Toda crisis tiene una fecha de inicio.

O al menos eso parece.

Porque en política, la fecha en que comienza un problema suele cambiar dependiendo de quién esté contando la historia.

Claudia Dobles volvió a poner el tema de la seguridad sobre la mesa al afirmar que la administración Rodrigo Chaves dejó una crisis y que el aumento de los homicidios ocurrió durante ese gobierno y no durante los anteriores.

@noticiasacr 🚨🇨🇷 “¿Por qué no le estamos dando recursos al OIJ para combatir el crimen organizado?” Claudia Dobles, CAC PAC . . . #acrmundo #mundoacr #CostaRica #Seguridad #OIJ ♬ Comedy Corridor – Finley Reed

La afirmación encuentra respaldo en un dato difícil de ignorar.

Costa Rica cerró el 2023 con 907 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia nacional.

Nunca antes habían muerto tantas personas de forma violenta en un solo año.

Visto desde ahí, la historia parece clara.

Pero basta retroceder unos cuantos años para que la fotografía empiece a cambiar.

Porque los mismos registros oficiales muestran que la violencia no apareció de repente cuando Rodrigo Chaves llegó a Casa Presidencial.

En 2015 Costa Rica cruzó por primera vez el umbral que la Organización Mundial de la Salud considera epidémico en materia de homicidios.

En 2017 el país alcanzó entonces el récord histórico con 603 asesinatos.

Mucho antes de los 907 homicidios de 2023, el Organismo de Investigación Judicial ya advertía sobre ajustes de cuentas, disputas territoriales y una transformación del crimen organizado que comenzaba a sentirse en distintos puntos del país.

Y ahí es donde la conversación se vuelve más interesante.

Porque una cosa es identificar cuándo una crisis explota.

Y otra muy distinta es decidir cuándo comenzó a construirse.

Durante años Costa Rica discutió hacinamiento carcelario, infraestructura penitenciaria, regímenes semiinstitucionales, tobilleras electrónicas, recursos policiales y el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Algunas decisiones fueron impulsadas por distintos gobiernos.

Otras surgieron desde el Poder Judicial.

Otras respondieron a obligaciones legales relacionadas con derechos humanos y sobrepoblación penitenciaria.

Administración Solís Rivera (2014-2018) Se aprobó y comenzó a implementar la Ley 9271 sobre mecanismos electrónicos de seguimiento (brazaletes). Esta medida se diseñó como una alternativa para reducir el hacinamiento crítico, priorizando el descongestionamiento de los centros penales.

Administración Alvarado Quesada (2018-2022) Según logró la mayor reducción del hacinamiento en 20 años, pasando de una sobrepoblación del 43% en 2018 a un 5,8% en 2022. Presuntamente el gobierno de Alvarado dijo que esto se logró impulsando centros regionales y construyendo nueva infraestructura carcelaria, destacando el CAI Terrazas (con 1.200 nuevos espacios). La famosa cárcel de estereofon.

Sin embargo, cuando la discusión política llega al ciudadano, toda esa historia suele comprimirse en una fecha.

Y esa fecha cambia dependiendo de quién la esté contando.

Para algunos actores, la crisis comienza cuando los homicidios alcanzan niveles récord.

Para otros, la historia empieza varios años antes, cuando comenzaron a acumularse señales que hoy siguen formando parte del problema.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Cuando el foco apunta hacia la administración Chaves, la explicación suele concentrarse en el periodo donde las cifras explotaron.

Cuando aparecen preguntas sobre gobiernos anteriores, políticas penitenciarias, hacinamiento o decisiones institucionales tomadas años atrás, la historia se vuelve más larga y mucho más compleja.

La explosión tiene fecha.

El origen es otra discusión.

Y probablemente ahí se encuentra la parte más incómoda de todo este tema.

No quién gobernaba cuando el país alcanzó su peor cifra de homicidios.

Los números ya responden esa parte.

La pregunta pendiente es otra.

¿Estamos hablando del momento en que la crisis se volvió imposible de ignorar?

¿O estamos hablando del momento en que comenzaron a aparecer las condiciones que hicieron posible llegar hasta ahí?

Porque dependiendo de dónde se coloque ese punto de partida, también cambian los responsables, las explicaciones y las conclusiones.

Los 907 homicidios de 2023 existen.

Nadie los discute.

Lo que sigue sin resolverse es otra cosa.

Si la crisis empezó cuando las cifras explotaron o si empezó años antes, cuando las advertencias ya estaban sobre la mesa y pocos querían escucharlas.

Porque dependiendo de dónde se coloque esa fecha, también cambia la historia que se cuenta.

Y en política, a veces la batalla más importante no es por los hechos.

Es por el punto exacto donde empieza el relato.

¿Qué piensa usted? ¿La crisis de seguridad en Costa Rica comenzó cuando los homicidios alcanzaron niveles récord o mucho antes? Déjenos su opinión y siga a MUNDO ACR en nuestro canal de WhatsApp para recibir análisis, contexto y noticias que otros pasan por alto.

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Por ACR Mundo | Redacción Regional Centroamérica.

