Operativo y gestión diplomática
La Fuerza Pública capturó a 15 coligalleros en las cercanías de Crucitas y del Cerro Conchudita.
El despliegue ocurrió casi al mismo tiempo que una gestión diplomática. Costa Rica solicitó a Nicaragua reforzar la vigilancia en el río San Juan, señalado como posible vía de salida de sedimentos mineros.
Las autoridades nicaragüenses respondieron afirmativamente. Ambas partes acordaron una reunión en Peñas Blancas.
El río San Juan es soberano de Nicaragua. El patrullaje directo en sus aguas depende exclusivamente de ese país.

Concesiones del lado nicaragüense
El reportaje también analiza lo que sucede al otro lado de la frontera.
Según publicaciones oficiales en La Gaceta de Nicaragua, entre julio y septiembre de 2025 se otorgaron al menos cuatro concesiones mineras en el departamento de Río San Juan.
En conjunto abarcan cerca de 1.500 kilómetros cuadrados.
Tres fueron adjudicadas a Thomas Metal Sociedad Anónima y una a Xiongfu Development S.A., en zonas próximas al límite con Costa Rica.
La existencia de actividad industrial en esa franja introduce un elemento económico evidente. Si hay capacidad para procesar material, la minería ilegal en Crucitas encuentra un mercado cercano.

Antecedente del OIJ
El informe recuerda que en 2020 el Organismo de Investigación Judicial comunicó a la Sala Constitucional que el oro extraído ilegalmente podría estar saliendo no solo por el río San Juan.
También mencionó la posibilidad de salida por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
En ese momento se advirtió sobre estructuras de transporte y comercialización que debían investigarse.
No se divulgaron nombres ni existen sentencias judiciales firmes derivadas de ese reporte.
Impacto económico y ambiental.

Las pérdidas asociadas a la minería ilegal en Crucitas han sido estimadas en montos millonarios.
Algunas proyecciones han superado los 200 millones de dólares anuales, dependiendo del volumen extraído y del precio internacional del oro.
A esto se suma el daño ambiental acumulado en una zona que ya tenía antecedentes judiciales desde la concesión otorgada años atrás a Infinito Gold y la posterior prohibición de la minería a cielo abierto.

Lo que sigue
Lo ocurrido esta semana muestra la dimensión inmediata del problema.
La incógnita es si la coordinación entre ambos países logrará impactar algo más que el punto visible de la extracción.

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Una porción de estas concesiones incluye áreas limítrofes, afectando la frontera con Costa Rica y también zonas adyacentes a Honduras. En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha incrementado la entrega de licencias mineras a firmas procedentes del gigante asiático.

Concesiones en Río San Juan y zonas fronterizas

El Ministerio de Energía y Minas entregó las concesiones por un período de 25 años para el “aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos”.

La concesión más extensa se otorgó a la empresa Zhong Fu Development S. A., que recibió 49.997,5 hectáreas. Esta zona se localiza en el departamento sureño de Río San Juan, directamente fronterizo con Costa Rica.

Las otras concesiones de Nicaragua minería China fueron:

• Three Gold Coins Company S. A.: Recibió 23.223,53 hectáreas en el norte del país, abarcando una zona entre Nueva Segovia y Madriz. Esta área colinda con Honduras.
• Norther Mining Company S.A.: La compañía, representada por el empresario chino Bao Jiang, obtuvo dos concesiones separadas. La primera por 3.115,5 hectáreas en Chinandega (noroeste) y la segunda por 8.720 hectáreas en Jinotega (norte), ambas limítrofes con Honduras.

Denuncias por impacto ambiental y político

La entrega masiva de licencias ocurre bajo la administración de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen una alianza con el mandatario chino Xi Jinping. El gobierno nicaragüense restableció relaciones diplomáticas con China en 2021, rompiendo sus lazos con Taiwán.

Medios de prensa nicaragüenses exiliados indican que estas firmas chinas explotan principalmente oro en el país.

Organizaciones ecologistas, como la ONG Fundación del Río (también exiliada), han denunciado el proceso de concesiones. La ONG afirma que los permisos se entregan en áreas protegidas sin realizar la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan dichas zonas.

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