El ajuste al Poder Judicial, las nuevas órdenes dentro de las cárceles y las respuestas a la oposición fueron presentados por el Gobierno como partes de una misma forma de ejercer el poder: reducir el gasto, reforzar el mando institucional y cerrar filas alrededor de Rodrigo Chaves.

La presidenta Laura Fernández y varios integrantes del Ejecutivo utilizaron la conferencia para dejar claro que no contemplan suavizar sus decisiones ante las críticas políticas o institucionales.

El mensaje fue repetido desde distintos frentes: el Gobierno considera que el país debe abandonar prácticas del pasado, imponer límites al gasto y recuperar espacios donde, según su lectura, la autoridad pública se ha debilitado.

El presupuesto como prueba de fuerza.

Rodrigo Chaves colocó el choque con el Poder Judicial dentro de una discusión más amplia sobre las finanzas públicas.

El ministro de la Presidencia y Hacienda rechazó las advertencias sobre las consecuencias de un menor presupuesto judicial y afirmó que esa institución deberá ajustarse, al igual que el resto del país.

Su argumento no se limitó al monto del recorte.

Chaves sostuvo que durante años decisiones políticas, programas públicos y gastos de distintas administraciones fueron financiados con deuda que ahora debe pagar la ciudadanía. Bajo esa lectura, mantener la disciplina fiscal no sería una elección del Gobierno, sino una obligación con las generaciones futuras.

Para defender esa posición, volvió sobre los gobiernos de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a quienes atribuyó parte del deterioro fiscal acumulado.

También criticó a exdiputados que integraron la Comisión de Asuntos Hacendarios y aseguró que varias iniciativas enviadas durante su anterior administración fueron archivadas sin avanzar.

Así, la discusión sobre el presupuesto judicial terminó convertida en una revisión política de las últimas décadas y en una advertencia al Congreso actual, el Ejecutivo no pretende financiar nuevas exigencias mediante más deuda.

En las cárceles, el Gobierno quiere mandar sin intermediarios.

Mientras Hacienda defendía límites al gasto, el Ministerio de Justicia presentó un paquete de decisiones destinado a modificar la vida interna de los centros penitenciarios.

El ministro Gabriel Aguilar anunció el retiro de los televisores instalados en las celdas, nuevas restricciones para las visitas íntimas y el traslado de privados de libertad identificados como figuras de poder dentro de los módulos.

También ordenó rotaciones entre directores y policías penitenciarios, especialmente en áreas sensibles como máxima seguridad de La Reforma.

La Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad deberán revisar posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas entre funcionarios.

El anuncio más severo se dirigió al personal penitenciario que sea detenido colaborando con bandas o introduciendo artículos prohibidos. Según Aguilar, esos funcionarios serán ubicados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

Más que una lista de medidas, el planteamiento del jerarca fue una disputa directa por el control de las cárceles.

Aguilar afirmó que las decisiones dentro del sistema penitenciario corresponden al Poder Ejecutivo y rechazó que grupos criminales, funcionarios corruptos u otras instituciones condicionen su administración.

Algunas de esas afirmaciones podrían abrir nuevas discusiones sobre las competencias de los jueces de ejecución de la pena y de otras entidades de control.

Laura Fernández cierra filas alrededor de Chaves

La conferencia también sirvió para responder a quienes cuestionan la permanencia de Rodrigo Chaves en dos ministerios.

La diputada Claudia Dobles había criticado su ausencia en el Congreso, la falta de acercamiento con las fracciones opositoras y su actuación durante la visita presidencial a Crucitas.

Laura Fernández no entró a discutir cada señalamiento.

Respondió que la evaluación de los ministros le corresponde a ella mientras ocupe la Presidencia y aseguró que Chaves cumple las metas fijadas por su administración.

La mandataria utilizó el mismo argumento frente a las críticas de José María Villalta y añadió que espera que el diputado frenteamplista nunca llegue a la Presidencia.

La respuesta confirmó algo que ya era visible dentro del Ejecutivo: los cuestionamientos externos no están debilitando la posición política de Chaves. Por el contrario, Fernández aprovechó la conferencia para ratificarlo públicamente.

De la explicación al enfrentamiento personal.

El tono cambió cuando las respuestas dejaron de concentrarse en las decisiones del Gobierno y pasaron a referirse a quienes las critican.

Chaves descalificó los conocimientos de Villalta sobre el sector privado y recurrió a la expresión “¿qué sabe una gallina de astronomía?” para responderle.

También atacó al director ejecutivo del Poder Judicial, Jorge Araya, por describir el ajuste presupuestario como un golpe de Estado presupuestario.

Laura Fernández, por su parte, calificó la reacción del Poder Judicial como un “berrinche” y afirmó que las instituciones que no quieran acompañar al Gobierno deberían evitar obstaculizar su trabajo.

Estas frases dominarán probablemente la conversación pública por su dureza.

Sin embargo, debajo del intercambio verbal quedó una definición política más importante: el Ejecutivo no trata las críticas como simples diferencias sobre presupuesto, cárceles o coordinación institucional. Las presenta como resistencia de sectores que, según su discurso, quieren conservar privilegios o impedir cambios.

