Figueres, excandidato presidencial en 2022, aseguró en su misiva a Miguel Guillén (secretario general del PLN) que el partido necesitará “al menos dos gobiernos consecutivos” para recuperar la confianza y “rectificar el rumbo perdido”.

La tarea pendiente: Liderazgo ambiental y tecnología

Figueres indicó que la principal tarea de la agrupación es transformar la democracia en un sistema más útil, moderno y transparente que responda a las necesidades de la sociedad.

Para el exmandatario, el camino hacia la modernización pasa por la tecnología:

“La incorporación de tecnología e inteligencia artificial como herramientas de progreso pueden ser potentes catalizadores de transformación social y económica, a la vez que reducen tramitología y burocracia”, comunicó Figueres.

Adicionalmente, subrayó que es urgente retomar el liderazgo ambiental. Exigió que el PLN asuma con valentía la tarea de guiar al país hacia un modelo de desarrollo sostenible, que prepare a Costa Rica para enfrentar el cambio climático.

Las críticas se acumulan: El llamado a “enderezar las velas”

La carta de Figueres reitera las demandas de Óscar Arias, quien también se ausentó de la celebración y fue aún más directo sobre la necesidad de dirección.

Arias expresó en su mensaje que la agrupación debe “enderezar las velas” para volver a gobernar y advirtió a la dirigencia de no caer en el conformismo de pensar que el pueblo los apoyará “ciegamente”.

El expresidente en dos ocasiones destacó un punto enigmático en su carta: un llamado a “los tres Álvaros”.

• La prensa y analistas suponen que dos de ellos son Álvaro Ramos (candidato presidencial) y Álvaro Ramírez (jefe de campaña).
• Arias agregó que el actual candidato debe contagiar de “espíritu, sueños, ideales, música y poesía” a todo el país, como el PLN que lo hizo dos veces presidente de la República.

Ambos mensajes de los expresidentes cuestionan abiertamente si la agrupación está haciendo “todo lo posible” para alcanzar la victoria en las próximas elecciones.

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La misiva, dirigida a Miguel Guillén (Secretario General del PLN), aborda el desafío que enfrenta la agrupación ante el aumento del populismo en la política nacional.

Un llamado a la esperanza y al liderazgo

Arias expresó que el aniversario del PLN es un “acto histórico y trascendente” que demuestra “voluntad y valentía” por mantenerse como el partido más antiguo del país.

El expresidente recordó los logros atribuidos al PLN en los últimos 74 años: desde la abolición del ejército y el voto femenino, hasta la pacificación de Centroamérica y el inicio del auge del turismo y la inversión extranjera.

Sin embargo, se refirió a la preocupación actual por el panorama político nacional:

“En esta época de incertidumbre y desasosiego, cuando vemos con preocupación el aumento del populismo, el autoritarismo, los discursos antisistema, la demagogia y la mentira convertida en ideología, Liberación Nacional tiene la obligación de mostrar nuevamente las banderas de la ilusión y la esperanza”, afirmó Arias.

La exigencia de no caer en el conformismo

El exmandatario indicó que los más altos dirigentes de los órganos del partido deben recordar su responsabilidad ante el pueblo.

Arias declaró que no les dirá a los líderes dónde poner el siguiente paso, pero sí mencionó las “condiciones esenciales” para que el partido avance: liderazgo y con rumbo.

Advirtió a la dirigencia que debe tener cuidado de no caer en el conformismo de pensar que el pueblo apoyará ciegamente al PLN sin recibir garantías de que “llegarán con certeza al destino prometido”.

“No les pido que cambien la dirección del viento. Solo les pido que enderecen las velas“, concluyó Arias en su carta, utilizando la metáfora náutica como un fuerte llamado a la corrección de rumbo.

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El discurso de campaña de la candidata presidencial Natalia Díaz resuena con un sector de la población frustrado por la burocracia, los impuestos y la complejidad de emprender en Costa Rica. Su mensaje, directo y empático, afirma que “el que quiere trabajar tiene que sobrevivir al Estado” y que, desde la presidencia, se puede “quitar el Estado de encima”. A primera vista, la propuesta parece una solución simple y efectiva. Sin embargo, un examen profundo de estas declaraciones revela que estamos ante un discurso políticamente efectivo que, al ser contrastado con la realidad del sistema costarricense, carece de un plan de acción viable para el emprendedor costarricense.

El objetivo de este análisis es ofrecer al ciudadano los argumentos sólidos necesarios para que pueda juzgar esta propuesta más allá del sentimiento que evoca en muchos costarricenses que quieren avanzar.

