La Sala Constitucional presentó esta semana un informe en el que destaca que el 95,13% de sus sentencias con órdenes concretas han sido cumplidas entre 2018 y el primer trimestre de 2026.

A primera vista, la cifra proyecta una imagen de fuerte acatamiento institucional.

Sin embargo, el mismo informe incorpora otro dato que matiza esa narrativa: los desacatos a resoluciones de la Sala han venido creciendo de forma sostenida en los últimos años.

La cifra pasó de 196 casos en 2021 a 389 en 2022.
Luego subió a 533 en 2023, 659 en 2024 y alcanzó 788 en 2025.

Es decir, mientras el tribunal destaca un alto porcentaje global de cumplimiento, sus propios números muestran que el incumplimiento a sus órdenes también viene aumentando de manera importante.

La tendencia abre una pregunta de fondo sobre el peso práctico de las resoluciones constitucionales: qué tan sólida es la autoridad real de un tribunal cuando los desacatos aumentan de forma sostenida y las sanciones severas siguen siendo excepcionales.

El propio informe indica que, frente al incumplimiento, la Sala ha optado principalmente por insistir antes que sancionar.

La medida más utilizada ha sido la figura de “se reitera”, aplicada en 3.317 ocasiones.

En contraste, apenas se reportan:

• 20 procedimientos administrativos abiertos, y
• 31 testimonios de piezas enviados al Ministerio Público.

La diferencia entre miles de reiteraciones y un número reducido de acciones punitivas alimenta otra lectura institucional, la Sala parece privilegiar la presión progresiva sobre el castigo directo como mecanismo de cumplimiento.

Ese modelo puede interpretarse como prudencia institucional.

Pero también plantea interrogantes sobre si la insistencia reiterada, sin mayor uso de sanciones, termina erosionando la percepción de fuerza coercitiva detrás de sus resoluciones.

El fenómeno adquiere mayor relevancia considerando que entre las entidades con más incidencias de incumplimiento figuran precisamente instituciones centrales del aparato estatal, como la CCSS, el Poder Ejecutivo y gobiernos locales.

Más que una crisis de autoridad, los datos sugieren un escenario más complejo: una institución que mantiene alta capacidad de cumplimiento general, pero que al mismo tiempo enfrenta señales crecientes de resistencia, saturación o desgaste en la ejecución práctica de sus órdenes.

En otras palabras, el informe no solo muestra cuánto se cumple.

También deja entrever cuánto debe insistir la Sala para que se cumpla.

Y en política institucional, esa diferencia también importa.

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