¿Beneficio para los costarricenses o para los grandes poderes?

En el complejo tablero de la economía costarricense, el tipo de cambio del dólar es una variable que afecta a cada ciudadano. Ante la caída del dólar, Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), ha declarado que el tipo de cambio debería estar “bastante más arriba”, argumentando que esta medida beneficiaría a sectores clave como el exportador y el turismo. Sin embargo, un análisis riguroso y libre de tintes políticos revela que esta promesa es una falacia económica que, de aplicarse, no traería prosperidad general, sino que encarecería la vida de la inmensa mayoría de la población para favorecer a un sector minoritario.

1. El verdadero beneficiario: una estrategia para pocos

La propuesta de Ramos se presenta como una solución para “mantener la viabilidad del productor local” y reactivar la economía. En esencia, un tipo de cambio más alto significa que las empresas que reciben sus ingresos en dólares (exportadores, el sector turismo) obtienen más colones por cada dólar, aumentando sus ganancias. Esto, en principio, podría favorecer su competitividad.

Sin embargo, esta aparente solución es un beneficio concentrado en unos pocos. El 90% de los costarricenses recibe sus ingresos en colones. Un aumento en el tipo de cambio no solo no beneficia a la gran mayoría de la población, sino que la expone a un riesgo económico severo.

2. El costo silenciado: La carga para la mayoría

La propuesta de Ramos omite intencionalmente las devastadoras consecuencias para el ciudadano común que no vive de las exportaciones o el turismo:

• Pérdida de poder adquisitivo: Costa Rica es un país altamente dependiente de las importaciones. Un dólar más caro encarecería de inmediato productos básicos como alimentos (arroz, frijoles, harina), combustibles, productos de tecnología y medicamentos. Esto dispararía la inflación y, en la práctica, reduciría el salario real de todos los que ganan en colones.
• Encarecimiento de la deuda: Una porción significativa de las deudas de los costarricenses (hipotecas, préstamos de vehículos, tarjetas de crédito) está en dólares. Un aumento en el tipo de cambio obligaría a estas familias a destinar una mayor cantidad de sus salarios en colones para pagar la misma deuda, aumentando el riesgo de incumplimiento y empujando a la gente a la pobreza.

3. La mala gestión vs. la protección económica

Ramos califica de “mala gestión” las decisiones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que llevaron a la baja del dólar. Esta afirmación carece de un fundamento serio y es un intento de politizar una decisión técnica.

La realidad es que la baja del dólar no fue un “sesgo” político, sino el resultado directo de una política monetaria responsable y necesaria. Ante la escalada de la inflación global, el BCCR actuó con determinación para proteger a la economía. Las acciones tomadas, como el aumento de la Tasa de Política Monetaria, tenían un objetivo claro y por mandato legal: mantener la estabilidad de los precios. Estas medidas evitaron que la inflación se descontrolara, salvaguardando el poder adquisitivo de todos los costarricenses, no solo de un sector. Culpar a una “mala gestión” de una medida que protegió a la mayoría es un intento de reescribir la historia macroeconómica reciente.

Un espejismo de prosperidad con un costo masivo.

La propuesta de Álvaro Ramos de buscar un tipo de cambio más alto es un claro ejemplo de un espejismo de prosperidad. Se presenta como una solución para los problemas económicos del país, pero en realidad es una política regresiva que beneficia a un sector de la economía (exportadores, turismo) a costa de la inmensa mayoría de la población.

Un tipo de cambio más alto no es un camino hacia la prosperidad para todos. Es una medida que concentra las ganancias en unos pocos y socializa los costos a través de una inflación más alta y deudas más caras para los ciudadanos comunes.

El votante costarricense debe entender que detrás de esta promesa, que parece simple y atractiva, se esconde una falacia económica que podría tener un impacto devastador en sus bolsillos.

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Figueres, quien también fue candidato presidencial en 2022, estima que este monto es superior al valor de mercado de la mayoría de los vehículos de esa edad. Destaca que esta medida beneficiaría a personas de menores recursos, quienes suelen poseer estos automóviles.

Para calificar al programa, el vehículo debe tener más de 20 años de antigüedad, estar inscrito a nombre del mismo dueño por al menos los últimos dos años, y haber aprobado la inspección técnica vehicular.

