Por Unidad Internacional ACR

Durante años, el chavismo construyó buena parte de su identidad política sobre una promesa, enfrentar al capitalismo, controlar sectores estratégicos desde el Estado y presentar el socialismo del siglo XXI como una alternativa al modelo económico tradicional.

Pero Venezuela empieza a moverse en una dirección muy distinta.

Tras el nuevo escenario político abierto en Venezuela desde los sucesos de enero, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de cambios económicos que marcan una ruptura profunda con parte del discurso histórico del chavismo.

El giro no ocurre en un terreno menor.

Venezuela está retomando contactos con organismos financieros internacionales, revisando el enorme aparato empresarial estatal y abriendo sectores como petróleo y minería al capital privado nacional e internacional.

La paradoja es difícil de ignorar, el mismo movimiento político que durante años hizo del antiimperialismo y del control estatal una bandera, ahora empieza a usar herramientas que antes denunciaba como traición.

Uno de los cambios más simbólicos fue el acercamiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones duramente atacadas durante años por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El nuevo gobierno también anunció un proceso de reestructuración de la deuda externa y de PDVSA, con la intención de renegociar pagos, revisar obligaciones pendientes y abrir camino para que Venezuela pueda regresar, eventualmente, al sistema financiero internacional.

Ese paso tiene peso económico, pero también político.

Porque durante años el chavismo presentó al FMI como símbolo de sometimiento extranjero. Ahora, bajo presión interna y externa, Venezuela vuelve a mirar hacia esos mismos espacios para intentar ordenar una deuda que algunos economistas estiman entre 170.000 y 190.000 millones de dólares.

El segundo movimiento toca otra columna histórica del proyecto chavista, las empresas públicas.

La frase “exprópiese” marcó una época en Venezuela. Bajo ese modelo, el Estado asumió control de cientos de empresas y activos productivos.

Ahora, Delcy Rodríguez instaló una comisión para revisar cuáles bienes estatales podrían ser transferidos al sector privado o liquidados.

El mensaje es claro, el Estado venezolano ya no puede sostener el tamaño del aparato económico que ayudó a construir.

Pero ese proceso también abre dudas.

Sectores críticos advierten que una reducción del aparato estatal puede ser necesaria, pero también peligrosa si se hace sin transparencia, controles y reglas claras. En un país marcado por corrupción, opacidad y concentración de poder, privatizar o transferir activos sin vigilancia puede terminar trasladando poder económico hacia nuevos grupos cercanos al aparato estatal.

El tercer giro está en petróleo y minería.

Las reformas recientes a las leyes de Hidrocarburos y Minas abren más espacio al capital privado en sectores que durante años fueron presentados como símbolo de soberanía nacional.

Para sectores radicales del propio chavismo, eso equivale a una ruptura con el discurso histórico de la revolución bolivariana.

Pero para Delcy Rodríguez y su entorno, la explicación parece ser otra: sobrevivir políticamente, evitar una guerra interna y buscar oxígeno económico en medio de un país golpeado por deuda, aislamiento y colapso institucional.

Ahí aparece la palabra que mejor resume el momento venezolano: pragmatismo.

No un pragmatismo neutro, sino uno cargado de contradicciones.

Porque el chavismo no está desmontando su modelo económico desde una derrota electoral tradicional ni desde una transición ordenada de poder. Lo está haciendo desde dentro, empujado por una crisis que dejó al viejo discurso frente a límites cada vez más visibles en lo económico e institucional.

El resultado es un escenario incómodo para todos.

Para los sectores opositores, porque parte de las reformas que durante años reclamaron ahora están siendo aplicadas por figuras del propio chavismo.

Para el chavismo duro, porque el modelo que defendió durante décadas empieza a ser corregido por quienes antes lo presentaban como intocable.

Y para los venezolanos, porque el cambio económico no necesariamente viene acompañado de una apertura política equivalente.

Ese puede ser el punto más sensible del nuevo momento venezolano.

