La entrevista que el expresidente Luis Guillermo Solís concedió a CNN horas antes del cambio de mando presidencial dejó algo más grande que una simple crítica política al nuevo gobierno.

Dejó una narrativa internacional completa sobre hacia dónde, según su visión, podría dirigirse Costa Rica.

Y todo comenzó con una palabra poco común en la tradición democrática costarricense:
“régimen”.

“La gente quiso una continuación del régimen de Chávez”, afirmó Solís durante la entrevista.

La frase no pasó desapercibida.

En Costa Rica, históricamente el lenguaje político suele hablar de: “gobierno”, “administración” u “oficialismo”.

Pero el término “régimen” tiene una carga política muchísimo más fuerte, especialmente cuando se utiliza en escenarios internacionales.

En América Latina, esa palabra suele asociarse psicológicamente con, concentración de poder, erosión institucional, liderazgos dominantes o modelos políticos que generan preocupación democrática.

Y la entrevista avanzó precisamente en esa dirección.

A lo largo de la conversación, Solís describió un escenario donde Rodrigo Chaves mantendría una influencia inédita dentro del nuevo gobierno de Laura Fernández, como ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda, coordinador económico y principal enlace político con la Asamblea Legislativa.

Después vino otra frase que elevó todavía más el tono de la conversación.

“Se va a convertir en un virtual primer ministro que no hemos tenido en otros momentos de la historia del país”, dijo el exmandatario.

A partir de ahí, la entrevista comenzó a construir un marco político mucho más amplio.

Solís habló de: control del Ejecutivo, influencia legislativa, una supuesta intención de “tomarse el Poder Judicial” y un modelo político cercano al estilo Bukele.

Incluso afirmó que “analistas están viendo” señales de consolidación política similares a fenómenos observados en otros países de la región.

Ese detalle también es clave.

Porque frases como, “los analistas están viendo” permiten introducir interpretaciones muy fuertes sin presentarlas necesariamente como afirmaciones absolutas o hechos concluyentes.

Y ahí es donde la discusión cambia completamente de nivel.

Porque cuando palabras como, “régimen”, “Bukele”, “control institucional” o “tomarse el Poder Judicial” salen desde CNN y son pronunciadas por un expresidente de Costa Rica, el impacto ya no se queda dentro de la política local.

La imagen internacional del país también empieza a moverse.

Más aún porque CNN abrió la entrevista hablando sobre, las visas revocadas a miembros de la Junta Directiva de La Nación, las tensiones con la prensa y el debate sobre libertad de expresión en Costa Rica.

Es decir, distintos elementos terminaron agrupados dentro de un mismo relato internacional, prensa, poder, continuidad política, visas, Bukele, Trump, instituciones y democracia.

Y eso tiene un peso enorme cuando el mensaje sale desde una cadena internacional y además es impulsado por la voz de un expresidente.

Sin embargo, también aparece otra pregunta inevitable.

¿Hasta qué punto el lenguaje utilizado en escenarios internacionales puede proyectar hacia el exterior una imagen de Costa Rica más cercana a modelos regionales de deterioro democrático que a la realidad institucional actual del país?

Porque, hasta este momento, Costa Rica sigue teniendo: elecciones libres, oposición activa, prensa crítica, Sala Constitucional, Poder Judicial independiente y alternancia democrática.

Eso no elimina los debates políticos reales que existen alrededor del nuevo gobierno ni las preocupaciones que distintos sectores puedan tener sobre concentración de poder o estilo político.

Pero sí abre una discusión mucho más delicada, la diferencia entre advertir riesgos democráticos y presentar internacionalmente al país dentro de marcos narrativos históricamente asociados a contextos latinoamericanos mucho más extremos.

Y ahí es donde la entrevista de Solís dejó una señal poderosa.

Porque más allá de la política local, el verdadero debate parece empezar en otro lugar: cómo se está construyendo la imagen democrática internacional de Costa Rica en esta nueva etapa política.

Porque cuando un expresidente habla de “régimen”, concentración de poder y modelos regionales como Bukele frente a una audiencia internacional, el impacto ya no queda únicamente en el debate interno.

También empieza a moldear cómo Costa Rica será observada desde afuera en los próximos años.

Porque cuando la política costarricense empieza a narrarse fuera del país, cada palabra pesa más.

En MUNDO ACR no solo informamos, leemos el contexto, el poder y las señales detrás del discurso.

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Alejandro Rivas Montoya es analista independiente en seguridad regional y política latinoamericana, consultor para organismos multilaterales y ex asesor en proyectos relacionados con gobernanza y seguridad para el BID y la OEA.