Una conferencia para marcar quién toma las decisiones.

La conferencia dejó menos espacio para el diálogo que para la delimitación de autoridad.

En el Poder Judicial, el mensaje fue que también deberá ajustarse.

En las cárceles, que el Ministerio de Justicia pretende recuperar el control interno.

En el gabinete, que Rodrigo Chaves conserva el respaldo pleno de la presidenta.

Y frente a la oposición, que el Gobierno no modificará su rumbo para evitar confrontaciones.

La discusión que queda abierta no es únicamente si cada medida resulta popular.

También será necesario observar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en su intención de reforzar el mando sin provocar nuevos choques legales, institucionales y políticos.

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Por Hannibal Newman

Hay partidos que pierden elecciones.

Y hay partidos que, mucho antes de perder votos, empiezan perdiéndose a sí mismos.

El reciente pacto impulsado por el PLN volvió a despertar una inquietud incómoda, ¿qué ocurre cuando una organización política deja de ser reconocida por sus convicciones y empieza a ser recordada únicamente por sus alianzas?.

Las alianzas no son un pecado. En democracia se negocia, se dialoga y se construyen acuerdos. Así funciona cualquier sistema político serio.

La señal de alerta aparece cuando el pacto necesita más explicaciones que convicciones.

Una cosa es unir fuerzas para impulsar proyectos concretos. Otra muy distinta es presentar una fotografía política que deja más dudas que certezas sobre el rumbo que pretende seguir un partido.

Ahí es donde comienza el desgaste.

El PLN fue durante décadas una de las principales referencias políticas del país. Precisamente por eso, hoy esa duda resulta imposible de ignorar: ¿qué representa realmente en este momento de la historia?.

No se trata de descalificar por descalificar. Se trata de observar un fenómeno que tarde o temprano termina pasándole factura a cualquier partido. Cuando la identidad pierde claridad, también empieza a perderse la confianza.

Antes los partidos buscaban convencer.

Hoy, algunos parecen concentrar buena parte de su esfuerzo en mantenerse vigentes.

Y eso cambia completamente la relación con el electorado.

El ciudadano observa. Compara. Recuerda. Y cuando encuentra posiciones que cambian con demasiada facilidad, inevitablemente aparece la duda.

Porque la confianza no nace de los discursos. Nace de la coherencia.

El PLN puede firmar los acuerdos que considere necesarios. Está en todo su derecho.

Lo que no puede pedir es que la ciudadanía haga de cuenta que esos movimientos no significan nada.

En política, las alianzas no solo construyen mayorías.

También revelan prioridades.

Y cada fotografía termina diciendo mucho más de lo que algunos discursos intentan explicar.

Cuando una organización necesita explicar constantemente por qué está donde está, quizá el verdadero diálogo ya no sea con quién decidió caminar.

Quizá la interrogante más importante sea otra.

¿Sigue caminando hacia algún lugar… o simplemente está tratando de no quedarse atrás?.

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POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La dificultad para nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional dio un nuevo paso esta semana. Lo que durante meses se ha mantenido como un pulso político en la Asamblea Legislativa ahora llegó hasta la propia Sala IV mediante un recurso de amparo.

La situación ha provocado una pregunta que ya circula entre algunos ciudadanos.

Si el recurso trata sobre un problema que afecta directamente a la Sala Constitucional, ¿cómo se maneja la imparcialidad cuando el caso llega precisamente al tribunal involucrado en esa situación?.

La interrogante surgió después de que el abogado Giovanni Delgado presentara una acción contra la moción legislativa que mantiene bloqueada la elección de nueve magistrados suplentes.

La Sala Constitucional opera sin suplentes desde diciembre de 2025, cuando vencieron los nombramientos anteriores. Desde entonces, la Asamblea Legislativa no ha logrado completar la elección de quienes deben ocupar esas plazas.

Según lo planteado en el recurso, esta situación estaría afectando el funcionamiento normal del tribunal y por esa razón se solicita una intervención para intentar destrabar el proceso.

El recurso fue presentado contra la moción legislativa que mantiene suspendida la elección de los suplentes y también solicita una nueva nómina de candidatos para ocupar las vacantes existentes.

Por ahora, lo que existe de manera concreta es una gestión que deberá seguir el trámite correspondiente dentro de la Sala Constitucional y un problema que continúa sin resolverse en la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, la elección de los magistrados suplentes sigue pendiente y el caso suma un elemento poco habitual, el conflicto llegó precisamente al mismo tribunal que lleva meses funcionando sin esos nombramientos.

Lo que ocurra con el recurso todavía está por verse. Lo que sí parece claro es que una discusión que durante meses estuvo atrapada entre votos, mociones y negociaciones legislativas ahora también terminó generando preguntas fuera de la Asamblea.

¿Qué opinás sobre este tema?

La discusión sobre los magistrados suplentes llegó a una nueva etapa y sigue generando preguntas entre distintos sectores del país.