Propuesta vacía.

La candidata comienza su mensaje con un punto innegable: las trabas para emprender son una realidad en Costa Rica. Su referencia a la posición del país en índices globales de emprendimiento valida la queja de miles de pequeños y medianos empresarios. Es un hecho que la burocracia es lenta, los impuestos son complejos y el acceso al financiamiento es a menudo una odisea.

El problema reside en que, tras identificar el dolor de la ciudadanía, la candidata promete una solución que no se puede aplicar con la facilidad que sugiere. Su afirmación de que “desde la presidencia, se puede, sin excusas” ignora el pilar fundamental de nuestra democracia: la separación de poderes. Un presidente no es un monarca con el poder de cambiar leyes con un simple decreto.

El sistema costarricense, regido por la Constitución Política de 1949, distribuye el poder en tres ramas. El Poder Ejecutivo, que ella aspiraría a liderar, tiene la función de administrar el país y proponer leyes, no de aprobarlas. Esta labor recae en el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, donde se requiere de un proceso de debate y aprobación. Ignorar esta realidad es no comprender la base misma de la gobernabilidad democrática o, lo que es más probable, subestimar la inteligencia del electorado.

Las promesas de la candidata, al ser analizadas bajo la luz de las leyes y la realidad política, se desmoronan por su falta de sustento.

Burocracia y Trámites: Un Laberinto Legal

La burocracia no es un enemigo sin rostro que una orden presidencial pueda derrotar. Cada trámite, permiso y requisito está amparado en una o varias leyes y reglamentos que han sido creados y aprobados a lo largo de décadas. Simplificar estos procesos requeriría la derogación o modificación de un sinnúmero de normas en entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las municipalidades. Un presidente no puede simplemente dictar estos cambios; debe negociarlos con cada institución y, en muchos casos, con los diputados del Congreso. Prometer un “camino sin trabas” sin un plan claro para estas reformas es una afirmación vacía.

Impuestos justos.

La promesa de “impuestos justos” es, por naturaleza, subjetiva y políticamente peligrosa. ¿Se refiere a bajar los impuestos? ¿A simplificar el sistema de declaración? ¿A eliminar ciertos tributos? Cualquier cambio en el sistema fiscal de Costa Rica, desde la reducción de tasas hasta la introducción de nuevas exenciones, debe ser formalizado en una ley de la República. Esto implica un complejo y a menudo conflictivo proceso de negociación con las fracciones políticas en el Congreso. Un presidente que carece de una mayoría legislativa o de la habilidad para negociar se encontraría con sus manos atadas.

El video de la candidata es un manual de marketing político. El Marketing al desnudo, la seducción del discurso simple. Se enfoca en un problema real y presenta una solución que es más una emoción que un plan. Es un ejemplo de populismo pragmático, donde el político se presenta como un “outsider” que entiende a la gente común y que, con su “voluntad”, puede superar cualquier obstáculo. Su afirmación de “yo vengo de ahí, he sido emprendedora” es un recurso retórico para generar confianza, pero la administración de un país es infinitamente más compleja que la de un negocio.

La propuesta de la candidata se basa en la idea de que un solo líder, con la suficiente determinación, puede vencer la inercia del Estado. Esta narrativa es peligrosa porque desvía la atención del verdadero problema: la necesidad de construir consensos políticos, de negociar con la oposición y de respetar el funcionamiento del sistema democrático.

La propuesta de Natalia Díaz es un reflejo de lo que el electorado desea escuchar, pero carece de un plan de acción viable. Es un mensaje que se vende como una solución, pero que, al ser analizado a fondo, se revela como un mero eslogan de campaña. La ciudadanía, para tomar una decisión informada, debe exigir más que promesas. Debemos demandar que los candidatos expliquen, con lujo de detalle y con base en la realidad de las leyes, cómo pretenden lograr lo que prometen. Los costarricenses han abierto los ojos y ahora quieren más, que propuestas y promesas de un candidato sin decir el como van a lograrlo.

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El debate sobre la seguridad pública en Costa Rica se ha vuelto un terreno fértil para el marketing político, donde las soluciones prometidas a menudo colisionan de manera violenta con la realidad jurídica e institucional del país. Un análisis profundo de las recientes declaraciones del candidato Ariel Robles revela una propuesta que, si bien resuena con la angustia ciudadana, carece de la viabilidad necesaria para ser implementada en un Estado de derecho. Este artículo, elaborado desde la óptica de especialistas en seguridad, derecho, y análisis político, desmantela la narrativa y expone las razones por las cuales estas promesas son un eslogan electoral, no un plan de gobierno.

