Las sillas vacías de las jerarquías judiciales en la inauguración del CACCO, el 14 de octubre, dejaron una imagen políticamente deplorable. Pero hay otra silla que merece más atención. La que algunos parecen considerar una prolongación de su anatomía. No asistir a una ceremonia no demuestra incumplimiento de funciones; gobernar una institución que acumula reformas pendientes sí exige responder por ellas. La ausencia protocolaria fue el símbolo. La crisis de gobernanza es el problema.

El 19 de octubre, la Corte Plena reeligió al fiscal general Carlo Díaz por cuatro años más, con el respaldo de los 21 magistrados participantes; el 26 está prevista la elección de la Presidencia de la Corte. La primera decisión ya se tomó y la segunda no debería ser una ceremonia de confirmación entre colegas. Son decisiones que exigen un examen mucho más riguroso de la conducción institucional. Mi posición es clara: la Fiscalía necesitaba relevo y la Corte necesita una presidencia reformadora. Cambiar nombres sin cambiar métodos sería apenas retapizar las mismas sillas.

La factura obliga a hablar seriamente. El presupuesto inicial judicial de 2026 ascendió a ₡541.525,7 millones. En el ejercicio cerrado de 2025, Hacienda registró ₡512.155,6 millones ejecutados, equivalentes al 96,84 % del presupuesto definitivo; las remuneraciones representaron el 82,47 % del gasto. Son magnitudes de toda la institución, incluidos investigación, tribunales, Fiscalía y Defensa Pública, no solamente de sus magistrados. Pero financiar servicios indispensables no dispensa de demostrar cómo funcionan.

La ciudadanía no compra solemnidad por kilo ni expedientes por tonelada. Financia protección de derechos y resoluciones oportunas. Ejecutar recursos es una condición administrativa, no una prueba suficiente de eficacia. Tampoco se mejora la justicia asfixiando peritajes o investigaciones. Se mejora asignando recursos según necesidades comprobadas, suprimiendo duplicidades y exigiendo resultados. Ni el presupuesto es un cheque en blanco ni la independencia una exención de responsabilidad.

El Quinto Informe Estado de la Justicia, de 2025, identificó estancamiento del gobierno judicial. Documentó que la propuesta de desconcentración administrativa presentada en 2020 continuaba pendiente, mientras las comisiones habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Además, los indicadores de seguimiento incorporados al sistema de planificación anual en 2020 fueron eliminados de este a partir de 2021. Un diagnóstico incómodo para una institución que debe gobernarse con información, seguimiento y capacidad de corregir.

El problema no se resuelve añadiendo otra comisión al inventario. Una reforma que se eterniza puede convertirse en la coartada de quienes administran su espera. Max Weber, en La política como vocación, vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de los propios actos. Aplicado al gobierno judicial, el criterio es inequívoco. No basta tener atribuciones; hay que responder por su ejercicio. El organigrama no puede servir de escondite.

Los tiempos procesales muestran el costo humano. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por tribunales penales en 2024, 2.403 tardaron entre cinco y menos de diez años, y 381 alcanzaron diez años o más en su tramitación total. El promedio mejoró respecto de 2023. Pero una década no es una demora ornamental; es vida consumida, tanto para víctimas como para personas acusadas que esperan una resolución. La mejora estadística no devuelve el tiempo perdido.

La institución también informó en septiembre de 2026 un aumento de productividad del 26,92 % entre 2021 y 2025. Hay trabajo y avances que reconocer. Precisamente por eso, la crítica debe concentrarse en lo que esos indicadores todavía no explican. ¿Dónde persisten las demoras más graves? ¿Qué calidad tienen las respuestas? ¿Qué reformas produjeron mejoras replicables? El esfuerzo de quienes sostienen el servicio no puede convertirse en inmunidad gerencial para quienes lo dirigen.

En la Fiscalía, el Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre 2022 y septiembre de 2024. Más del 65 % correspondió a archivos fiscales y desestimaciones; alrededor del 15 % terminó con acusación. Archivar puede ser jurídicamente correcto. Convertir esos porcentajes en una tasa automática de impunidad sería falso. Lo exigible es distinguir delitos sin autor identificado, insuficiencia probatoria y denuncias improcedentes, y explicar qué obstáculos impiden llevar investigaciones fundadas a juicio. Contar cierres no basta para evaluar la persecución penal.

