El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a discutir reformas profundas al sistema judicial. Pero dejó clara una condición, que cualquier cambio fortalezca la independencia judicial y no debilite la estructura democrática del país.

Las declaraciones llegan justo antes de su primer encuentro con la presidenta Laura Fernández, en medio de una presión creciente por seguridad, crimen organizado y cuestionamientos sobre cómo está respondiendo actualmente el sistema judicial frente a la violencia que vive Costa Rica.

Aguirre reconoció la necesidad de revisar temas como el Código Procesal Penal, el exceso de recursos judiciales y las reglas de prisión preventiva. Sin embargo, también insistió en que estos cambios no pueden hacerse de forma acelerada ni bajo presión política.

Y ahí es donde empieza uno de los choques más incómodos que vive hoy el país.

Porque mientras desde la Corte se habla de análisis técnico, garantías jurídicas y respeto al debido proceso, afuera crece una ciudadanía que siente que el sistema no está reaccionando con la velocidad que exige la crisis de seguridad.

La molestia no nace únicamente por las reformas. También se mezcla con una percepción cada vez más fuerte sobre criminales que entran y salen de procesos judiciales, el desgaste de la confianza pública y una estructura donde magistrados pueden mantenerse durante años si la Asamblea Legislativa no logra reunir los votos necesarios para removerlos.

En ese escenario, la discusión ya no gira solamente alrededor de leyes o expedientes.

También empieza a tocar algo mucho más sensible.
La distancia que muchos costarricenses sienten entre el lenguaje institucional de la justicia y la realidad que se vive diariamente en las calles.

Aun así, Aguirre rechazó que el Poder Judicial tenga una función política dentro de este debate y defendió que su papel se limita a emitir criterios jurídicos sobre las reformas que impulsen los diputados.

Pero mientras los magistrados hablan de independencia judicial y revisiones pausadas, el país sigue acumulando presión alrededor de una pregunta que cada vez aparece con más fuerza en la conversación nacional.
¿Puede el sistema judicial reformarse al ritmo técnico que defienden las instituciones mientras la inseguridad avanza al ritmo que siente la ciudadanía?

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En su llegada a la nueva Asamblea Legislativa, la diputada electa Claudia Dobles dejó ver una estrategia discursiva marcada por amplitud temática, tono moderado y cautela frente a los temas institucionales más sensibles.

Durante declaraciones a la prensa, Dobles presentó una agenda amplia que incluyó seguridad, justicia, educación, listas de espera en la CCSS, infraestructura, desigualdad territorial, combustibles, fertilizantes y costo de vida.

El mensaje proyectó una imagen de perfil transversal y de alcance nacional, alejándose de un discurso sectorial o estrictamente legislativo.

Sin embargo, uno de los momentos más reveladores de su intervención llegó cuando fue consultada directamente sobre la posibilidad de una reforma profunda al Poder Judicial, tema que ha sido impulsado por sectores oficialistas y colocado en el centro del debate político nacional.

Ante la pregunta, Dobles evitó fijar una posición clara.

En lugar de responder de forma directa sobre el fondo del planteamiento, trasladó el foco hacia la presidenta electa Laura Fernández, minimizó el peso político actual del presidente saliente Rodrigo Chaves al señalar que “le quedan días para ser expresidente” y reencuadró la conversación hacia otros temas como infraestructura, combustibles y empleo.

El movimiento no pasó desapercibido.

Más que entrar al fondo de una discusión institucional de alto voltaje, Dobles optó por mantener distancia de uno de los debates más polarizantes del momento.

Su intervención también reforzó otro eje de posicionamiento: el de la moderación.

Con frases como “tender puentes y no quemarlos”, la diputada electa insistió en una narrativa de diálogo, negociación y debate respetuoso, marcando contraste con los estilos más confrontativos que han dominado buena parte de la política reciente.

La combinación entre agenda amplia, tono conciliador y evasión en temas de alto costo político deja una lectura clara, Dobles parece estar construyendo un perfil más amplio que el de una simple diputada de oposición.

En política, no siempre habla más quien responde.

A veces también dice mucho quien elige cuidadosamente qué no responder.

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La Justicia que Tenemos: Ciega, Tuerta y Al Servicio del Poder

La señora nos pregunta con solemnidad: “¿Qué justicia tendríamos si las decisiones de los jueces se vieran influenciadas por presiones económicas y políticas?”

Y la respuesta es brutal: ¡La que ya tenemos!

Una justicia que hace rato dejó de ser ciega para convertirse en tuerta, sorda, y al servicio del clientelismo togado. Una justicia que huele a encierros selectivos y a libertad condicionada por la billetera, el apellido o la cercanía con el poder político económico.

¿Y ahora pretende alertar sobre las consecuencias de la geopolítica en la Corte, cuando llevamos décadas soportando una judicatura colonizada por la oligarquía local, por intereses empresariales, por pactos oscuros con redes de corrupción, y hasta por tentáculos del crimen organizado? Por favor. Que no nos vengan con esa moralina reciclada de diplomacia editorial. El sistema judicial de este país no necesita amenazas externas para ser un desastre interno. Lo logramos solitos, a punta de compadrazgos, negligencia institucional y un Poder Judicial que hoy es más bien una casta cerrada, donde se asciende por lealtades y se archiva por conveniencias.

Percepción vs. Realidad: Un Cementerio de Justicia

¿Le preocupa que se perciba un conflicto de interés porque a un juez le podrían quitar la visa? Qué ternura. A nosotros nos preocupa que muchos jueces sigan teniendo visa para operar como operadores políticos, títeres del status quo y gestores de impunidad. Que reciban salarios obscenos mientras el país se desangra, que se escondan tras la toga para no rendir cuentas, y que decidan la vida de miles mientras pactan con los de arriba en cenas privadas.

Hablar de “percepción de amenaza” mientras la realidad judicial del país es un cementerio de justicia para el pobre, es un insulto a la inteligencia del pueblo. Defender la justicia hoy no es escribir columnas con tono doctoral, es exigir una reforma radical del Poder Judicial, una intervención real, una limpieza quirúrgica de todo ese aparato que dejó de servir al pueblo y se convirtió en fortaleza de privilegios.

La autora termina diciendo que “la justicia debe ser ciega, sorda… pero nunca muda.”

Y ahí sí le damos la razón, aunque con una pequeña corrección:

La justicia costarricense no es muda. Solo habla cuando le conviene, susurra cuando tiene miedo y grita solo cuando se trata de perseguir a los de abajo.

CRÍTICA POR ANÍBAL NEWMAN

Desde el frente de batalla, con hambre de justicia y con la mirada puesta en el 2026, esperando que este pueblo deje de permitir que la élite le siga metiendo el dedo en el fundillo.

“La justicia no se defiende con palabras bonitas, se defiende limpiándola de los mismos que la han podrido por dentro. Abrí los ojos, pueblo: los que hoy hablan de independencia judicial, ayer se callaron cuando el narco se sentó en el estrado.”

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