Los firmantes, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano) y Roy Thompson Chacón, solicitan al TSE anular la Asamblea Nacional celebrada el pasado 13 de septiembre de 2025.

Las Omisiones que Justifican el Recurso

La gestión presentada por Esquivel y Thompson se dirige también contra tres resoluciones emitidas previamente por el TSE. Los recurrentes sostienen que el órgano electoral está permitiendo el incumplimiento del Artículo 60 del Código Electoral y el Artículo 98 Constitucional.

Los hechos clave presentados se centran en la supuesta omisión de procedimientos internos obligatorios del partido:

• El PLN no habría realizado la asamblea cantonal de San Ramón de Alajuela.
• El PLN tampoco habría llevado a cabo la asamblea provincial de la Provincia de Alajuela.

Los abogados afirman que esta serie de omisiones “implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido” de forma válida.

La Diferencia entre Quórum e Integración

Los recurrentes señalan que existe una diferencia legal crucial entre el quórum (el número mínimo de asistentes necesario para sesionar) y la integración (el cumplimiento de los requisitos legales y representativos para conformar la asamblea).

• Sostienen que la Asamblea Nacional no se integró conforme a la ley, pues se omitió la “indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de la Provincia de Alajuela”.
• Aducen que, al no estar designados los miembros de las asambleas de base (cantonales y provinciales), cualquier Asamblea Nacional celebrada acarrea la “nulidad de pleno derecho”.

El recurso cita múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la obligación de los partidos políticos de respetar los principios democráticos y de participación política, incluso en su estructura interna.

La pretensión final de los ciudadanos es que se anulen tanto la Asamblea Nacional del 13 de septiembre de 2025, como las resoluciones del TSE que, según ellos, son contrarias a los principios constitucionales de democracia representativa y participativa.

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Una serie de reformas al reglamento sobre la inscripción de encuestas y sondeos, publicadas en septiembre pasado, obliga a las encuestadoras a identificar el origen del financiamiento y a desglosar con precisión cómo se ejecutaron los estudios. El incumplimiento de estas normas podría llevar a la suspensión inmediata de su registro para la campaña.

Controles Reforzados y el Origen del Dinero

Las modificaciones al Artículo 7 endurecen significativamente las responsabilidades de las empresas. Anteriormente, solo se exigía remitir la ficha técnica de los estudios que se hacían públicos durante la campaña.

Con los nuevos requisitos, las reglas se extienden a todos los estudios:

• La ficha técnica debe ser remitida al TSE un día después de que el estudio finalice, sin importar si la encuestadora decide divulgar los resultados o no.
• Se exige un conjunto de requisitos técnicos mucho más amplios que antes (tipo de muestreo, tasas de rechazo y respuesta, entre otros).
• Es obligatorio identificar claramente a quiénes financian el estudio, si son personas físicas o jurídicas (para conocer quién pagó el estudio de opinión).

El reglamento ahora establece una diferencia explícita entre encuestas probabilísticas y sondeos (estudios con selección de muestra no aleatoria). Para los sondeos, será una obligación incluir una advertencia de que sus resultados no pueden ser generalizados a la población.

Nuevas Sanciones y Rigor Estadístico

El Tribunal ha creado mecanismos para asegurar el rigor de la información.

• Se requiere una declaración jurada de un profesional en estadística. Dicho experto debe certificar que la supervisión del trabajo de campo, el procesamiento y la calidad de los resultados se realizó correctamente.
• La suspensión cautelar del registro será la sanción directa si se incumplen las obligaciones documentales.

El nuevo Artículo 7 bis impone la obligación de conservar información interna clave. Esto incluye la base de datos digital, los cuestionarios, la lista de encuestadores y hasta el nombre del programa de software utilizado para el análisis. Esta información debe estar disponible para el TSE si se requiere por alguna denuncia.

Finalmente, las modificaciones al Artículo 3 incrementan los requisitos para la inscripción ante el Tribunal, exigiendo a las empresas presentar un plan de trabajo detallado de todas las encuestas previstas para la campaña y la posible segunda ronda presidencial.

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El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ha establecido una fecha para el inicio del juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro altos exfuncionarios de su gobierno, en el sonado caso Bancrédito. El debate oral y público comenzará el 26 de febrero de 2027, casi una década después de las supuestas irregularidades. Se espera que el proceso se extienda al menos hasta el 18 de mayo de ese mismo año.

Al exmandatario se le acusa de haber participado en acciones para intentar evitar la quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) a mediados de su administración. Estas maniobras habrían incluido el traslado de ₡100.000 millones y $50 millones desde el Ministerio de Hacienda hacia el banco estatal entre marzo y abril de 2017, con el objetivo de “salvarlo”. Sin embargo, la vía utilizada para estas transferencias no habría sido la correcta, constituyendo posibles actos ilegales en el ejercicio de la función pública.

Las Acusaciones y los Otros Imputados

Un documento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) señala presuntas irregularidades entre 2016 y 2018. Estas habrían afectado el flujo de caja del Presupuesto de la República de 2018, poniendo en riesgo compromisos de Hacienda y aumentando el déficit fiscal.