En las últimas semanas, medios internacionales como Bloomberg han publicado reportajes que relacionan a Costa Rica con escenarios de violencia extrema similares a los de Ecuador, sugiriendo que Costa Rica podría estar camino a convertirse en un “narcoestado”. Este tipo de afirmaciones, basadas en comparaciones simplistas y alarmistas, no solo distorsionan la realidad sino que también ponen en riesgo la estabilidad social, económica y política de Costa Rica.

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, figura central de estas publicaciones, ha emitido advertencias que merecen ser analizadas con detenimiento y en contexto. Si bien Vigil tiene una trayectoria reconocida en el combate al narcotráfico, no está exento de cuestionamientos sobre su objetividad, debido a vínculos pasados con medios y agencias que han sido señaladas por sesgos en sus informes. Además, su enfoque en la región ha sido criticado en ocasiones por presentar visiones parciales que alimentan narrativas interesadas, sin considerar factores locales complejos y dinámicas sociales propias de cada país.

📎 Mike Vigil: voz autorizada, pero no infalible

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, ha sido una figura influyente en los análisis sobre narcotráfico en América Latina. Sin embargo, no puede ignorarse que Vigil se ha visto envuelto en críticas por declaraciones polémicas en otros países, incluyendo Honduras, donde fue acusado por abogados defensores de violar derechos procesales de un expresidente al emitir juicios públicos sin respaldo legal.

Además, Vigil ya no forma parte activa de la DEA y no tiene acceso privilegiado a información clasificada actual. Por tanto, aunque su opinión es valiosa, no debe ser tomada como una sentencia incuestionable ni como el diagnóstico oficial de los Estados Unidos.

📉 Comparar a Costa Rica con Ecuador: una narrativa forzada

Costa Rica cerró el 2024 con una tasa de 880 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Ecuador alcanzó 38,76, más del doble. Si bien es cierto que Costa Rica ha experimentado un aumento en los índices de criminalidad, especialmente en zonas costeras y fronterizas, comparar esta situación con la de Ecuador sin considerar factores estructurales, geopolíticos y socioculturales es simplista y metodológicamente incorrecto.

Ecuador experimentó un colapso institucional en sectores claves como el sistema penitenciario, el aparato judicial y los mecanismos de inteligencia del Estado. Costa Rica, aunque enfrenta retos, conserva instituciones democráticas sólidas, un Poder Judicial independiente, una prensa libre y una sociedad civil activa, todos factores que históricamente han funcionado como barreras estructurales contra el avance del crimen organizado al estilo narcoestado.

Por otro lado, es fundamental mencionar que en Costa Rica existen medios tradicionales que, en medio de una polarización política creciente, han adoptado posturas que parecen responder más a intereses de venganza política y a la disputa por la pauta estatal que a un verdadero compromiso con la información objetiva. Esta situación genera una cobertura que exagera problemas reales, alimenta el miedo y perjudica la imagen del país a nivel internacional. Esta actitud no solo daña la credibilidad de dichos medios, sino que también afecta la economía nacional, en sectores clave como el turismo y la inversión extranjera.

La narrativa que coloca a Costa Rica al borde de un colapso narcoestatal ignora la fortaleza institucional y el compromiso de las fuerzas de seguridad y el gobierno para enfrentar el crimen organizado. Aunque el narcotráfico es un reto que no podemos minimizar, la realidad muestra que Costa Rica mantiene una tasa de homicidios menor que otros países con crisis de violencia mucho más profundas. Compararnos directamente con Ecuador, donde la violencia alcanzó niveles alarmantes, es una simplificación que distorsiona la situación.

Como analista independiente en seguridad y política latinoamericana, con experiencia como consultor para organismos multilaterales y exasesor en proyectos para el BID y la OEA, puedo afirmar que el debate público merece análisis serios y responsables. Los discursos alarmistas, especialmente cuando se sustentan en fuentes con cuestionamientos de parcialidad y en medios con agendas políticas, no contribuyen a soluciones ni a la tranquilidad social.

Hago un llamado a los medios nacionales e internacionales a ejercer su labor con rigor y ética, evitando caer en sensacionalismos que solo sirven a intereses particulares y dañan la cohesión social y la imagen de Costa Rica. La seguridad y el desarrollo sostenible requieren comunicación basada en datos sólidos, diálogo constructivo y apoyo a las instituciones democráticas.

Costa Rica merece respeto y objetividad en su tratamiento informativo, porque de ello depende su futuro y el bienestar de su población. No permitamos que la desinformación y las agendas políticas divididas pongan en riesgo la estabilidad que con tanto esfuerzo han construido y su compromiso con la legalidad.

El Ministerio de Seguridad Pública, con apoyo de organismos internacionales, ha intensificado la incautación de drogas, el desmantelamiento de estructuras locales y el fortalecimiento de la inteligencia. También se han identificado estructuras delictivas, precisamente porque hay capacidad institucional para mapearlas y combatirlas, a diferencia de contextos donde el Estado ha sido cooptado.

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