La intervención judicial garantiza la continuidad de las transmisiones de las radioemisoras mientras se resuelven las demandas de fondo que existen contra el Estado por la materia de radiodifusión. La acción del tribunal ocurrió en los mismos días en que SUTEL daba luz verde al proceso en el Diario Oficial La Gaceta, lo que genera un conflicto procesal de horas.

La Justicia exige incluir a SUTEL y ARESEP

El Tribunal de Apelaciones no solo concedió la medida cautelar radioemisoras, sino que también ordenó un ajuste procesal clave. El voto 379-2025 exige la integración inmediata de la SUTEL y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) al litigio.

Según los argumentos legales, ambas entidades son consideradas “litis consortes pasivos necesarios”. La inclusión de estos entes reguladores es esencial para la validez de las órdenes judiciales sobre el concurso, dado que la SUTEL es el promotor del proceso y no era parte original de la demanda.

El abogado y exdiputado Federico Malavassi indicó que este paso es fundamental para blindar la orden judicial y evitar la nulidad de cualquier fallo sobre el concurso de frecuencias de SUTEL.

La disputa de fondo: La prórroga de 20 años

El litigio ante el Tribunal Contencioso Administrativo gira en torno al vencimiento de las concesiones de radio y televisión en 2024. Las emisoras reclaman un derecho contractual a una prórroga de concesiones radio por un período de 20 años más sin necesidad de subasta, algo que el Poder Ejecutivo se ha negado a conceder.

Esta negativa ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los radiodifusores. El letrado Malavassi afirmó que la decisión del Ejecutivo de no prorrogar se tomó “sin ningún derecho y sin ningún debido proceso, sin indemnización”, señalando un presunto “pleito con la libertad de expresión”.

Debido a que la Administración no logró reasignar el espectro tras el vencimiento de 2024, fue el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quien previamente se vio obligado a dictar la más reciente prórroga para garantizar la cobertura mediática durante el inminente proceso electoral de 2026.

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La funcionaria calificó la sanción de “desmedida” y las imputaciones como “infundadas”. Según Chacón, continuará su defensa para demostrar que las decisiones adoptadas en el periodo investigado no contravienen las normativas de contratación administrativa.

Investigación y sanciones

La CGR abrió la investigación en 2023 y determinó, en mayo de 2024, que Chacón, junto con otros cuatro funcionarios, incumplió regulaciones en dos contrataciones directas. Estas fueron otorgadas sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, contraviniendo la Ley de Contratación Administrativa y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Los procedimientos cuestionados incluyen:

1. La adjudicación al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones para evaluar una denuncia contra el auditor general del INS.
2. La contratación de José Paulino Hernández por ¢16 millones para continuar con la investigación.

Ambas contrataciones omitieron procesos de concurso público y carecían de estudios de costo-beneficio.

Reacciones de los involucrados

La CGR señaló que Chacón firmó documentos que promovieron las contrataciones sin la debida justificación técnica. Además, enfatizó que estas decisiones afectaron la transparencia en el uso de recursos públicos.

Junto con Chacón, también fueron sancionados el expresidente ejecutivo Gabriel Pérez Salguera, los encargados de la Unidad de Contratación Directa Carlos Gamboa y Carmen González, y la subjefa de Proveeduría Katherine Phillips.

Un caso que sigue generando controversia

Chacón asumió la presidencia del INS en mayo de 2024 tras la destitución de Mónica Araya por parte del presidente Rodrigo Chaves. Desde entonces, ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su gestión anterior.

La CGR notificó al INS la ejecución de las sanciones, pero Chacón insiste en que estas son desproporcionadas y continuará su defensa legal.

Reflexión final

El caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de velar por el cumplimiento de las normativas en la contratación de servicios. El resultado de este proceso será clave para establecer precedentes sobre cómo se abordan irregularidades administrativas en Costa Rica.

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