El politólogo y especialista en temas legislativos, Milton Madriz Cedeño, presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia penal para incorporar a los 35 diputados que votaron a favor del trámite legislativo relacionado con el “levantamiento de inmunidad” del Presidente de la República, realizado el 16 de diciembre de 2025, durante la Sesión Extraordinaria N.º 66 del Plenario Legislativo.

La gestión quedó registrada bajo el expediente 25-002920-0175-PE, con comprobante oficial de recibido ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, el pasado 2 de enero de 2026, a las 4:47 p.m.
Según el denunciante, esta presentación se integra como ampliación al proceso penal que ya se encontraba en curso.

¿Qué cuestiona esta denuncia?.

El documento sostiene que los 35 diputados señalados habrían incurrido en eventuales responsabilidades penales al emitir su voto favorable al trámite legislativo, pese a que dicho intento no alcanzó los 38 votos necesarios. El denunciante sostiene que, a su criterio, el acto individual del voto podría generar responsabilidad, independientemente de que el procedimiento no prosperara.

Delitos mencionados en la denuncia (según lo expuesto en el documento presentado). La ampliación menciona posibles figuras penales como: Prevaricato, Abuso de autoridad, Incumplimiento de deberes, Usurpación de funciones públicas, Violación de fueros constitucionales.

Además, el documento hace referencia a un punto particular: tres diputados que habrían participado previamente en gestiones ante el TSE y luego votaron en el plenario. Según el denunciante, esto podría configurarse como una actuación similar a “juez y parte”, lo cual solicita sea analizado por el órgano investigador.

Argumentación jurídica presentada: El escrito incorpora un desarrollo jurídico basado en:

Constitución Política, Código Penal, Competencias del TSE y la Asamblea Legislativa, Derechos políticos, Debido proceso, Separación de poderes.

Asimismo, incluye certificaciones de votación, actas legislativas y otros documentos de respaldo, según consta en la presentación judicial.

Dimensión institucional del caso.

El denunciante sostiene que la situación tiene relevancia institucional, dado que, a su juicio, estaría vinculada con principios democráticos como la separación de poderes, la protección de derechos políticos y el respeto al marco constitucional, en un contexto además asociado a procesos electorales.

¿Qué sigue ahora?

A partir de este punto, corresponderá al Ministerio Público: Analizar la ampliación presentada. Determinar si admite la gestión. Definir si se amplía o no la investigación. O eventualmente descartar los señalamientos. Por ahora, esto constituye una denuncia presentada y no una resolución judicial.

Ninguna de las personas señaladas es considerada responsable mientras no exista pronunciamiento firme de las autoridades competentes.

¿Por qué este tema importa a la ciudadanía?.

Porque está directamente relacionado con: El funcionamiento del Estado de Derecho. Los límites de actuación de la Asamblea Legislativa. El alcance del fuero presidencial. La protección de derechos políticos. La estabilidad institucional del país. Además, abre un debate sobre cómo deben tramitarse estas situaciones dentro del marco constitucional costarricense.

Mundo ACR dará seguimiento responsable, transparente y ciudadano a este caso conforme evolucione en las instancias judiciales correspondientes.

The post Denuncia penal contra 35 diputados por voto de desafuero. appeared first on MUNDO ACR.

El politólogo y especialista en temas legislativos, Milton Madriz Cedeño, presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el objetivo de cuestionar el trámite realizado en el Expediente Legislativo 25.230, relacionado con el procedimiento denominado como “levantamiento de inmunidad” por presunta beligerancia política.

Según expone el recurrente, lo ocurrido no es simplemente un trámite ordinario, sino un antecedente que, a su criterio, podría impactar principios esenciales del sistema democrático costarricense, como la separación de poderes y los límites competenciales de cada institución del Estado.

¿Qué cuestiona exactamente el recurso?.

El documento plantea que la Asamblea Legislativa no tendría competencia constitucional para tramitar este tipo de procedimiento, dado que la beligerancia política no constituye un delito penal, sino una infracción de naturaleza administrativo, electoral.
Bajo esa interpretación, este tipo de asuntos corresponderían exclusivamente al TSE y no deberían derivar en una actuación parlamentaria similar a la figura de “formación de causa”, la cual sí está diseñada para casos donde exista una acusación penal formal del Ministerio Público.
El recurso también hace referencia al artículo 121 inciso 9 de la Constitución Política, señalando que dicha norma permitiría valorar “formación de causa” únicamente cuando:
existe una acusación penal, el caso puede ser eventualmente conocido por la Corte Suprema de Justicia,
y se trata de un delito ordinario. El recurrente sostiene que esas condiciones no se cumplirían en este expediente.

Lo que solicita a la Sala Constitucional.

Entre sus peticiones, el recurso plantea que la Sala IV valore:

1-Declarar la nulidad absoluta del procedimiento legislativo vinculado al expediente.
Establecer un precedente claro para evitar futuros trámites similares.

2-Determinar si el TSE habría actuado dentro o fuera de sus competencias al solicitar el levantamiento de inmunidad.

3-Remitir eventualmente la situación al Ministerio Público para análisis, en caso de que se considere pertinente, sobre eventuales responsabilidades.

Estas solicitudes forman parte del planteamiento jurídico del recurrente; corresponderá a la Sala Constitucional valorar su procedencia. Derechos políticos y estándares internacionales
El recurso también cita criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la restricción de derechos políticos debe observar criterios estrictos de legalidad y competencia, especialmente cuando puedan derivarse consecuencias que afecten la participación política.

Desde la óptica del recurrente, permitir que órganos distintos a la jurisdicción penal intervengan en situaciones de esta naturaleza podría generar un precedente delicado en materia de garantías democráticas.

¿Por qué es un tema relevante para la ciudadanía?.

Este caso no se limita a un expediente puntual. Lo que se resuelva podría incidir en:
los alcances de la Asamblea Legislativa, el rol y límites del TSE, y la protección de los derechos políticos bajo el marco constitucional.

El planteamiento del recurso enfatiza que el objetivo central es delimitar con claridad quién puede actuar y bajo qué parámetros en situaciones que involucran eventuales sanciones políticas.

Lo que viene ahora.

La Sala Constitucional deberá definir si admite el recurso, si entra al análisis de fondo o si lo rechaza.
Hasta entonces, el tema permanece abierto y bajo proceso judicial.

Lo cierto es que la resolución que adopte la Sala podría marcar un precedente relevante para la organización institucional del país y para la forma en que se manejan eventuales procesos relacionados con derechos políticos y separación de poderes.

📄 Documento oficial presentado ante la Sala Constitucional.
Este recurso fue presentado por el ciudadano recurrente y forma parte de expediente público.

The post Amparo cuestiona trámite de “levantamiento de inmunidad”. appeared first on MUNDO ACR.