¿Qué reclama CANARTEL?

Según la Cámara, el Ejecutivo habría incluido en la licitación frecuencias que actualmente están concesionadas, sin considerar los informes técnicos de SUTEL, lo que podría afectar derechos adquiridos y la continuidad del servicio de radiodifusión. CANARTEL argumenta que:

• El rechazo de prórrogas no contiene un análisis técnico adecuado.
• SUTEL cumplió con los plazos y elaboró los informes requeridos, por lo que la supuesta irregularidad viene del Ejecutivo.
• Abrir la licitación sin resolver los expedientes previos genera incertidumbre jurídica y puede afectar derechos adquiridos de concesionarios.

La medida cautelar solicita que el Tribunal ordene suspender los efectos de los acuerdos que rechazaron prórrogas, detener el avance del proceso de licitación y garantizar que los concesionarios actuales puedan seguir operando hasta que exista una decisión firme.

El conflicto sobre el uso del espectro radioeléctrico en Costa Rica no es nuevo. En las últimas décadas se han registrado más de 130 procesos administrativos y judiciales relacionados con concesiones, prórrogas y derechos sobre frecuencias. En la mayoría de estos casos, los tribunales han fallado a favor del Estado, consolidando la idea de que el espectro es un bien regulado por el Estado y que este tiene potestad para modernizar, reasignar o revisar concesiones.

La Ley de Radio 1758 establece que las concesiones son por plazo limitado, y las prórrogas proceden cuando se cumplen los requisitos legales. El Reglamento de Radiocomunicaciones de 2004 reconoce el rol técnico de SUTEL en la evaluación de las solicitudes de prórroga y establece los procedimientos para vencimientos. CANARTEL sostiene que los acuerdos del Ejecutivo no respetaron estos criterios técnicos.

Por qué la licitación sigue en marcha

SUTEL y MICITT han señalado que la licitación es necesaria para:

• Actualizar el ordenamiento del espectro.
• Garantizar competencia transparente.
• Cumplir obligaciones de eficiencia en el uso de las frecuencias.
• Procesar solicitudes de prórroga sin que esto detenga el concurso.

La apertura del concurso está programada para el 21 de noviembre de 2025 según los avisos publicados en SICOP.

Qué puede pasar ahora

• Si el Tribunal acoge la medida cautelar, la licitación quedaría suspendida temporalmente.
• Si la rechaza, el proceso continuará según lo planificado.
• Si ordena una solución intermedia, algunas frecuencias podrían excluirse mientras se estudia el fondo del caso.

Cómo algunos medios presentan la noticia

Algunos medios tradicionales han cubierto este caso usando un lenguaje técnico y alarmista, con palabras como “sacude” o “peligra”, generando la sensación de caos. Este enfoque puede confundir al público, aunque en la práctica la acción judicial forma parte de los procedimientos normales del sistema regulatorio.

Un periodismo responsable debe explicar: qué es la licitación, quién decide, qué papel tiene SUTEL y qué significa para la población, en un lenguaje claro, accesible y sin alarmismo innecesario.

La medida cautelar de CANARTEL introduce incertidumbre temporal, pero no determina automáticamente el resultado de la licitación. La decisión final dependerá del Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras tanto, el proceso sigue siendo un instrumento del Estado para garantizar un uso eficiente y transparente del espectro radioeléctrico, con base en normas vigentes y procedimientos técnicos.

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Representantes del MSP, Manuel Cartín y Ania Cubillo, señalaron que el problema radica en el “mimetismo social”, un concepto que describe cómo las personas replican conductas predominantes en su entorno. En este contexto, la cultura popular convierte a figuras criminales en modelos aspiracionales, lo que justifica la necesidad de una intervención. Para ilustrar el impacto de esta normalización, el MSP presentó el caso de una zona rural donde, tras el robo del carro de una maestra, un estudiante se comunicó con su padre y el vehículo fue devuelto en dos horas, evidenciando una normalización de la influencia del crimen en la comunidad.

Estrategias para contrarrestar la promoción del delito

El Ministerio de Seguridad Pública propone un enfoque multifacético que va más allá de la censura. Su estrategia se basa en tres pilares principales:

• Regulación de contenidos: Se plantea la necesidad de controlar horarios y el tipo de contenido que se transmite, tanto en televisión como en plataformas digitales.
• Uso de espacios públicos: Se busca aprovechar las concesiones de radio y televisión para difundir mensajes de interés público que contrarresten la narrativa criminal con campañas que promuevan valores cívicos, artísticos y deportivos.
• Promoción de referentes positivos: La iniciativa subraya la importancia de visibilizar a figuras que representen la legalidad y el éxito legítimo, buscando cambiar el estatus aspiracional de la juventud hacia el deporte, el arte y el emprendimiento comunitario.

El ministerio detalló programas preventivos ya existentes, como “Mi primera aventura en seguridad” y las ligas atléticas policiales que involucran a casi 2.000 jóvenes. Se destacó, además, un dato favorable del IAFA de 2024, que indica un aumento de dos años en la edad de inicio de consumo de drogas.

La vía legislativa: el proyecto de ley 24.457

El debate sobre la regulación de narcoseries está enmarcado en el proyecto de ley 24.457. Este instrumento legislativo tiene como objetivo erradicar la narcocultura al restringir la autorización de series y películas que normalicen el narcotráfico, así como prohibir conciertos donde se haga apología de estas conductas.

El proyecto amplía su alcance para cubrir no solo la televisión tradicional, sino también las plataformas digitales. Propone sanciones económicas para quienes infrinjan la normativa, con multas que ascienden hasta los 200 salarios base en casos de apología del narcotráfico. A pesar de las restricciones, la iniciativa mantiene excepciones para contenidos con fines periodísticos o biográficos, siempre que no promuevan el delito.

La discusión sobre la propuesta legislativa continúa en el parlamento, con diputados solicitando más financiamiento para la prevención y un mejor sistema de medición del impacto en las comunidades.

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