Los otros imputados en esta causa son:

• Helio Fallas Venegas: Entonces vicepresidente y ministro de Hacienda.
• Sergio Alfaro Salas: Exministro de la Presidencia.
• Martha Cubillo Jiménez: Exviceministra de Egresos y extesorera nacional.
• Mauricio Arroyo Rivera: Exsubtesorero nacional, acusado de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al extinto banco sin sustento técnico y con una baja posibilidad de retorno. La maniobra buscaba que la entidad pareciera tener liquidez, impidiendo que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara su intervención y así evitar un impacto negativo en la imagen del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Un Largo Camino Judicial

El proceso ha sido extenso. El Ministerio Público presentó la acusación y solicitud de apertura a juicio el 6 de julio de 2023, tras una investigación de aproximadamente seis años.

Luego, transcurrió cerca de un año y medio para la audiencia preliminar, que finalmente autorizó la apertura del juicio a mediados de noviembre. Posteriormente, el Tribunal tardó casi un semestre en fijar la fecha, notificando la calendarización a mediados de junio. Ahora, se deberá esperar otro año y medio para que el juicio inicie.

Marvin Carvajal, abogado defensor en el caso, confirmó la notificación y expresó que, aunque preferían una fecha más cercana, entienden que el Tribunal debe haber buscado evitar conflictos con otros señalamientos. “No cabe duda que esperar tanto tiempo por un juicio es prolongar la angustia de las personas que están sometidas a un proceso”, indicó el jurista, aunque confía en un buen resultado, defendiendo que las decisiones fueron legales y permitieron un cierre ordenado del banco.

Reclamo Económico y Defensa de los Acusados

Además de la causa penal, el expresidente Solís y los otros cuatro exfuncionarios enfrentan un reclamo económico y una posible indemnización de ₡57 millones. Este monto, solicitado por la Procuraduría General de la República mediante una acción civil resarcitoria, corresponde a los supuestos daños causados. Los montos específicos a pagar por cada imputado se definirán en el juicio. El Juzgado aceptó como prueba publicaciones de medios de comunicación de 2021 que evidencian el conocimiento público de las “inversiones” anómalas.

Tras la audiencia preliminar, el expresidente Solís manifestó a CR Hoy que las decisiones tomadas por él y su gabinete fueron “adecuadas y responsables, con la intención de salvaguardar el interés general”. Añadió que acude a rendir cuentas “creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar. Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que planea organizar una pelea de UFC en los terrenos de la Casa Blanca. Esta iniciativa formaría parte de una serie de eventos para conmemorar el 250 aniversario del país el próximo año.

El anuncio fue hecho durante el evento ‘America 250’ en el recinto ferial del estado de Iowa, en la víspera del 4 de julio. “Cada uno de los campos de batalla y sitios históricos de nuestros parques nacionales van a tener eventos especiales en honor de los 250 años de Estados Unidos”, dijo Trump, añadiendo: “Vamos a tener una pelea de UFC —piensen en esto— en los terrenos de la Casa Blanca”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó los planes, asegurando que el presidente “habla muy en serio” sobre la propuesta. Un funcionario de UFC también declaró a CNN que están “en conversaciones con la Casa Blanca sobre la organización de un evento de UFC en el lugar”, aunque sin ofrecer más detalles por el momento.

Vínculos de Larga Data con la UFC

La relación de Trump con la organización de artes marciales mixtas y su CEO, Dana White, es de larga data. Su amistad se remonta al menos a 2001, cuando Trump permitió que un combate de UFC se celebrara en el Trump Taj Mahal de Atlantic City, en un momento en que White enfrentaba dificultades para encontrar una sede.

Desde entonces, Dana White se ha convertido en una figura cercana y un defensor clave de Trump. En julio pasado, White fue elegido por Trump para presentarlo en la Convención Nacional Republicana.

En los últimos meses, el presidente ha incrementado sus apariciones en eventos de la UFC. El mes pasado, asistió a un evento en Newark, Nueva Jersey. En abril, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a un evento de UFC en Miami, donde incluso participó en la “caminata” tradicionalmente reservada para los atletas. Poco después de su victoria electoral en noviembre, Trump también asistió a un combate de UFC en Nueva York, donde fue recibido con ovaciones y un video especial en celebración de su triunfo.

Conexión con un Sector Clave de su Base Electoral

Este tipo de anuncios y las frecuentes apariciones de Trump en eventos de UFC subrayan una sintonía percibida entre la marca de artes marciales mixtas y un segmento de votantes jóvenes que contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca.

Trump, quien se ha autodenominado “luchador”, ha aprovechado exitosamente la esfera de los podcasts orientados a hombres durante su campaña de 2024. Muchos de estos podcasters abordan temas como la forma física, promueven rasgos tradicionales de masculinidad y a menudo muestran un profundo aprecio por las artes marciales mixtas, en particular por la UFC.

El presidente también adelantó que las festividades por el 250 aniversario incluirán otros eventos deportivos, tanto profesionales como amateurs. Mencionó específicamente la participación de atletas de secundaria en lo que llamó los “Juegos Patriotas”, una competencia televisada que será dirigida por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy.

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