de remoción de fuero contra el presidente de la República en casos que no constituyan la comisión de un delito?
• ¿La beligerancia jurídica es considerada un delito o una falta electoral por el TSE?

Finalmente, Cisneros solicitó al Tribunal indicar cuántos expresidentes y diputados fueron investigados por beligerancia en los últimos 20 años y cuáles fueron las sanciones interpuestas.

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En un video publicado en redes sociales, Sandí afirmó que la denuncia se presentó hace meses y que recientemente fue acumulada junto con cerca de 15 denuncias más por situaciones “muy similares” contra el mandatario.

La abogada explicó que la actuación del TSE está autorizada legítimamente por el artículo 270 del Código Electoral y aseguró que el presidente debe responder por sus acciones como cualquier ciudadano.

“Si él infringe la ley, siendo el primer ciudadano costarricense que debería respetar la ley y dar el ejemplo, pues no vengan ahora a quejarse y a responsabilizar a otros. Asuman sus consecuencias“, declaró Sandí.

El llamado a la renuncia y el ataque al TSE

Sandí y Ramírez cuestionaron las reacciones de legisladores oficialistas ante la admisión de las denuncias, luego de que una diputada afirmara que el proceso era equiparable a un “golpe de Estado”.

Ramírez subrayó que las denuncias son una defensa de la democracia y que, ante el supuesto llamado a la “sedición” y la “violencia”, la diputada Pilar Cisneros debería renunciar a su cargo.

“Aquí hay democracia, aquí hay libertad, aquí hay leyes y nadie está por encima de la ley. Ni siquiera ustedes que se creen que están por encima de todo el mundo. Haga el favor, sea consecuente”, enfatizó Sandí.

Las denunciantes mencionaron que el presidente Chaves no ha negado las manifestaciones sobre su supuesta intención de ser ministro de la Presidencia en un futuro, lo cual ellas consideran también un acto de beligerancia política.

El TSE solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves para continuar con el trámite de las denuncias.

Los antecedentes de las denunciantes

No es la primera vez que Sandí y Ramírez interponen o se involucran en acciones legales por temas de beligerancia política y denuncias ciudadanas.

• Sonia Sandí: La abogada estuvo involucrada en una denuncia anterior contra el presidente Chaves por el presunto delito de instigación pública a la rebelión, presentada por la diputada Johana Obando y el Frente Amplio (FA).

@la_nacion

⚖️ Diputada Johana Obando explica denuncia contra Rodrigo Chaves por instigación pública a la rebelión, junto con la abogada Sonia Sandí. 📌 Haga clic en el enlace de nuestra biografía para leer más. #LaNación #PolíticaCR #AsambleaLegislativa #DerechoPenal

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• Rocío Ramírez: La dirigente del Foro Nacional de la Vivienda increpó recientemente a la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en una actividad en Puntarenas, achacándole también una supuesta beligerancia política.

Ramírez explicó en ese momento que la presencia de la candidata en una actividad oficial, mientras el foro protestaba por el incumplimiento de acuerdos de vivienda, era una forma de usar recursos públicos para campaña política.

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