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La seguridad pública se perfila como una de las principales prioridades de la administración de Laura Fernández.

Durante una actividad donde participaron cuerpos policiales de distintas regiones del país, la presidenta dejó claro que pretende involucrarse personalmente en el seguimiento de las estrategias contra el crimen organizado y en la coordinación de acciones entre las diferentes instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

La mandataria aseguró que las reuniones de trabajo con los cuerpos policiales se convertirán en una práctica permanente de su gobierno y explicó que estos espacios permitirán revisar resultados, analizar información operativa y definir objetivos de corto y mediano plazo.

Según Fernández, el comportamiento de la criminalidad varía entre provincias y cantones, por lo que considera necesario tomar decisiones basadas en información específica de cada región.

Uno de los puntos que más destacó fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas entidades que participan en la lucha contra el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, la presidenta insistió en que la seguridad no depende únicamente de la labor policial y sostuvo que el desafío también involucra al Poder Judicial, al sistema penitenciario y a la Asamblea Legislativa.

Fernández reconoció que Costa Rica enfrenta dificultades para desarticular estructuras criminales de forma definitiva y señaló que, en algunos casos, grupos vinculados al narcotráfico continúan operando pese a que varios de sus integrantes ya se encuentran en prisión.

Por esa razón, adelantó que su administración impulsará nuevas propuestas legales relacionadas con el control de comunicaciones dentro de centros penitenciarios y con herramientas para combatir organizaciones criminales.

La presidenta también planteó la necesidad de revisar procedimientos que, según su criterio, retrasan investigaciones o afectan la respuesta institucional frente a determinados delitos.

Más allá de las propuestas específicas, el mensaje del Gobierno apunta a una idea central: la seguridad no puede ser enfrentada por una sola institución.

La estrategia planteada por la administración busca una participación más activa de policías, jueces, fiscales, autoridades penitenciarias y diputados en la búsqueda de soluciones a uno de los temas que más preocupa a la población costarricense.

La discusión apenas comienza.

En las próximas semanas se conocerán los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo y será entonces cuando empiece el debate sobre cuáles cambios podrían aplicarse, cuáles requerirán acuerdos políticos y cuáles encontrarán resistencia dentro de las diferentes instituciones del Estado.

Mientras tanto, el tema de la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión durante los próximos años.

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DIS y Diálogo Nacional: La Inacción de Siempre

¿Este es el mismo que nos dice que “la DIS no debe desaparecer sino transformarse“? El mismo que cuando estuvo en el poder no la reformó, no la limpió, no la transparentó, pero ahora quiere que convoquemos a “un diálogo nacional”, el recurso favorito de los inactivos profesionales, para solucionar lo que él nunca tuvo voluntad política de arreglar. ¿Y ahora pretende aleccionar al país como si no fuera corresponsable de la putrefacción institucional que sufrimos?

Luis Guillermo se nos presenta como el nuevo oráculo de la seguridad nacional, el doctor honoris causa del control político, cuando durante su mandato la DIS se mantuvo igual de opaca, pero mucho más inútil, y el narcotráfico avanzó como Pedro por su casa por los puertos, las costas y las mentes de muchos burócratas bien aceitados. Su gestión fue tan eficiente en seguridad como una sombrilla rota en medio de un huracán.

Silencio Diplomático y la Ironía del “Defensor”

Y por favor, no olvidemos que mientras hoy se rasga las vestiduras con el asesinato del opositor nicaragüense en Moravia, durante su mandato su política exterior fue una oda a la cobardía diplomática, incapaz de alzar la voz contra Daniel Ortega, guardando un vergonzoso silencio que solo benefició al régimen vecino.

La ironía es de antología: un expresidente que no reformó nada, que permitió el deterioro de instituciones clave, y que huyó del conflicto político real ahora escribe columnas como si estuviera listo para dirigir el FBI de Costa Rica. ¿De verdad cree que puede darnos lecciones sobre cómo blindar la democracia, cuando en su propio gobierno permitió que se filtrara la mediocridad y la desidia por cada rendija institucional?

El País “Indefenso”: ¿Quién lo Dejó Así?

Claro, nos habla de un país “indefenso”, pero ¿no fue él quien lo dejó sin dientes y sin garra? ¿No fue su gobierno el que “actualizó” al país con promesas vacías, con ministros incapaces y con una institucionalidad que parecía una piñata a punto de romperse? No señor, aquí no hay espacio para la reinvención de su personaje. Usted no es el Gandalf de la seguridad nacional. Es el Mago de Oz de la política tica: mucho humo, mucha pose, y nada detrás del telón.

Y ese cuento de que necesitamos recursos para fortalecer la DIS es cierto, sí. Pero no con discursos ni desde columnas que parecen escritas desde una dimensión paralela, donde Luis Guillermo fue el estadista que Costa Rica nunca tuvo.

POR ANÍBAL NEWMAN

El cachetón Solís quiere reinventarse como defensor de la seguridad nacional. Lástima que nadie se olvida de que fue parte del desastre.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de un arancel del 35 % sobre las importaciones provenientes de Canadá. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de agosto de 2025. El anuncio se hizo público a través de una carta dirigida al primer ministro canadiense, Mark Carney, y posteriormente compartida en la plataforma Truth Social del mandatario.

La misiva detalla que este nuevo gravamen se aplicará “a los productos canadienses enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales”. Además, la administración Trump advierte que las mercancías que sean transbordadas con el fin de evadir este arancel más alto también estarán sujetas a la misma tarifa.