Carlo Díaz recibió una asombrosa evaluación interna de 98,95 % por su desempeño de 2025. En aquella sesión, magistrados cuestionaron el instrumento utilizado para evaluar altos cargos. Entretanto, el CIEP-UCR reportó en septiembre de 2026 notas ciudadanas de 5,5 para la Fiscalía, 5,8 para el Poder Judicial y 7,1 para el OIJ, en una escala de cero a diez. No son mediciones equivalentes ni una encuesta sobre destituciones. Pero obligan a preguntar qué significa la excelencia administrativa cuando la valoración pública de la institución es tan modesta.

No hace falta fingir unanimidades populares para exigir renovación. A mi juicio, una nota interna sobresaliente no justificaba por sí sola otros cuatro años del mismo liderazgo. La Corte debe explicar públicamente qué resultados atribuye a la gestión de Díaz, qué deficiencias reconoce y por qué consideró preferible su continuidad a abrir un concurso. Mi criterio era favorecer ese relevo mediante una selección rigurosa. La Fiscalía necesita competencia por idoneidad, no continuidad por costumbre.

La cooperación internacional ofrece una lección útil. “Escudo Internacional”, en octubre de 2025, articuló investigaciones del OIJ con la DEA y el FBI. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense documentó extradiciones vinculadas a investigaciones de ambas agencias y agradeció expresamente la colaboración de autoridades fiscales y policiales costarricenses. Son resultados conjuntos, no motivos para borrar a los equipos nacionales. La exigencia es convertir esa cooperación en capacidades permanentes de inteligencia, investigación financiera y prueba, no en una colección de operativos excepcionales.

Beccaria, en De los delitos y de las penas, situó la prevención y la certeza de la respuesta penal por encima de la crueldad inútil. Su enseñanza conserva actualidad. Una persecución eficaz necesita pruebas que resistan el juicio y sanciones legítimas, no solamente anuncios. Que se informe cuántas estructuras criminales pierden capacidad operativa, qué patrimonios ilícitos se recuperan, qué ocurre con las acusaciones y cuánto esperan las víctimas. La contundencia debe demostrarse en el expediente, no únicamente ante el micrófono.

La nueva Presidencia necesita visión estratégica y capacidad de ejecución. Propongo que, durante sus primeros cien días, presente un programa público con responsables, plazos y metas por jurisdicción. Que impulse la desconcentración administrativa con las reformas legales necesarias, priorice los peritajes críticos y mejore la interoperabilidad de los sistemas. Modernizar no consiste en trasladar una burocracia lenta a una pantalla. La digitalización debe reducir trámites, no darles contraseña.

Coordinar con los otros poderes tampoco significa obedecerlos. Se pueden acordar recursos, prioridades operativas y reformas sin negociar sentencias ni persecuciones. El fiscal que necesita Costa Rica debe actuar con independencia frente al Gobierno, los partidos, las redes económicas y la propia corporación judicial. Valentía sin selectividad; eficacia sin arbitrariedad. La cooperación institucional no es servilismo, como el aislamiento no es una credencial de imparcialidad.

También debe reformarse la permanencia de las magistraturas. El artículo 158 constitucional establece períodos de ocho años y presume la reelección, salvo que dos tercios de la totalidad de diputados acuerden lo contrario. Hoy se requieren 38 votos para impedirla, no para confirmarla expresamente. Propongo invertir esa lógica mediante reforma constitucional. Cada renovación debe requerir 38 votos afirmativos, públicos y motivados, apoyados en una evaluación verificable. La continuidad debe ganarse, no heredarse del silencio parlamentario.

Para establecer un máximo de doce años y permitir una sola reelección, propongo períodos de seis años, renovables una única vez. Se necesitan reglas de transición y garantías de independencia, no represalias por sentencias incómodas. El nombramiento debe premiar mérito, integridad y capacidad, nunca gratitud hacia un padrino. Publicar criterios, evaluaciones y conflictos de interés sería más útil que otra declaración ceremonial contra el favoritismo. La renovación sin reglas puede cambiar los apellidos y conservar las dependencias.

El relevo generacional no consiste en despreciar la experiencia ni en convertir la edad en defecto. Consiste en abrir oportunidades y cerrar el paso al inmovilismo. Ninguna magistratura debe concebirse como patrimonio personal o sala de espera de una pensión. Si una autoridad carece de voluntad para transformar lo que dirige, apartarse puede ser su último servicio honorable. El salario remunera una función; no compra el derecho a ocuparla indefinidamente.

El artículo 11 constitucional define a los funcionarios como depositarios de autoridad y exige evaluación de resultados y rendición de cuentas. La ciudadanía no puede ordenar sentencias, pero sí exigir explicaciones por la administración del servicio. No hay vacas sagradas en una República. Hay competencias, deberes y responsabilidades. La crítica no profana la justicia; recuerda a sus jerarcas que la institución merece mucho más que la defensa de sus ocupantes.