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Toda crisis tiene una fecha de inicio.

O al menos eso parece.

Porque en política, la fecha en que comienza un problema suele cambiar dependiendo de quién esté contando la historia.

Claudia Dobles volvió a poner el tema de la seguridad sobre la mesa al afirmar que la administración Rodrigo Chaves dejó una crisis y que el aumento de los homicidios ocurrió durante ese gobierno y no durante los anteriores.

@noticiasacr 🚨🇨🇷 “¿Por qué no le estamos dando recursos al OIJ para combatir el crimen organizado?” Claudia Dobles, CAC PAC . . . #acrmundo #mundoacr #CostaRica #Seguridad #OIJ ♬ Comedy Corridor – Finley Reed

La afirmación encuentra respaldo en un dato difícil de ignorar.

Costa Rica cerró el 2023 con 907 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia nacional.

Nunca antes habían muerto tantas personas de forma violenta en un solo año.

Visto desde ahí, la historia parece clara.

Pero basta retroceder unos cuantos años para que la fotografía empiece a cambiar.

Porque los mismos registros oficiales muestran que la violencia no apareció de repente cuando Rodrigo Chaves llegó a Casa Presidencial.

En 2015 Costa Rica cruzó por primera vez el umbral que la Organización Mundial de la Salud considera epidémico en materia de homicidios.

En 2017 el país alcanzó entonces el récord histórico con 603 asesinatos.

Mucho antes de los 907 homicidios de 2023, el Organismo de Investigación Judicial ya advertía sobre ajustes de cuentas, disputas territoriales y una transformación del crimen organizado que comenzaba a sentirse en distintos puntos del país.

Y ahí es donde la conversación se vuelve más interesante.

Porque una cosa es identificar cuándo una crisis explota.

Y otra muy distinta es decidir cuándo comenzó a construirse.

Durante años Costa Rica discutió hacinamiento carcelario, infraestructura penitenciaria, regímenes semiinstitucionales, tobilleras electrónicas, recursos policiales y el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Algunas decisiones fueron impulsadas por distintos gobiernos.

Otras surgieron desde el Poder Judicial.

Otras respondieron a obligaciones legales relacionadas con derechos humanos y sobrepoblación penitenciaria.

Administración Solís Rivera (2014-2018) Se aprobó y comenzó a implementar la Ley 9271 sobre mecanismos electrónicos de seguimiento (brazaletes). Esta medida se diseñó como una alternativa para reducir el hacinamiento crítico, priorizando el descongestionamiento de los centros penales.

Administración Alvarado Quesada (2018-2022) Según logró la mayor reducción del hacinamiento en 20 años, pasando de una sobrepoblación del 43% en 2018 a un 5,8% en 2022. Presuntamente el gobierno de Alvarado dijo que esto se logró impulsando centros regionales y construyendo nueva infraestructura carcelaria, destacando el CAI Terrazas (con 1.200 nuevos espacios). La famosa cárcel de estereofon.

Sin embargo, cuando la discusión política llega al ciudadano, toda esa historia suele comprimirse en una fecha.

Y esa fecha cambia dependiendo de quién la esté contando.

Para algunos actores, la crisis comienza cuando los homicidios alcanzan niveles récord.

Para otros, la historia empieza varios años antes, cuando comenzaron a acumularse señales que hoy siguen formando parte del problema.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Cuando el foco apunta hacia la administración Chaves, la explicación suele concentrarse en el periodo donde las cifras explotaron.

Cuando aparecen preguntas sobre gobiernos anteriores, políticas penitenciarias, hacinamiento o decisiones institucionales tomadas años atrás, la historia se vuelve más larga y mucho más compleja.

La explosión tiene fecha.

El origen es otra discusión.

Y probablemente ahí se encuentra la parte más incómoda de todo este tema.

No quién gobernaba cuando el país alcanzó su peor cifra de homicidios.

Los números ya responden esa parte.

La pregunta pendiente es otra.

¿Estamos hablando del momento en que la crisis se volvió imposible de ignorar?

¿O estamos hablando del momento en que comenzaron a aparecer las condiciones que hicieron posible llegar hasta ahí?

Porque dependiendo de dónde se coloque ese punto de partida, también cambian los responsables, las explicaciones y las conclusiones.

Los 907 homicidios de 2023 existen.

Nadie los discute.

Lo que sigue sin resolverse es otra cosa.

Si la crisis empezó cuando las cifras explotaron o si empezó años antes, cuando las advertencias ya estaban sobre la mesa y pocos querían escucharlas.

Porque dependiendo de dónde se coloque esa fecha, también cambia la historia que se cuenta.

Y en política, a veces la batalla más importante no es por los hechos.

Es por el punto exacto donde empieza el relato.

¿Qué piensa usted? ¿La crisis de seguridad en Costa Rica comenzó cuando los homicidios alcanzaron niveles récord o mucho antes? Déjenos su opinión y siga a MUNDO ACR en nuestro canal de WhatsApp para recibir análisis, contexto y noticias que otros pasan por alto.

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