Rudín calificó el intento de sanción como “espuria” y sostuvo que obedece a “intereses particulares” y a un presunto clientelismo heredado de la anterior administración municipal.

“Nueve regidores de San José priorizan la compra de 16 carros eléctricos de lujo… e intentan castigar al alcalde municipal por no despilfarrar casi 500 millones de colones”, afirmó la regidora.

Conflicto por competencias y uso de fondos

La regidora explicó que, tras la asunción del nuevo alcalde, la administración determinó que los recursos debían enfocarse en maquinaria operativa, mantenimiento de calles y servicios directos a la ciudadanía.

Rudín indicó que la compra, que se intentó adjudicar en enero de 2024, destinaba vehículos a la Auditoría Municipal y a la Segunda Vicealcaldía, entre otras áreas.

La regidora enfatizó en el marco legal del municipio.

“El Concejo Municipal no tiene competencias para sancionar al alcalde. No existe una jerarquía entre ambos, al ser un órgano bifronte, por lo que un órgano no puede sancionar al otro”, detalló Rudín sobre la ilegalidad de la medida.

Críticas al Auditor y antecedentes del Caso Diamante

Rudín formuló una crítica directa al Auditor Municipal. La regidora cuestionó que, en el contexto del Caso Diamante (investigación por presuntas dádivas y sobreprecios en obra pública), el auditor no recomendara la suspensión del exalcalde.

La regidora preguntó de forma retórica al funcionario municipal sobre la selectividad de sus acciones.

“¿Por qué por no querer despilfarrar el dinero público sí recomienda sanciones al actual alcalde, pero por presuntas dádivas y sobreprecios no? ¿A quién responde él?”, cuestionó Rudín.

Los nueve regidores señalados por votar a favor de la sanción pertenecen a diversas fracciones, incluyendo el PLN, Frente Amplio, PUSC y regidores independientes. La regidora denunció que un regidor le hizo una amenaza personal al finalizar la sesión.

La sanción será conocida formalmente en las próximas sesiones del Concejo. El alcalde mantiene la postura de priorizar la inversión en beneficio directo de la población.

@rudinjuntossjo

9 regidores de San José priorozan la compra de 16 carros eléctricos de lujo valorados en 500 Millones de colones que NO se necesitan e intentan castigar al Alcalde Municipal por NO despilfarrar casi 500 millones de colones en carros de lujo que NO son necesarios

♬ original sound – Andrea Rudín SJO

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) está evaluando la posible apertura de un procedimiento sancionatorio contra Liberty Costa Rica. Este análisis se centra en supuestas prácticas prohibidas que la empresa habría cometido. La Dirección General de Mercados de la Sutel, el órgano regulador del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, es la encargada de determinar la viabilidad de iniciar este proceso.

Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de valoración. Por esta razón, la Sutel no ha detallado cuáles son las presuntas faltas en las que Liberty habría incurrido. Por su parte, Liberty Costa Rica ha afirmado que opera en estricto apego al marco legal y regulatorio vigente, reconociendo la potestad de la Superintendencia para llevar a cabo estas revisiones.

La Decisión del Consejo Directivo y el Próximo Paso

El pasado 27 de junio, el Consejo Directivo de la Sutel revisó una recomendación para abrir un procedimiento sancionatorio contra Liberty por estas prácticas prohibidas. Tras el análisis, los directores decidieron trasladar el asunto a la Dirección General de Mercados. A esta dirección le corresponde ahora determinar si procede la apertura del procedimiento o si es necesario un paso preliminar.

La Dirección General de Mercados podría incluso optar por una investigación preliminar si se requiere mayor claridad sobre los hechos bajo estudio. Esta flexibilidad busca asegurar que cualquier acción se base en una comprensión completa de la situación.

Liberty en el Mercado Costarricense y sus Antecedentes

Al cierre de 2024, Liberty Costa Rica se consolidó como un actor dominante en el mercado de telecomunicaciones. La compañía acaparó el 40% del mercado móvil y el 25% del internet fijo, posicionándose como el principal operador local en ambos segmentos. En total, Liberty cuenta con más de 2,4 millones de suscriptores en estos dos servicios.

Curiosamente, la empresa también lidera el ranking de quejas o reclamaciones presentadas por los clientes ante la Sutel. A la par, Liberty ha acelerado sus inversiones en redes fijas de fibra óptica y en el despliegue de redes móviles de quinta generación (5G).

Tipos de Prácticas Prohibidas y Posibles Sanciones

La Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) establece cerca de treinta prácticas prohibidas para los operadores, clasificadas por su gravedad.

• Leves: Incluyen brindar información incompleta, retrasar su entrega, no notificar una concentración económica a tiempo o dificultar una inspección.
• Graves: Abordan el incumplimiento de normas técnicas, violación de derechos de usuarios, omisión de resolución de reclamaciones e incurrir en prácticas de competencia desleal.
• Muy Graves: Estas son las más serias. Contemplan operar sin concesión o autorización, usar bandas de frecuencia sin permiso, incumplir la contribución a Fonatel, usar información de usuarios sin autorización o violar la privacidad de las comunicaciones.

Las sanciones varían según la gravedad de la falta. Pueden ir desde multas de cinco a treinta salarios base para infracciones leves, hasta un porcentaje de los ingresos brutos del operador para faltas graves (0,025% a 0,5%) o muy graves (0,5% a 1%). Para el 2024, Liberty reportó ingresos por $613 millones, según los estados financieros de Liberty Latin America.

El Proceso y la Incertidumbre del Plazo

La Dirección General de Mercados de Sutel deberá decidir si abre o no el procedimiento sancionatorio. De abrirse, se tramitará conforme a las disposiciones de la Ley N° 6227 (Ley General de la Administración Pública). Si no se abre, el caso se da por concluido. Las posibles prácticas prohibidas específicas que se investigan “están en estudio”, según la entidad.

En cuanto al plazo, la Dirección General de Mercados indicó que “el tiempo dependerá de si se lleva a cabo o no la apertura de un procedimiento administrativo”. No hay una certeza definitiva sobre la apertura del proceso de sanción; todas las posibilidades permanecen abiertas.

José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, señaló: “La Superintendencia, en el marco de sus competencias y funciones, analiza ordinariamente casos de diversos operadores, para validar que todas las actuaciones en el mercado se den correctamente. Muchas veces, tal estudio confirma la inexistencia de irregularidad alguna. Confiamos que cualquier valoración se hará con objetividad y pleno respeto al debido proceso”.

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