Por ACR Mundo | Redacción Regional Centroamérica.

Durante más de una década, Costa Rica y Panamá han arrastrado una disputa comercial que sobrevivió cambios de gobierno, procesos internacionales y negociaciones diplomáticas sin llegar todavía a una solución definitiva.

Y quizá ahí está lo más llamativo del caso.

La tensión ya no parece una diferencia comercial pasajera.

Empieza a sentirse como un pulso regional donde comercio, política, protección de mercados y relaciones diplomáticas terminaron mezclándose durante años sin que ninguna de las partes lograra cerrar el problema.

Esta semana, el sector lácteo costarricense volvió a respaldar públicamente la posición del gobierno de Laura Fernández frente a las restricciones que Panamá mantiene sobre productos nacionales desde 2020.

La Cámara Nacional de Productores de Leche asegura que el bloqueo provocó pérdidas superiores a los $200 millones y afectó directamente a miles de familias y productores vinculados al sector.

Pero el origen de la disputa es mucho más antiguo que el actual gobierno.

Los primeros antecedentes se remontan a 2011, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda, cuando Costa Rica decidió no renovar permisos sanitarios a una planta panameña que exportaba productos avícolas.

Aquella decisión frenó exportaciones panameñas hacia territorio costarricense y abrió una tensión comercial que con el tiempo fue creciendo.

Años después, Panamá tomó medidas contra productos agrícolas, cárnicos y lácteos costarricenses alegando incumplimientos fitosanitarios y vencimientos de permisos sanitarios.

Costa Rica rechazó esa posición y sostuvo que las restricciones carecían de sustento técnico y científico.

La situación siguió avanzando gobierno tras gobierno.

Pasó por las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, donde el diferendo dejó de verse únicamente como un tema sanitario y terminó escalando hasta la Organización Mundial del Comercio.

Ante la falta de acuerdos bilaterales, Costa Rica presentó una demanda formal ante la OMC en 2021.

Tres años después, un panel arbitral falló a favor del país y concluyó que Panamá incumplía múltiples obligaciones comerciales internacionales.

Pero la disputa tampoco terminó ahí.

Panamá apeló la resolución.

Y ese movimiento abrió una situación todavía más compleja, el órgano de apelación de la OMC permanece prácticamente inactivo, dejando el caso atrapado en una especie de limbo jurídico internacional.

Por eso la tensión dejó de sentirse únicamente técnica o sanitaria.

También empezó a verse política, económica y diplomática.

El expresidente Rodrigo Chaves incluso intentó que Panamá no apelara el fallo internacional, según reconoció públicamente el propio presidente panameño José Raúl Mulino.

La respuesta fue negativa.

Mulino dejó claro que Panamá priorizaría la protección de sus sectores productivos y recordó además que empresas panameñas también enfrentaron restricciones históricas dentro de Costa Rica.

A partir de ahí, el tema dejó de verse únicamente como un reclamo comercial.

Empezó a convertirse en una discusión sobre reciprocidad entre países, un principio diplomático donde un Estado responde o actúa frente a otro de forma similar a cómo considera que ha sido tratado.

Eso quedó todavía más claro cuando Mulino confirmó que Panamá revisa con cautela solicitudes relacionadas con venta de energía hacia Costa Rica en medio de la disputa comercial.

Sin elevar el tono públicamente, el mandatario panameño dejó un mensaje diplomático bastante claro, las relaciones entre ambos países no se discuten únicamente en tribunales internacionales.

También pasan por intereses estratégicos, energía, comercio y capacidad de presión mutua.

Mientras tanto, productores costarricenses siguen reclamando una salida después de años de pérdidas económicas acumuladas.

Según datos del sector lácteo, cerca de 85 mil kilos diarios de leche que antes ingresaban al mercado panameño tuvieron que buscar nuevos destinos comerciales tras el cierre de fronteras.

El impacto también alcanzó pequeñas industrias que no lograron sostenerse dentro del mercado local.

Aun así, la disputa parece lejos de cerrarse rápidamente.

Y quizá el punto más delicado ya no es quién tiene la razón jurídica.

La verdadera señal que empieza a dejar este caso es otra, qué tan limitados pueden llegar a ser los mecanismos internacionales cuando los choques comerciales terminan mezclándose con protección de mercados, presión política y estrategias regionales de largo plazo.

Después de más de una década, el caso terminó demostrando que incluso entre países vecinos y tratados comerciales vigentes, los intereses económicos y la protección de mercados pueden pesar más que los propios mecanismos internacionales.

En ACR Mundo seguimos explicando las tensiones económicas, políticas y regionales que terminan impactando a Costa Rica y Centro América. Seguinos también en nuestro canal de Telegram para más análisis y noticias.

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