El magistrado Jorge Leiva, a cargo del dictamen principal, explicó que la principal inquietud se centra en la posibilidad de que la regulación limite la división de poderes.

Potestades de la Procuraduría generan disconformidad

Una de las disconformidades más profundas se relaciona con las facultades que el proyecto otorgaría a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República.

Los magistrados advirtieron que la PEP podría ordenar a cualquier alto juez —titular o suplente— “inhibirse de un asunto que ella considere que debe apartarse” o incluso instruirle abstenerse de conocer un caso.

“Esto es preocupante porque estamos ante un tema de división de poderes. Imagínense ustedes que un órgano del Poder Ejecutivo pueda determinar cuándo los magistrados podemos conocer un asunto o no”, declaró el magistrado Leiva.

Amplitud del concepto de lobby

La Corte dividió sus observaciones en tres ejes principales, incluyendo la amplitud de la definición de lobby y la obligatoriedad de mantener agendas públicas.

Los magistrados señalaron que el concepto de lobby en el proyecto resulta demasiado amplio y queda sujeto a “interpretaciones discrecionales”. También cuestionaron el alcance de la regulación a contactos realizados por medios electrónicos como correo electrónico o WhatsApp.

La Corte advirtió además sobre posibles conflictos para los magistrados suplentes que provienen del litigio privado, quienes podrían verse señalados por supuestos roces bajo esta ley.

Restricciones a las puertas giratorias

El proyecto de ley busca establecer restricciones conocidas como “puertas giratorias” para altos cargos públicos, como ministros, magistrados, fiscales y presidentes ejecutivos.

La iniciativa impone un veto de tres años, luego de que salgan del cargo, para trabajar en entidades privadas que estén dentro del ámbito de competencias o supervisión que ocupaban. También se establece la obligatoriedad de un Registro de Agenda Pública para las reuniones y viajes de los funcionarios.

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Janekeith Durán, un reconocido internacionalista y activista por los derechos humanos, especialmente en temas LGTBIQ+, quien anteriormente fue candidato a vocal 2 de la junta directiva 2014-2015 de Fuerza Verde PLN. Fue electo como presidente del Comité Ejecutivo Superior del Partido Vamos.

El partido Vamos de corte progresista, participó por primera vez en las elecciones de 2018 como partido político provincial por San José.

Vamos fue fundado por movimientos sociales y activistas pro-derechos humanos, y entre otros temas proponen: legalización del cannabis, acceso al aborto terapéutico y reforma a la Constitución para implementar el Estado laico. Además participaron en la lucha por el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Denuncia ante la Procuraduría por Decisiones en el Banco Nacional.

Durán ha presentado una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). El motivo son las decisiones del Gobierno respecto a la Junta Directiva del Banco Nacional.
La denuncia se centra en la destitución de la anterior Junta Directiva del Banco Nacional y el nombramiento de una nueva cúpula. Esta acción va dirigida directamente al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, al vicepresidente, Stephan Brunner, y a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional.

La investigación solicitada busca determinar si hubo posibles faltas al deber de probidad, fraude de Ley, violación al deber de probidad, y conflictos de intereses, entre otras irregularidades.

José Miguel Villalobos, abogado del Presidente Chaves, reaccionó a esta nueva denuncia.

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