El magistrado Jorge Leiva, a cargo del dictamen principal, explicó que la principal inquietud se centra en la posibilidad de que la regulación limite la división de poderes.

Potestades de la Procuraduría generan disconformidad

Una de las disconformidades más profundas se relaciona con las facultades que el proyecto otorgaría a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República.

Los magistrados advirtieron que la PEP podría ordenar a cualquier alto juez —titular o suplente— “inhibirse de un asunto que ella considere que debe apartarse” o incluso instruirle abstenerse de conocer un caso.

“Esto es preocupante porque estamos ante un tema de división de poderes. Imagínense ustedes que un órgano del Poder Ejecutivo pueda determinar cuándo los magistrados podemos conocer un asunto o no”, declaró el magistrado Leiva.

Amplitud del concepto de lobby

La Corte dividió sus observaciones en tres ejes principales, incluyendo la amplitud de la definición de lobby y la obligatoriedad de mantener agendas públicas.

Los magistrados señalaron que el concepto de lobby en el proyecto resulta demasiado amplio y queda sujeto a “interpretaciones discrecionales”. También cuestionaron el alcance de la regulación a contactos realizados por medios electrónicos como correo electrónico o WhatsApp.

La Corte advirtió además sobre posibles conflictos para los magistrados suplentes que provienen del litigio privado, quienes podrían verse señalados por supuestos roces bajo esta ley.

Restricciones a las puertas giratorias

El proyecto de ley busca establecer restricciones conocidas como “puertas giratorias” para altos cargos públicos, como ministros, magistrados, fiscales y presidentes ejecutivos.

La iniciativa impone un veto de tres años, luego de que salgan del cargo, para trabajar en entidades privadas que estén dentro del ámbito de competencias o supervisión que ocupaban. También se establece la obligatoriedad de un Registro de Agenda Pública para las reuniones y viajes de los funcionarios.

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Panamá busca salir de las listas grises que limitan su acceso a crédito e inversión extranjera. El país centroamericano defiende su sistema tributario. Asegura haber realizado importantes cambios para cumplir con los requisitos internacionales.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, confirmó a la AFP los avances. El país progresa en reformas legales para que la Unión Europea (UE) lo excluya de su lista de paraísos fiscales.

Recientemente, la UE ya retiró a Panamá de su lista de naciones de riesgo en lavado de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, para esto, le exige cambios legales adicionales. El objetivo es evitar la creación de empresas ficticias usadas para evadir impuestos en otros países.

Doble Desafío: Listas de la UE y la OCDE

Panamá enfrenta un doble reto en su búsqueda de transparencia financiera. La Unión Europea es una de las entidades involucradas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también mantiene a Panamá en una lista. Esta la señala por deficiencias en el intercambio de información tributaria. La OCDE demanda mayor agilidad en estos procesos.

Permanecer en estas listas grises afecta la imagen del país. Además, genera obstáculos directos a la inversión extranjera. Implica también un mayor costo en los créditos internacionales.

Avances Legislativos y Compromisos

El ministro Chapman destacó los logros. “Ya se han realizado cambios legislativos y quedan algunos más por realizar”, afirmó. Recalcó que otros países tienen derecho a cobrar impuestos a quienes obtienen rentas con sociedades que no operan realmente en Panamá. “Pero no es que en Panamá se evaden impuestos, de ahí el mal llamado paraíso fiscal”, aclaró.

El Sistema Tributario Territorial y la Agilidad en Información

Panamá opera bajo un sistema tributario territorial. El ministro Chapman explicó esta característica. Significa que los impuestos se pagan solo sobre la renta generada dentro del territorio panameño. Los ingresos procedentes del exterior no son gravados.

Chapman es optimista sobre la pronta exclusión de su país de estas listas. Mencionó avances significativos. Entre ellos, mejoras en “los sistemas tecnológicos” y el “adiestramiento” del personal. Esto garantiza un mejor conocimiento de los procedimientos para compartir información.

“Panamá está listo para ser excluido de esas listas”, aseguró Chapman. No obstante, la decisión final “depende del calendario de revisión” de la UE y la OCDE. El país debe estar preparado para demostrar con hechos su compromiso durante cualquier visita de campo.

El Legado de los “Panama Papers”

El ministro Chapman también abordó el escándalo de los “Panama Papers”. Este caso, que estalló en 2016, representó una carga pesada para la imagen del país.

