La discusión sobre la tasa de usura vuelve a escena, esta vez impulsada por un actor que vive la realidad del crédito día a día: la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

El gremio afirma que los topes actuales, creados para proteger al consumidor, están dejando a miles de personas fuera del sistema financiero formal, lo que, según su criterio, podría estar empujándolas hacia prestamistas informales donde operan esquemas conocidos como “gota a gota”, algunos con vínculos a estructuras criminales.

¿Qué está pasando?

Desde 2020, la Ley 9859 fijó límites máximos a las tasas de interés para evitar abusos.
Hoy los topes son:

• 36,65% anual en colones
• 30,46% en dólares
• Microcréditos: 51,74% (colones) y 43,13% (dólares)

La intención: frenar intereses impagables y ordenar el mercado.

Pero la Cámara asegura que el modelo generó un efecto no previsto.

¿Exclusión financiera?

El asesor económico de la CCCR, Ricardo Carvajal, sostiene que cuando el riesgo del cliente es alto, los bancos no pueden cobrar una tasa acorde al perfil y simplemente no prestan.

Esa población, dice, termina en prestamistas informales.

“La ley tenía buenas intenciones, pero está generando efectos negativos. Personas que antes podían acceder a crédito formal hoy están cayendo en esquemas informales”, afirma Carvajal.

La propuesta del sector: topes diferenciados según riesgo.

La otra cara: el “gota a gota”

La alerta no es solo local.

La ONU y la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) han advertido que la exclusión financiera favorece la expansión de esquemas informales de crédito como el “gota a gota”, caracterizados por:

• intereses impagables,
• amenazas,
• extorsión,
• violencia,
• participación de estructuras criminales.

El informe costarricense “Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno gota a gota” confirma la presencia de estas redes en el país.

Impacto económico

Un análisis del economista Édgar Robles (Academia de Centroamérica) estimó que el tope produjo una contracción del consumo del PIB de 0,1%.
Un dato pequeño, pero relevante en un crecimiento económico lento.

¿Qué sigue?

La Cámara de Comercio presentará una propuesta para reabrir el debate. Sus líneas principales serían:

• topes diferenciados según riesgo,
• ajustes regulatorios,
• reinserción de usuarios al sistema formal,
• estrategias conjuntas para frenar el “gota a gota”.

El Gobierno no se ha pronunciado, pero el tema regresa a un momento crítico: seguridad, informalidad, acceso al crédito y criminalidad.

En ese panorama, cualquier cambio en la tasa de usura podría mover no solo el mapa financiero, sino también el de seguridad.

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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en su sesión 1945-2025 de este viernes, ha dado luz verde a un mecanismo de resolución que permitirá a una gran parte de los ahorrantes de la financiera Desyfin recuperar sus fondos. Tras recibir la recomendación de la Administración de la Resolución de Desyfin, el Conassif aprobó que 2.989 personas —equivalente al 74% de los ahorrantes— recibirán el 100% de sus recursos, cubriendo depósitos garantizados de hasta ¢6 millones.

Para el 26% restante de los depositantes, que suman 1.031 personas con ahorros superiores a los ¢6 millones, se les devolverá el 48.97% de sus depósitos sobre el exceso, calculando este monto conforme a la fecha de vencimiento de sus ahorros.

El Conassif comunicó que se están finalizando los detalles operativos para proceder con estas devoluciones “en el menor tiempo posible”. El procedimiento exacto y la fecha de inicio se anunciarán oficialmente en una conferencia de prensa durante las próximas semanas.

Estrategia de Recuperación sin el Fondo de Garantía de Depósitos

Una particularidad destacable de este mecanismo es que evitará el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esta decisión se fundamenta en el principio de “menor costo”, tal como lo establecen los artículos 24 y 37 de la Ley 9816. La devolución a los depositantes se realizará de manera directa, utilizando exclusivamente los recursos disponibles de la propia financiera.

La entidad supervisora explicó que estos recursos han sido “gestionados exitosamente durante el proceso de resolución”, lo que ha permitido obtener un resultado favorable para los ahorrantes. La capacidad de realizar una devolución directa de dinero se debe a una activa gestión de cobro de la cartera crediticia de Desyfin y a una planificación estratégica en la inversión de instrumentos financieros por parte de la Administración de la Resolución.

Como resultado de esta gestión, Desyfin pudo disponer de inversiones por un total de ¢63.839 millones al cierre de mayo de 2025, destinados a la devolución de ahorros. Además, el mecanismo permite reservar otros recursos para cubrir derechos laborales y créditos privilegiados.

Descarte de Opción de “Banco Bueno” y Futuras Devoluciones

El Conassif también informó que se descartó la opción de transferir activos y pasivos hacia otra entidad financiera, conocida como la estrategia del “banco bueno”. Esto se debió a que la única oferta recibida presentó “elementos técnicos y legales que no estaban alineados con los objetivos del proceso de resolución”.

De forma paralela a esta devolución inicial, la Administración de la Resolución de Desyfin avanza en negociaciones para la venta directa de cartera crediticia y bienes. El objetivo de estas gestiones es realizar posibles devoluciones adicionales a los ahorrantes antes de que inicie el proceso concursal, el cual está previsto para, a más tardar, el 9 de octubre del presente año.

Finalmente, las autoridades emitieron una advertencia importante a la población: mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude. Se recomienda no compartir información sensible como contraseñas, números de cuenta o cédula por teléfono, correo electrónico o mensajes, ya que Desyfin y el Conassif solo comunicarán información oficial a través de los canales establecidos y la conferencia de prensa.

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