Chaves contra Arias: “O es ignorante o es mentiroso”

La disputa comenzó cuando Arias cuestionó la situación económica del país, argumentando que la realidad no concuerda con los datos presentados por el gobierno. En respuesta, Chaves acusó a Arias de distorsionar la información y lanzó declaraciones contundentes:

“¿Será que Arias es ignorante? Porque está contradiciendo al Fondo Monetario Internacional y al mismo INEC. ¿O será que es mentiroso? No hay otra opción.”

El mandatario afirmó que Arias no debería continuar como presidente del Congreso y sugirió que tampoco debería aspirar a la Presidencia de la República.

Caso Obando: “Asuma las consecuencias, amujerese”

Otro de los temas que abordó Chaves fue la cancelación de la visa estadounidense de la diputada Johana Obando. La legisladora responsabilizó al presidente por la revocación, lo que provocó una fuerte reacción de Chaves.

“Eso es una mentira más de esa señora. Está tratando de embarrar a todo el mundo en algo que es consecuencia de sus propios actos.”

El presidente insistió en que la diputada debía asumir las repercusiones de sus decisiones y calificó su actitud de irresponsable.

Chaves no nombrará ministro de la Presidencia hasta que Arias deje el Congreso

Chaves también aseguró que no designará un nuevo ministro de la Presidencia mientras Rodrigo Arias continúe liderando la Asamblea Legislativa.

“Poner a un ministro para dialogar con Arias es un desperdicio de recursos y tiempo.”

El mandatario criticó duramente al presidente del Congreso, acusándolo de manipular información y de obstaculizar el trabajo del gobierno.

Marcha contra el fiscal general

Finalmente, Chaves hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a una marcha el próximo 18 de marzo, en la que exigirá la renuncia del fiscal general Carlo Díaz. Según Chaves, Díaz está involucrado en una red de corrupción dentro del Poder Judicial.

“Cuando el pueblo ruge, los corruptos tiemblan.”

El presidente instó a los costarricenses a manifestarse pacíficamente y a exigir transparencia en el sistema judicial.

Las declaraciones de Chaves han intensificado el conflicto político en Costa Rica, generando reacciones encontradas. Mientras algunos respaldan su postura, otros lo acusan de polarizar aún más el país.

¿Hasta dónde llegará esta confrontación? El panorama sigue siendo incierto, y la tensión política parece lejos de calmarse.

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El nombramiento de Marta Eugenia Esquivel como ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán) ha generado fuertes críticas debido a las ocho causas penales que enfrenta. Este nombramiento no solo la posiciona en el Gabinete, sino que además le otorga inmunidad, según el artículo 121 de la Constitución Política.

A continuación, desglosamos los aspectos legales clave de su caso:

¿El nombramiento es legal?

De acuerdo con el abogado penalista Dennis Solano, el nombramiento de Esquivel es legal, pese a las medidas cautelares previas que la inhabilitaban parcialmente para ejercer ciertos cargos públicos.

“La resolución que impuso las medidas cautelares no especifica una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público. Por principio de legalidad, lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, explicó Solano.

¿Qué pasa con las causas penales?

El expediente contra Esquivel debe ser asumido por la Fiscalía General, la cual tiene la responsabilidad de formular una acusación o solicitar la desestimación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso incluye la “protocolización de piezas” judiciales.

¿Es posible levantarle la inmunidad?

Sí, el procedimiento está claramente definido:

1. La Fiscalía puede solicitar a la Sala Tercera que determine si hay elementos suficientes para levantar la inmunidad.
2. Si la Sala Tercera lo considera necesario, se remite la solicitud a la Asamblea Legislativa, donde se requiere el voto favorable de 38 diputados.
3. Si la inmunidad es levantada, el caso regresa a la Sala Tercera para un eventual juicio.

Si la Asamblea no accede, el proceso queda suspendido hasta que Esquivel deje el cargo.

¿Qué ocurre con las medidas cautelares?

Las medidas cautelares previas al nombramiento de Esquivel, como la suspensión de su cargo en la CCSS y la prohibición de influir en testigos o procesos administrativos, se mantienen. No obstante, su inmunidad como ministra impide que estas medidas avancen en ciertos aspectos judiciales.

El caso Barrenador y otros investigados

Mientras el caso de Esquivel se encuentra en pausa debido a su inmunidad, los otros implicados en el caso Barrenador continúan siendo investigados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El expediente, identificado como 24-000267-1218-PE, incluye acusaciones por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

¿Qué pasa con los salarios no devueltos?

Marta Esquivel tampoco ha devuelto más de ¢24 millones pagados de manera indebida durante su administración en la CCSS. Este cobro sigue un proceso administrativo que, según los expertos, no debería verse afectado por su inmunidad como ministra.

El caso de Marta Esquivel pone de relieve las complejidades legales y políticas de los nombramientos en el Gabinete. Aunque su designación es legal, las críticas persisten, y el futuro de las causas penales depende del desarrollo de las investigaciones y posibles acciones legislativas.

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Según Guillén, la experiencia de América Latina demuestra que las privatizaciones de activos estratégicos suelen estar asociadas con corrupción, ventas subvaloradas y afectaciones a largo plazo para los ciudadanos.

“La venta del BCR tendría graves consecuencias fiscales y sociales. En este momento crítico, comprometería las finanzas públicas al generar obligaciones de largo plazo para el Ministerio de Hacienda”, aseguró Guillén.

Impactos previstos

Guillén señaló que el debilitamiento de pilares fundamentales del Estado sería uno de los efectos más graves de esta medida. Entre estos destaca el régimen de pensiones de la CCSS (IVM) y los fondos destinados a becas para estudiantes de bajos recursos. Además, explicó que el Banco de Costa Rica es un motor clave para el desarrollo de cooperativas y pequeñas empresas.

“Venderlo no solo significa perder una fuente estable de ingresos para el Estado, sino también renunciar a la capacidad de implementar políticas públicas que promuevan la equidad y el progreso”, agregó.

La posición de Liberación Nacional

El PLN sostiene que no es necesario desmantelar activos estratégicos del Estado para atender las necesidades fiscales del país. Guillén insistió en la importancia de una reforma coherente y responsable del aparato estatal, criticando la falta de acción del actual Gobierno en este sentido.

“Vender el Banco de Costa Rica no es una solución, es un retroceso. Costa Rica merece un liderazgo que piense en el futuro y no actúe por impulso o interés político”, concluyó Guillén.

Un llamado al diálogo

El PLN reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para construir propuestas que modernicen las instituciones y fortalezcan su eficiencia, siempre en beneficio de los costarricenses.

Mientras tanto, el debate sobre la posible venta del BCR promete seguir siendo un tema central en la política nacional.

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