Los firmantes, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano) y Roy Thompson Chacón, solicitan al TSE anular la Asamblea Nacional celebrada el pasado 13 de septiembre de 2025.

Las Omisiones que Justifican el Recurso

La gestión presentada por Esquivel y Thompson se dirige también contra tres resoluciones emitidas previamente por el TSE. Los recurrentes sostienen que el órgano electoral está permitiendo el incumplimiento del Artículo 60 del Código Electoral y el Artículo 98 Constitucional.

Los hechos clave presentados se centran en la supuesta omisión de procedimientos internos obligatorios del partido:

• El PLN no habría realizado la asamblea cantonal de San Ramón de Alajuela.
• El PLN tampoco habría llevado a cabo la asamblea provincial de la Provincia de Alajuela.

Los abogados afirman que esta serie de omisiones “implica que no se constituyó la asamblea nacional del partido” de forma válida.

La Diferencia entre Quórum e Integración

Los recurrentes señalan que existe una diferencia legal crucial entre el quórum (el número mínimo de asistentes necesario para sesionar) y la integración (el cumplimiento de los requisitos legales y representativos para conformar la asamblea).

• Sostienen que la Asamblea Nacional no se integró conforme a la ley, pues se omitió la “indispensable participación de los 10 integrantes obligatorios de la Provincia de Alajuela”.
• Aducen que, al no estar designados los miembros de las asambleas de base (cantonales y provinciales), cualquier Asamblea Nacional celebrada acarrea la “nulidad de pleno derecho”.

El recurso cita múltiples resoluciones de la Sala Constitucional que reiteran la obligación de los partidos políticos de respetar los principios democráticos y de participación política, incluso en su estructura interna.

La pretensión final de los ciudadanos es que se anulen tanto la Asamblea Nacional del 13 de septiembre de 2025, como las resoluciones del TSE que, según ellos, son contrarias a los principios constitucionales de democracia representativa y participativa.

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Una gran disputa por el servicio de agua potable en Paraíso de Cartago ha llegado a la Sala Constitucional. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) le cobra a la Municipalidad de Paraíso una deuda de más de ₡3.418 millones.

La oficina de prensa de la Sala IV confirmó que ya se presentaron dos recursos de amparo. Ambos fueron aceptados y están en trámite.

Vecinos Denuncian Amenaza de Corte

El primer recurso de amparo (expediente 25-012671-0007-CO) lo interpuso un grupo de vecinos de Paraíso. Ellos alegan que el alcalde Michael Álvarez informó en redes sociales sobre un cobro retroactivo del AyA. Este cobro se originaría por un conflicto en la aplicación de tarifas de Aresep desde 2017.

Los vecinos señalan que el AyA advirtió a la Municipalidad que, si no pagaban, el servicio de agua se suspendería. Esto afectaría a al menos 20.000 personas. El AyA dio plazos cortos para el pago, primero tres días hábiles y luego diez días naturales.

Los ciudadanos pidieron explicaciones al alcalde Álvarez. Él afirmó que el conflicto viene de un informe de Aresep. Este informe señalaba fallas del AyA al fijar tarifas. Por eso, Aresep ordenó al AyA aplicar las tarifas de 2017.

El Agua como Derecho Fundamental

Para los vecinos, ellos han pagado el servicio a tiempo. Por eso, consideran que la amenaza de corte es ilegal. Creen que atenta contra sus derechos fundamentales al agua, a la continuidad del servicio público y a su eficiencia.

Argumentan que se vulnera el derecho al agua potable (artículo 50 de la Constitución Política) y a la vida (artículo 21). Sin agua, dicen, no hay condiciones mínimas para vivir. Por eso, piden a la Sala IV que el AyA suspenda de inmediato cualquier acción para cortar el servicio en el cantón.

El segundo recurso de amparo (expediente 25-012581-0007-CO) presenta argumentos similares. Insiste en que la disputa entre instituciones debe resolverse legalmente, sin afectar a los ciudadanos que han pagado sus recibos. Piden también que el AyA cese cualquier amenaza de interrupción del agua.

AyA Anuncia Cortes y Exige el Pago

El lunes 2 de junio, el AyA confirmó que procederá con el corte del servicio a 4.200 hogares en Paraíso. Aunque el corte estaba previsto para el mismo lunes, se dio plazo hasta el miércoles 4 de junio por la tarde. El servicio solo se detendría si la deuda se paga antes de esa fecha.

Juan Manuel Quesada, presidente del AyA, explicó la decisión. “Esta decisión se toma con el interés de que la gente no pase penurias y pueda prepararse, recoger el agua que necesite e, incluso, ir donde su alcalde a pedirle cuentas del porqué los está sometiendo a esta injusticia”, declaró.

Según Quesada, el AyA ha intentado resolver la situación por más de un año. Ofrecieron prórrogas y planes de pago, pero no hubo respuesta. El último recibo, con vencimiento el 20 de mayo, tampoco se pagó. “El agua es un derecho, pero eso no exime del deber de pagar por el servicio”, recalcó.

Finalmente, Quesada hizo un llamado a las autoridades locales: “El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, piensa que puede recibir gratis un servicio que pagamos todos los costarricenses (…) Hacemos un llamado respetuoso a la Municipalidad y a los regidores del cantón para que cumplan con su deber legal y no expongan a su gente a esta situación injusta. El AyA ha sido flexible y ha mostrado voluntad de diálogo, pero también tiene la obligación de velar por el uso responsable de los recursos públicos”, concluyó.

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