Durante más de una década, Costa Rica y Panamá han arrastrado una disputa comercial que sobrevivió cambios de gobierno, procesos internacionales y negociaciones diplomáticas sin llegar todavía a una solución definitiva.

Y quizá ahí está lo más llamativo del caso.

La tensión ya no parece una diferencia comercial pasajera.

Empieza a sentirse como un pulso regional donde comercio, política, protección de mercados y relaciones diplomáticas terminaron mezclándose durante años sin que ninguna de las partes lograra cerrar el problema.

Esta semana, el sector lácteo costarricense volvió a respaldar públicamente la posición del gobierno de Laura Fernández frente a las restricciones que Panamá mantiene sobre productos nacionales desde 2020.

La Cámara Nacional de Productores de Leche asegura que el bloqueo provocó pérdidas superiores a los $200 millones y afectó directamente a miles de familias y productores vinculados al sector.

Pero el origen de la disputa es mucho más antiguo que el actual gobierno.

Los primeros antecedentes se remontan a 2011, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda, cuando Costa Rica decidió no renovar permisos sanitarios a una planta panameña que exportaba productos avícolas.

Aquella decisión frenó exportaciones panameñas hacia territorio costarricense y abrió una tensión comercial que con el tiempo fue creciendo.

Años después, Panamá tomó medidas contra productos agrícolas, cárnicos y lácteos costarricenses alegando incumplimientos fitosanitarios y vencimientos de permisos sanitarios.

Costa Rica rechazó esa posición y sostuvo que las restricciones carecían de sustento técnico y científico.

La situación siguió avanzando gobierno tras gobierno.

Pasó por las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, donde el diferendo dejó de verse únicamente como un tema sanitario y terminó escalando hasta la Organización Mundial del Comercio.

Ante la falta de acuerdos bilaterales, Costa Rica presentó una demanda formal ante la OMC en 2021.

Tres años después, un panel arbitral falló a favor del país y concluyó que Panamá incumplía múltiples obligaciones comerciales internacionales.

Pero la disputa tampoco terminó ahí.

Panamá apeló la resolución.

Y ese movimiento abrió una situación todavía más compleja, el órgano de apelación de la OMC permanece prácticamente inactivo, dejando el caso atrapado en una especie de limbo jurídico internacional.

Por eso la tensión dejó de sentirse únicamente técnica o sanitaria.

También empezó a verse política, económica y diplomática.

El expresidente Rodrigo Chaves incluso intentó que Panamá no apelara el fallo internacional, según reconoció públicamente el propio presidente panameño José Raúl Mulino.

La respuesta fue negativa.

Mulino dejó claro que Panamá priorizaría la protección de sus sectores productivos y recordó además que empresas panameñas también enfrentaron restricciones históricas dentro de Costa Rica.

A partir de ahí, el tema dejó de verse únicamente como un reclamo comercial.

Empezó a convertirse en una discusión sobre reciprocidad entre países, un principio diplomático donde un Estado responde o actúa frente a otro de forma similar a cómo considera que ha sido tratado.

Eso quedó todavía más claro cuando Mulino confirmó que Panamá revisa con cautela solicitudes relacionadas con venta de energía hacia Costa Rica en medio de la disputa comercial.

Sin elevar el tono públicamente, el mandatario panameño dejó un mensaje diplomático bastante claro, las relaciones entre ambos países no se discuten únicamente en tribunales internacionales.

También pasan por intereses estratégicos, energía, comercio y capacidad de presión mutua.

Mientras tanto, productores costarricenses siguen reclamando una salida después de años de pérdidas económicas acumuladas.

Según datos del sector lácteo, cerca de 85 mil kilos diarios de leche que antes ingresaban al mercado panameño tuvieron que buscar nuevos destinos comerciales tras el cierre de fronteras.

El impacto también alcanzó pequeñas industrias que no lograron sostenerse dentro del mercado local.

Aun así, la disputa parece lejos de cerrarse rápidamente.

Y quizá el punto más delicado ya no es quién tiene la razón jurídica.

La verdadera señal que empieza a dejar este caso es otra, qué tan limitados pueden llegar a ser los mecanismos internacionales cuando los choques comerciales terminan mezclándose con protección de mercados, presión política y estrategias regionales de largo plazo.

Después de más de una década, el caso terminó demostrando que incluso entre países vecinos y tratados comerciales vigentes, los intereses económicos y la protección de mercados pueden pesar más que los propios mecanismos internacionales.

En ACR Mundo seguimos explicando las tensiones económicas, políticas y regionales que terminan impactando a Costa Rica y Centro América. Seguinos también en nuestro canal de Telegram para más análisis y noticias.

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La confrontación política ya no ocurre solamente en conferencias, debates o en la Asamblea Legislativa.

Cada vez más se libra desde perfiles, publicaciones virales y espacios digitales donde las fronteras entre información, opinión, ataque y credibilidad se vuelven más difíciles de separar.

Eso fue precisamente lo que dejó ver el exdiputado oficialista Daniel Vargas al responder públicamente a publicaciones que, según afirma, contienen falsedades sobre él y personas cercanas.

