La pelea por el FEES volvió a meterse de lleno en las universidades públicas. Y esta vez no llegó únicamente en forma de números o negociaciones presupuestarias, sino también como discurso político dentro de los propios campus universitarios.

Durante una actividad en la Escuela de Psicología de la UCR, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio lanzó fuertes críticas contra la forma en que el anterior Gobierno manejó la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En su intervención habló de supuestos intentos por “dividir” a las universidades públicas, acusó una estrategia de debilitamiento institucional y aseguró que existe un “desprecio” hacia áreas como las ciencias sociales.

Pero más allá del discurso puntual, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que cada vez se hace más visible en Costa Rica: las universidades públicas ya no solo son espacios académicos. También se están convirtiendo otra vez en escenarios de disputa política e ideológica alrededor del futuro del FEES, el papel del Estado y la dirección que debe tomar la educación superior.

La discusión además llega en un momento particularmente sensible. Mientras algunos sectores universitarios defienden la necesidad de proteger el financiamiento público ante posibles recortes, también han crecido cuestionamientos ciudadanos sobre gastos administrativos, manejo de recursos y prioridades dentro de varias universidades públicas.

Y ahí es donde el debate empieza a volverse mucho más incómodo para todos los sectores.

Porque mientras desde algunos espacios se denuncia un supuesto intento de debilitar la educación superior pública, afuera también crece una presión cada vez mayor para exigir transparencia, eficiencia y resultados concretos sobre cómo se utilizan miles de millones provenientes del FEES.

El discurso político dentro de las universidades tampoco pasa desapercibido. Para algunos estudiantes y sectores académicos, estas intervenciones representan una defensa legítima de la autonomía universitaria. Para otros, reflejan cómo las tensiones partidarias empiezan a mezclarse nuevamente dentro de espacios que históricamente han tenido enorme influencia en la formación de opinión pública.

En medio de todo eso, la discusión sobre el FEES parece estar entrando en una nueva etapa:
menos técnica,
más política,
y cada vez más ligada a la pelea por el rumbo ideológico del país.

Porque mientras Costa Rica discute inseguridad, empleo y costo de vida, la pelea por el FEES empieza a mostrar que las universidades también se están convirtiendo otra vez en uno de los terrenos más sensibles de la disputa política nacional.

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Por qué el debate del FEES se está alejando de lo técnico.

El debate sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debería centrarse en números, prioridades, resultados y uso eficiente de recursos públicos.

Sin embargo, parte de la cobertura reciente sobre este tema empieza a mostrar otra tendencia, convertir una discusión presupuestaria compleja en una narrativa emocional de alto impacto.

Un ejemplo reciente fue el enfoque utilizado por el medio La Teja en una nota titulada “¿Se imagina un temblor sin reporte? El peligro que corre el Ovsicori por el polémico recorte al FEES”, publicada tras el reciente sismo sentido en Costa Rica.(Captura del enfoque utilizado por La Teja en cobertura del debate FEES. Artículo original disponible para consulta pública en lateja.cr).

El titular plantea un escenario de fuerte carga emocional, la posibilidad de que el país deje de recibir reportes sísmicos.

Pero al revisar el contenido completo de la nota, el planteamiento real es más matizado.

Lo que se expone es una advertencia del rector de la Universidad Nacional sobre presiones presupuestarias que podrían afectar distintos programas universitarios si no aumenta el FEES. Entre ellos, el Ovsicori.

Ese matiz importa.

Porque una cosa es informar que un programa enfrenta presión financiera o posibles limitaciones operativas. Y otra muy distinta es presentar el debate como si el país estuviera al borde de quedarse sin monitoreo sísmico.

Ese tipo de encuadre no es neutro.

Convierte una discusión técnica sobre asignación presupuestaria en una alarma emocional para el ciudadano promedio. Y eso ocurre, además, en un momento donde el FEES no solo está siendo discutido por su monto, sino también por el uso que algunas universidades y estructuras vinculadas a ellas han dado a recursos públicos.

En semanas recientes han salido a la luz cuestionamientos sobre:

gastos de representación en restaurantes de alto costo vinculados a despachos universitarios; denuncias sobre millonarios gastos en catering, alimentación y artículos promocionales dentro de estructuras. estudiantiles; investigaciones internas y señalamientos sobre compras y uso de fondos en distintas dependencias universitarias.

Ese contexto también forma parte del debate. Porque cuando el país discute si debe aumentar miles de millones de colones en financiamiento público, la conversación no se limita a cuánto dinero se pide.

También incluye cómo se usa el que ya existe.

Por eso preocupa cuando ciertos enfoques mediáticos parecen desplazar esa discusión hacia escenarios de miedo o impacto emocional, en lugar de mantener el foco en la eficiencia, la transparencia y la priorización del gasto.

Advertir sobre riesgos presupuestarios es legítimo.

Informar sobre afectaciones potenciales también.

Pero presentar el peor escenario posible como si fuera la consecuencia inmediata de una negociación presupuestaria aún en disputa puede distorsionar la percepción pública del debate.

Costa Rica necesita discutir el FEES.

Pero necesita hacerlo con información completa.

No desde el miedo. No desde escenarios extremos.Y no omitiendo el debate sobre cómo se administran actualmente esos recursos.

En temas donde se juegan miles de millones de colones públicos, el país merece más que titulares alarmistas, merece contexto, transparencia y debate serio.

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Un hito significativo se ha alcanzado en el ámbito de la educación superior costarricense. El 8 de julio de 2025, el Poder Ejecutivo y las universidades públicas del país concretaron un acuerdo de particular relevancia para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026. Este consenso se distingue por una cláusula fundamental: la mitad del aumento presupuestario pactado será dirigida de manera exclusiva a la financiación de becas socioeconómicas para estudiantes de bajos ingresos.

La negociación culminó con un incremento del 1% sobre el presupuesto actual del FEES, lo que se traduce en un aporte adicional de ₡5.876 millones. De este monto, un total de ₡2.938 millones se destinarán íntegramente a estas becas, con la expectativa de apoyar a aproximadamente 2.440 nuevos estudiantes que buscan acceder o mantenerse en el sistema universitario público.

Transparencia y Adaptación a la Inflación

Una de las condiciones destacadas por el Poder Ejecutivo es la exigencia de que esta inversión en becas se vea explícitamente reflejada en los presupuestos que las universidades presenten ante la Contraloría General de la República. Esta medida busca asegurar la transparencia en el uso de los fondos y garantizar su llegada efectiva a los beneficiarios.

El acuerdo también incorpora una salvaguarda ante posibles fluctuaciones económicas. Se estableció una cláusula de ajuste por inflación: si el índice inflacionario supera el 1% para finales de 2025, se habilitará una partida presupuestaria extraordinaria. Este ajuste tendrá un tope máximo del 1.5% sobre el incremento total del FEES, ofreciendo una mayor estabilidad financiera a las instituciones educativas.

Diálogo y Consenso en la Comisión de Enlace

El proceso de negociación fue facilitado por la Comisión de Enlace, un espacio de diálogo interinstitucional. Esta comisión integra a figuras clave de ambas partes:

• Por el Gobierno: Ministros de Educación Pública, de Hacienda, de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, y el Viceministro de Planificación Nacional y Política Económica.
• Por el Sector Universitario: Presidentes y rectores del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), así como la representación estudiantil de la FEUNA.

Este acuerdo no solo resuelve un punto crítico en el financiamiento universitario, sino que reafirma el compromiso con la equidad y el acceso a la educación superior en Costa Rica, fortaleciendo el apoyo directo a los estudiantes que más lo necesitan.

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