Venezuela podría estar avanzando hacia una economía más abierta, con más espacio para capital privado y organismos internacionales, pero sin resolver todavía la pregunta central sobre libertades políticas, legitimidad institucional y control real del poder.

Por eso, el cambio que impulsa Delcy Rodríguez no puede leerse solo como una reforma económica.

También empieza a leerse como una señal política difícil de ignorar.

Y ahora, parte de la misma élite que durante años defendió la revolución económica empieza a impulsar cambios que hace apenas unos años habrían sido impensables dentro del discurso chavista.

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Por Unidad Internacional ACR

La deportación de Alex Saab hacia Estados Unidos volvió a sacudir este sábado la relación entre Venezuela y Washington.

El empresario colombo-venezolano, considerado durante años como una de las figuras más cercanas al entorno económico de Nicolás Maduro, fue entregado por las autoridades venezolanas a EE.UU., según confirmó oficialmente el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Saab no era una figura cualquiera dentro del chavismo.

Además de haber ocupado cargos dentro del Gobierno venezolano, durante años fue señalado por autoridades estadounidenses como una pieza central dentro de operaciones financieras vinculadas al entorno de Maduro. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a describirlo como “el hombre del dinero” o el “testaferro” del líder venezolano.

Washington acusa a Saab de haber lavado hasta 350 millones de dólares a través del sistema cambiario venezolano, en uno de los casos que más tensión generó entre ambos países durante los últimos años.

Pero más allá del expediente judicial, la deportación empieza a abrir preguntas mucho más profundas sobre el momento político que atraviesa Venezuela.

Porque durante años Saab fue defendido públicamente por el chavismo y convertido incluso en símbolo político y diplomático del Gobierno de Maduro. Su captura y posterior situación judicial provocaron fuertes choques internacionales, denuncias de persecución política y campañas oficiales exigiendo su liberación.

Por eso, el hecho de que ahora sea el propio Gobierno venezolano el que confirme su entrega a Estados Unidos cambia completamente la lectura alrededor del caso.

La deportación también deja otra pregunta incómoda.

¿Cómo se mueve realmente la relación entre gobiernos que públicamente mantienen discursos de confrontación, pero que al mismo tiempo terminan cooperando en temas judiciales, estratégicos o de seguridad?.

Ahí es donde el caso Saab empieza a tomar una dimensión mucho más sensible para la región.

Porque el movimiento ocurre en medio de una etapa marcada por presión internacional, tensiones diplomáticas y crecientes cuestionamientos alrededor de figuras políticas que durante años parecían intocables.

Por ahora, Caracas sostiene que Saab fue deportado por estar vinculado a delitos investigados en Estados Unidos.

Pero mientras el empresario vuelve a quedar bajo control estadounidense, su salida ya empieza a generar nuevas preguntas dentro y fuera de Venezuela sobre lo que realmente se está moviendo en América Latina.

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El excandidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos defendió la alianza parlamentaria entre Liberación Nacional y el Frente Amplio pese a los cuestionamientos por construir bloque junto a una agrupación señalada repetidamente por sectores críticos de mantener afinidades ideológicas con gobiernos de izquierda radical en la región.

Consultado sobre esa contradicción, Ramos sostuvo que una alianza parlamentaria no equivale a una fusión partidaria y aseguró que Liberación Nacional no comparte ni respaldaría dictaduras.

Sin embargo, su defensa dejó una lectura política más profunda, el propio Ramos reconoció, en la práctica, que el bloque opositor está dispuesto a dejar en segundo plano diferencias ideológicas relevantes cuando existen objetivos legislativos comunes.

Ese punto no es menor.

Durante años, Liberación Nacional ha mantenido fuertes diferencias discursivas con el Frente Amplio en temas económicos, institucionales e internacionales, incluyendo posturas sobre regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Diversos dirigentes y figuras vinculadas al Frente Amplio han sido cuestionados públicamente en el pasado por posiciones o acercamientos interpretados por sus críticos como complacientes frente al chavismo o al gobierno venezolano, lo que ha alimentado de forma recurrente el señalamiento de sectores que acusan al partido de mantener afinidades con esa línea ideológica.