Si la aspiración de una Tercera República pretende significar renovación, debe comenzar por una justicia capaz, independiente y responsable, no por rebautizar las viejas complacencias. La elección pendiente de la Presidencia de la Corte ofrece una oportunidad concreta. No la conviertan en otra sesión solemne de conservación del mobiliario. Señorías, las tachuelas no forman parte de la Constitución. Levántense a rendir cuentas. Y quienes no puedan conducir el cambio, tengan la dignidad y vergüenza de dejar la silla antes de que su permanencia termine de desgastar y deslegitimizar la institución que juraron honrar.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR distingue las opiniones de sus colaboradores de su cobertura informativa. También mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.

The post El país pide justicia; sus señorías cuidan la silla appeared first on MUNDO ACR.

Hay ausencias que hacen más ruido que un discurso. Este 14 de octubre, durante la inauguración del CACCO en La Reforma, quedaron vacías las sillas de jerarcas judiciales, entre ellos el fiscal general Carlo Díaz. La presidenta Laura Fernández señaló públicamente la ausencia de magistrados. La imagen quedó registrada. No fue necesario un comunicado de veinte páginas para que el vacío adquiriera significado político.

No se les pedía aplaudir a un Gobierno. Se esperaba altura de Estado. Ante una infraestructura destinada a contener criminalidad de alto perfil, comparecer habría significado reconocer una responsabilidad compartida, no rendir pleitesía. Una toga no se contamina por coincidir con otro poder de la República. Lo que sí empobrece una institución es proyectar que su distancia del adversario pesa más que su cercanía con el ciudadano.

La ausencia merece una explicación pública. No asistir a una ceremonia no demuestra por sí solo abandono de funciones; pero quienes ejercen poder también responden por las señales que transmiten. La independencia judicial exige libertad para resolver, no incomunicación ceremonial. Cuando el país necesita cooperación, las sillas vacías son una pésima tarjeta de presentación.

El problema, además, no empieza en esas sillas. La evaluación oficial de Hacienda registra para el Poder Judicial, en 2025, un presupuesto definitivo de ₡528.872 millones y un gasto ejecutado de ₡512.156 millones. Se ejecutó el 96,84 % y las remuneraciones absorbieron el 82,47 % del gasto efectivamente realizado. Son cifras institucionales, no ocurrencias de un crítico malhumorado.

Ese dinero sostiene también a investigadores, fiscales, defensores y personal indispensable. Su magnitud no prueba que sobren recursos. Pero sí impide tratar la exigencia de resultados como una insolencia. Ejecutar presupuesto no equivale a impartir justicia oportuna. El contribuyente no paga para que una estructura certifique su propia continuidad, sino para recibir un servicio. Una nómina cumplida no es una misión cumplida.

La estadística del propio Poder Judicial ofrece una prueba incómoda. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por los tribunales penales en 2024, hubo 2.403 cuya tramitación total tomó entre cinco y menos de diez años, y 381 que alcanzaron diez años o más. El informe registra mejoras frente a 2023 y reconoce factores diversos de demora. Nada de eso vuelve aceptable acostumbrarse a esas duraciones.

Una década no es un plazo cualquiera. Es una porción de vida. Es la víctima envejeciendo con su reclamo y el acusado cargando una incertidumbre que el Estado debería resolver oportunamente. No todo retraso nace de un juez negligente; administrar las causas de ese retraso, sin embargo, es responsabilidad institucional. El ciudadano pide justicia, no una relación de larga duración con un expediente.

Aquí conviene recuperar dos artículos que no deberían necesitar recordatorio. El 41 constitucional exige justicia pronta y cumplida; el 11 somete la Administración Pública, en sentido amplio, a evaluación de resultados y rendición de cuentas. La independencia no borra ninguno de esos deberes. No existe una dispensa republicana para la ineficiencia por el solo hecho de vestir de negro.

El Ministerio Público tampoco puede escudarse en el volumen de papeles despachados. El Quinto Informe Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Los archivos fiscales y las desestimaciones representaron más del 65 % de las salidas; las acusaciones, un 14 % en 2022 y alrededor del 15 % en los períodos siguientes analizados. Esos porcentajes corresponden a asuntos terminados, no a todas las denuncias de un mismo año.

No toda desestimación significa impunidad, ni sería honesto fabricar esa equivalencia. Puede no existir delito, no identificarse al responsable o faltar prueba suficiente. Precisamente por eso, señor fiscal general, hace falta explicar qué ocurre detrás de las categorías. ¿Cuánto responde a denuncias improcedentes y cuánto a investigaciones que no lograron esclarecer hechos delictivos? ¿Dónde están los obstáculos y quién debe corregirlos? Contar expedientes cerrados no es contar bandas desarticuladas.

