Por Unidad de Análisis Político ACR.

La destitución definitiva de Randall Zúñiga como director del OIJ llegó la noche de este lunes, pero el golpe institucional venía acumulándose desde mucho antes.

Y el momento político en que ocurrió tampoco pasó desapercibido.

Horas antes, la cúpula judicial había enfrentado una de las jornadas más incómodas de los últimos meses tras la reunión sostenida con el Ejecutivo, donde el Poder Judicial quedó bajo cuestionamientos relacionados con presupuesto, estructura institucional, salarios, permanencia de magistrados y resultados frente a la crisis de seguridad que vive Costa Rica.

En medio de ese escenario institucional delicado, Corte Plena acordó por unanimidad revocar el nombramiento de Zúñiga por falta gravísima.

La decisión se basó en un expediente disciplinario relacionado con desatención de deberes del cargo, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial de investigaciones.

El caso había estallado desde octubre de 2025, cuando comenzaron las denuncias administrativas y penales alrededor del entonces director policial.

Según las investigaciones preliminares, Zúñiga habría compartido información sensible del OIJ, detalles de reuniones y datos sobre operativos con mujeres ajenas al Poder Judicial.

Además, enfrenta denuncias penales por presuntos delitos sexuales presentadas por mujeres mayores de edad, aunque esos procesos continúan en investigación y no forman parte directa de la causa administrativa que terminó provocando su salida definitiva.

La decisión de Corte Plena llegó justo el día en que vencía la segunda prórroga de suspensión del jerarca policial.

En lugar de extender nuevamente la medida cautelar, los magistrados optaron por removerlo definitivamente del cargo.

Y aunque el Poder Judicial insistió en que las labores del OIJ continuaron funcionando de manera ininterrumpida durante todo el proceso, el impacto institucional terminó siendo inevitable.

Porque la caída del director del principal cuerpo de investigación criminal del país no ocurre en cualquier momento.

Ocurre precisamente cuando el Poder Judicial atraviesa cuestionamientos públicos alrededor de: eficiencia, credibilidad, presupuesto, estructura, y capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Durante la reunión de este lunes, figuras como Patricia Solano y Orlando Aguirre defendieron públicamente la necesidad de más recursos para enfrentar la violencia y sostuvieron que el sistema judicial continúa realizando esfuerzos importantes pese a las limitaciones presupuestarias.

Sin embargo, desde el Ejecutivo también crecieron los cuestionamientos sobre funcionamiento institucional, salarios, estructura interna y resultados visibles para la ciudadanía.

La propia presidenta Laura Fernández incluso dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones actualmente concentradas dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

Pero la destitución tampoco parece marcar el cierre del conflicto.

Horas después de la decisión de Corte Plena, la defensa de Randall Zúñiga confirmó que presentará un recurso de reconsideración y eventualmente acudiría a la vía contencioso administrativa o laboral para cuestionar la legalidad de las actuaciones tomadas por los magistrados.

Según el abogado Saúl Umaña, la defensa sostiene que existían pruebas incorporadas al expediente que, a su criterio, no fueron valoradas adecuadamente antes de la destitución.

La salida de Zúñiga además implica la pérdida total de su plaza en propiedad dentro del Poder Judicial, por lo que no regresaría a la institución en ningún otro cargo.

Y aunque el caso del exdirector del OIJ tiene dimensiones administrativas, penales e incluso personales todavía bajo investigación, el impacto político e institucional ya trascendió el propio expediente disciplinario.

Porque la discusión que hoy rodea al Poder Judicial ya no gira únicamente alrededor de recursos o plazas.

También empieza a tocar algo mucho más delicado para el país, la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y enfrentar la violencia y el crimen en Costa Rica.

En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando la seguridad, la justicia y el rumbo institucional de Costa Rica.

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Las recientes declaraciones de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda en defensa de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reabrieron un debate sobre los criterios éticos y profesionales aplicados a funcionarios públicos bajo controversia. Zúñiga actualmente enfrenta denuncias por presuntos delitos sexuales, situación ante la cual la exmandataria expresó su apoyo.

En 2012, Chinchilla destituyó a Karina Bolaños, viceministra de Cultura y Juventud, tras la difusión de un video de índole personal en internet.

El Gobierno de Costa Rica dice que echó a la viceministra hot por denuncias de acoso

Según la información oficial de ese año, la omisión de Bolaños de revelar factores de riesgo relacionados con su cargo motivó la pérdida de confianza. La decisión no estuvo vinculada a asuntos personales, sino al ejercicio de funciones públicas.

Por su parte, Bolaños declaró posteriormente que su despido fue una “injusticia”, señalando que la vida privada no debe interferir con la función profesional.

Defensa de Zúñiga y declaraciones de Chinchilla

Chinchilla, a través de sus redes sociales, destacó la trayectoria de Zúñiga en el combate al crimen organizado:

“No entiendo a quienes se regocijan con la situación que atraviesa el director del OIJ. Hablamos de uno de los mejores funcionarios públicos, que ha liderado con eficacia el combate al crimen organizado”, afirmó la expresidenta.