En ese contexto, la decisión de construir una alianza legislativa con ese mismo partido inevitablemente genera preguntas políticas sobre los límites reales de esas diferencias.

Ramos intentó separar ambas dimensiones al afirmar que una alianza parlamentaria responde únicamente a una agenda común de trabajo y no a una coincidencia ideológica integral.

Pero precisamente ahí radica la lectura de poder más importante del episodio.

El bloque opositor está admitiendo que, para ciertos fines políticos y legislativos, las diferencias ideológicas pueden quedar subordinadas a la necesidad de sumar fuerzas.

Eso no significa necesariamente que exista una contradicción automática o una traición ideológica.

Las alianzas parlamentarias son parte normal de la política democrática.

Sin embargo, también implica una realidad que la ciudadanía suele observar con escepticismo.

Que partidos que en campaña se presentan como adversarios irreconciliables muchas veces terminan cooperando cuando el cálculo político así lo exige.

La discusión, por tanto, ya no es solo si PLN y Frente Amplio “piensan igual”.

Claramente no.

La discusión es otra.

Hasta qué punto las líneas ideológicas que los partidos trazan en campaña permanecen firmes cuando llega el momento de construir poder dentro del Congreso.

Porque las declaraciones de Ramos dejan una señal clara sobre la lógica que operará en esta nueva Asamblea Legislativa:

No será una política basada exclusivamente en afinidades doctrinarias.

Será una política marcada por bloques, negociaciones y alianzas tácticas donde, en determinados momentos, el objetivo común puede pesar más que las diferencias de fondo.

Y para una ciudadanía que escucha a los partidos hablar constantemente de principios, ideología y valores…

Ese también es un dato político que merece ser entendido.

En ACR no solo escuchamos lo que dicen los actores políticos, analizamos lo que sus palabras revelan sobre cómo se mueve realmente el poder.
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En su primer mensaje desde el Plenario Legislativo, la diputada del Frente Amplio Vianey Mora apeló a la memoria histórica de la clase trabajadora y afirmó que “ante el autoritarismo y la injusticia, claudicar y doblegarse no es una opción”.

La frase marcó el tono ideológico de su intervención en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Sin embargo, su referencia al autoritarismo reabre inevitablemente un antecedente político que ha acompañado su nombre desde antes de asumir la curul.

Mora fue la asesora legislativa que viajó a Venezuela en 2024 para presenciar las elecciones presidenciales de ese país, en un desplazamiento financiado por el Consejo Nacional Electoral venezolano, organismo severamente cuestionado por amplios sectores de la comunidad internacional por su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.

El viaje se realizó luego de que la diputada Rocío Alfaro, quien había sido invitada directamente, solicitara que Mora asistiera en su lugar.

En aquel momento, Costa Rica se encontraba entre los países que cuestionaron con dureza la legitimidad del proceso electoral venezolano y denunciaron un deterioro democrático en ese país.

Ese antecedente vuelve políticamente inevitable una pregunta de consistencia.

Cuando una figura pública invoca el discurso contra el autoritarismo, también se expone a que se examine cómo ha actuado frente a otras expresiones de poder cuestionadas internacionalmente.

La discusión no implica asumir automáticamente una posición ideológica por asistir a una observación electoral.

Pero sí abre debate sobre la coherencia con la que se utiliza un concepto tan sensible como “autoritarismo” en el debate político nacional.

El discurso de Mora también reforzó otra dimensión habitual del Frente Amplio, la reivindicación de la clase trabajadora desde una narrativa de lucha social y confrontación frente a estructuras de poder.

No obstante, ese mensaje se emite ahora desde una curul legislativa, es decir, desde uno de los espacios institucionales de mayor poder político del país, lo que añade otra capa de lectura sobre cómo ciertos sectores trasladan discursos históricos de militancia hacia posiciones de poder formal.

En política, invocar grandes conceptos siempre tiene un costo.

Quien habla de autoritarismo, justicia social o lucha obrera no solo propone una visión de país.

También invita a que se revise su propio historial bajo esos mismos estándares.

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