Mientras el país sigue golpeado por la inseguridad, los homicidios y el avance del crimen organizado, el fiscal general Carlo Díaz lanzó este lunes un llamado para detener los “ataques institucionales” y fortalecer el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para Costa Rica, donde el debate sobre seguridad ya no gira únicamente alrededor de capturas, allanamientos o presencia policial, sino también sobre la confianza que todavía mantienen los ciudadanos en los órganos encargados de impartir justicia.

La reunión convocada por la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial reunirá a jerarcas del Poder Judicial, el OIJ y la Fiscalía en medio de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos públicos alrededor del sistema judicial.

Previo al encuentro, Díaz aseguró que las autoridades no pueden seguir proyectando divisiones mientras el país enfrenta niveles de violencia cada vez más altos.

“No podemos los cuerpos policiales, no podemos el Ministro de Seguridad y el Ministerio Público y el OIJ estar separados”, afirmó durante una entrevista.

El fiscal insistió en que debe existir coordinación entre poderes para enfrentar la criminalidad y defendió la necesidad de respetar tanto la independencia judicial como la autonomía del Ministerio Público.

Sin embargo, mientras desde la Fiscalía se habla de unidad y respeto institucional, fuera de ese discurso continúa creciendo otro fenómeno mucho más incómodo para el sistema judicial: la desconfianza de una parte de la ciudadanía sobre cómo avanzan algunos de los casos más sensibles del país.

En redes sociales, programas de opinión y espacios públicos, constantemente aparecen cuestionamientos alrededor de investigaciones que durante años no terminan de avanzar al ritmo que muchos ciudadanos esperan, mientras otros procesos terminan avanzando con mayor rapidez dentro del sistema judicial y político.

Ese contraste se ha convertido en uno de los puntos más delicados dentro del debate nacional sobre justicia, independencia y credibilidad institucional.

En medio de ese escenario, Carlo Díaz también dejó una de las frases más sensibles de toda su intervención al afirmar que “tal vez a alguna persona le convenga o a algún sistema político le convenga manejar a la Sala Constitucional y manejar al Ministerio Público”.

Aunque el fiscal no señaló directamente a ningún actor político específico, la declaración apareció en un momento donde el ambiente nacional sigue marcado por choques constantes entre poderes, críticas cruzadas y una creciente polarización alrededor del funcionamiento del aparato judicial.

Díaz incluso advirtió sobre el riesgo de que el Ministerio Público pueda debilitarse si el fiscal general “se afloja a intereses políticos”, algo que calificó como “inconcebible” dentro del Estado de Derecho.

La discusión alrededor de la reunión de este lunes ya no gira únicamente sobre coordinación institucional o estrategias de seguridad.

También empieza a tocar un tema mucho más profundo para Costa Rica: la percepción ciudadana sobre cómo se mueve el poder dentro de las instituciones y si las reglas terminan aplicándose con el mismo peso para todos.

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