POR MUNDO ACR | Cuando una pregunta merece respuesta.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En ellas aparecen buses identificados con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) cerca de la marcha Pride realizada en San José.

No pasó mucho tiempo para que surgiera una inquietud entre algunos ciudadanos.

El punto no es la marcha.

El punto son los buses.

Si esos vehículos oficiales fueron utilizados para trasladar participantes, la pregunta cae por su propio peso.

¿En qué casos pueden usarse recursos de universidades públicas para movilizar personas hacia actividades de carácter social, ideológico o reivindicativo?.

La misma duda existiría si el destino hubiera sido una marcha política, una actividad religiosa, una protesta ambiental o cualquier otra concentración.

El criterio no puede depender de si una causa nos gusta o no.

Tiene que depender de reglas claras.

Las imágenes, por sí solas, no explican si hubo autorización institucional, cuál fue el propósito del traslado ni bajo qué normativa se realizó.

Ahí aparece el interés público.

Cuando se utilizan bienes de instituciones financiadas con recursos públicos, los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué se usaron, quién lo autorizó y cuáles fueron los criterios aplicados.

Responder esas preguntas no solo aclararía este caso.

También ayudaría a marcar un límite necesario para cualquier actividad futura.

Porque los recursos públicos no deberían moverse por simpatía, presión o conveniencia.

Deberían moverse por reglas claras, aplicables para todos.

En temas donde aparecen recursos públicos, la discusión no debería depender de simpatías o rechazos hacia una causa. Lo que corresponde es saber bajo qué reglas se autorizan, quién toma esas decisiones y si esos mismos criterios se aplican por igual en todos los casos.

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Por Redacción MUNDO ACR

Un podcast financiado con recursos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) terminó bajo revisión ante la Contraloría General de la República y volvió a poner sobre la mesa una discusión más amplia dentro del ambiente universitario, cómo se manejan fondos estudiantiles y qué controles existen sobre contrataciones y proyectos financiados con dinero público.

El caso gira alrededor del podcast “La vara está así”, un espacio enfocado en temas sociales, políticos y educativos, del cual actualmente aparecen publicados cuatro episodios en el canal oficial de la FEUNA.

La denuncia presentada ante la Contraloría cuestiona el procedimiento utilizado para contratar el proyecto, los pagos realizados y la forma en que se aprobó el financiamiento.

Según la documentación aportada, el productor Daniel Jiménez recibió pagos por ₡2,45 millones mediante facturas electrónicas emitidas a nombre de la Universidad Nacional.

Meses después también apareció una propuesta de ajuste económico donde se planteaba elevar el costo total del proyecto a más de ₡5 millones con IVA incluido.

Dentro de la información incluida en la denuncia aparecen además conversaciones internas donde miembros del directorio estudiantil discutían dudas relacionadas con el procedimiento utilizado para financiar el podcast y la ausencia de un concurso formal.

En esos intercambios también se menciona que el proyecto habría sido tramitado mediante un procedimiento extraordinario debido a limitaciones de tiempo.

Sin embargo, hasta este momento no existe una resolución oficial que determine irregularidades administrativas, malversación o actos de corrupción relacionados con el caso.

La FEUNA respondió, mediante la Oficina de Prensa de la Universidad Nacional, que la contratación fue realizada durante la administración anterior y aseguró que el actual directorio decidió no continuar financiando el proyecto.

Además, la organización rechazó que investigaciones preliminares o denuncias en trámite sean presentadas como hechos ya comprobados y afirmó que colaborará con las instancias correspondientes mientras avanzan las revisiones del caso.

Más allá del podcast, el caso empieza a abrir una discusión más profunda dentro del ámbito universitario, cómo se administran recursos públicos dentro de organizaciones estudiantiles, qué tan sólidos son los mecanismos internos de supervisión y hasta dónde debe fortalecerse la transparencia cuando se manejan fondos que representan a miles de estudiantes.

Porque el tema ya no gira únicamente alrededor de un proyecto audiovisual o de una denuncia en trámite, sino también sobre la confianza que existe en las estructuras que administran recursos públicos y representan a comunidades estudiantiles dentro de las universidades estatales.

📲 En ACR seguimos explicando los temas que muchas veces pasan desapercibidos, pero que terminan abriendo discusiones importantes sobre transparencia, controles y manejo de recursos públicos. Unite también a nuestro grupo de WhatsApp y seguí informado con nuestras coberturas y análisis.

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