La medida no resuelve el fondo del caso, pero sí confirma que la orden administrativa sigue vigente y debe ejecutarse.

Un caso que inició en 2020 y que explotó años después

En 2020, BCR SAFI compró la propiedad PEP por 70 millones de dólares, a nombre de los inversionistas del fondo. Años más tarde, una valoración determinó que su precio real rondaba los 34,7 millones. Esto generó una denuncia penal por presunto sobreprecio y abrió un proceso administrativo por parte de Sugeval.

Tanto Sugeval como Conassif consideran que ya existe un daño materializado para los inversionistas, pues el fondo pagó un valor que no corresponde con el activo adquirido.

Lo que Sugeval ordenó

Para proteger el fondo, Sugeval instruyó al BCR y a BCR SAFI a trasladar al fondo la misma suma que se pagó en la compra original.
Ese monto compensaría la diferencia entre el valor real del inmueble y el precio pagado.

Conassif ratificó la orden y dejó sin efecto la apelación del BCR, agotando así la vía administrativa.

Por qué el Tribunal negó la medida cautelar

El Tribunal consideró que la orden de Sugeval no genera un daño mayor al BCR, sino que busca evitar un perjuicio adicional a los inversionistas.
La medida cautelar buscaba suspender temporalmente la obligación, pero el juez determinó que:

• ya existe un daño acreditado por la compra del 2020,
• la supervisión financiera actuó dentro de sus competencias,
• el traslado de fondos responde a un principio de protección al inversionista.

Por eso la petición cautelar fue rechazada.

Qué significa realmente para el BCR y para los inversionistas

La resolución no implica una condena final, pero sí obliga al banco a cumplir la orden mientras continúa el proceso judicial.

Para los inversionistas:

• refuerza la protección de sus aportes,
• estabiliza el valor del fondo,
• mitiga el impacto del sobreprecio investigado.

Para el BCR:

• aumenta la presión para asumir el traslado de recursos,
• no define responsabilidades penales ni administrativas,
• mantiene abierto el proceso legal de fondo.

Un caso que expone debilidades del sistema de fondos de inversión

Más allá del caso puntual, lo ocurrido revela un problema estructural:

• falta de controles en compras de alto valor,
• riesgos de conflicto de interés,
• necesidad de reforzar la supervisión inmobiliaria.

Este no es un caso aislado y no involucra al gobierno de turno.
La compra se realizó en 2020 y los efectos se arrastraron hasta ahora debido a investigaciones, apelaciones y procesos internos.

Qué queda pendiente

El Tribunal debe analizar el fondo del asunto.
Mientras tanto, la resolución confirma un mensaje claro:
las autoridades financieras priorizarán la protección del inversionista sobre las objeciones de las entidades administradoras.

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La reelección del Magistrado Fernando Castillo en la Sala Constitucional, que extiende su permanencia hasta el 2033, es un hecho consumado que, más que confirmar la calidad del jurista, ha expuesto las prioridades y estrategias de campaña de la clase política costarricense.

Si bien el resultado de la votación es un hecho institucional, el debate posterior y la defensa pública que realizó Fabricio Alvarado, actual diputado y precandidato presidencial por Nueva República, desvió el debate de la transparencia procesal hacia una carrera por el liderazgo ideológico.

Este análisis evidencia que el discurso de defensa se enfocó en el resultado ideológico, marginando así los puntos críticos del proceso que generan profunda duda en la ciudadanía.

El discurso que desvía la atención de la opacidad procesal

Fabricio Alvarado justificó su voto apelando a que el Magistrado Castillo defiende la libertad, la fe y el sentido común, e incluso lo tildó de ser el “magistrado más conservador del país”. No obstante, esta defensa ideológica eludió tres hechos fundamentales que fueron señalados por legisladores de diversas fracciones:

1. La cuestionada ausencia:
El Magistrado no compareció ante la Comisión de Nombramientos para su audiencia de rendición de cuentas. Diputados como Pilar Cisneros (oficialista) y Ariel Robles (Frente Amplio) cuestionaron esta ausencia, calificándola de una falta de respeto al proceso de fiscalización.

Pregunta para el ciudadano:
¿Puede el argumento de la afinidad ideológica de un magistrado pesar más que la transparencia y la rendición de cuentas ante el Congreso?

2. La defensa de la perpetuidad:
El mecanismo actual requiere 38 votos para no reelegir a un magistrado, lo que facilita la continuidad automática por omisión o abstención. Diputadas como Daniela Rojas (PUSC) y Carolina Delgado (PLN) propusieron reformar esta norma para exigir los 38 votos afirmativos para la reelección.

Pregunta para el ciudadano:
¿Implica defender a un magistrado “conservador” aceptar un sistema que favorece la permanencia indefinida y la falta de renovación judicial?

El uso estratégico de la jurisprudencia como herramienta política

El discurso de Fabricio Alvarado se convirtió en plataforma para atacar a sus rivales dentro del bloque conservador, utilizando fallos judiciales del Magistrado Castillo como bandera electoral rumbo al 2026.

