La red es señalada por presuntamente operar en la Explotación Sexual de adolescentes, con edades de 12 a 15 años.

Los allanamientos se realizaron en Heredia, San Ramón, Cartago, San José, y en los cantones guanacastecos de Carrillo (Playas del Coco y Filadelfia). La investigación incluye un total de 21 imputados.

Cabecillas orientales y activos bajo investigación

Dos ciudadanos de origen oriental, identificados como Zhaobing Cen y otro oriental cuya identidad no fue precisada, son señalados como los presuntos cabecillas de la estructura.

La fiscal adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, confirmó que Zhaobing Cen cuenta con propiedades y negocios en Guanacaste, incluyendo una propiedad valorada en $1 millón. Por esta razón, la Fiscalía investiga a los supuestos líderes también por el delito de Legitimación de Capitales (blanqueo de dinero de origen ilícito).

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, añadió que la investigación abarca un presunto negocio de lotería clandestina manejado por los ciudadanos orientales.

Detalle del modo de operar según la Fiscalía

La Fiscalía indicó que la investigación se originó en abril del año anterior a partir de una denuncia por la desaparición de una menor.

La fiscal adjunta detalló la cronología de los hechos.

“El caso comenzó con una denuncia de desaparición de una de las menores. Después nos enteramos que estaba siendo objeto de explotación sexual”, explicó la jefa de la Fiscalía de Heredia.

Las autoridades determinaron que tres mujeres menores de edad reclutaban a las víctimas a través de redes sociales. Posteriormente, las invitaban a supuestas fiestas. Según el informe judicial, las víctimas eran trasladadas a una casa en Guanacaste. En el lugar, las menores habrían sido obligadas a realizar contenido sexual que, presuntamente, era comercializado en diversas plataformas de Internet.

La Fiscalía ha identificado al menos 10 víctimas, de las cuales ocho son menores de edad. Las autoridades instan a otras posibles personas afectadas a presentar las denuncias correspondientes.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó que esta nueva construcción se realizará en el río Bravo (conocido como Río Grande en EE. UU.). Se ubicará en la sección que limita con el estado mexicano de Tamaulipas.

Detalles y Justificación del Proyecto

El departamento señaló que el “proyecto de la barrera transportada por el agua” ha sido solicitado. Se espera que la adjudicación se concrete a finales del año fiscal 2025. Los fondos provendrán de asignaciones del año fiscal 2021 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU.

La dependencia estadounidense indicó que esta es la sexta exención firmada por la secretaria Kristi Noem. Estas exenciones permiten proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera sur con México.

La CBP justifica esta acción como una forma innovadora de cumplir su misión. Ha identificado “una brecha de capacidad en las vías fluviales” de la frontera suroeste. En estas áreas, se producen actividades ilegales como el contrabando de drogas, la trata de personas y otras operaciones peligrosas.

Antecedentes de Barreras Flotantes

La implementación de este tipo de barreras no es nueva en la región. En 2023, el estado de Texas instaló una barrera similar en el río. Aquella iniciativa provocó fuertes confrontaciones diplomáticas con el Gobierno de México. La administración del expresidente López Obrador expresó su rechazo a la medida en repetidas ocasiones.

La nueva barrera busca reforzar la seguridad fronteriza. Su objetivo es disuadir cruces ilegales y actividades delictivas en zonas fluviales identificadas como puntos vulnerables.

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La Extradición de ciudadanos costarricenses: Un debate en evolución.

Costa Rica ha dado un paso significativo al autorizar recientemente la extradición de ciudadanos en casos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Esta medida, que representa una reforma importante en la legislación nacional, es vista por diversos especialistas como un avance crucial, aunque potencialmente insuficiente frente a la complejidad del crimen organizado transnacional.

Expertos y legisladores advierten que la ley actual, que data de 1971 y fue modificada para incluir solo estos dos delitos, se queda “corta” ante la evolución de las redes criminales.

Propuestas para Ampliar el Alcance de la Ley

El diputado Gilberth Jiménez ha presentado una iniciativa que cuenta con el apoyo de 21 legisladores. Su propuesta busca incluir cuatro nuevas categorías delictivas en la lista de crímenes que justificarían la extradición de nacionales:

• Trata de personas con fines de explotación sexual.
• Tráfico de armas.
• Tráfico ilícito de migrantes.
• Tráfico de órganos humanos.

Jiménez lamentó que, al momento de la reforma original, solo se aprobaran el narcotráfico y el terrorismo, a pesar de que se consideraron otros delitos.

Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, subraya que la Constitución Política permite estas modificaciones para incorporar nuevas circunstancias. Él considera “llamativo que, durante la discusión de la reciente enmienda constitucional, no se tomaran en cuenta otras tipologías criminales”. Para Carvajal, deben ser “conductas delictivas especialmente graves, que generen un impacto social considerable”.

Por su parte, la criminóloga Tania Molina enfatiza que toda actividad vinculada al crimen organizado debería ser incorporada en una eventual ampliación de la figura de extradición. Molina explica que las redes criminales transnacionales operan de forma convergente, participando en múltiples mercados ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el lavado de activos, además del narcotráfico. “No se trata exclusivamente del tráfico de drogas. Es urgente considerar otros delitos como el tráfico de armas, migrantes y órganos humanos”, recalcó Molina, insistiendo en que la cobertura legal debe ampliarse para incluir estructuras criminales locales e internacionales con participación de ciudadanos costarricenses.

El abogado constitucionalista Ewald Acuña también apoya la inclusión de más delitos transnacionales. Para él, la colaboración entre naciones es fundamental para enfrentar el crimen global, y la incorporación de tipos de delitos “de suma gravedad es una decisión correcta en la línea de disminuir la impunidad”.

Contexto Histórico y Procesos Actuales

La Ley de Extradición (4.795) en Costa Rica es de 1971. A lo largo de los años, hubo intentos de permitir la extradición de nacionales, como en 1989, pero fueron rechazados. Ninguno de los convenios de extradición firmados por el país permitía la expulsión de costarricenses.

La necesidad de reformar la Constitución para extraditar narcotraficantes fue expuesta por Rolando Araya en diciembre de 2021 y luego impulsada por la legisladora oficialista Pilar Cisneros en abril de 2023. La reforma para permitir la extradición por narcotráfico y terrorismo fue finalmente publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de mayo de 2025.

A pesar de este avance, es importante señalar que en julio de 2024, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa había indicado que era inconveniente ampliar la lista de delitos para extraditar a costarricenses.

Las limitaciones actuales para la extradición incluyen casos de delitos políticos o conexos, y se prohíbe extraditar a una persona si existe peligro de tortura o desaparición forzada en el país requirente. El debate sobre la ampliación de esta lista de delitos continúa, reflejando la búsqueda de herramientas legales más robustas para enfrentar la delincuencia organizada global.

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