No más excusas, PLN: El país no espera, apoyemos la vía rápida del ROPC

A tres meses de que termine este periodo constitucional, la Asamblea Legislativa no puede actuar como si el tiempo fuera infinito. Este periodo se acaba, y lo que hagamos debe responder al interés público, no a cálculos electorales ni a excusas para seguir postergando decisiones.

Lo que no puede normalizarse —y ya se ha visto en otros momentos— es que se antepongan intereses personales o partidarios al bienestar del pueblo costarricense, especialmente cuando están en juego la certeza y los derechos de miles de personas trabajadoras y jubiladas vinculadas al ROP Complementario (ROPC).

Para que el debate público no se distorsione, es importante dejar constancia del orden y la seriedad con que se ha trabajado este tema.  Se presentaron varias iniciativas de ley bajo los siguientes Expedientes que fueron presentados de manera secuencial como sigue: 24.955 (25 de abril de 2025), 24.972 (12 de mayo de 2025), 24.984 (16 de mayo de 2025) y 25.003 (22 de mayo de 2025). A partir de esos proyectos, se realizaron mesas de trabajo con participación de diputaciones proponentes, asesorías, sectores gremiales y actores vinculados a la defensa del ROPC, con el objetivo de construir una propuesta responsable.

Fruto de ese trabajo, se presentó un texto sustitutivo incorporado en corriente legislativa el 9 de diciembre de 2025, que recoge la mayoría de las preocupaciones e inquietudes planteadas. Además, se solicitó a Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa el criterio sobre el principio de conexidad de dicho texto:  el criterio, remitido el 15 de diciembre de 2025, con oficio e referencia AL-DEST-CJU-0108-2025 y trasladado a las distintas fracciones, concluye que el texto cumple con el principio de conexidad. Esto es clave: aquí hay base técnica y procedimiento. No hay improvisación.

Entonces, si hay trabajo y hay sustento, ¿qué falta? Falta decisión política.

Por eso, hoy el país necesita acciones concretas, no más discursos:

Primero: retomar la próxima semana las mesas de trabajo con agenda clara y disposición real, para acordar un texto definitivo en cuestión de días.

Segundo: una vez acordado ese texto, darle trámite de vía rápida por el artículo 177 del Reglamento de la AL.

Tercero: dejar de “patear la bola” con la excusa del “proyecto perfecto”, cuando muchas veces esa búsqueda lo que encubre es la intención de posponer lo inevitable.

También preocupa que se pretenda trasladar una decisión urgente al terreno del “después”, del “cuando yo llegue”, o de promesas condicionadas al próximo gobierno. Costa Rica no puede firmar cheques en blanco. Cuando se habla de proteger derechos y dar certeza a las personas trabajadoras, eso se resuelve aquí, en la Asamblea, y ahora.

Por eso el llamado es directo al Partido Liberación Nacional (PLN) y a su jefatura de fracción: existe una moción de vía rápida que ya ha sido firmada por varias diputadas y diputados. Si el PLN afirma estar del lado de las personas trabajadoras, debe demostrarlo con hechos, firmando la moción y permitiendo que el proyecto avance sin más dilaciones.

No se vale decir una cosa en campaña y hacer otra en el Plenario. La gente ve, escucha y juzga. Y la coherencia política no se declara: se practica.

El país no necesita más tiempo perdido. Necesita seriedad, acuerdos y trámite. Si hay coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, entonces la próxima semana se retoman mesas, se define un texto único definitivo y se aprueba la vía rápida.

Esa es la responsabilidad política mínima en el cierre de esta legislatura. Y es, sobre todo, una señal clara para quienes sostienen este país con su trabajo: que en la Asamblea se actúa en favor de la justicia y la dignidad, con hechos y no con discursos.

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La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (Acop) respalda esta prórroga de dos años. Según la organización, este tiempo adicional permitirá finalizar estudios técnicos que evalúen el impacto económico, financiero y previsional de los cambios, asegurando que los derechos de los trabajadores estén protegidos.

Los fondos generacionales consisten en dividir los recursos actualmente administrados en un solo fondo en cuatro categorías, según la edad de los afiliados:

• Nacidos antes de 1970
• Nacidos en los años 70
• Nacidos en los años 80
• Nacidos después de los 90

El objetivo es que cada grupo pueda asumir distintos niveles de riesgo según su proximidad a la jubilación, mejorando así la eficiencia de las inversiones y la expectativa de pensión.