Sin embargo, el mercado actual de vehículos usados muestra que modelos de los años 2002, 2003 o 2004 pueden encontrarse en precios que oscilan entre ¢1.3 millones y ¢1.5 millones o más, dependiendo de la marca y sus condiciones. Incluso un carro del año 2005 podría superar los ¢2 millones.

Detalles de la Financiación y el Proceso

El expresidente Figueres explica que el programa estatal se financiaría a través de dos fuentes principales:

1. Venta de los vehículos viejos: Los automóviles retirados serían entregados a una compactadora de autos de AIVEMA (Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria) en San Ramón de Alajuela. Esta compactadora pagaría al programa $500 dólares por unidad procesada y exportaría los vehículos compactados para reciclaje.
2. Impuesto a los combustibles: Se propone una tasa de ¢12 colones por litro de gasolina y diésel. Este cobro se iniciaría con la próxima disminución de precios de los combustibles, buscando no afectar el bolsillo de los consumidores.

Figueres calcula que con estos aportes solidarios, el programa podría retirar de circulación 150 vehículos por día, lo que equivale a 55.000 vehículos al año. “Así, el círculo se cierra: menos vehículos, más recursos, más espacio, menos contaminación”, afirmó el expresidente, delineando los múltiples beneficios de su propuesta.

La “solución” de Figueres a las presas es otra cortina de humo electoral.

1. ¿Retirar 50 mil carros por año? El titular suena bonito, pero…

Figueres plantea retirar 50.000 vehículos de más de 20 años por año. ¿Y cuál es el costo fiscal y operativo real de eso?

• El programa pagaría ₡1.000.000 por carro. Multiplicalo por 50.000:
  ₡50.000 millones por año, más de $95 millones anuales en plena crisis fiscal.
• ¿Y de dónde sale ese dinero? De una nueva tasa por litro de gasolina y diésel (12 colones). Aunque diga que “no afecta el bolsillo porque se cobrará cuando bajen los precios”, no hay garantía de que bajen de forma sostenida. Es decir, el precio del combustible lo vas a pagar igual o más caro, y ese “beneficio” de no sentir el golpe es un cuento viejo.

¡Está disfrazando un nuevo impuesto como si fuera solidaridad ambiental! Y lo llama “solidario”, pero castiga a todos los que usan transporte, no importa si su carro contamina o no.

2. ¿Un millón por un carro viejo? Populismo de alto calibre

• La idea de dar ₡1 millón por un carro viejo de más de 20 años parece muy solidaria, pero es un subsidio regresivo, porque se da sin analizar el perfil socioeconómico real del beneficiario.
• El programa no exige que la persona use ese dinero para transporte público o compre un carro eléctrico. Solo te dan la plata, y listo. ¿Y si mañana comprás otro carro viejo con eso? ¿Qué ganamos?.

Es una medida populista, sin criterio de eficiencia ni control de resultados. Solo se ve bien en campaña.

3. El negocio de los compactadores: ¿quién gana realmente?

• La propuesta favorece a AIVEMA, una entidad de empresarios del sector automotor, quienes operarían las plantas de compactación y exportarían los restos.
• El Estado no ganaría nada directamente, más bien financia la operación y facilita ganancias privadas.

Es un programa camuflado de “verde” pero diseñado para beneficiar a privados con fondos públicos.

4. Y la raíz del problema… ni la toca

Figueres admite que el problema es estructural: no hay transporte público moderno, ni eficiente, ni digno.
Y lo dice claramente: “La mejor solución está en transformar el transporte público”. Pero, entonces…

¿Por qué en vez de subsidiar carros viejos no se financia directamente esa transformación?

¿Por qué no invierte en trenes, autobuses eléctricos, infraestructura para bicis, aceras, teletrabajo?

Porque esto no es una política pública estructural. Es un “gancho de votos” para posicionarse como “ambientalista progresista” sin incomodar al sistema ni a sus amigos empresarios.

5. La cortina de humo perfecta en año preelectoral

Figueres sabe que el tema de las presas es emocional, popular y universal. Todos odiamos las presas. Pero esta propuesta:

• No tiene plan técnico serio de implementación.
• No soluciona las causas de fondo.
• Introduce un nuevo impuesto indirecto.
• Y genera gasto público sin control ni medición de impacto.

Es decir: es puro marketing, sin músculo técnico.

Es una jugada de campaña, como muchas otras que Figueres ha usado antes: frases bonitas, apelación emocional, “solidaridad” sin reformas reales.

Costa Rica necesita políticas públicas serias, no maquillaje verde con trasfondo populista.

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