La rendición de cuentas que necesitamos debe distinguir homicidio, sicariato, narcotráfico y delincuencia organizada; seguir cohortes de casos, medir tiempos, explicar fracasos probatorios y mostrar resultados firmes. No se reclama condenar sin pruebas. Se reclama investigar con capacidad suficiente para obtenerlas. Entre el garantismo serio y la impotencia burocrática hay una diferencia que ninguna solemnidad verbal debería conseguir borrar.

La enfermedad de la conducción institucional tampoco es una invención partidaria. El Informe Estado de la Justicia de 2025 documentó que la desconcentración administrativa, promovida como reforma urgente desde 2017, seguía sin concretarse. La propuesta de gobierno corporativo de 2020 continuaba pendiente de aprobación. Entretanto, las comisiones judiciales habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Ocho años después del anuncio, aquella urgencia seguía esperando.

Hay burocracias que no resuelven sus problemas; les nombran una comisión. Y después otra que estudie las recomendaciones de la primera. El expediente de la reforma termina reproduciendo exactamente la patología que debía curar. Si desprenderse de funciones administrativas exige semejante peregrinación, ¿con qué autoridad gerencial se reclama paciencia infinita al usuario? La reforma urgente no puede convertirse en una pieza del mobiliario histórico.

El mismo informe advirtió limitaciones en la evaluación de políticas institucionales. Diez políticas registraron un cumplimiento del 100 % de sus metas en 2024, sin que esa medición acreditara por sí misma el cumplimiento integral de sus objetivos. Cumplir una actividad programada y transformar una realidad son cosas diferentes. La perfección del formulario no absuelve las deficiencias del servicio.

Por eso la crítica no es enemiga de la justicia. Lo que la debilita es confundir la dignidad de la función con la susceptibilidad de quien la ejerce. Una institución respetable debe poder explicar su presupuesto, reconocer sus fallas y corregir su diseño sin convertir cada pregunta en una afrenta. La toga no es un título de nobleza. Mucho menos una póliza contra el escrutinio.

Hay investigadores, fiscales y jueces cuyo trabajo merece respeto. La Sala Tercera incluso presentó esta semana una propuesta para incorporar el vínculo con crimen organizado como criterio de prisión preventiva. Pero reconocer esos esfuerzos no supone entregar un salvoconducto a las jerarquías. El trabajo de quienes sostienen el servicio no exime a la cúpula de responder por la conducción institucional ni por el mensaje de su ausencia.

El CACCO no puede quedar como una obra aislada. Debe integrarse a un esfuerzo que impida convertir el encierro en oficina de operaciones criminales. Precisamente por eso interesa un Estado articulado, no una competencia de vanidades. A la infraestructura penitenciaria deben corresponder investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y resoluciones oportunas. Cada eslabón debe cumplir su tarea. La delincuencia organizada no necesita que el Estado le regale, además, una desorganización solemne.

Lo ocurrido hoy me parece una muestra de desidia política, no porque la asistencia equivalga a combatir el crimen, sino porque la conducción de un poder también exige presencia pública y disposición a reconocer esfuerzos ajenos. Si había razones atendibles para no concurrir, que las expliquen. La ciudadanía no tiene por qué adivinarlas ni dispensar automáticamente a sus jerarcas del costo de una señal tan desafortunada.

Mi juicio es claro. Esta conducción necesita una renovación profunda, sometida a los procedimientos constitucionales, no otra ceremonia de autojustificación. Si de mi voto dependiera su continuidad, no la respaldaría. Ni la antigüedad del magistrado ni la permanencia del fiscal constituyen un mérito suficiente para seguir. Los cargos se justifican con idoneidad, resultados y responsabilidad pública; no con la destreza para sobrevivir dentro del organigrama.

La República no les pertenece. La autoridad se la presta el ciudadano y el respeto no viene cosido a la toga. Hoy quedaron vacías unas sillas. Lo intolerable sería que siguiera vacante la responsabilidad pública.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR distingue las opiniones de sus colaboradores de su cobertura informativa. También mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.

The post El país pone los muertos; la Corte, las ausencias appeared first on MUNDO ACR.

POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.

Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.

También se vuelve institucional, política y ciudadana.

Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.

Su planteamiento no es menor.

Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.

Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.

La tesis de Román

La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.

Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.

Su razonamiento es sencillo.

Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.

Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.

La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.

Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.

Cuando el árbitro habla

La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.

Tampoco por un comentarista político.

Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.

Y ese detalle importa.

Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.

Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.

En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.

También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.

La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.

A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.

Se convierte también en una defensa institucional.

Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.

La otra mitad de la conversación

Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.

Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.

¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?

El ciudadano común no elige magistrados electorales.

No participa directamente en su nombramiento.

No decide sobre su permanencia.

No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.

Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.

Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.

No porque una sustituya a la otra.

Sino porque ambas se necesitan mutuamente.

La independencia protege al árbitro de los políticos.

La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.

Una pregunta legítima

Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.

Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.

La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.

Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.

Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.

Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.

Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.

Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.

La conversación pendiente

La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.

Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.

La discusión pendiente parece otra.

Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.

Porque una democracia necesita árbitros independientes.

Eso difícilmente está en discusión.

Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.

Y ahí es donde la conversación apenas comienza.

Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.

¿Quién vigila al árbitro?

En MUNDO ACR no solo contamos lo que ocurre. También analizamos las preguntas que quedan abiertas cuando terminan los discursos.

Si desea recibir este y otros análisis directamente en su celular, puede seguir el canal de WhatsApp y mantenerse informado con noticias, contexto y lecturas de poder que ayudan a entender lo que ocurre detrás de los titulares.

The post Independencia sí. ¿Pero quién vigila al árbitro? appeared first on MUNDO ACR.

Rodrigo Arias volvió a salir al escenario político con su tono calmado y frases de salón elegante, intentando posicionarse como el “Monarca sensato” que nos salvará del caos. Esta vez lo hizo desde Nicoya, lanzando advertencias sobre un supuesto peligro para la democracia costarricense. Pero veamos con claridad: lo que realmente está en peligro no es la democracia, sino el sistema de privilegios que su generación ha sostenido por décadas.

Arias, figura central del viejo arismo, presidente de una Asamblea desacreditada y símbolo del bipartidismo pactado, nos habla de “unidad nacional”, “acciones serenas” y “respeto institucional”. Pero sus palabras no son un acto de patriotismo: son un acto de autodefensa política, de quien sabe que su legado está siendo desmantelado por una ciudadanía más crítica y cansada de tanta hipocresía.

¿Cómo puede hablar del “rezago y dolor de Guanacaste”, si su generación política gobernó por años sin resolver esas mismas brechas? ¿Dónde estaban esas reflexiones cuando se blindaban intereses económicos, se negociaban puestos a puertas cerradas y se repartía el país entre élites mientras la mayoría veía crecer la desigualdad?, sin mencionar el “Caso de El Jobo”. Al cual se hizo el mae, mientras entre trinquetes se repartieron el botín de tierra.

Su “defensa de la institucionalidad” es, en realidad, una defensa del sistema que los ha mantenido a salvo, lejos de los tribunales, esa misma institución que actualmente tiene una credibilidad por los suelos, mas con su compita Orlando Aguirre los mismo añejos de siempre que han mantenido la sombra oscura en el país, lejos del hambre y lejos de la realidad de la mayoría.

Rodrigo Arias no soporta que las instituciones sean cuestionadas, no porque le preocupe la democracia, sino porque sabe que si el pueblo empieza a escarbar, va a encontrar décadas de podredumbre política escondida bajo trajes finos y discursos bonitos. Su llamado a respetar las instituciones no es para fortalecerlas: es para blindarlas del escrutinio público. Lo que él llama “serenidad”, es simplemente una forma elegante de pedir que nadie los moleste. Y lo que disfraza de “unidad nacional” es solo la nostalgia de aquellos tiempos donde gobernaban sin que nadie les levantara la voz.

Rodrigo Arias no representa la democracia. Representa el sistema que la desgastó desde dentro. Ese sistema que toleró escándalos, calló ante abusos de poder, y bloqueó todo intento de renovación con pactos en lo oscurito.

Nos quiere dar lecciones de moral desde una silla que simboliza todo lo contrario a la ética democrática: el acomodo, el elitismo y la desconexión. No nos dejemos engañar: la democracia no se construye con frases poéticas ni con sombreros prestados para tomarse la foto en Nicoya. La democracia se construye con coherencia, valentía y memoria.

Y eso es justamente lo que Rodrigo Arias y su círculo más cercano nunca ofrecieron.

POR ANIBAL NEWMAN

“No, señor Arias, ¡yo ya no me dejo meter el dedo en el fundillo como lo hicieron esos vagos corruptos de gobiernos pasados que, entre medios tradicionales, nos vendieron el arcoíris del país cariñosito mientras entre sombras nos robaban y pudrían Costa Rica!”

The post ¿Democracia en peligro? ¡Sí, por ustedes, Don Rodrigo!. appeared first on MUNDO ACR.