Acop subraya que esta prórroga no debe verse como un retraso, sino como una medida de prudencia para garantizar que la implementación sea correcta y beneficiosa para todos los afiliados.

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El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) no es solo un fondo de pensiones; es un pilar de la justicia social en Costa Rica, pero también su devolución es un tema crítico que toca el corazón de la justicia social en nuestro país.

El ROPC ha sido concebido como un reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de miles de costarricenses a lo largo de sus vidas laborales. Sin embargo, la reciente defensa de las operadoras de pensiones, que parecen más interesadas en preservar su control sobre estos recursos que en proteger los derechos de los trabajadores, plantea serias inquietudes sobre la naturaleza de este sistema.

Durante un reciente debate televisivo con el suscrito, el Superintendente de Pensiones insinuó, con un tono despectivo, mencionar que el ROPC no pertenece completamente a los trabajadores, argumentando que su aporte es solo del 8%. Esta afirmación no solo es errónea, sino que también cuestiona la verdadera propiedad de los ahorros acumulados. Es fundamental recordar que el espíritu del legislador al crear el ROPC fue claro: esos ahorros pertenecen a los trabajadores, y la devolución de los mismos es un derecho inalienable.

La historia ha demostrado que la devolución total de los ahorros del ROPC no ha impactado negativamente las finanzas del sistema de pensiones. No obstante, las operadoras se aferran a su control, priorizando sus intereses por encima del bienestar de quienes realmente han contribuido a este fondo. Es inaceptable que altos funcionarios, con salarios exorbitantes que superan los 9 millones de colones, se arroguen el derecho a decidir cómo deben gastar los ahorros de los trabajadores. Este desajuste entre sus remuneraciones y las realidades económicas de los trabajadores es un reflejo de la desconexión y falta de empatía que existe en el sistema.

La necesidad de acceso a los ahorros del ROPC se vuelve crítica en una etapa de la vida donde los gastos médicos aumentan y las fuentes de ingresos suelen disminuir. La devolución de estos fondos no es solo una cuestión de justicia económica, sino un imperativo moral que respeta la dedicación de miles de costarricenses. Los trabajadores deben tener la capacidad de acceder a sus ahorros para afrontar gastos fundamentales, como atención médica y pagos de hipotecas.

Es momento de que las operadoras de pensiones devuelvan lo que legítimamente pertenece a los trabajadores. Este es un clamor que debe resonar en cada rincón del país. La lucha por la devolución del ROPC no es solo una cuestión de políticas financieras; es una causa que afecta a cada trabajador y familia costarricense. Como ciudadanos, debemos movilizarnos y exigir la restitución de nuestros derechos.

La narrativa de que la devolución del ROPC debilitaría el sistema es una falacia total que no resiste el análisis. De hecho, el acceso a estos ahorros puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores y contribuir a una sociedad más equitativa. Al devolver el ROPC, se fortalece la confianza entre los trabajadores y el sistema de pensiones, promoviendo una participación más activa en él.

Cabe recordar que, en octubre de 2020, se promulgó la Ley N° 9906, permitiendo a jubilados retirar fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROPC) sin que haya afectado su estabilidad financiera. En ese entonces el presidente Carlos Alvarado destacó que esta iniciativa “inyecta recursos a los hogares costarricenses en momentos críticos, garantizando la estabilidad del sistema de pensiones”, de tal forma que las afirmaciones actuales del superintendente y de las Operadoras de Pensiones, en el sentido de que la entrega del ROPC pondría en peligro la estabilidad de las finanzas de este importante pilar, son falsas y temerarias.

En ese sentido es importante destacar que el ROPC, en la actualidad tiene activos por más de ¢14,15 billones e inversiones por ¢13,86 billones, según datos a octubre 2025, publicados por la misma SUPEN, por lo que a todas luces no estarían en peligro las finanzas de este régimen en caso de entregar los ahorros a sus verdaderos y únicos dueños.

El ROPC es una de las conquistas sociales más significativas para la clase trabajadora. La devolución de estos ahorros es un derecho que debe ser defendido con firmeza. Es hora de exigir que se respeten nuestros derechos y que se devuelvan nuestros ahorros.

¡Que las operadoras de pensiones suelten el ROP y hagamos valer nuestro derecho a una vejez digna!

Nota editorial:
Esta es una columna de opinión. El criterio aquí expresado pertenece únicamente a su autor y no refleja necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

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