La medida no resuelve el fondo del caso, pero sí confirma que la orden administrativa sigue vigente y debe ejecutarse.

Un caso que inició en 2020 y que explotó años después

En 2020, BCR SAFI compró la propiedad PEP por 70 millones de dólares, a nombre de los inversionistas del fondo. Años más tarde, una valoración determinó que su precio real rondaba los 34,7 millones. Esto generó una denuncia penal por presunto sobreprecio y abrió un proceso administrativo por parte de Sugeval.

Tanto Sugeval como Conassif consideran que ya existe un daño materializado para los inversionistas, pues el fondo pagó un valor que no corresponde con el activo adquirido.

Lo que Sugeval ordenó

Para proteger el fondo, Sugeval instruyó al BCR y a BCR SAFI a trasladar al fondo la misma suma que se pagó en la compra original.
Ese monto compensaría la diferencia entre el valor real del inmueble y el precio pagado.

Conassif ratificó la orden y dejó sin efecto la apelación del BCR, agotando así la vía administrativa.

Por qué el Tribunal negó la medida cautelar

El Tribunal consideró que la orden de Sugeval no genera un daño mayor al BCR, sino que busca evitar un perjuicio adicional a los inversionistas.
La medida cautelar buscaba suspender temporalmente la obligación, pero el juez determinó que:

• ya existe un daño acreditado por la compra del 2020,
• la supervisión financiera actuó dentro de sus competencias,
• el traslado de fondos responde a un principio de protección al inversionista.

Por eso la petición cautelar fue rechazada.

Qué significa realmente para el BCR y para los inversionistas

La resolución no implica una condena final, pero sí obliga al banco a cumplir la orden mientras continúa el proceso judicial.

Para los inversionistas:

• refuerza la protección de sus aportes,
• estabiliza el valor del fondo,
• mitiga el impacto del sobreprecio investigado.

Para el BCR:

• aumenta la presión para asumir el traslado de recursos,
• no define responsabilidades penales ni administrativas,
• mantiene abierto el proceso legal de fondo.

Un caso que expone debilidades del sistema de fondos de inversión

Más allá del caso puntual, lo ocurrido revela un problema estructural:

• falta de controles en compras de alto valor,
• riesgos de conflicto de interés,
• necesidad de reforzar la supervisión inmobiliaria.

Este no es un caso aislado y no involucra al gobierno de turno.
La compra se realizó en 2020 y los efectos se arrastraron hasta ahora debido a investigaciones, apelaciones y procesos internos.

Qué queda pendiente

El Tribunal debe analizar el fondo del asunto.
Mientras tanto, la resolución confirma un mensaje claro:
las autoridades financieras priorizarán la protección del inversionista sobre las objeciones de las entidades administradoras.

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La génesis del problema se remonta a 2020, bajo la administración de Carlos Alvarado Quesada, cuando el BCR y su subsidiaria, BCR SAFI, realizaron la compra de una propiedad industrial conocida como Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Lo que se vendió como un negocio de alto rendimiento, resultó ser una inversión con fuertes cuestionamientos. Años después, la propiedad, por la que se pagó un valor de $70 millones, ha sido tasada en apenas $34,7 millones, revelando una significativa pérdida de valor.

La exigencia de protección para miles de inversionistas

Ante la evidente afectación al fondo de inversión, la Sugeval intervino para proteger a los inversionistas. El superintendente general de Valores, Tomás Soley, ordenó al BCR compensar la pérdida con fondos propios. La decisión busca resguardar el dinero de miles de costarricenses, ya que el fideicomiso no solo incluye a individuos, sino que los fondos de pensiones tienen una participación superior al 30%.

Sin embargo, el BCR ha rechazado la orden de la Sugeval, dando inicio a una compleja batalla legal. Tras apelar, sin éxito, ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el banco optó por llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo. Este movimiento, según Soley, prolongará el proceso para los afectados.

Un futuro financiero incierto

La Junta Directiva del BCR ha argumentado que es la orden de la Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos, al obligar al banco a transferir su capital. Esta postura es rechazada por la Sugeval, que insiste en que el riesgo fue creado por la decisión inicial del BCR.

Mientras la disputa legal avanza, los inversionistas afectados han exigido transparencia al BCR para conocer el plan de acción y el futuro de sus fondos. Por ahora, el desenlace del conflicto sigue siendo incierto, dejando en vilo a quienes confiaron su patrimonio en la entidad bancaria.

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Un reciente criterio de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) señala que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) no ha cumplido diligentemente con sus responsabilidades tras la controvertida compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La crítica de la Sugeval se dirige a los actuales funcionarios de la subsidiaria del BCR, y no a quienes aprobaron la compra en 2020.

La entidad reguladora sostiene que, a pesar de las acciones penales y laborales iniciadas por la SAFI, la empresa ha fallado en determinar el costo financiero vinculado a la adquisición de la propiedad. La Sugeval también advierte que la SAFI continúa cobrando intereses y comisiones a los inversionistas, a pesar de las dudas que persisten sobre la operación.

Conassif respalda a Sugeval y confirma la orden

La posición de la Sugeval recibió el respaldo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a finales de junio de 2025. El Conassif confirmó la orden de la Sugeval a la BCR SAFI, en la que se le exige trasladar $70 millones de fondos propios al fondo de inversión y retirar el Parque Empresarial del Pacífico de su portafolio.

Esta medida se tomó luego de que la Sugeval encontrara que la BCR SAFI pagó $70 millones por una propiedad que posteriormente fue valorada en $34.7 millones. El Conassif señaló que la orden se basa en “elementos objetivos y verificables”, y busca tomar medidas correctivas para proteger a los inversionistas de un perjuicio económico evidente.

BCR SAFI convoca a asamblea para acatar la orden

En respuesta a la resolución, la BCR SAFI ha convocado a una asamblea extraordinaria de inversionistas para el 26 de septiembre de 2025. En esta reunión, la compañía presentará un plan de regularización del fondo, tal como lo ordenó la Sugeval.

El plan, que debe ser acatado por la entidad pública y su subsidiaria, incluye la salida del activo PEP, la reducción de la deuda del fondo mediante los nuevos fondos aportados por la SAFI y el BCR, y la asunción de todos los costos financieros derivados de la compra. Este encuentro busca informar a los inversionistas sobre los pasos a seguir y los plazos estimados para resolver la situación.

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