1. La Declaración de “Emergencia”: El Uso Retórico de un Instrumento Legal

La propuesta de declarar la inseguridad como una “emergencia nacional” es, desde el punto de vista del marketing político, una jugada magistral que comunica una acción inmediata y decidida. Sin embargo, su factibilidad jurídica es prácticamente nula. En Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley No. 8488) define con precisión los eventos que califican para tal declaratoria: desastres naturales, catástrofes, calamidades públicas o situaciones de fuerza mayor que sobrepasan la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

La crisis de seguridad, aunque grave, no se ajusta a estos presupuestos legales. Intentar forzar una declaratoria de este tipo para fines de seguridad pública sería una extralimitación del Poder Ejecutivo que sería inmediatamente impugnada y anulada por la Sala Constitucional. Esta no es una hipótesis, es una garantía constitucional del sistema de pesos y contrapesos.

Adicionalmente, la promesa de “girar los recursos” es un desconocimiento de la Ley de Presupuesto Nacional. La reasignación de fondos de un ministerio a otro no es un acto discrecional del presidente. Requiere un complejo y prolongado proceso legislativo, lo que contradice la idea de una solución “de emergencia”. La compra de equipamiento para la Fuerza Pública, aunque indispensable, se rige por la Ley de Contratación Pública (Ley No. 9986), un marco legal diseñado para garantizar la transparencia que, por su naturaleza, no permite la inmediatez que el discurso pretende. En esta área, la solución no es un decreto, sino una gestión presupuestaria y legislativa diligente.

2. Devolver a la Policía a los Territorios: Una Visión Anacrónica del Crimen Organizado

La idea de que los cuerpos policiales deben “devolver a los territorios a nuestros cuerpos policiales” apela a un modelo de policía de proximidad que, si bien es valioso para la prevención del delito común, es completamente ineficaz contra la amenaza actual. El crimen organizado y el narcotráfico no respetan jurisdicciones cantonales o fronteras administrativas. Operan en red, utilizando tecnologías de comunicación, rutas internacionales y complejas estructuras de lavado de dinero.

Reducir la estrategia de seguridad a una simple presencia policial en parques o barrios es ignorar la complejidad de esta amenaza. La eficacia del combate al narcotráfico radica en la acción especializada de unidades como el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), la Policía de Control de Drogas (P.C.D.) y la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.), que operan con inteligencia, infiltración y coordinación a nivel nacional e internacional. La propuesta del candidato es una simplificación peligrosa que descuida la verdadera naturaleza del problema.

3. La “Mano Dura”: El Límite Constitucional de la División de Poderes

La más audaz y, a la vez, más insostenible de las promesas es la de “mano dura contra los líderes del narco” y la implantación de medidas contra funcionarios corruptos. Esta declaración ignora el pilar fundamental del sistema democrático costarricense: la división de poderes.

El Poder Ejecutivo (al que el candidato aspira) no puede “implantar medidas” contra individuos. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial, que a través del Ministerio Público, el O.I.J. y los jueces, investiga, acusa y sentencia, siempre bajo el amparo del debido proceso y la presunción de inocencia. Un gobierno que intente saltarse estos controles constitucionales para aplicar una “mano dura” sin sustento legal no sería un gobierno fuerte, sino un gobierno inconstitucional que vería sus acciones bloqueadas por la Sala Constitucional y las cortes internacionales.

La persecución de funcionarios públicos que colaboran con el crimen organizado no es una medida nueva; es una función que ya se lleva a cabo dentro del marco de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Afirmar que se “implantarán medidas” es, en el mejor de los casos, un desconocimiento del sistema legal y, en el peor, una promesa populista de tomar un poder que no le corresponde.

La Inconsistencia entre el Discurso y la Gobernabilidad

Las promesas de Ariel Robles son, en esencia, un conjunto de soluciones simplistas para problemas sistémicos. Son atractivas porque ofrecen una respuesta inmediata a la frustración. Sin embargo, al ser examinadas bajo la lupa del derecho, las finanzas públicas y la estrategia de seguridad, se desmoronan por su falta de viabilidad. La verdadera fortaleza de una democracia como la costarricense radica en sus leyes y sus instituciones, no en la voluntad personal de un gobernante. El ciudadano debe exigir no solo promesas, sino planes de acción concretos y legalmente sostenibles, que demuestren un entendimiento profundo del Estado y sus limitaciones. La seguridad es un tema demasiado serio para ser reducido a un eslogan de campaña.

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