A través de un extenso pronunciamiento en Facebook, Vargas evitó mencionar directamente nombres o páginas, pero sí cuestionó a un perfil que, según sus palabras, busca presentarse como medio periodístico mientras difunde ataques personales y afirmaciones sin sustento.

Más allá del caso puntual, la reacción refleja un fenómeno que sigue creciendo dentro de la política moderna: figuras públicas respondiendo directamente desde plataformas digitales a contenidos que consideran ofensivos, falsos o dirigidos a erosionar su imagen pública.

En su publicación, Vargas agradeció el respaldo recibido tras la polémica, defendió su trayectoria política y pidió que cualquier señalamiento en su contra sea presentado con pruebas y por las vías correspondientes.

También insistió en que no suele responder ataques personales, pero consideró necesario fijar posición ante lo que calificó como una campaña basada en falsedades.

El tema, sin embargo, va más allá de una respuesta individual.

La política costarricense empieza a mostrar un escenario donde parte de la confrontación pública se mueve hacia terrenos mucho más inmediatos y emocionales, impulsados por publicaciones virales, perfiles digitales y espacios donde la velocidad muchas veces supera la verificación.

Eso ha provocado que actores políticos, comunicadores y usuarios entren constantemente en disputas sobre qué constituye periodismo, qué es opinión y cuándo una publicación cruza hacia el ataque personal o la desinformación.

En medio de ese ambiente, las redes digitales se han convertido no solo en espacios de comunicación, sino también en escenarios de disputa reputacional y política.

Por ahora, Vargas no anunció acciones legales ni identificó directamente al perfil al que hacía referencia.

Pero el episodio vuelve a evidenciar cómo el debate sobre credibilidad, anonimato, ataques políticos y comunicación digital seguirá creciendo dentro de la conversación pública costarricense.

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Entre ellos aparecen:
Ciudad Gobierno,
La Marina de Limón,
Crucitas
Nuevos eurobonos.

Y aunque para muchas personas estos temas pueden sonar técnicos o confusos, el movimiento deja una señal política importante, la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa cambió completamente el escenario para varios proyectos que antes enfrentaban bloqueos o recomendaciones de archivo.

¿Qué pasó con Ciudad Gobierno?

Uno de los casos más llamativos es el proyecto relacionado con Ciudad Gobierno.

La iniciativa busca permitir la construcción de un complejo estatal donde se concentrarían decenas de instituciones públicas y miles de funcionarios.

El plan fue impulsado durante la administración Chaves, pero terminó enfrentando obstáculos importantes después de cuestionamientos de la Contraloría General de la República sobre el modelo financiero propuesto.

Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea emitió en 2024 un informe negativo recomendando archivar el proyecto.

Y aquí es donde mucha gente suele confundirse.

¿Un proyecto con recomendación de archivo significa que murió?

No necesariamente.

Ese es precisamente uno de los puntos que más confusión genera en temas legislativos.

Aunque exista una recomendación de archivo, el Plenario todavía puede votar ese informe.

Y si la mayoría de diputados decide rechazar la recomendación negativa, el proyecto puede seguir avanzando dentro de la corriente legislativa.

Eso es justamente lo que ahora podría ocurrir con la nueva mayoría oficialista.

Entonces, ¿qué cambió realmente?

Lo que cambió no fue la ley.
Lo que cambió fue la fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa.

Con 31 diputados cercanos al oficialismo, el gobierno ahora tiene mucho más margen para intentar revivir proyectos que antes parecían políticamente bloqueados.

Eso no significa automáticamente que todas las iniciativas serán aprobadas sin obstáculos.

Pero sí significa que el panorama legislativo es muy distinto al de años anteriores.

¿Y qué pasa con los magistrados y las reformas judiciales?

Otro de los temas que comenzó a moverse nuevamente es la discusión sobre posibles reformas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Aquí también es importante separar percepción política de realidad legislativa.

Algunas reformas constitucionales sí requieren una mayoría calificada de 38 votos, por lo que el oficialismo todavía necesita negociar con otros sectores para lograr cambios de ese nivel.

Es decir, tener mayoría política no significa tener control absoluto sobre todas las decisiones.

Pero sí abre espacio para impulsar debates y proyectos que antes tenían pocas posibilidades de avanzar.

Más allá de los titulares, ¿qué está pasando realmente?

En medio de términos legislativos, procedimientos parlamentarios y lecturas políticas, muchas veces el ciudadano termina recibiendo más confusión que claridad sobre lo que realmente puede o no puede hacer una Asamblea Legislativa.

Y ahí es donde aparece el verdadero cambio de fondo.

La nueva mayoría oficialista no garantiza automáticamente que todos los proyectos del gobierno serán aprobados.

Pero sí modifica por completo el margen político que tiene el Ejecutivo para volver a poner sobre la mesa iniciativas que durante años parecían congeladas o sin futuro legislativo.

En otras palabras, más que una aprobación automática, lo que empieza a verse es un nuevo equilibrio de poder dentro de la Asamblea Legislativa.

Porque entender cómo funciona realmente la Asamblea Legislativa también ayuda a comprender por qué algunos proyectos políticos reaparecen incluso después de parecer frenados.

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