Hecho comprobable: Se citaron resoluciones emblemáticas, como el caso de la estudiante adventista y la abstención sobre el curso LGTBI, para proyectar al magistrado ante una base religiosa y moralmente alineada.

Estrategia de campaña:
El ataque más revelador fue dirigido hacia Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, actual candidata de Pueblo Soberano, recordando su voto a favor del matrimonio igualitario en 2018. El discurso pasó de una defensa jurídica a una ofensiva electoral.

La reelección de Castillo no solo reavivó el debate sobre la independencia judicial, sino que evidenció la forma en que las creencias personales y las aspiraciones electorales se entrelazan en la Asamblea Legislativa.

La lectura final es clara: En el Congreso costarricense, la coherencia ideológica se usa como arma de campaña, desplazando la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y equilibrio de poderes.

ACR presenta este análisis con base en fuentes públicas, transmisiones oficiales y registros legislativos, reafirmando su compromiso con la verificación y el contexto institucional.

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VOCES DE OPINION : La Lágrima en el Periódico Tradicional.

A días de la convocatoria electoral, la Vieja Guardia ha enviado a su vocera. Nuria Marín Raventós corre a recordarnos la “trascendencia histórica del TSE”, elevándolo a Cuarto Poder con gran “sabiduría”. Su columna es una súplica para que el ciudadano respete la forma, pero es una total omisión sobre la erosión de fondo que su propio círculo político ha provocado. La ciudadanía no cuestiona al TSE en papel, sino la hipocresía de quienes lo usan como altar para dar sermones morales.

Doña Nuria hace un excelente recuento histórico, pero su “sabiduría constituyente” es selectiva. Ella exalta la independencia del TSE como un “blindaje democrático”, ¡qué conveniente! La ciudadanía se pregunta: ¿Por qué la élite solo recuerda el blindaje cuando siente amenazado su statu quo?

Usted nos recuerda que la Fuerza Pública pasa a manos del TSE para garantizar la paz. ¡Magnífico! Pero omite que la mayor inseguridad en el proceso electoral no viene de la actualidad de ciertas voces, sino de la falta de transparencia y la opacidad que la clase política tradicional ha cultivado por décadas.

Marín invoca el “cáncer social que es el narcotráfico” como el peligro que el financiamiento público a partidos busca evitar. ¡Este es el punto más débil de su editorial!

Señora Marín, usted se enfoca en el peligro externo (el narco) para que el ciudadano no se fije en el cáncer interno que carcome la credibilidad: la falta de probidad de la élite política tradicional que usted representa. La desigualdad que más daña la democracia no viene del dinero del narcotráfico, sino del dinero sucio de la corrupción que se ha enquistado en la institucionalidad. Su llamado es un desvío de atención de manual.

Usted defiende la veda y la prohibición de la beligerancia para evitar la desigualdad que pueda generar un gobierno en el proceso. ¡El sarcasmo es letal!

La mayor desigualdad que usted defiende es la que permite que la “Vieja Guardia” se atrincherara durante décadas, usando la institucionalidad y los cánones de respeto como una barrera contra el escrutinio popular. Usted pide que el ciudadano respete la veda del gobierno actual, mientras ignora la vedada falta de rendición de cuentas de su propio círculo.

Las palabras de Nuria Marín no es una defensa de la democracia, sino una cátedra moral vana de una clase que teme perder el control del relato. La democracia no se garantiza con recitales históricos; se garantiza con transparencia total y asumiendo la responsabilidad por la corrosión que su propia casta política ha generado.

✍️ Crítica por Aníbal Newman

Nota del editor:

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VOCES DE OPINION: En esta columna, el politólogo Milton Madriz Cedeño expone una crítica frontal y fundamentada sobre la degradación institucional de la Asamblea Legislativa, el deterioro de la función representativa y la urgente necesidad de reformas que devuelvan la dignidad al que debería ser uno de los pilares de la democracia costarricense.

En los últimos tres años y medio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no solo ha tocado fondo institucional, se ha convertido en un circo de mediocridad profesional, ética y política que avergüenza a la democracia. Lejos de ser un pilar de gobernanza, el Parlamento es hoy un escenario donde “payasos legislativos” despilfarran recursos públicos en espectáculos vacíos mientras el país clama por soluciones serias. Esta no es una crisis pasajera; es la evidencia de un sistema político que premia la ineptitud y castiga la competencia, comenzando por un mecanismo de elección que privilegia lealtades partidarias sobre la idoneidad técnica y la integridad.

Los partidos políticos, como guardianes de listas cerradas y opacas, seleccionan candidatos no por su capacidad para legislar con rigor, sino por su obediencia a cúpulas clientelares, perpetuando un ciclo de representantes desconectados de la realidad nacional y ajenos a principios básicos de accountability y transparencia.

La desaprobación popular no es un rumor, es un veredicto implacable. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR, septiembre 2025), la Asamblea Legislativa ostenta uno de los niveles de confianza más bajos, con apenas un 12% de aprobación, solo superada por los partidos políticos (10%) como las instituciones peor valoradas del país. Este dato no sorprende: la ciudadanía percibe un Parlamento incapaz de responder a las demandas de una Costa Rica golpeada por la desigualdad, el estancamiento económico y la erosión institucional.

