En un video publicado en redes sociales, Sandí afirmó que la denuncia se presentó hace meses y que recientemente fue acumulada junto con cerca de 15 denuncias más por situaciones “muy similares” contra el mandatario.

La abogada explicó que la actuación del TSE está autorizada legítimamente por el artículo 270 del Código Electoral y aseguró que el presidente debe responder por sus acciones como cualquier ciudadano.

“Si él infringe la ley, siendo el primer ciudadano costarricense que debería respetar la ley y dar el ejemplo, pues no vengan ahora a quejarse y a responsabilizar a otros. Asuman sus consecuencias“, declaró Sandí.

El llamado a la renuncia y el ataque al TSE

Sandí y Ramírez cuestionaron las reacciones de legisladores oficialistas ante la admisión de las denuncias, luego de que una diputada afirmara que el proceso era equiparable a un “golpe de Estado”.

Ramírez subrayó que las denuncias son una defensa de la democracia y que, ante el supuesto llamado a la “sedición” y la “violencia”, la diputada Pilar Cisneros debería renunciar a su cargo.

“Aquí hay democracia, aquí hay libertad, aquí hay leyes y nadie está por encima de la ley. Ni siquiera ustedes que se creen que están por encima de todo el mundo. Haga el favor, sea consecuente”, enfatizó Sandí.

Las denunciantes mencionaron que el presidente Chaves no ha negado las manifestaciones sobre su supuesta intención de ser ministro de la Presidencia en un futuro, lo cual ellas consideran también un acto de beligerancia política.

El TSE solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves para continuar con el trámite de las denuncias.

Los antecedentes de las denunciantes

No es la primera vez que Sandí y Ramírez interponen o se involucran en acciones legales por temas de beligerancia política y denuncias ciudadanas.

• Sonia Sandí: La abogada estuvo involucrada en una denuncia anterior contra el presidente Chaves por el presunto delito de instigación pública a la rebelión, presentada por la diputada Johana Obando y el Frente Amplio (FA).

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⚖️ Diputada Johana Obando explica denuncia contra Rodrigo Chaves por instigación pública a la rebelión, junto con la abogada Sonia Sandí. 📌 Haga clic en el enlace de nuestra biografía para leer más. #LaNación #PolíticaCR #AsambleaLegislativa #DerechoPenal

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• Rocío Ramírez: La dirigente del Foro Nacional de la Vivienda increpó recientemente a la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, en una actividad en Puntarenas, achacándole también una supuesta beligerancia política.

Ramírez explicó en ese momento que la presencia de la candidata en una actividad oficial, mientras el foro protestaba por el incumplimiento de acuerdos de vivienda, era una forma de usar recursos públicos para campaña política.

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La funcionaria calificó la sanción de “desmedida” y las imputaciones como “infundadas”. Según Chacón, continuará su defensa para demostrar que las decisiones adoptadas en el periodo investigado no contravienen las normativas de contratación administrativa.

Investigación y sanciones

La CGR abrió la investigación en 2023 y determinó, en mayo de 2024, que Chacón, junto con otros cuatro funcionarios, incumplió regulaciones en dos contrataciones directas. Estas fueron otorgadas sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, contraviniendo la Ley de Contratación Administrativa y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los procedimientos cuestionados incluyen:

1. La adjudicación al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones para evaluar una denuncia contra el auditor general del INS.
2. La contratación de José Paulino Hernández por ¢16 millones para continuar con la investigación.

Ambas contrataciones omitieron procesos de concurso público y carecían de estudios de costo-beneficio.

Reacciones de los involucrados

La CGR señaló que Chacón firmó documentos que promovieron las contrataciones sin la debida justificación técnica. Además, enfatizó que estas decisiones afectaron la transparencia en el uso de recursos públicos.

Junto con Chacón, también fueron sancionados el expresidente ejecutivo Gabriel Pérez Salguera, los encargados de la Unidad de Contratación Directa Carlos Gamboa y Carmen González, y la subjefa de Proveeduría Katherine Phillips.

Un caso que sigue generando controversia

Chacón asumió la presidencia del INS en mayo de 2024 tras la destitución de Mónica Araya por parte del presidente Rodrigo Chaves. Desde entonces, ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su gestión anterior.

La CGR notificó al INS la ejecución de las sanciones, pero Chacón insiste en que estas son desproporcionadas y continuará su defensa legal.

Reflexión final

El caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de velar por el cumplimiento de las normativas en la contratación de servicios. El resultado de este proceso será clave para establecer precedentes sobre cómo se abordan irregularidades administrativas en Costa Rica.

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