La controversia sobre Zúñiga incluye denuncias judiciales y la difusión de imágenes privadas que, según él, son un “montaje que busca desacreditar” su figura.

Cuestionamientos al interés gubernamental

Chinchilla cuestionó el aparente involucramiento y la diligencia de funcionarios del gobierno actual en el proceso, así como la cobertura del aparato de comunicación estatal:

“¿Por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso…? ¿Por qué el canal oficial del gobierno luce tan entusiasmado con el caso?”, señaló.

No entiendo a quienes se regocijan con la situación que atraviesa el Director del @DirectorOIJ

Si bien ninguna denuncia se debe descartar y los magistrados hicieron bien en suspender para investigar, hablamos de uno de los mejores funcionarios públicos. De quien ha liderado con…

— Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) October 31, 2025

La disparidad en la aplicación de criterios resalta la complejidad que enfrentan los líderes políticos al gestionar escándalos de figuras de alto rango. El debate reabre la discusión sobre dónde termina la vida privada de un funcionario y dónde empieza la obligación de informar riesgos que puedan comprometer la función pública.

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Zúñiga justificó la propuesta debido a la carga laboral superior que enfrentan los agentes. La ley fue inicialmente impulsada por el sindicato de la institución y cuenta con el apoyo del director.

La justificación de las 60 horas semanales

El jerarca del OIJ argumentó que el personal de la policía judicial labora bajo un régimen de 5-2, lo que resulta en una jornada semanal de 60 horas laborales.

Esta cifra, según Zúñiga, supera el máximo de 48 horas establecido para otras entidades del sector público. Además, destacó que el OIJ trabaja más horas que otras fuerzas de seguridad en Costa Rica, como la Fuerza Pública, donde se intenta implementar un rol 4-3.

El proyecto en debate incluye dos requisitos principales:

1. La portación de armas debe ser parte integral de las labores del agente.
2. La jubilación correspondería a un 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales.

Resello legislativo y veto presidencial

El futuro de la OIJ pensión 55 años se definirá en la Asamblea Legislativa, donde se requiere un mínimo de 38 votos para resellar la iniciativa, superando el veto presidencial.

El Poder Ejecutivo, liderado por Rodrigo Chaves, vetó el proyecto el 6 de mayo, argumentando “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.

Las justificaciones principales para el veto son:

• Genera una desigualdad con otras policías, como la Fuerza Pública.
• Existe el riesgo de que las pensiones se carguen al Presupuesto Nacional ante una eventual insostenibilidad del Régimen de Pensiones del Poder Judicial.

Solvencia del Régimen y la oposición

A pesar de la preocupación financiera del Gobierno, el director Zúñiga indicó que un informe actuarial de abril de 2025 garantiza una solvencia del fondo del 97%.

En el Congreso, la iniciativa ha ganado apoyo:

• El texto se aprobó en primer debate con 32 legisladores el 31 de marzo.
• Para el segundo debate, el 22 de abril, la cifra aumentó a 40 diputados a favor.
• El oficialismo (con 8 legisladores) ya anunció su voto en oposición al resello.

La moción de resello ingresó al orden del día hasta el 19 de setiembre, según el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, luego de que el veto se emitiera durante sesiones extraordinarias.

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El Ministerio de Justicia y Paz ha emitido un cuestionamiento directo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto ocurre luego de que la policía judicial señalara un supuesto debilitamiento en los controles de las cárceles, lo que habría permitido a líderes criminales ordenar delitos desde prisión. La situación expone una tensión entre ambas instituciones clave en la seguridad del país.

La controversia surge tras recientes allanamientos en cuatro centros penitenciarios. La acción buscaba decomisar pruebas esenciales para una investigación de homicidios y tentativas de homicidio. Estos crímenes, al parecer, fueron ordenados por dos privados de libertad conocidos como Tony Peña Russel y alias “Curry”.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó públicamente que hubo un debilitamiento en la vigilancia dentro de las cárceles. Según Zúñiga, esta situación permitió que se coordinaran los mencionados homicidios desde el interior de los centros.

La Respuesta de Justicia: Datos del OIJ y Falta de Acceso a Información

En respuesta a estas críticas, Nils Ching, viceministro de Justicia, cuestionó la postura del OIJ. Ching señaló que la policía judicial debería tener un mayor conocimiento de lo que sucede dentro de las cárceles.

Argumentó que el OIJ tiene en su poder más de 7.900 celulares que han sido decomisados en el sistema penitenciario. Para el viceministro, esta cantidad de evidencia debería proporcionar al OIJ una noción más clara de la actividad criminal desde prisión.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, añadió a principios de esta semana que su institución no tiene acceso a la información que el OIJ maneja sobre la actividad criminal dentro de los centros penales. Este punto resalta una aparente falta de comunicación o intercambio de datos entre ambas entidades.

La situación subraya la complejidad de controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones y la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones de seguridad y justicia para combatir el crimen organizado.

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