Aunque la discusión sobre este tema lleva años sobre la mesa, análisis recientes han puesto de manifiesto la crudeza de la situación. Por ello, la Superintendencia de Pensiones (Supen), desde mayo de 2024, ha impulsado mesas de diálogo. Estas mesas buscan generar propuestas concretas para fortalecer dos regímenes clave: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

En estas discusiones participaron diversas instituciones, incluyendo centros de investigación académica como el Cinpe-UNA y el Centro Centroamericano de Población de la UCR, así como entidades gubernamentales y asociaciones como ACOP. Las recomendaciones resultantes ya fueron entregadas a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Asamblea Legislativa para su consideración.

Siete Propuestas Clave para la Sostenibilidad del Sistema

Las mesas de diálogo han generado un conjunto de propuestas centradas en mejorar la financiación, equidad y cobertura del sistema de pensiones. Estas son las principales:

1. Retención del IVA: Se propone destinar un 3% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado directamente al financiamiento del sistema de pensiones. Esta medida busca aumentar los recursos disponibles para los fondos.
2. Rebalanceo de Cargas Sociales: Modificar la distribución actual de las cargas sociales para que una mayor proporción se dirija al financiamiento de pensiones. La idea es evitar que otros programas sociales absorban una parte que podría fortalecer el sistema jubilatorio.
3. Generalización de Programas: Extender los programas donde tanto empleados como empleadores realizan aportes a pensiones complementarias. El objetivo es asegurar que más trabajadores accedan a estos beneficios.
4. Uniformar Aporte Patronal: Establecer una cuota patronal uniforme para todos los regímenes de pensiones. Esto busca evitar distorsiones entre los diferentes sistemas y promover una distribución más equitativa de las cargas fiscales.
5. Períodos de Maternidad y Cuidado: Otorgar créditos adicionales en el historial de cotizaciones a mujeres y hombres que tomen licencias por maternidad o paternidad, o que cuiden a familiares. Esta medida busca asegurar que no se vean afectados en la acumulación de derechos de pensión por estas responsabilidades.
6. Cuota Diferenciada Hombres y Mujeres: Ofrecer incentivos fiscales a los empleadores que contraten mujeres, como una reducción en las cuotas patronales. Esta propuesta busca promover la igualdad de género en el mercado laboral y, por extensión, en la cobertura pensional.
7. Fortalecimiento del RNC: Redirigir fondos públicos actualmente destinados a otros fines para fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC). El objetivo es garantizar que más personas que no pueden cotizar al sistema reciban pensiones básicas.
8. Eliminar Base Mínima Contributiva: Eliminar el requisito de tener una base mínima de contribuciones para acceder al sistema de pensiones. Esto permitiría que más personas, incluso con aportes bajos o intermitentes, puedan beneficiarse del sistema.

Estas propuestas buscan ofrecer soluciones integrales al complejo desafío de garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema de pensiones costarricense frente a los cambios demográficos y laborales. Su implementación requerirá análisis y debate en la esfera política y social.

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El Sindicato del Poder Judicial de Costa Rica ha manifestado su firme oposición al expediente legislativo 24.786. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un tope a las pensiones del sector público, incluyendo las del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y otros regímenes financiados con el presupuesto nacional. Durante su comparecencia ante la Comisión Ordinaria de Asuntos Sociales, Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general del sindicato, expresó serias preocupaciones sobre el impacto del proyecto.

Cartín enfatizó los motivos de la objeción del sindicato. “Venimos a plantear porque consideramos que no es un proyecto adecuado para nuestra institución”, señaló. Argumentó que la propuesta es “inconstitucional, es desproporcionada y también atenta contra los principios básicos y fundamentales de lo que da independencia al Poder Judicial: los derechos laborales que las personas de buena fe han adquirido y, por supuesto, aspectos sociales del Estado social de derecho”.

Comparación de Regímenes y Sostenibilidad Financiera

El diputado Leslie Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana, consultó sobre la compatibilidad entre los distintos regímenes de pensiones y los porcentajes de cotización patronal en el Poder Judicial. Cartín Elizondo fue claro en su respuesta: “No es comparable porque las cargas que se dan en cotización tanto del patrono como del trabajador son distintas”.

El secretario general detalló que, en el régimen del Poder Judicial, los trabajadores aportan un 13%, el patrono un 14.36% y el Estado un 1.57%. Explicó que estos porcentajes respetan el principio de proporcionalidad constitucional entre los aportes de trabajadores y patronos.

Por su parte, la diputada Katia Rivera, de Liberación Nacional, preguntó sobre la sostenibilidad del fondo de pensiones del Poder Judicial y si el sindicato poseía estudios propios al respecto. Cartín respondió citando el último estudio actuarial del fondo del Poder Judicial, pero aprovechó para cuestionar la metodología de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

“El Poder Judicial, erróneamente por una reglamentación de la SUPEN, lo miden obligadamente con un sistema cerrado, lo cual es incorrecto”, explicó Cartín. Argumentó que un sistema cerrado asume que cada vez que una persona se jubila o fallece, esa plaza desaparece, lo cual no es cierto. “Cuando alguien se jubila o renuncia, una persona nueva entra a sustituir. La plaza no muere. Por lo tanto, es un sistema de evaluación actuarial abierto, y es ahí donde tenemos que medir la solvencia de nuestro fondo actuarial”, concluyó.

El expediente 24.786 propone que las pensiones del sector público se alineen con el tope establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

¿Crees que la discusión sobre la metodología actuarial será un punto clave para la viabilidad de este proyecto de ley?

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