Aunque reconoció que “no estoy diciendo que no se cometieran los delitos”, Chapman calificó de “injusto” atribuir la responsabilidad al país entero. “Más del 99% de la población panameña no tenía absolutamente nada que ver con eso”, señaló. Afirmó que los delitos, de haber existido, se cometieron “fuera del territorio panameño”.

Los “Panama Papers” fueron una investigación periodística. Reveló el uso de empresas offshore en Panamá para presuntas actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. El caso involucró a numerosas figuras públicas globales. Superar el estigma de los “Panama Papers” es clave en la estrategia de Panamá para salir de las listas grises y reafirmar su reputación financiera global.

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) está evaluando la posible apertura de un procedimiento sancionatorio contra Liberty Costa Rica. Este análisis se centra en supuestas prácticas prohibidas que la empresa habría cometido. La Dirección General de Mercados de la Sutel, el órgano regulador del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, es la encargada de determinar la viabilidad de iniciar este proceso.

Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de valoración. Por esta razón, la Sutel no ha detallado cuáles son las presuntas faltas en las que Liberty habría incurrido. Por su parte, Liberty Costa Rica ha afirmado que opera en estricto apego al marco legal y regulatorio vigente, reconociendo la potestad de la Superintendencia para llevar a cabo estas revisiones.

La Decisión del Consejo Directivo y el Próximo Paso

El pasado 27 de junio, el Consejo Directivo de la Sutel revisó una recomendación para abrir un procedimiento sancionatorio contra Liberty por estas prácticas prohibidas. Tras el análisis, los directores decidieron trasladar el asunto a la Dirección General de Mercados. A esta dirección le corresponde ahora determinar si procede la apertura del procedimiento o si es necesario un paso preliminar.

La Dirección General de Mercados podría incluso optar por una investigación preliminar si se requiere mayor claridad sobre los hechos bajo estudio. Esta flexibilidad busca asegurar que cualquier acción se base en una comprensión completa de la situación.

Liberty en el Mercado Costarricense y sus Antecedentes

Al cierre de 2024, Liberty Costa Rica se consolidó como un actor dominante en el mercado de telecomunicaciones. La compañía acaparó el 40% del mercado móvil y el 25% del internet fijo, posicionándose como el principal operador local en ambos segmentos. En total, Liberty cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en estos dos servicios.

Curiosamente, la empresa también lidera el ranking de quejas o reclamaciones presentadas por los clientes ante la Sutel. A la par, Liberty ha acelerado sus inversiones en redes fijas de fibra óptica y en el despliegue de redes móviles de quinta generación (5G).

Tipos de Prácticas Prohibidas y Posibles Sanciones

La Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) establece cerca de treinta prácticas prohibidas para los operadores, clasificadas por su gravedad.

• Leves: Incluyen brindar información incompleta, retrasar su entrega, no notificar una concentración económica a tiempo o dificultar una inspección.
• Graves: Abordan el incumplimiento de normas técnicas, violación de derechos de usuarios, omisión de resolución de reclamaciones e incurrir en prácticas de competencia desleal.
• Muy Graves: Estas son las más serias. Contemplan operar sin concesión o autorización, usar bandas de frecuencia sin permiso, incumplir la contribución a Fonatel, usar información de usuarios sin autorización o violar la privacidad de las comunicaciones.

Las sanciones varían según la gravedad de la falta. Pueden ir desde multas de cinco a treinta salarios base para infracciones leves, hasta un porcentaje de los ingresos brutos del operador para faltas graves (0,025% a 0,5%) o muy graves (0,5% a 1%). Para el 2024, Liberty reportó ingresos por $613 millones, según los estados financieros de Liberty Latin America.

El Proceso y la Incertidumbre del Plazo

La Dirección General de Mercados de Sutel deberá decidir si abre o no el procedimiento sancionatorio. De abrirse, se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley N° 6227 (Ley General de la Administración Pública). Si no se abre, el caso se da por concluido. Las posibles prácticas prohibidas específicas que se investigan “están en estudio”, según la entidad.

En cuanto al plazo, la Dirección General de Mercados indicó que “el tiempo dependerá de si se lleva a cabo o no la apertura de un procedimiento administrativo”. No hay una certeza definitiva sobre la apertura del proceso de sanción; todas las posibilidades permanecen abiertas.

José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, señaló: “La Superintendencia, en el marco de sus competencias y funciones, analiza ordinariamente casos de diversos operadores, para validar que todas las actuaciones en el mercado se den correctamente. Muchas veces, tal estudio confirma la inexistencia de irregularidad alguna. Confiamos que cualquier valoración se hará con objetividad y pleno respeto al debido proceso”.

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