La Crisis del Fentanilo, el Motivo de la Medida

Según el documento, la justificación principal para esta decisión radica en la “incapacidad” de Canadá para abordar de manera efectiva la crisis del fentanilo y detener el flujo de esta droga hacia territorio estadounidense. Estados Unidos había impuesto una primera ronda de gravámenes por esta misma razón.

Trump subraya en su comunicación que, en lugar de colaborar con Washington para enfrentar este problema, Canadá respondió a las medidas iniciales con sus propios aranceles.

La carta también contiene una advertencia explícita: si Ottawa decide, por alguna razón, aumentar sus propios aranceles en respuesta a esta nueva medida, “la cantidad que elijan se añadirá al 35 % que cobramos”. Esto sugiere una escalada potencial en las tensiones comerciales entre ambos países vecinos.

La imposición de aranceles por razones de seguridad nacional ligadas al narcotráfico marca un precedente en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, abriendo un nuevo frente en la política exterior de la administración Trump.

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A partir del 6 de septiembre, nicaragüenses y hondureños se unirán a ciudadanos de otras cinco naciones cuyo TPS ya fue cancelado por decisiones previas. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

Orígenes y Alcance del Estatus de Protección Temporal

El TPS, una medida de carácter humanitario, busca resguardar de la deportación a individuos que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura. Para Honduras y Nicaragua, esta designación data de 1999. El entonces presidente Bill Clinton la aprobó. La razón principal fue la devastación causada por el huracán Mitch un año antes, un desastre que cobró unas 10.000 vidas.

Desde su implementación, el estatus había sido renovado por todas las administraciones subsiguientes. La última extensión fue en 2023, cuando el presidente Joe Biden argumentó que los efectos del huracán Mitch, junto con tormentas posteriores, la inestabilidad política y los problemas económicos, aún persistían. Gracias al TPS, sus beneficiarios pudieron vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sin ser considerados indocumentados y, por ende, protegidos de ser deportados. Es importante señalar que, según Alianza TPS, alrededor de 32.000 hondureños lograron regularizar su situación migratoria y obtener la “tarjeta verde”, por lo que la actual decisión no les afectará.

Argumentos de la Administración Trump

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la terminación de estos programas. Subrayó que el TPS fue concebido para ser una medida temporal. Argumentó que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado significativamente en comparación con 1999, cuando se otorgó la protección.

En el caso de Honduras, el comunicado señala que el país “ha logrado un progreso significativo al recuperarse de la destrucción del huracán y ahora es un popular destino turístico y de inversión inmobiliaria”. Para Nicaragua, la justificación de Noem indica que ha hecho “un progreso significativo” para superar los estragos del huracán y es “un líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”.

Reacciones Diversas y Críticas a la Decisión

La decisión ha generado un rechazo explícito por parte del gobierno hondureño. La cancillería emitió un comunicado lamentando la medida. Destacó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ya había solicitado oficialmente una nueva extensión a la administración de Donald Trump. El Ministerio de Exteriores de Honduras también ofreció apoyo a los “tepesianos” afectados.

Por parte de Nicaragua, no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ausencia contrasta con la política del régimen, que ha despojado de nacionalidad y ha exiliado a cientos de opositores, impidiendo su regreso y negándoles pasaportes.

Defensores de estas comunidades han expresado su sorpresa y decepción. Rebaten la afirmación de que la situación en Honduras y Nicaragua es mejor que en 1999. Un comunicado de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) subraya que “además de múltiples desastres naturales, Honduras y Nicaragua han enfrentado durante décadas la impunidad estructural, la violencia, la pobreza y la falta de acceso a los servicios públicos básicos”.

El viceministro de Exteriores hondureño, Antonio García, sugirió que la verdadera motivación detrás de la decisión es un sentimiento antiinmigrante por parte de la administración Trump, más allá de cualquier supuesta recuperación. José Palma, de la Alianza Nacional del TPS, lamentó el impacto en comunidades que han contribuido a EE. UU. por casi tres décadas. “Han establecido familias. Inversiones. Es una comunidad que ha demostrado todos sus aportes a este país. Es cruel lo que está pasando”, afirmó Palma. Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, coincidió, acusando a Trump de “quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades”.

Perspectivas Legales y Precedentes

Esta no es la primera vez que Trump intenta poner fin al TPS para estas naciones. Durante su primer mandato, un intento similar fue frustrado por tribunales federales, que lo consideraron “ilegal”.

No obstante, en esta nueva gestión, Trump ya ha cancelado el TPS de otras cinco nacionalidades: venezolanos, haitianos, afganos, nepalíes y cameruneses. Un precedente importante es la “luz verde” que la Suprema Corte dio en el caso venezolano. Revirtió una decisión de un tribunal de California, lo que permitió a Trump terminar el TPS y el parole humanitario para venezolanos, y continuar con deportaciones.

Recientemente, el 25 de junio, Estados Unidos y Honduras firmaron un convenio migratorio. Esto ocurrió durante una visita de la secretaria Noem a Tegucigalpa. El encuentro había generado optimismo sobre una posible extensión del TPS.

Se espera que las comunidades afectadas presenten recursos legales para intentar revertir la cancelación. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos es incierto. Las recientes decisiones de la Suprema Corte sugieren un panorama legal complejo para quienes buscan mantener esta protección.

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