La Sala Constitucional frenó, por ahora, el análisis sobre el proyecto que permitiría la jubilación anticipada para agentes del OIJ y devolvió el expediente a la Asamblea Legislativa.

Pero el centro de la resolución no fue la pensión en sí.

Lo que la Sala le indicó al Congreso fue que primero debía resolver políticamente el veto presidencial antes de trasladar el caso al análisis constitucional.

El presidente había vetado el proyecto por dos razones distintas:

• por razones políticas,
• y además por posibles problemas constitucionales.

Sin embargo, la Asamblea anterior envió directamente la parte constitucional a la Sala IV sin votar primero el otro componente del veto.

Ahí fue donde los magistrados detuvieron el proceso.

El magistrado Fernando Cruz explicó que se trata de una situación poco usual porque rara vez coinciden en un mismo expediente un veto político y uno constitucional.

Por esa razón, la Sala determinó que primero el Congreso debe pronunciarse sobre las objeciones políticas planteadas por el Ejecutivo y después continuar el trámite constitucional.

Eso significa que la Sala todavía no entra a decidir si el proyecto es constitucional o no.

Tampoco eliminó la iniciativa.

Lo que hizo fue devolverle a la Asamblea la responsabilidad de tomar primero una posición sobre el veto del Ejecutivo.

Y ahí fue donde el caso dejó de ser solo un trámite jurídico.

La propuesta busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir condiciones de jubilación anticipada a agentes del OIJ, tema que ha generado discusión por el desgaste y riesgo operativo que enfrentan estos funcionarios.

La decisión además deja una señal poco común sobre cómo deberán manejarse futuros choques entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la propia Sala IV cuando un mismo veto combine argumentos políticos y constitucionales.

Ahora el expediente regresará al Congreso, donde los diputados tendrán que decidir cómo resolver primero el veto político antes de que la Sala pueda entrar a valorar el fondo constitucional del proyecto.

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Zúñiga justificó la propuesta debido a la carga laboral superior que enfrentan los agentes. La ley fue inicialmente impulsada por el sindicato de la institución y cuenta con el apoyo del director.

La justificación de las 60 horas semanales

El jerarca del OIJ argumentó que el personal de la policía judicial labora bajo un régimen de 5-2, lo que resulta en una jornada semanal de 60 horas laborales.

Esta cifra, según Zúñiga, supera el máximo de 48 horas establecido para otras entidades del sector público. Además, destacó que el OIJ trabaja más horas que otras fuerzas de seguridad en Costa Rica, como la Fuerza Pública, donde se intenta implementar un rol 4-3.

El proyecto en debate incluye dos requisitos principales:

1. La portación de armas debe ser parte integral de las labores del agente.
2. La jubilación correspondería a un 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales.

Resello legislativo y veto presidencial

El futuro de la OIJ pensión 55 años se definirá en la Asamblea Legislativa, donde se requiere un mínimo de 38 votos para resellar la iniciativa, superando el veto presidencial.

El Poder Ejecutivo, liderado por Rodrigo Chaves, vetó el proyecto el 6 de mayo, argumentando “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.

Las justificaciones principales para el veto son:

• Genera una desigualdad con otras policías, como la Fuerza Pública.
• Existe el riesgo de que las pensiones se carguen al Presupuesto Nacional ante una eventual insostenibilidad del Régimen de Pensiones del Poder Judicial.

Solvencia del Régimen y la oposición

A pesar de la preocupación financiera del Gobierno, el director Zúñiga indicó que un informe actuarial de abril de 2025 garantiza una solvencia del fondo del 97%.

En el Congreso, la iniciativa ha ganado apoyo:

• El texto se aprobó en primer debate con 32 legisladores el 31 de marzo.
• Para el segundo debate, el 22 de abril, la cifra aumentó a 40 diputados a favor.
• El oficialismo (con 8 legisladores) ya anunció su voto en oposición al resello.

La moción de resello ingresó al orden del día hasta el 19 de setiembre, según el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, luego de que el veto se emitiera durante sesiones extraordinarias.

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