En un contexto donde el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2024) coloca a Costa Rica en el puesto 42 de 180 países, con una puntuación de 58 que refleja un estancamiento en la lucha contra la opacidad, la desconfianza en los diputados no es solo comprensible, sino justificada. La Asamblea ha fallado en su rol constitucional de fiscalización y legislación equilibrada, convirtiéndose en un engranaje más de un sistema que prioriza el corto plazo político sobre la sostenibilidad gubernamental.

La ineptitud parlamentaria no se limita a discursos vacíos; se manifiesta en un desprecio sistemático por las normas de gobernanza. Proyectos de ley ingresan sin estudios de impacto, con mociones mal redactadas o sin sustento jurídico, violando principios básicos de técnica legislativa. La Sala Constitucional ha señalado repetidamente estas fallas: en 2024, muchas resoluciones revelaron vicios procedimentales que invalidaron normativas enteras, exponiendo la fragilidad de un proceso legislativo improvisado.

Los debates, cuando los hay, son caricaturas: frases grandilocuentes, argumentos populistas y una alarmante ausencia de rigor analítico. Este no es un Parlamento que legisla; es una máquina de generar ruido, donde los diputados, elegidos a través de un sistema que ignora competencias mínimas, perpetúan errores que cuestan caro al erario y a la credibilidad institucional.

La crisis ética es aún más grave, erosionando los fundamentos mismos de la representación democrática. Los conflictos de interés son moneda corriente: desde diputados que promueven proyectos beneficiando a grupos cercanos hasta comisiones investigadoras que se convierten en plataformas de autopromoción mediática. El clientelismo legislativo florece en un sistema donde la lealtad partidaria pesa más que el interés público.

Un ejemplo reciente: en 2025, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en contrataciones públicas, incluyendo fondos para asesores y servicios relacionados con entidades como RACSA, con casos que cuestionan hasta el 25% de los contratos por falta de idoneidad o nexos personales con los diputados. La ética, en esta Asamblea, no es un principio; es un accesorio prescindible.

Legislar requiere conocimiento técnico, económico y jurídico, pero esta Asamblea parece alérgica a la competencia. Leyes aprobadas sin análisis de impacto fiscal, sin consulta a expertos o sin evidencia empírica son la norma. En 2024, el Ministerio de Hacienda reportó que una porción significativa de las iniciativas legislativas con implicaciones presupuestarias carecían de estudios de sostenibilidad financiera, lo que agrava el desequilibrio fiscal del país.

Los diputados, en muchos casos, no entienden los proyectos que votan, delegando su responsabilidad a asesores igual de improvisados e inhábiles. El resultado es un cuerpo legislativo que opera como una asamblea de “analfabetos funcionales”, incapaz de responder a los retos de una sociedad compleja, y todo ello potenciado por un sistema electoral que no filtra por formación ni experiencia, dejando al país con representantes que priorizan el “show” sobre la sustancia.

El costo de esta farsa es un país que paga caro. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2025 supera los ₡49.543 millones, según el Ministerio de Hacienda. Este dinero cubre salarios, asesores, comisiones, sesiones extraordinarias y una logística que, en teoría, debería traducirse en leyes efectivas. Sin embargo, el retorno es miserable: en el período 2022-2025, solo una fracción de los proyectos aprobados ha tenido un impacto medible en indicadores sociales o económicos, según el Programa Estado de la Nación.

Cada sesión inútil, cada moción frívola, cada ley mal diseñada es un robo al erario público y una traición a la confianza ciudadana.

La gobernanza efectiva exige representantes competentes, no marionetas de partido. Por ello, propongo un paquete de reformas para rescatar la Asamblea de su decadencia:

• Pruebas de idoneidad obligatorias para candidatos a diputado en temas de derecho constitucional, economía básica y políticas públicas.
• Requisitos de capacitación técnica para integrar comisiones especializadas, como Hacienda o Asuntos Jurídicos.
• Publicación obligatoria de los procesos de selección de candidatos dentro de los partidos, con auditorías externas.
• Indicadores públicos y periódicos para medir la productividad y calidad legislativa de cada diputado.
• Mecanismos vinculantes para suspender o destituir a diputados que incurran en conflictos de interés o faltas éticas comprobadas.

Estas medidas no son utopías; son estándares mínimos en democracias avanzadas que Costa Rica, alguna vez modelo en la región, debería imitar para romper con un sistema de elección que perpetúa la mediocridad.

La Asamblea Legislativa 2022-2026 no solo ha fracasado; ha traicionado su mandato. No es víctima de fuerzas externas, sino resultado de su propia inercia y degradación, donde una élite política prioriza el espectáculo sobre el servicio, seleccionada a través de un proceso electoral que ignora la meritocracia y fomenta el clientelismo.

La ciudadanía merece un Parlamento técnico, ético y eficaz, no un circo de cartón que se burla de sus necesidades. Es hora de cerrar el telón de esta farsa y construir una legislatura que honre la democracia costarricense. Porque estos diputados no merecen gobernar; merecen ser relevados.

Nota del editor:
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